Arde la Amazonía

Ismael Guzmán

En estos días la amazonía arde en todo el sentido de la palabra y sin oportunidad para exageración alguna, pues arden los ojos por la frondosa humareda que sale de aquellos árboles que el fuego les acaba de arrebatar su frondosidad; arde el estómago por el agua cada día más saturada de la ceniza que esparce el viento; los niños arden de fiebre por infecciones estomacales; pero también muchos ardemos por la indignación ante prácticas irresponsables que no cambian ni conmovidos ante las amenazas que emite el cambio climático, ni temerosos ante las suaves normas de un Estado apenas contemplativo en la materia.

Pero lo que más arde en estos momentos son los vastos pastizales de la sabana amazónica y sus bosques aledaños, deliberadamente incendiadas como parte de una práctica perversa de manejo de campos de pastoreo para el ganado bovino.

Y en estos ardores uno se pregunta, ¿cuál es el pecado de la amazonía? ¿Por qué estas ardorosas y dolorosas purgas ambientales, si es precisamente en esta región, con territorios indígenas establecidos, donde aún se ejerce una relación armónica con la naturaleza? Pareciera que se cierne un ensañamiento contra la amazonía efectuado desde diversos ámbitos sociales y “naturales”:

Hace poco una helada inusual nos infringió una cuantiosa matanza de peces, saurios y otras especies acuáticas como las petas (tortugas). Ríos, arroyos, lagunas y estanques de agua, se constituyeron a raíz de este suceso, en nidos de pestilencia provocada por la osamenta. Duro golpe a la naturaleza, duro golpe a los medios de vida de familias indígenas de la región.

Luego, en esta temporada, experimentamos un sol que hace estragos las pieles expuestas y ante el cual sucumben los cultivos y el ganado en general, nos referimos a la sequía que en sí misma es dura para el medio ambiente y también para la economía rural en la región.

Sin embargo, el impacto de la sequía es aún mayor debido a que va aparejada de devastadores incendios forestales causados por productores rurales con culpabilidades compartidas, pero en una jerarquía de responsabilidades muy definida, donde el sector ganadero ocupa la cúspide.

Los potreros, que suelen ser miles de hectáreas por cada familia, demandan prácticas de manejo para la renovación de pastizales y la eliminación de plagas como garrapatas y otros que atacan al ganado. Para contrarrestarlo, el método más sencillo es incendiar la pampa en la temporada más álgida de la sequía, a un costo monetario bajo porque lo subvencionan la misma naturaleza y nuestros pulmones.

Por eso arden en estos meses los pastizales, devastando la fauna que alberga, en un doloroso espectáculo donde todo es fuga para intentar salvar la vida. En ese momento donde arrecia el fuego, no cuentan los nidos tan esmeradamente cuidados por sus edificadores porque hay que huir del fuego; no cuentan las crías incapacitadas para tal travesía porque hay que salvar la propia para intentar sustituirlas en la siguiente temporada; no cuentan los roles naturales de presas y depredadores, todos fugan para salvar sus vidas de la voracidad mayor, aunque algunos, en su desesperación y confusión, huyen fuego adentro, constituyendo el último acto de búsqueda natural de sobrevivencia. Mientras la flora, solo retuerce sus hojas en espera de su fatalidad.

Pero al parecer, porque cada vez se hace más inminente, a la amazonía aún le restan purgas mayores al de estos impactos señalados y tendrán un carácter permanente y de mayor envergadura: los mentados megaproyectos, cuyas verdaderas dimensiones y efectos aún son desconocidos. ¿Cuánta resistencia más le quedará a la amazonía?

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¿Incendios forestales o desastres humanos?

Equipo técnico CIPCA Santa Cruz

El oriente y la amazonia de Bolivia son regiones vulnerables a los incendios, los cuales tienen impacto en la economía de las familias afectadas, pero sin duda su efecto más traumático es la pérdida de vidas humanas y del ecosistema. Las causas principales que originan los incendios son la quema de pastizales, cañaverales y quema de rastrojos (materia orgánica) realizada por ganaderos, empresarios agrícolas y en menor escala campesinos e indígenas. Estas malas prácticas son realizadas para el control de plagas (insectos y garrapatas), renovación de pasturas y habilitación de áreas para uso agrícola, por su bajo costo económico sin tomar en cuenta el costo social y ambiental.

Este conjunto de prácticas contribuye a los efectos del cambio climático, que en los últimos años se perciben notoriamente, al punto que está modificando el calendario agrícola en la región, tal como refleja el alcalde del municipio El Puente, Santa Cruz, y productor campesino, Gabino Vaca Arinori: “he visto el cambio brusco del clima, de la noche a la mañana aparece un viento fuerte, ya no se puede calcular como antes, hoy día el viento está de norte y al otro día esta de sur, esos cambios son los que generan esto. Incluso antes sembrábamos en octubre, ahora hay que esperar noviembre, diciembre”.

Según datos históricos (2000 al 2010) de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), a nivel de país los picos más altos se identificaron en 2004 con 50.464 focos de calor que afectaron más de 6 millones de hectáreas, seguido de los 29.743 de 2005 que comprometieron aproximadamente 3,5 millones de hectáreas. Hasta el 19 de agosto 2010 se tienen reportados 24.961 focos de calor que afectaron a 1,6 millones de hectáreas, superando las 1,2 millones de hectáreas dañadas por el fuego el año pasado. La ABT teme que en septiembre esta cifra supere los más de 50.464 puntos de fuego detectados hace seis años. (Fuente, ABT, agosto 2010).

Según el mapa (agosto 2010), se evidencia la concentración de los focos de calor en las macroecoregiones del oriente y amazonia de Bolivia.

