Camellones contra efectos del cambio climático en la Amazonía

Cincuenta y seis familias del Beni, en la Amazonía boliviana, han comprobado cómo se pueden afrontar los efectos del cambio climático con una técnica agrícola que las culturas prehispánicas ya usaban para aprovechar las inundaciones cíclicas de la zona: los "camellones". Se trata de extensas plataformas agrícolas levantadas por la mano del hombre que, con una altura de entre 50 centímetros y dos metros, protegen de las inundaciones a los cultivos que se siembran en su superficie.

Estas elevaciones se rodean a su vez de una red de canales que en la época de inundación drena el agua y que en los ciclos secos la acumula para el riego, lo que permite además nutrir y enriquecer el suelo y configurar incluso un ecosistema propicio para actividades complementarias como la piscicultura o la creación de bancos de semillas.

Un grupo de familias pobres de las localidades benianas de Loma Suárez y Copacabana ha experimentado la eficacia del sistema participando en un proyecto de "camellones" financiado por Oxfam Internacional y dirigido por la fundación local Kenneth Lee.

"En un año y medio hemos demostrado la teoría: se puede producir en inundación y en sequía, hay capacidad de decidir qué producimos y qué necesita el mercado", explicó a Efe Óscar Saavedra, director de la Fundación Kenneth Lee, que debe su nombre a un geólogo norteamericano que dedicó su vida al estudio de la cultura hidráulica de la Amazonía boliviana.

Desde que se puso en marcha el proyecto, los "camelloneros" benianos han logrado el récord de tres cosechas de maíz, con rendimientos "excepcionales", y 120 toneladas de yuca, gracias a un método de agricultura intensiva y cien por cien ecológica con el que pueden cultivar también arroz, hortalizas o legumbres.

Y todo ello con una tecnología rescatada de los pueblos precolombinos que desarrollaron hace 3.000 años en la Amazonía continental una compleja cultura hidráulica a base de lomas artificiales, canales, diques y camellones para enfrentar los ciclos de inundaciones y sequías propios de la zona.

Aunque el agua ha sido una constante en la extensa región del Beni -un territorio de más de 213.000 kilómetros cuadrados en el noreste de Bolivia-, sus efectos son ahora especialmente devastadores debido al cambio climático y a fenómenos como "El Niño" y "La Niña".

Este departamento ha sufrido graves inundaciones en los tres últimos años, especialmente en 2008, cuando el agua afectó a casi el 75 por ciento del territorio regional y las pérdidas sumaron unos 220 millones de dólares, según datos de Oxfam Internacional.

"La diferencia es que ahora las inundaciones son imprevisibles (...) No sabemos exactamente cuándo va a llegar la inundación o cuándo va a haber sequía. En el pasado los tiempos eran más marcados. El desorden es más variable y menos predecible", explica Saavedra.

Ante este escenario, el director de la Fundacion Kenneth Lee reivindica la importancia de los "camellones" como solución sostenible y "sustentable", pero también por razones de rentabilidad: construir una hectárea de terreno cultivable con este método cuesta unos 20.000 dólares en zonas altamente inundables.

La inversión, dice Saavedra, se recupera en 18 meses con un sistema que enriquece el suelo, aumenta la biodiversidad, resuelve problemas de seguridad alimentaria, detiene la deforestación del bosque tropical y permite afrontar los efectos del cambio climático.

"Todo pasa por una estrategia de desarrollo. La Alcaldía de Trinidad (la capital del Beni) gasta medio millón de dólares anuales en desarrollo productivo, pero sigue con una agricultura convencional. Viene una sequía prolongada o una gran inundación y se acabó: cada dos o tres años hay que volver a empezar y por eso estamos en un círculo vicioso de pobreza", señaló Saavedra.

El proyecto que desarrollan Oxfam y la Fundación Kenneth en Beni pretende un "cambio cultural" entre los habitantes de la zona para fomentar su capacidad emprendedora y que puedan constituir pequeñas empresas alrededor del método productivo de los "camellones".

La idea de Oxfam es extender a unas 1.000 familias este proyecto que el director de la Fundación Kenneth Lee ve "definitivamente viable desde el punto de vista social, ecológico y económico" y exportable al entorno del Lago Titicaca, en el Altiplano, e incluso a zonas húmedas de los continentes asiático y africano.