Ante tal situación, por un lado es importante hacer prevalecer el ejercicio del marco jurídico vigente de manera irrestricta, como la Constitución Política del Estado (CPE) en su Art. 342 que textualmente determina: Es deber del Estado y de la población conservar, proteger de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. Asimismo, el Art. 401, parágrafo I menciona: El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra, serán causales de reversión y la tierra pasará al dominio y propiedad del pueblo boliviano.

Del mismo modo, la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria en el Art. 2, parágrafos II y XI; Art. 28 y 29 de la Ley agraria 3545, referido a la obligación de cumplir con la función Económica Social, que textualmente determina:

II. La función económica social en materia agraria,… es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario.

XI. Los desmontes ilegales son contrarios al uso sostenible de la tierra y no constituyen cumplimiento de la función social ni de la función económica social.

Art. 28. … serán revertidas al dominio originario de la Nación sin indemnización alguna, las tierras cuyo uso perjudique el interés colectivo…

Art. 29. ...es causal de reversión, el incumplimiento total o parcial de la Función Económico Social....

En otras palabras, si se identifican predios con cañaverales, pastizales, desmontes mecanizados y manuales, y áreas con vocación forestal que son quemadas, deben ser revertidos por el Estado sin ninguna indemnización porque son prácticas contrarias al uso sostenible de la tierra y negativas al interés colectivo de la sociedad y el de sus propietarios.

Por otro lado, estos desastres deben interpelar, principalmente a los actores rurales vinculados con el acceso y tenencia de la tierra y recursos naturales a un cambio de mentalidad y de prácticas de manejo de las quemas, que por ahora son consideradas como parte de sus sistemas de producción agrícola y pecuaria.

En el marco de la construcción de nuevas normas, basadas en la Constitución Política del Estado, el contexto es oportuno para incidir en el acceso, uso y manejo sostenible de los recursos naturales a nivel nacional, departamental y municipal.

Texto: Bolpress

Foto: amazonia.bo

No más microcréditos

F. Xavier Iturralde

Banco Los Andes Procredit S.A. (BLAP) repentinamente cambió de “nicho” crediticio, motivo por el que despidió a 200 empleados en marzo de 2010.

Funcionó como Caja Los Andes Fondo Financiero Privado S.A. (1995 al 2005), cuyos capitales privados vinieron de donaciones hechas a la ONG Procrédito creada por Pilar Velasco en 1991. Ella hizo parte de la ONG FIE fundada en 1985 con Pilar Ramirez, la que después de 25 años es Banco FIE S.A., pero sin perder su objetivo. Ambas están entre los pioneros, de exitosos alcances logrados por el microcrédito en Bolivia con know how y how to do propios. Los mismos que la consultora IPC GmbH de Claus Peter Zeitinger aplicó a escala mundial, para organizar la multinacional Procredit-holding de la que es Presidente, cuyo accionista mayoritario es la INI AG International Micro Investionen Aktiengesselschaft fundada en 1998, con sede en Frankfurt, especializada en atraer financiadores internacionales con la banderita de que es para los pobres.

El propósito y la filosofía implantada por Velasco, cuya ONG Procrédito se retiró a tiempo del BLAP el 2007, obedecían a captar donaciones para los pobres vía microcréditos e incentivar a microproductores. Fue un largo camino el transcurrido y lograron incluso un posicionamiento internacional. Pero en el curso del 2010, con toda facilidad, el BLAP cambió su misión y visión. Abandonó el “nicho” de los microcréditos. Ya no serán su prioridad, menos los del área rural, donde el gobierno está empeñado en ampliar y profundizar la bancarización. En otras palabras, en nombre de los pobres captaron donaciones y recursos baratos, con cuyas utilidades se capitalizaron en forma privada como banco.

Tampoco necesitan a 200 empleados, catequizados en sus inicios para una cruzada contra la usura que sufrían antes los pobres, por lo que debían entregarse vocacionalmente a una actividad exclusivamente social, para lograr excedentes como resultado de un intenso y extenso trabajo de mucho caminar, dedicando tiempo sin límites de horas y capacitándose continuamente, para que los fondos confiados desde el extranjero al comienzo, luego captados localmente, sean aplicados en créditos bien analizados, de riesgo controlado, cuidando de que la mora sea reducida y exista una buena recuperación, cumpliendo en ese aspecto con los proveedores de fondos para los microcréditos y con los ahorristas bolivianos.

La ex Superintendencia de Bancos que aprobó su transformación de FFP a Banco, aceptando de que continuarían firmemente en su rol financiero favorablemente al microcrédito, en ningún acápite de la Resolución los obligaron a mantenerse en sus ideales por los que se conformaron y obtuvieron recursos a fondos perdidos o con intereses concesionales. Así como fácilmente argumentaron el crédito en favor de los pobres para captar recursos en el extranjero, actualmente se retiran sin miramiento de ninguna clase del microcrédito.

Texto y foto: Bolpress

La puerta giratoria

Eduardo Galeano
Brecha del Uruguay

La puerta que gira fue inventada en Berlín, en 1881, para evitar el frío, el viento, la nieve, el polvo y el ruido. Más de dos siglos después, sirve también para circular, gira que te gira, entre los negocios, la política y la guerra. Algunos casos más o menos recientes, en Estados Unidos: Robert McNamara encabezó la empresa Ford, donde hizo lo que pudo contra la naturaleza y contra los peatones distraídos, hasta que un giro de puerta lo lanzó a dirigir la matanza de Vietnam, durante unos cuantos años, y culminó su carrera exterminando países desde el Banco Mundial.

Donald Rumsfeld fue jefe de gabinete del Gobierno de Estados Unidos, desde allí la puerta giratoria lo arrojó a una fábrica de Monsanto, la serial killer multinacional, donde legalizó venenos que habían sido prohibidos, hasta que la puerta giró nuevamente y apareció conduciendo la guerra de conquista del petróleo de Irak.

Dick Cheney encabezó el Pentágono en el gobierno de Bush padre y regaló jugosos contratos militares a su empresa Halliburton, y de ahí pasó al gobierno de Bush hijo, donde se ocupó de la demolición y la reconstrucción de Irak en beneficio de Halliburton, siempre en el centro de su generoso corazón. Y el vaivén de la puerta no paró.

A mediados del año 2009, el presidente Obama colocó a Michael Taylor a la cabeza del organismo público que controla los alimentos y los medicamentos que se venden en el país.Taylor ya había trabajado allí. Había sido él quien dio el visto bueno a las hormonas transgénicas para vacas lecheras, que pueden producir cáncer, y había autorizado que esa leche se vendiera sin ninguna advertencia en el envase. Monsanto expresó su gratitud otorgando a Taylor el cargo de vicepresidente de la empresa.

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El paraguas

Hace unos dos mil cuatrocientos años, los chinos usaban paraguas de varillas plegables. El modelo no ha cambiado mucho, pero hay ciertos instrumentos, de uso más exclusivo, que se usan para atravesar las grandes tormentas históricas. Esos paraguas extraordinarios salvaron a los altos ejecutivos que perdieron sus empleos durante la crisis que está castigandoal mundo.

En cifras redondas:

• Robert Eaton, directivo de Chrysler, recibió un consuelo de 130 millones de dólares.
• Lee Raymond, de la petrolera Exxon, 350 millones de dólares.
• Robert Nardelli, de la constructora Home Depot, 210 millones.
• Hank McKinnell, de la farmacéutica Pfizer, 200 millones.
• Lloyd Blankfein, de la financiera Goldman Sachs, no perdió su empleo, pero tuvo que reducir su salario anual, que era de unos 50 millones de dólares: lo que le quedó alcanzó para evitar que la crisis lo ahogara.

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El semáforo

El primer semáforo funcionó, desde fines de 1868, frente al Parlamento británico. En nuestro tiempo, otros semáforos, mucho más poderosos, dirigen el tráfico mundial. En casi todos los países del norte, la luz roja impide la circulación de herbicidas, pesticidas y abonos químicos que contengan abamectina, acefato, carbofurano, cihexatina, endosulfato, forato, fosmet, lactofem, metamidofós, paraquate, parationa metílica, tiram y tricloform.

En casi todos los países del Sur, la luz verde da la bienvenida a esos mismos agrotóxicos, venenosos para la salud humana, que los países del Norte les venden.

¿Quién maneja los semáforos?

¿Quién gobierna a los gobiernos?


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El ascensor

Según dicen, el primer ascensor fue un sillón con roldanas, que el gordísimo rey inglés Enrique VIII inventó, hace siglos, para evitar las escaleras del palacio. Más modernos ascensores utilizó Silvio Berlusconi para subir hacia el poder absoluto en Italia. En el año 1984, Bettino Craxi, socialista, presidente del Consejo de Ministros, firmó un decreto-ley que bendecía el monopolio de Berlusconi sobre la televisión privada.

Craxi lo había conocido en un crucero, donde Silvio animaba a los pasajeros con sus chistes y sus canciones. Atraído por su insuperable vulgaridad y su extraordinario mal gusto, Craxi le juró amistad eterna y eterna televisión. La tele fue el principal ascensor de Berlusconi hacia el poder político. El fútbol también ayudó, desde que compró el club Milan y ganó varios torneos.

Electo y reelecto varias veces por el voto popular, ejerció el gobierno de Italia y del Milan, se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo y en el campeón mundial de la impunidad, atravesó invicto una infinidad de procesos judiciales y no estuvo ni un solo día preso, mientras convertía sus vicios en admirables virtudes y sus estafas en hazañas dignas de aplauso.

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El chivo expiatorio

Según antiguas tradiciones religiosas, un macho cabrío cargaba los pecados de todos y era castigado con la expulsión al desierto. Esa invención ha servido y sigue sirviendo para descargar sobre espaldas ajenas la responsabilidad de nuestras desgracias y nuestras culpas. Algunos pueblos, como por ejemplo los judíos y los gitanos, vienen trabajando de chivos expiatorios desde hace mucho tiempo. A mediados del año 2008, la revista italiana Panorama, que pertenece a Berlusconi, tituló en portada: “Nacidos para robar”. Se refería a los gitanos y según las encuestas, la opinión pública coincidía con este veredicto genético. Poco antes, Alfredo Mantovano, viceministro del gobierno de Berlusconi, había desarrollado la idea en la televisión de Berlusconi:

—Los gitanos son una etnia inclinada al robo y al secuestro de niños. O sea: ladrones, y para peor, ladrones de niños.

La justicia italiana no había comprobado la veracidad de ninguna denuncia de secuestro de niños por gitanos, pero ese detalle carecía de importancia.

Texto y Foto: Cambio

La expansión cocalera en el TIPNIS en el gobierno de Evo Morales

SENA-Fobomade

Los asentamientos campesinos ilegales en el territorio indígena del TIPNIS proliferaron como hongos en las últimas dos décadas; la colonización cocalera se intensificó en el primer gobierno del Presidente Evo Morales. Desde 2007, el Ejecutivo y los cocaleros parcelan y privatizan esas tierras comunitarias, obligan a los indígenas a sembrar coca y quieren construir una carretera que parte en dos la TCO de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán.