Texto y foto: Amazonía de Bolivia

Chiquitanos denuncian ante el CIDH la carretera Bioceánica Santa Cruz – Puerto Suárez

(Washington, AINI, 3 de noviembre de 2009) La Organización Indígena Chiquitana (OICH), a través de su primer Cacique Rodolfo López, denuncio los impactos socio ambientales de la Carretera Bioceanica durante la audiencia pública Situación de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto Iniciativa para la Integración de Infraestructura Sudamericana (IIRSA) que es parte del 137º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Los solicitantes de esta audiencia son la Confederación Andina de Organizaciones Indígena de Perú (CAIO) / Organización Indígena Chiquitana de Bolivia (OICH) / Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Bolivia (CEADESC) / Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondonia de Brasil / Indian Law Resource Center

Dicha organizaciones presentaron ante la Comisión una serie estudios técnicos y jurídicos de la construcción de megaproyectos como la Carretera Interoceanica Sur en Perú, la Carretera Bioceanica Santa Cruz - Puerto Suárez en Bolivia y la construcción de represas en el Rio Madeira en Brasil, entre otros

La OICH fue la encargada de exponer sobre la carretera Bioceánica que atraviesa varias comunidades indígenas y según López “los impactos sociales y ambientales son muchos y las medidas de compensación y mitigación no han sido ejecutadas como establecían los compromisos firmados”

Además el pueblo Chiquitano denuncio ante la Comisión la falta de transparencia por parte de las empresas constructoras y de las autoridades nacionales para realizar las consultas y entregar información sobre los trabajos a las comunidades, “Estos megaproyecto como los que hay en otros países sudamericanos tiene un gran problema, la falta o la engañosa forma de hacer la consulta a las comunidades indígenas antes y durante la realización de las obras”

El cacique de la OICH espera que el CIDH tome en cuenta sus denuncias y se pronuncie respecto al tema de la consulta libre, previa e informada, “esperamos que esta Comisión tome en cuenta nuestras demanda donde lo que pedimos es el cumplimiento de los convenios internacionales como la Declaración de la ONU y el Convenio 169 de la OIT que en algunos países como en Bolivia están ratificados en sus Constituciones o son leyes”

“La Carretera Santa Cruz - Puerto Suárez es uno de los principales proyectos complicados de la Agenda IIRSA. La Construcción de este corredor, es un proyecto que ha demostrado ser muy complicado debido a que tiene y tendrá impactos socio ambientales afectando especialmente a comunidades indígenas, pobladores de la región, así como a parques nacionales, zona de reserva forestal e incluso zonas protegidas por Convenios Internacionales” (extraído del informe independiente Los Impactos Socio-Ambientales por la Construcción de la Carretera Bioceánica Santa Cruz - Puerto Suárez)

Texto y foto: Aini Noticias

Indígenas de 3 países denuncian: Megaproyectos de la IIRSA vulneran derechos de la Madre Tierra

La Confederación Andina de Organizaciones Indígenas de Perú (CAIO), la Organización Indígena Chiquitana de Bolivia (OICH), el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Bolivia (CEADESC), Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondonia de Brasil y la organización Indian Law Resource Center denunciaron que varios proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) violan el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.

Las organizaciones indígenas presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie estudios técnicos y jurídicos referidos a la construcción de tres megaproyectos, en la audiencia pública Situación de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto IIRSA, que es parte del 137º período de sesiones de la CIDH que se lleva a cabo en Washington desde el 2 noviembre.

Leonardo Crippa de Indian Law Resource Center detalló que la IIRSA comprende 502 megaproyectos financiados principalmente por el BID, FONPLATA Y BNDES, y que sirven para otros numerosos proyectos mineros, hidroenergéticos, de monocultivos y agrocombustibles en territorios indígenas, cuya ejecución implica la vulneración de derechos reconocidos internacionalmente.

Crippa hizo hincapié en que la Carretera Interoceánica Sur en Perú, la Carretera Bioceánica Santa Cruz - Puerto Suárez en Bolivia y la construcción de represas en el Río Madeira en Brasil, al ser trazados sobre territorios indígenas, vulneran derechos a la propiedad colectiva de la tierra; a la libre determinación y el autogobierno al desconocer las formas de desarrollo, las autoridades y el proceso de toma de decisiones propios de los pueblos indígenas; y a la integridad y la salud debido a la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Dichos megaproyectos vulneran los derechos de la Madre Naturaleza y causan desplazamientos forzosos, pérdida de la biodiversidad, intromisión de enfermedades y delincuencia, degradación ambiental irreversible y otros severos impactos, demostraron los dirigentes indígenas que participaron en la audiencia en Washington.