El Parque Nacional Isiboro Sécure fue creado por decreto supremo 7401 el 22 de noviembre de 1965. El límite Norte se extendía desde el hito tridepartamental de La Paz, Beni y Cochabamba hasta la confluencia de los ríos Natusama y Sécure con el Isiboro; los ríos Yusama e Isiboro hasta la confluencia de éste con el río Chipiriri definían el límite Sud; las Juntas del río Chipiriri por la cuenca del río Isiboro hasta su unión con el río Sécure junto al Puerto Gral. Esteban Arze demarcaban el límite Este; y las aguas divisorias de las Cordilleras del Sejeruma y Mosetenes trazaban el límite Oeste.

Por decreto supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990, el Parque fue declarado territorio ancestral de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, rebautizado como Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y reconocido como un espacio fundamental para el desarrollo socioeconómico de las comunidades originarias de la zona.

El TIPNIS siempre fue escenario de conflictos y enfrentamientos entre indígenas comunitarios y colonizadores pro capitalistas que se disputan la propiedad de la tierra. En 1992, el dirigente de la Sub Central del TIPNIS Marcial Fabricano y el líder de los colonizadores Evo Morales delimitaron por primera vez las áreas colonizadas y el territorio indígena, y dos años después demarcaron una Línea Roja con el objetivo de frenar la expansión cocalera.

Los intrusos vulneraron los acuerdos y siguieron extendieron sus cultivos de coca en la siguiente década. El 29 de julio de 2006 el Presidente Evo Morales intervino por primera vez en el conflicto y envió un contingente de policías a San Miguelito para desalojar a colonos invasores.

A mediados de junio de 2009, el gobierno de Morales entregó el título ejecutorial colectivo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) de 1.091.656 hectáreas, legitimando de esta manera el territorio de 64 comunidades indígenas Mojeño, Yuracaré y Chiman.

Pero los avasallamientos continuaron y unos 700 cocaleros se asentaron ilegalmente en los campamentos Llallagua, Urkupiña y Uncía, supuestamente con la autorización de su líder máximo, el Presidente Morales. El 26 de septiembre de 2009 el colonizador Laureano Rodriguez perdió la vida en un enfrentamiento con indígenas yuracarés cerca de la población San Miguelito.

Los cocaleros reclamaban derechos sobre las tierras que supuestamente ocupaban desde hace más de cinco años; “podrían estar cinco días o cinco años, pero su asentamiento es absolutamente ilegal porque todos los asentamientos de hecho posteriores a la promulgación de la ley INRA de 1996 son ilegales y pasibles de desalojo”, respondió el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.

Entre el 28 y 29 de septiembre de 2009, efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la Policía erradicaron cultivos de coca y quemaron casi un centenar de chozas en campamentos ilegales asentados en el TIPNIS, un área natural protegida por ley de la República.

Meses después, en agosto de 2010, el propio gobierno de Morales aprobó la licencia ambiental del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, consolidando de esta manera la penetración de cocaleros, empresas petroleras, madereros y narcotraficantes en el TIPNIS.

La invasión del TIPNIS en el gobierno de Evo Morales

Adolfo Moye recuerda que cuando tenía 10 años de edad, él y sus compañeros de escuela tuvieron que tenderse frente a una máquina que intentaba profanar el TIPNIS. “Ahora que somos mayores con más razón tenemos que preservar el territorio para nuestros hijos y las futuras generaciones”, afirma Moye, ahora presidente de la Subcentral de Pueblos Indígenas del TIPNIS, alarmado por la proliferación de cultivos de coca y por el recrudecimiento del avasallamiento colonizador a partir de 2007.

“Nosotros apoyamos al gobierno de manera incondicional, pero vemos que las bases campesinas del Presidente provenientes de Oruro, Potosí y Cochabamba están extendiendo los cultivos de coca y están dañando nuestro territorio comunitario”, lamenta Moye.

“El gobierno actual nos está atropellando de la manera más cruel, mucho más que en anteriores años, y vulnera los derechos indígenas como si no tuvieran ningún valor, pese a que son reconocidos por la nueva Constitución y las leyes”, reclama el dirigente.

P. ¿Qué consecuencias tuvo la colonización cocalera en el TIPNIS?

R. Hemos visto que muchas comunidades terminaron rodeadas por colonos, como por ejemplo la comunidad de Santísima Trinidad donde yo vivo junto a 140 familias indígenas mezcladas con algunos colonos; hemos quedado al centro de la zona colonizada y rodeados por cocaleros. En la comunidad de Limo los hermanos del pueblo moxeño yuracaré ahora tienen apenas una hectárea y trabajan como empleados de los colonos. Sus hijos han tenido que migrar a las ciudades capitales para buscar empleo queriendo adoptar otra forma de vida; en muchos pueblos sólo quedan los viejitos. Algunas comunidades como Puerto Patiño e Isiborito se extinguieron y no sabemos a dónde se fueron esos hermanos.

P. ¿En qué ha cambiado la forma de vida de los indígenas?

R. Nos estamos quedando sin espacio y sin derecho a vivir tranquilos; la expansión de la coca y la deforestación son las mayores amenazas. Nuestra principal fuente de ingreso era el cultivo de arroz, plátano y yuca, pero algunos indígenas influenciados por los colonizadores han optado por sembrar coca con el argumento de que es la salvación económica y puede generar grandes movimientos económicos.

Nosotros no acostumbramos parcelar los lotes para titularlos de manera personal sino que tenemos un título general para todos y para las futuras generaciones indígenas, pero el sábado 7 de agosto en Santísima Trinidad el nuevo secretario general de la federación del trópico de Cochabamba nos dijo que obligatoriamente tenemos que repartirnos las tierras de manera individual.

Para los colonizadores y algunos comunarios indígenas la única fuente de vida es la coca y creen que la carretera Trinidad – Villa Tunari traerá desarrollo; esa es su ideología.

P. ¿A quién beneficia la carretera Trinidad – Villa Tunari?

R. La carretera pasa por las poblaciones indígenas de Santísima Trinidad, San José y San Antonio de Moleto; las otras comunidades están muy lejos y ni siquiera podrán transitar por ella. La carretera está diseñada para beneficiar sólo a los colonizadores de Villa Tunari, Chpiriri, Eteregazama y de otras poblaciones de la zona de colonización conocida también como el polígono 7.

P. ¿El gobierno les consultó y se reunió con ustedes?

R. Nunca hemos tenido estas consultas, quizás en algún momento alguien habrá hablado con alguna persona del TIPNIS que no representa legalmente a los indígenas, pero no hicieron una consulta con la participación del pueblo ni siquiera hubo la invitación de las autoridades. Lamento que la Viceministra de Medioambiente alineada a la ABC haya aprobado la licencia ambiental de la carretera sin informarse de lo que representa el TIPNIS y sin consultar a los hermanos indígenas.

El gobierno ha vulnerado varias disposiciones legales, como por ejemplo el artículo 6 del decreto 22610 que establece que toda construcción y obra de desarrollo, particularmente vías camineras y poliductos, que se realicen en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure, debe contar previamente con un pormenorizado estudio de impacto ambiental, debidamente aprobado por las autoridades del Ejecutivo con la participación de la organización indígena de la región. Según ese decreto, las obras en ejecución deberán ser paralizadas hasta contar con su respectivo estudio de impacto ambiental consultado y coordinado con la organización indígena de la región.

P. ¿Qué consecuencias tendrá la construcción de la carretera?

R. Yo pienso que de aquí a unos 10 años desaparecerán muchas comunidades, me preocupan las pequeñas y frágiles poblaciones moxeño chiman de no más de 60 familias que no están acostumbradas a convivir con cierto sector social ajeno a su cultura y basta que una familia ajena a su cultura se asiente en su pueblo para que migren. Con la carretera que justamente pasa por esa zona les estaríamos quitando ese derecho a tener una vida tranquila y sana, les estaríamos obligando a migrar a otro lado.

Muchos hermanos chimanes han llegado al TIPNIS desde San Borja porque se abrió un camino por esa zona y a ellos no les ha gustado. Con esta carretera les quitamos el último sitio que les quedaba a los chimanes y lo más lamentable es que tendrán que buscar su propia suerte.

P. ¿Alguna vez fue amenazado por criticar y por oponerse a la carretera?

R. Hemos sufrido amenazas de todo tipo, incluso amenazas fuertes. Es difícil liderar un movimiento indígena “rebelde” nada menos que en la zona donde Evo Morales inició su carrera política, específicamente en el sindicato de Nueva Aroma.

Hace poco los colonizadores advirtieron a los hermanos de la comunidad Santísima Trinidad que si no aceptan la carretera no tendrán desarrollo ni atención del gobierno y tendrán que atenerse a las consecuencias. Desde que sacamos una posición firme de no permitir el avance de la carretera hace tres meses los colonos nos bloquearon y prohibieron a las tiendas vendernos artículos de primera necesidad.

El legislador del MAS Julio Salazar llegó a decir a los comunarios que si no accedían al cato de coca serían despojados de sus tierras, es decir que la única manera de garantizar sus tierras era sembrando coca, de lo contrario el Estado nos despojará de nuestras tierras con intervención militar. Yo lamento mucho que los dirigentes allegados a nuestro Presidente le estén cavando el piso; ellos manejan un discurso, pero en los hechos están haciendo otras cosas.

P. ¿Qué piden al gobierno los indígenas del TIPNIS?

R. Creemos que se pueden encontrar soluciones; la construcción del camino es algo secundario para nosotros, lo más importante es que se garanticen nuestros derechos comunitarios como pueblos indígenas y el respeto desde el gobierno y de todos los sectores sociales, incluidos los colonizadores y los ganaderos. No está bien que el gobierno busque el desarrollo sin importarle el medio ambiente, los animales y ni siquiera las vidas de los indígenas.

El hermano Evo no debe olvidar que el TIPNIS es un territorio emblemático donde se dieron los primeros pasos hacia la Asamblea Constituyente y la histórica Constitución Política que reconoce por primera vez los derechos y las formas de vida de los pueblos indígenas y originarios.

El TIPNIS también fue el primer “territorio indígena autónomo” declarado por los pueblos Chiman, Yuracaré y Mojeño-Trinitario en el marco de los artículos 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296 y el artículo 385 de la nueva Constitución, con el respaldo de organizaciones indígenas departamentales y nacionales y de altas autoridades de gobierno que estuvieron presentes en el acto que se realizó el 9 de febrero de este año.

El gobierno de Brasil es cómplice

En el marco del IV Foro Social de las Américas 2010 realizado en Asunción, Paraguay del 11 al 15 de agosto, el líder indígena mojeño trinitario Adolfo Moye denunció que el gobierno de Brasil es cómplice de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas mojeño-trinitario, yuracaré y chimán que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure.

Los pueblos del TIPNIS desde el pasado y hasta hoy se han visto amenazados por actividades petroleras, por la invasión de colonos productores de coca y por la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. El gobierno de Brasil a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) financia la construcción de la carretera con un préstamo de 322 millones de dólares, utilizando así el dinero de los trabajadores brasileños en beneficio de las empresas brasileñas.