Los pueblos indígenas no están en contra de la IIRSA: la IIRSA está en contra de los pueblos indígenas, precisaron los representantes sociales.

La presidenta de la audiencia Luz Patricia Mejía señaló que las exposiciones de los demandantes brindan a la CIDH una visión más amplia sobre la situación del cumplimiento del derecho a la consulta, reconocido por instrumentos internacionales en los países suramericanos. Dijo que estos aportes serán incluidos en la relatoría que el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas está elaborando acerca del tema.

Casos

El primer cacique de la OICH Rodolfo López describió el proyecto de construcción de la carretera Interoceánica Sur en Bolivia que unirá Santa Cruz y Puerto Suárez a través de 600 kilómetros de recorrido, afectando directamente a 31 comunidades. "Los impactos sociales y ambientales son muchos y las medidas de compensación y mitigación no han sido ejecutadas como establecían los compromisos firmados", dijo.

El pueblo chiquitano denunció la falta de transparencia por parte de las constructoras y de las autoridades nacionales para realizar las consultas y entregar información sobre los trabajos. "Estos megaproyectos como los que hay en otros países sudamericanos tiene un gran problema, la falta o la engañosa forma de hacer la consulta a las comunidades indígenas antes y durante la realización de las obras", aseguró López.

Los y las chiquitanas monitorean este megaproyecto carretero desde 2007. "La Carretera Santa Cruz - Puerto Suárez es uno de los principales proyectos complicados de la agenda IIRSA. La construcción de este corredor es un proyecto que ha demostrado ser muy complicado debido a que tiene y tendrá impactos socio ambientales afectando especialmente a comunidades indígenas, pobladores de la región, así como a parques nacionales, zona de reserva forestal e incluso zonas protegidas por Convenios Internacionales", señala el informe independiente Impactos Socio-Ambientales por la Construcción de la Carretera Bioceánica Santa Cruz - Puerto Suárez, de octubre de 2007.

El presidente de la Central de Comunidades de la zona Narciso Roca añadió que las tierras comunales no están tituladas, lo que les impide acceder a las compensaciones por reparación de tierras. Alertó que la carretera causa deforestación, caza indiscriminada por parte de comerciantes de carne silvestre, contaminación del agua por el arrojo de combustibles, aceites y otros, y migración masiva a la zona.

De otra parte, la representante de las Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondonia, Brasil, Telma Delgado Monteir, dijo que el verdadero objetivo de los proyectos hidroeléctricos en el Río Madeira es favorecer el monocultivo de soya y denunció que los estudios de impacto ambiental que se han realizado nunca incluyeron los impactos transfronterizos Perú-Bolivia-Brasil.

"Las audiencias públicas no fueron realizadas y las licencias para las obras fueron otorgadas cuando éstas ya estaban ejecutándose, con lo que se ha violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado", subrayó.

Según la dirigente, las obras han desplazado a un millón de personas, causan degradación irreversible en la biodiversidad, inundan tierras fértiles, aumentan la incidencia de malaria, han incrementado la deforestación en 600% y afectan principalmente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

El coordinador general de la CAOI Miguel Palacín Quispe aclaró que los pueblos indígenas no están en contra de la integración, sino que tienen otra forma de mirar el desarrollo: "El buen vivir, en armonía entre los hombres y la Madre Naturaleza es el aporte de los pueblos indígenas frente a la amenaza del calentamiento global", enfatizó.

Indicó que la Interoceánica Sur proyecta unir los puertos peruanos de Ilo, Matarani y Marcona con Brasil, a fin de facilitar a las transnacionales el acceso a los bienes naturales. Son 2.603 kilómetros de carretera que implican un endeudamiento que supera los mil quinientos millones de dólares para Perú.

La carretera, explicó Palacín, afecta los territorios de 3.952 comunidades andinas y 78 comunidades nativas, tres parques nacionales y dos reservas naturales que suman más de cinco millones de hectáreas, las cuales albergan especies únicas que serán llevadas al borde de la extinción.

Entre los impactos más graves mencionó el estímulo a la minería, la explotación de madera, la migración, la tugurización de las ciudades, los monocultivos, el desvío de cauces de ríos, la destrucción de sitios sagrados, la invasión de territorios, sobre todo de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la división de comunidades, la delincuencia y la extinción de los pueblos.

Palacín dijo que la central hidroeléctrica de Inambiri afecta 46 mil hectáreas de tierras de cultivo en las regiones peruanas de Cusco, Puno y Madre de Dios, lo que causará el desplazamiento forzoso de los pueblos al ver destruido su modo de vida.

"Los pueblos indígenas no estamos en contra de la IIRSA: es la IIRSA la que está en contra de los pueblos indígenas", reiteró el dirigente de la CAOI.

Texto: Bolpress

Imagen: cronicon.net

A 30 años de la Masacre de Todos Santos

Marcelo Severiche

(ASC - Noticias).- Esa mañana soleada del 1º de noviembre de 1979, la población paceña, sin saber lo que pasaba se dirigía a sus fuentes de trabajo cuando observó sorprendida que la Plaza Murillo estaba tomada por cuadrillas de tanquetas, concentradas en el frontis del Parlamento y Palacio de Gobierno y las calles estaban llenas de militares. Era el golpe de estado del Coronel Alberto Natusch Busch, anunciado por los medios radiales a través de un comunicado.

En el transcurso de la mañana, al enterarse de lo que pasaba, grupos de manifestantes opuestos al golpe se concentraron en la Plaza San Francisco, organizando mitines y formando barricadas. Las tropas del Regimiento motorizado "Tarapacá", ubicado en El Alto, dirigidas por el Coronel Doria Medina acudieron a reprimir a los descontentos, produciéndose un enfrentamiento sangriento. Las FFAA hicieron correr la sangre del pueblo de forma inusitada. En la ciudad se vio por ejemplo que naves de la Fuerza Aérea ametrallaron desde el aire las concentraciones humanas que encontraban en su recorrido.

Según Federico Aguiló a lo largo de 16 días se produjeron 208 muertos, 221 heridos y 124 desaparecidos, la mayoría pertenecientes a sectores del movimiento popular, obreros, estudiantes, universitarios y dirigentes sindicales. La COB lideró la resistencia al golpe mediante la huelga general. Dirigentes como Lechín y otros del PCB y MIR se esforzaron por entenderse y cooperar con el golpista, esto cuando la situación tendía a ser incontrolable para la impopular dictadura.

El país había superado a la dictadura de Hugo Banzer, que por siete años mantuvo un estado de desconocimiento de las libertades democráticas y ya no se quería saber de dictadura. Todavía hubo dos gobiernos militares más, el de Pereda y de Padilla, que se alternaron en el poder reflejando en cierto modo diferencias en el seno de las FFAA, unos por perpetuar el gorilismo y otros por el retiro de las FFAA. Sobrevinieron las elecciones pero el Parlamento no se puso de acuerdo, no eligió a Siles Suazo, y nombró a Walter Guevara Arce que encabezó un gobierno civil interino inestable y muy corto, 3 meses.

Tras lograr la víspera un éxito diplomático sobre el tema marítimo, en la asamblea de la OEA celebrada en La Paz, sorprendentemente igual sobrevino el golpe al día siguiente. Las delegaciones diplomáticas salieron escapando, custodiadas por tanques. Guevara trató de resistir, un informe de prensa hizo saber que se constituía como "gobierno clandestino", pero no tenía verdaderamente el poder. El argumento de Natusch para el golpe, era que ese gobierno, bajo la figura de interino, era ilegal y anticonstitucional.

El golpe tuvo respaldo de una fracción del MNR encabezada por Guillermo Bedregal que juró como Canciller del nuevo gobierno. Más tarde aseguró haber actuado de acuerdo con el jefe del partido Víctor Paz, extremo siempre negado por el último. Al golpe se opuso el sector de las FFAA llamado "constitucionalista" donde militaban personajes del anterior gobierno militar como el propio David Padilla, Raúl López Leytón y Gary Prado. El otro sector "institucionalista", el más duro y derechista era dirigido por Natusch y más tarde sería dirigido por García Meza.

Alberto Natusch había sido Ministro de Agricultura y Asuntos Campesinos de Banzer y para la época del golpe fungía como comandante del Colegio Militar. Citando a René Bascopé, Federico Aguiló asegura que formaba parte del "eje" del narcotráfico San Javier - Montero - Portachuelo, que tuvo su nacimiento en el gobierno de transición del general David Padilla, junto al de Banzer y el de Suárez Gómez. Natusch fue militar de carácter temperamental pero ahogado en el alcohol, alguno dijo que era izquierdista pero recibió por el pueblo el título de "carnicero de noviembre".