Adolfo Moye lanzó la denuncia en Asunción, pocos días después de que la nueva Autoridad Ambiental Nacional, Cinthia Silva otorgó la Licencia Ambiental a dos de los tres tramos del proyecto carretero arbitrariamente fraccionado. La bióloga Silva asumió este cargo luego de la renuncia de la anterior Autoridad Ambiental que se negó a firmar el licenciamiento ambiental de cualquier tramo de la carretera.

Con la otorgación de la Licencia Ambiental se autoriza el inicio de la construcción de la vía, convirtiendo un proceso que debía ser técnico, jurídico, administrativo y llevado adelante con amplia información, participación y debate, en un simple trámite burocrático en el que la Autoridad Ambiental no ha tenido mayor papel que viabilizar decisiones de otras instancias del Ejecutivo que responden a intereses de ciertos sectores como los colonos cocaleros, empresas petroleras, madereros, etc. y no así a las necesidades de los dueños legítimos del TIPNIS.

La decisión de construir esta carretera fue tomada desde el momento en que el gobierno, de forma inconsulta, la declara “prioridad nacional”, contrata el préstamo con el gobierno brasileño y firma el contrato con la empresa OAS de Brasil para que lleve adelante los estudios y las obras de construcción.

¿Qué hacemos para que respeten nuestros derechos?, ¿cómo evitar que desaparezcan los moxeños, yuracares y chimanes?, ¿cómo evitar el ETNOCIDIO?, preguntó Adolfo Moye a los representantes de organizaciones brasileñas, peruanas, paraguayas, uruguayas, colombianas, argentinas y bolivianas que se dieron cita en este encuentro internacional que es parte del Foro Social Mundial (FSM).

Moye pidió al Presidente Evo Morales que recupere la esencia de la lucha de los pueblos, que no se someta a intereses privados, que abandone los discursos vacíos para llegar a los hechos y sobre todo que “no pierda el horizonte”, como le recomendó el presidente paraguayo Fernando Lugo.

Texto: Bolpress

Foto: fmbolivia.com.bo

Banzer: “!Maten a los comunistas, yo les daré una recompensa!”

El menosprecio por los campesinos y los indígenas originarios se hizo patente en la década de los 70 del siglo pasado, durante los gobiernos de René Barrientos y del más sanguinario de ambos iniciado el 21 de agosto de 1971 liderado por el coronel Hugo Bánzer Suárez.

Estaba vigente el denominado pacto militar-campesino iniciado por René Barrientos Ortuño quien utilizó a los agrarios para mantenerse en el gobierno, aunque no tenía el menor aprecio por ellos.

Esa especie de ideología racista, persiste aún hoy, más en la superficie que en el fondo, en algunos sectores del gamonalismo de Bolivia donde de vez en cuando se enarbola la divisa de una Bolivia sin indios.

Los principales “ideólogos” de esa corriente fueron Gabriel René Moreno, para quien el indio era una vacuidad, sombría, asquerosa, huraña y sórdida. Bautista Saavedra, sostenía que el indio era una bestia de carga, miserable a la que había que explotar hasta la inhumanidad.

Los dos dictadores mencionados pretendieron iniciar el cambio de “raza” con la importación de blancos. Barrientos atrajo a los menonitas, que hoy depredan los bosques y Banzer anunció la llegada de rodesianos, que no se produjo por la oposición a esa “idea”.

El odio al campesino e indígena durante el gobierno de Banzer provocó que quizá centenares de ellos fueran masacrados durante los siete años de su gobierno. Fueron perseguidos y asesinados como respuesta a sus reclamaciones por mejores condiciones de vida.

La eliminación de originarios más dramática fue la ocurrida en Cochabamba. La llamada “Masacre del Valle” ocurrió entre el 22 y 31 de enero de 1974. Varios decretos aprobados por la dictadura, sobre todo relativos a una severa elevación de precios en los alimentos y la devaluación del boliviano de 12 a 20 respecto al dólar estadounidense, fueron justificativo.

El 22 de enero, los obreros de la fábrica de calzados “Manaco” protestaron contra los decretos bloqueando la plaza de la población de Quillacollo. Gritaban “Queremos pan”, “Morir de bala antes que de hambre morir”. Los uniformados ocuparon el lugar de manera violenta. Allí murió un campesino.

A partir del 24 los campesinos del Valle Alto inician el bloqueo de la carretera a Santa Cruz desde el kilómetro 20 al 126. El 26 los originarios de Sacaba se suman y bloquean el ingreso al Chapare hasta el kilómetro 38.

El martes 29, tanques y caimanes con soldados bien pertrechados al mando de un My. Cordero que obedecía “órdenes superiores”, llegaron cerca de Tolata para iniciar un diálogo con la mentirosa presencia de Banzer que no tenía ni la menor intención de ir.

Una mujer lanzó una pedrada, respondida con una ráfaga de ametralladora y el ataque de los blindados. Aviones de combate apoyaron la masacre. El libro “Nunca más para Bolivia”, señala en la página 160 el testimonio de uno de los soldados presentes: “Hemos visto montones de cadáveres, campesinos amontonados como leña”.(1)

Otro testigo contó haber visto unas treinta camillas cubiertas con mantas en un avión militar en el aeropuerto de Cochabamba. Concluida la matanza de Tolata, los militares avanzaron por la carretera, dejando grupos de ellos a lo largo del camino.

El mismo 29 de enero, numerosos campesinos se concentraron en Epizana. Se desconocía lo ocurrido en Tolata, pero estaban acordes en exigir la derogatoria de las medidas de hambre. Sorpresivamente fueron atacados por soldados del regimiento Tarapacá, comandados por el My. Cordero.