Como lo calificó la propia Lidia Gueiler, el golpe militar fue suigeneris porque mientras los militares masacraban a la gente en la calle y perseguía a opositores, el dictador permitió el funcionamiento de los medios de comunicación e intermitentemente del Congreso Nacional pero custodiado por las metralletas. En los 16 días que duró ese gobierno los enfrentamientos fueron diarios, se decretó la Ley Marcial. Natusch finalmente pidió al Congreso que eligiera un nuevo Presidente a cambio de mantener el Alto Mando nombrado por él y que no se tomaran represalias contra los golpistas. El Congreso aceptó y eligió a Lidya Gueiler (Alianza-MNRH) como Presidenta interina, dejando intactas las bases golpistas que 8 meses después volverían al ataque. El golpe de Natusch fue el ensayo para el golpe del 17 de julio de 1980 que encumbró a García Meza.

En Bolivia la democracia es más deseo que realidad, aunque algunos creen que puede existir simplemente porque hay elecciones y funciona un Congreso. Este golpe y su solución demostraron una vez más todo lo contrario. Los golpistas quedaron impunes e impusieron la salida que les convino.

Texto: Bolpress

Imagen: redpizarra.org

CEPAL: El modelo agroexportador debe pasar a la historia

(Agencias).- "El modelo exportador neoliberal basado en bienes sin innovación y sin sostenibilidad ambiental debe pasar a la historia", sentenció la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Alicia Bárcena en la Quinta Reunión Ministerial sobre Agricultura y Vida Rural en las Américas, que se celebra en Montego Bay, Jamaica, del 26 al 30 de octubre.

La mayoría de los representantes de 34 países del hemisferio reunidos en Jamaica coinciden en que se requiere un nuevo modelo de desarrollo rural motorizado por los pequeños agricultores para garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos de América.

"Para mejorar la vida rural y garantizar la seguridad alimentaria en la región es fundamental fomentar la cantidad y calidad de la inversión en agricultura, promover la investigación, el desarrollo y la innovación agrícola y mejorar las instituciones del sector", dijo Bárcena e insistió en que en América Latina y el Caribe "debemos volver los ojos hacia una nueva ruralidad".

Bárcena y otros asistentes recalcaron la importancia de desarrollar esquemas interinstitucionales, multisectoriales y territoriales novedosos para gestionar la compleja "vida rural", que trasciende el ámbito económico comercial.

El informe "Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2009", elaborado por la CEPAL, la FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA concluye que "la agricultura es uno de los sectores más importantes de la economía regional, pero no se ha logrado aprovechar todo su potencial".

Miembros de la Comisión Internacional de Reforma Agraria reunidos hace poco en Quito en el marco de la Campaña Global por la Reforma Agraria que impulsa La Vía Campesina afirmaron que la Reforma Agraria Integral es elemento clave para alcanzar la Soberanía Alimentaria y enfrentar al cambio climático.

"La mala distribución de la tierra y el proceso de reconcentración de la misma en manos de pocos, de corporaciones transnacionales que implantan monocultivos, contaminan los ríos y privatizan el acceso al agua, pone en peligro la vida de las familias", señala una Declaración del ese colectivo social.

Según los activistas, las crisis alimentaria y climática son consecuencias de la revolución verde y de la liberalización agrícola. Las corporaciones transnacionales cultivan soya, eucalipto, palma africana, caña de azúcar, piñon y otros monocultivos en tierras donde antes se cultivaban alimentos.

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) explicó la importancia de la distribución de la tierra en la Declaración de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural de Porto Alegre en 2006. Ahora pide a los líderes del mundo que se reglamente la tenencia de la tierra como primera medida para combatir el hambre y la pobreza.

La FAO indica que será muy beneficioso tener un sistema legal sólido sobre el uso y la propiedad de la tierra. Subraya que se han iniciado consultas a nivel mundial con el fin de elaborar las directrices internacionales sobre la entrega de la tierra y demás recursos naturales como el agua y los bosques.

Un acceso seguro a la tierra es la mejor red de seguridad para los pobres, y esto porque una buena administración de los suelos es condición necesaria para asegurar este acceso a los desposeídos, explicó el jefe de la Unidad de Gestión y Tenencia de la Tierra de la FAO Paul Munro-Faure.