Algunos campesinos que portaban fusiles Mauser intentaron defenderse, pero fueron reducidos a metralla. Quince fueron abatidos, veinte resultaron desaparecidos. Se presume que fueron arrojados a los barrancos o al río por la “acción de limpieza” de los militares.

El miércoles 30, campesinos del valle alto, Sacaba, Melga y Aguirre se sumaron a las protestas contra la dictadura que a su vez declaró “zona militar”. En Sacaba, la limpieza étnica dejó más de cuarenta bajas entre muertos y heridos. En Melga y Aguirre, los muertos fueron entregados a sus familiares para su sepultura.

Después de la “Masacre del Valle”, Bánzer reunió un grupo del “Pacto militar-campesino” y en el palacio de gobierno les dijo: “A ustedes hermanos campesinos voy a darles una consigna como líder. El primer agitador comunista que vaya al campo, yo les autorizo, me responzabilizo, PUEDEN MATARLO. Sino me lo traen aquí para que se entienda conmigo personalmente. Yo les daré una recompensa”. (2)

Corriendo riesgo, el periódico “Presencia”, fue el único en publicar el mensaje de este caudillo bárbaro, que no retrocedió en la vigencia de sus decretos elevando el precio de los alimentos, y por el contrario, en la cervecería paceña durante un encuentro con los obreros dijo que estimaba a los hombres trabajadores que no “lloraban por un pan”.

El jefe falangista Mario Gutiérrez respaldaba a su líder indicando que no se debía hacer tanto ruido porque el dólar hubiera subido unos cuantos pesos. A su vez el Ministro del Interior Cnl. Walter Castro Avendaño, amenazó: “Ya no se tolerarán más huelgas ni paros de trabajo, ni por medidas de devaluación ni por elevación de los precios de artículos de primera necesidad”.

Poco después, el 9 de noviembre de 1974, la dictadura aprobó el decreto del Servicio Civil Obligatorio. Se puso fuera de la ley a todos los sindicatos y en su lugar se impusieron interventores con el denominativo de “Coordinadores”. Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, fueron perseguidos. El país entero, se convirtió en un gigantesco CAMPO DE CONCENTRACIÓN. Esto es algo que ocurrió hace 39 años y que los bolivianos tenemos la obligación de velar para que no ocurra nuevamente.

Texto y foto: kaosenlared

Al menos tres mafias trafican madera en la TCO Mosetén, constata la ABT

Empresarios madereros, funcionarios públicos y algunos caudillos indígenas conformaron al menos tres grupos mafiosos que se dedican al tráfico de madera en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del pueblo Mosetén ubicada al norte del departamento de La Paz, confirmaron funcionarios de la Dirección de Desarrollo Forestal y de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).

A fines de junio, el ex presidente de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) Daniel Gigasi envió una carta a la ministra de Medio Ambiente María Esther Udaeta denunciando un monumental tráfico de aproximadamente 500 mil pies madera en el Bloque B de la TCO.

El cacique indígena identificó a los cabecillas del negocio ilegal Efraín Loza, Federico Villa real, Humberto Vásquez y algunos dirigentes indígenas, quienes instalaron dos parqueterias y una carpintería al interior de la TCO OPIM, un área protegida por Ley.

Gigasi pidió que una comisión interinstitucional integrada por representantes del Defensor del Pueblo, ABT La Paz, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal y de otras instancias públicas visite la zona para verificar la denuncia.

A finales de julio funcionarios de la ABT constataron en una inspección ocular que cada día salen de la zona hasta ocho mil pies de madera y que es difícil combatir a la red de traficantes, indígenas y algunos funcionarios encargados del control de trancas.

El director de Desarrollo Forestal Weimar Becerra reveló que en Palos Blancos y en otras áreas operan decenas de barracas, pero sólo una es legal. “Nosotros hemos podido identificar a tres grupos que operan en estas regiones y que dirigen y financian estas actividades desde lejos”, informó el funcionario al Servicio de Noticias Ambientales (SENA).

Los inspectores evidenciaron que al menos siete barracas y parqueterías instaladas en Covendo y Tucupí transforman la madera en parquet y luego la trasladan en vehículos pequeños; “de 20 a 30 camiones salen cada día desde esa zona trasladando entre seis y ocho mil pies de madera, tanto cortada como en bloques, de los que sólo 30 por ciento tiene papeles otorgados por la ABT; camuflan la madera ilegal con la madera con autorización de aprovechamiento”, explicó Becerra.

Según el inspector forestal Fernando Altamirano, mucha gente está involucrada en la extracción ilegal de madera, incluidos funcionarios públicos e indígenas. “Son grandes mafias que trabajan de manera organizada”, precisó Becerra.

Los traficantes asociados con algunos indígenas derrocaron al presidente de la OPIM Daniel Gigasi por haber denunciado el negociado; tomaron el control de la zona, no permiten el tránsito de vehículos extraños y evitaron que los inspectores de la ABT ingresen a la población de Covendo. “Esperamos dos horas para que abran la tranca y vimos que entraron seis camiones cargados de madera”, presenció Altamirano.

Los traficantes abrieron caminos clandestinos en la TCO para transportar madera en movilidades pequeñas y corrompieron a los empleados públicos encargados de las trancas de control. A veces la policía forestal decomisa madera sin permiso de explotación, luego la remata y en muchos casos la madera es comprada por los mismos contrabandistas, denunció Altamirano.