Intelectuales y artistas de Brasil salieron en defensa del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra y pidieron no desviar el tema central del debate agrario. En su criterio, ya no se habla de los responsables de la desigualdad y la concentración de la tierra sino que se criminaliza a los que luchan por el derecho a la tierra.

Un pesado operativo mediático-empresarial busca aislar y criminalizar el movimiento social y debilitar sus bases de apoyo, mientras las agrocorporaciones intentan bloquear la reforma agraria e imponer un modelo agroexportador predador en términos sociales y ambientales.

La concentración agraria en Brasil aumentó en los últimos 10 años, según el Censo Agrario del IBGE. El área ocupada por los establecimientos rurales mayores de mil hectáreas concentra más de 43% del espacio total, cuando las propiedades con menos de 10 hectáreas ocupan menos de 2,7%. Las pequeñas propiedades están reduciéndose mientras crecen las fronteras agrícolas del agronegocio.

Según la Comisión Pastoral de Terra (CPT, 2009) los conflictos agrarios del primer semestre de este año siguen marcando una situación de extrema violencia contra los trabajadores rurales. Entre enero y julio de 2009 se registraron 366 conflictos que afectaron directamente 193.174 personas y en los que perdieron la vida 12 personas.

En la criminalización de la lucha y la represión popular en Latinoamérica están involucrados la policía, el ejército, la seguridad privada de las empresas y hasta el Poder Judicial.

Texto: Bolpress

Imagen: Mercosur Noticias

La hora de la soberanía alimentaria

Izaskun Sánchez Aroca

Miremos la etiqueta: manzanas chilenas, espárragos peruanos, langostinos de Ecuador, tomates marroquíes, calabazas senegalesas... alimentos kilométricos que recorren la tierra de punta a punta para llegar a nuestros platos. La idea de frutas y verduras de temporada o de productos locales ha pasado a engrosar la lista de conceptos obsoletos, como lo están haciendo muchas variedades hortícolas. De hecho, según la FAO, el 75% de las variedades genéticas de los cultivos agrícolas han desaparecido en el último siglo. Y todo gracias a una lógica neoliberal de mercado que ha entrado de lleno en el sector de la alimentación. Una lógica de monopolios, de monocultivos que se traduce en bajos precios para los consumidores y consumidoras de los países del Norte, alimentos de mala calidad, grandes beneficios para los intermediarios y las multinacionales del sector, y hambre y miseria en los países empobrecidos donde, casualmente, están la mayoría de productores y productoras de alimentos. Una lógica que condena al movimiento campesino a la desaparición y a la pobreza. De hecho, los últimos datos de la FAO afirman que el número de personas desnutridas ha alcanzado los 1.020 millones. Una cifra que se agrava por la crisis alimentaria de 2008, fruto de la especulación y los agrocombustibles, y la coyuntura económica global. Lo irónico es que el 70% de las personas que pasan hambre son o eran productores y productoras de alimentos. El discurso oficial habla con alarmismo de la falta de comida, y de la necesidad de una nueva revolución verde en continentes como África (es decir, más semillas modificadas genéticamente y agrotóxicos) para aumentar la productividad. Una revolución que favorecería a las grandes corporaciones del sector, como Monsanto, que aumentaría considerablemente sus ingresos y que perjudicaría directamente a los campesinos y campesinas, haciéndoles más dependientes con la compra de semillas modificadas cada año, contaminando su tierra y su agua y arruinando sus cultivos tradicionales. Algo que ya está pasando en muchos países como Brasil o Paraguay. De hecho, mientras en 2008 el número de hambrientos se incrementaba en cien millones, Monsanto anunciaba que durante el último trimestre de ese año sus beneficios se habían duplicado gracias a la venta de pesticidas (glifosato), especialmente en América Latina, y al incremento del precio de sus semillas entre un 15 y un 20%. Semillas transgénicas destinadas a monocultivos de soja que será exportada para que Europa alimente a su ganado. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, sólo al Estado español llegan cada año unos seis millones de toneladas de soja transgénica para dar de comer a pollos, vacas y cerdos. Una soja que en su lugar de origen deja deforestación –unos tres millones de hectáreas, lo que equivale aproximadamente al tamaño de Galicia– contaminación y miles de desplazados y desplazadas. Ante esta situación la respuesta del movimiento campesino no se está haciendo esperar. Está plantando cara a Estados, organismos internacionales y multinacionales luchando por su soberanía alimentaria. Ésta se define como el derecho de los pueblos a decidir sus propias políticas de alimentación, producción y distribución de alimentos, de manera que se garantice el acceso a una comida sana, sostenible y adecuada. Los alimentos, por tanto, quedan fuera de las exigencias de los mercados y las multinacionales, fuera de la especulación. La Vía Campesina [ver p.18- 19], una coalición de 148 organizaciones creada en 1992, es el mayor representante a nivel internacional de esta lucha. Un momento clave para este movimiento fue el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria celebrado en Mali, en 2007. Allí más de 500 representantes presentaron la declaración de Nyéléni, donde reclamaron el derecho al agua, a las semillas, a la gestión de la tierra.

Derechos negados

Unos derechos que hasta la fecha no están garantizados en ningún país. Tampoco en el Estado español, donde el movimiento campesino se enfrenta, según Isabel Álvarez, del sindicato agrario EHNE, con el problema de acceso a la tierra, “se priorizan las infraestructuras y la especulación antes que la alimentación local”. El otro gran problema, afirma Álvarez, es “la privatización de todas nuestras fuentes de vida, como el agua o las semillas”. Pero las alternativas también se están articulando, y a través de distintos sindicatos agrarios y organismos se trabaja reclamando la soberanía alimentaria. Un ejemplo muy claro son las movilizaciones contra el cultivo de maíz transgénico en el Estado español. El sistema agroalimentario mundial tampoco beneficia a los consumidores y consumidoras, que de manera indirecta ingieren transgénicos sin saberlo (a través de la carne o la bollería industrial) y ven mermada la calidad de sus alimentos (menos sabor, más químicos, menos variedad). Para Isabel Álvarez su papel también es importante en la lucha por la soberanía alimentaria. De hecho, otra línea que se está trabajando “es la alianza con los consumidores y productores, si las personas se conciencian y son capaces de ver qué hay detrás de un plato de comida, pueden ser la gran fuerza. Modificando nuestros hábitos de consumo día a día, la situación se puede cambiar”.

Texto: Diagonal Web

Imagen: sodepaz.tv

El día en que las almas viajan del más allá

La Paz, 1 nov (ABI) Es el tiempo en que el espíritu omnisciente e inmortal de los muertos desciende al estrato terrenal, de mediodía a mediodía del 1 al 2 de noviembre, cuando los bolivianos fieles a la tradición hispano cristiana rinden tributos a los que ya han partido, los que han desaparecido físicamente, nada más eso.

El ajayu (alma) del ser querido o de los que se fueron o partieron al más allá desciende por espacio de 24 horas a su mundo familiar.

Mesas bien servidas, con abundante comida y bebida les esperan.

En las casas de los bolivianos que cultivan esta tradición se han erguido altares floridos, encendido velas y cirios.

Las fotografías de los seres amados que cruzaron la delgada línea de la frontera entre la vida y la muerte se emplazan en vitrinas y los ajayus de éstos se sientan a la mesa al disfrute de las cosas mundanas.

En el plano de lo tangible la familia como, bebe y hasta liba; ora y se sume en acto de contrición.

Este culto que ha pasado de generación en generación termina en las necrópolis, donde los familiares ofrendan, el 2 de noviembre, Día de Todos los Santos, una comida más compartida con los famosos risiris y plañideras.

Los primeros, en su generalidad niños, truecan sus plegarias por alimentos y, las segundas, que peregrinan por los nichos, enjugan sus lágrimas y musitan responsos, también a cambio de mendrugos.

La tradición dicta que los muertos retornan al lecho de la eternidad a mediodía del 2 de noviembre, después de reconfortarse con los vivos.

La cosmovisión andina ha agregado a esta festividad de sesgo católico cristiano, el principio de que la muerte forma parte de la vida.

Parte de longevas culturas precolombinas en los Andes sudamericanos, incluso las osamentas son exhumadas de chulperios y sentadas a compartir en el tiempo en que la vida y la muerte se entrecruzan.

La fiesta de los muertos se desencadenó el sábado en puntos urbanos de ciudades bolivianas con una tradición, ajena hasta hace una década, la Noche de las Brujas o Halloween y se recogerá en una semana, el 8 de noviembre, con el rito de las ñatitas, un culto a las insepultas calaveras separadas de los cuerpos.

Texto y foto: ABI