En la TCO alrededor de 3.000 familias indígenas se dedican a la comercialización de productos agrícolas y forestales en pequeña escala. Gigasi aclaró que no todos los mosetenes están involucrados en la explotación ilegal, sino pequeños grupos que “se dejaron convencer por madereros que les han financiado el bloqueo de la comisión gubernamental”.

Los grupos mafiosos golpearon a varios dirigentes indígenas que se oponían a la actividad ilícita y amenazaron en repetidas oportunidades al cacique Daniel Gigasi, quien teme que los madereros contraten sicarios para dañar a su familia.

Gigasi alertó que “no hay una determinación que prohíba la tala indiscriminada de madera, y ellos (los traficantes) continúan deforestando; si las autoridades no se pronuncian esto no se va a frenar; si el gobierno está a favor del medio ambiente ahora es su oportunidad de demostrar que se frene la tala de árboles, porque de lo contrario se convertiría en cómplice de estos madereros”.

Texto: Bolpress

Foto: La Razon

Una autocrítica necesaria

Antonio Peredo Leigue

Cuando escucho decir a un compañero que una movilización popular es política se me erizan los pelos. Esa frase corresponde al léxico de las dictaduras militares que se arrogaron el derecho a hacer política y se lo prohibieron al pueblo. Por supuesto que toda movilización tiene carácter político porque es una reclamación, justa o no, contra la autoridad o contra los empresarios. Otra cosa distinta es que se aprovechen de ésta algunos politiqueros.

Y entiendo por este último término a quienes actúan en el campo político para obtener beneficios personales o de grupo, a aquéllos que sólo hacen clientelismo. Hay que dar dignidad a la palabra Política, así con mayúsculas, porque es la proposición y la acción relacionada con la cosa pública.

Y lo que queremos hacer, en este proceso de cambios, es que todo el pueblo intervenga en la Política. En los últimos meses se han producido varias movilizaciones sociales. Con superficialidad, ciertas autoridades las calificaron como políticas, dándole un sentido perverso a ese término. Por supuesto que fue política la marcha de la Cidob, lo fue también la exigencia de Caranavi. Política ha sido la acción de los comunarios de Uncía, incluyendo los asesinatos cometidos. Política, en fin, es el bloqueo potosino.

¿Y cuál es la acción de nuestro gobierno? En todos los casos, intervenir después que se desata la violencia para llegar a arreglos insatisfactorios y, también en todos los casos, dejar resentimientos por mucho tiempo.

Debemos hacer una larga reflexión. Llegamos al gobierno con una popularidad que sobrepasó las más entusiastas expectativas. Mantuvimos esa vinculación con el pueblo hasta alcanzar los altos puntos que se mantuvieron hasta las elecciones pasadas de gobernadores y alcaldes.

Desde diciembre de 2005 participamos en cuatro elecciones y cuatro referendos. En todos ellos la asistencia superó el 80% del padrón electoral; del vilipendiado anterior y del depurado actual. No hay estadística electoral más satisfactoria, elogiada por propios y ajenos. La administración del Estado tiene también un desarrollo de gran valor. Las cifras macroeconómicas no pueden refutarse.

Escuché a uno que fue ministro en la época neoliberal que acusaba al Gobierno aduciendo que antes había más de 50 campos petroleros en actividad y hoy hay sólo tres. Habría que contestarle que esas cifras demuestran lo vergonzoso de los gobiernos en los que participó él, porque con tanta producción no éramos ni siquiera un país, pues entregaron todo a las transnacionales, y lo que quedaba llegó a pocos bolsillos.

Pero este pueblo, que ha demostrado un alto nivel de participación que sigue apoyando a nuestro gobierno por su buen desempeño, reclama atención a sus demandas. Puede que haya exageraciones, incluso abusos y hasta abiertas contravenciones a la ley. Todo eso debe rectificarse; pero antes, como base para poner orden, está la relación con los sectores populares. Ese es el nudo gordiano que debemos desatar.

Aclaremos. Todos somos conscientes de que no se ha hecho trabajo de base. Las direcciones del MAS, en todos los niveles, no han cumplido su tarea: trabajar en las organizaciones sociales, organizarlas, orientarlas, recibir sus quejas y buscar soluciones. Esas organizaciones, que muchas veces han buscado a los dirigentes del MAS sin encontrarlos, tienen la sensación de que fueron y siguen siendo utilizadas en elecciones y referendos, en concentraciones y asambleas. Entonces, se preguntan, ¿cuándo abordamos nuestros problemas? Porque votaron por nuestro gobierno y nos apoyaron como vía de solución al eterno problema de la pobreza y el atraso.

Nuestros compañeros, en las organizaciones sociales, no esperan que las soluciones surjan hoy día, como si se tratara de tocar las cosas con una varita mágica. Pero cuando no hay respuesta a sus quejas, a sus expectativas, a sus reclamos, entonces endurecen sus posiciones. Piénsenlo, compañeros, ¿no actuábamos así cuando luchábamos contra los gobiernos neoliberales? No podemos entrar en la lógica de desgastar a nuestras organizaciones. Porque el MAS proviene de éstas y sin ellas, sin su apoyo, no somos nada.

Lo que ha ocurrido en la marcha de la Cidob, el prolongado paro de Caranavi disuelto con violencia, los crímenes de Uncía y el bloqueo de Potosí, todo eso es más que suficiente para inducirnos a reconocer nuestros errores. Debemos comenzar a trabajar seriamente en las organizaciones sociales, en el seno del pueblo, de donde surgieron nuestros líderes y donde obtuvimos las victorias contra el neoliberalismo. Ojalá sea tiempo aún para hacerlo.

Texto: Rebelión

Foto: colectivoandamios.blogspot.com