Inventos....................

Tomado de escombrismo

IX Marcha Indígena

Pablo Cingolani

Que la historia se repite no es un decir... Los que marchan, hombres y mujeres, niños y ancianos -no el poder, no los burócratas, no las estampitas- son los que van a decidir si lo que viene es tragedia, farsa, epifanía, encuentro, epitafio...

Ay en defensa de la CIDOB

Que la historia se repite no es un decir

Primero lo dijo Hegel –tras asegurar que los pájaros de la Amazonía cantarían mejor si los indios desapareciesen

Luego lo dijo Marx –y corrigió y aumentó a su maestro proclamando

Señores: la historia se repite: primero como tragedia, luego como farsa

Alguien, yo también, corregimos y aumentamos al autor de El Capital

Señoras, sabemos los de aquí: la historia se repite: primero como tragedia y luego como tragedia

Puesto en valor geológico el asunto

Ni Hegel ni san Marx ni sus epígonos ni los demás santitos

Pueden entender que Esto Es Bolivia –EEB

Y que aquí si la historia se repite como farsa o como tragedia

Es, ante todo, cuestión de estado, de gobierno, del poder

De los que mandan

Que los mismos pies vuelvan a repetir la travesía, la épica, la alegría, el drama

Que a la octava marcha en defensa del TIPNIS

Siga la novena marcha en defensa del TIPNIS

Es otra cuestión

No de estado, no de gobierno, no del poder

Es cosa de hombres y mujeres

De niños y ancianos

Que ya no quieren que se repita la historia

Que están dispuestos a hacer un tajo entre las tragedias y las farsas

Que la lógica occidental –la del señor Hegel, la del señor Marx

Un día encuentre, un día le nazca, le crezca, se le enraice otra lógica

La de los pies de los que marchan

Ellos son los que van a decidir

No el poder, no los burócratas, no las estampitas

Si lo que viene es tragedia, farsa, epifanía, encuentro, epitafio

O qué será

Vayan, señores y señoras, a preguntarles a los pies de los que marchan

Qué carajo será Lo que se viene

Lo que está a punto de empezar

El poder, este poder –que es una farsa

Todo poder es una farsa diría mi amigo anarquista

Los ha querido dividir, comprar, humillar, denigrar, confundir

Los ha buscado engañar, corromper, despellejar, desalmar, desorganizar

Los ha querido heridos, batidos, moribundos, agónicos, pidiendo pita y antenas de ENTEL

Los ha querido arrodillados, aplaudiendo, acusándose, mortificándose, matándose entre ellos

Los ha querido rendidos, mutilados, cagados, recagados por la historia y las circunstancias de esta puta historia plurinacional

Los ha vuelto a querer invisibles, olvidándose, prometiéndose, perdonando Las ofensas de Chaparina y de todos estos años y siglos

Sin saber, sin sentir, que lo único que se merecen

Las personas, los pueblos y los dioses es RESPETO

Ese poder, este poder –que es una farsa- está jodido

Jodido está porque este poder carece de alma –creí, y creí suficiente, que este poder naciente y nacido en Bolivia podía ser otro poder, uno distinto, uno con ajayu

Jodido está porque este poder, se quiere cortar las piernas, se quiere mutilar los brazos, se quiere arrancar el corazón, su propio corazón, que son los pueblos de las Tierras Bajas –la esencia cuantitativa de la plurinación, la esencia cualitativa porque ellos son minoría, son pocos, son sobrevivientes, y de lo que se trata, jefes, es de aceptarlas, protegerlas, dignificarlas, sino es así, como dice el blues, siempre es lo mismo, nena; siempre es lo mismo, Evo Jodido está porque no se puede vivir sin amor, porque el que no ama, es un imbécil, es un psicópata, o es un ministro del gobierno

Jodidos la verdad estamos todos –porque ellos son el gobierno, el poder, las armas, el monopolio de la violencia y de la falta de respeto

Por eso, la verdad, te insisto, está despojada en los pies de los que marchan, los que van a marchar

Por eso, la verdad te aclaro, estará despellejándose en esos pies

Por eso, la historia ni es tragedia ni es farsa

La historia es lo que es

La escribirán esos pies Solamente esos pies

Es su historia

Es otra historia

Es nuestra historia también.

Texto y foto: Bolpress

Indígenas latinoamericanos se unen contra megaproyectos

João Fellet

Desafiando las fronteras nacionales, indígenas de países latinoamericanos se están articulando de forma inédita en oposición a las obras que afectan sus territorios y las políticas transnacionales de integración.

Con la ayuda de tecnologías modernas y de conexiones históricas, indígenas de diferentes grupos tienen como meta unificar posiciones en organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. También se comparten experiencias exitosas en toda América Latina en disputas con gobiernos y empresas.

"Estamos estudiando todas las conquistas de nuestros parientes (pueblos indígenas) en el continente para aprovechar sus experiencias aquí en Brasil", afirma Marcos Apurinã, coordinador general de la Coiab (Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña).

"Nuestros problemas son prácticamente idénticos a los de los indígenas de otros países", dijo a la BBC.

Esa aproximación está encabezada por las grandes organizaciones indígenas nacionales y por movimientos regionales, como la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), que agrega grupos de Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela.

Preocupación

Además de mantener las organizaciones afiliadas informadas sobre disputas que involucran a indígenas de los países miembros, Coica tiene programados encuentros entre sus integrantes.

En las reuniones se discuten, entre otros temas, formas de presionar a los gobiernos a demarcar territorios, cómo recurrir a organismos internacionales para hacer valer los derechos indígenas y el impacto de las grandes obras en las comunidades tradicionales.

"Nos preocupa la nueva forma de desarrollo conocida como economía verde. Entendemos eso como un esfuerzo para la exploración de los recursos naturales en los territorios indígenas", señaló a la BBC Rodrigo de la Cruz, coordinador técnico de Coica.

Cruz cita algunas obras que considera dramáticas para los indígenas en América Latina: en Brasil, la hidroeléctrica de Belo Monte; en Bolivia, la construcción de la carretera que atravesaría el parque nacional Tipnis; en Ecuador, la exploración petrolífera en la Reserva de la biosfera Yasuní; en México, la carretera Bolaños-Huejuquilla; y en América Central, el Proyecto Mesoamérica (integración de las redes eléctrica y de transporte de México a Colombia).

Todas las obras anteriores son o fueron objeto de protestas de indígenas. Y, como parte de ellas afecta a pueblos tradicionales en más de un país, también entrarán en el programa de los encuentros entre indios de regiones fronterizas.

Obras transnacionales

El reportaje de BBC Brasil fue en la frontera con Perú, donde indígenas de ambas partes se han reunido para tratar los efectos de una serie de obras destinadas a ampliar la integración binacional en los próximos años.

La primera de ellas -la carretera interoceánica, que une el noroeste brasileño con puertos peruanos en el Pacífico- salió del papel en 2011 y trajo, según los indígenas, varios problemas a la región, como la deforestación y la minería ilegal.

Jaime Corisepa, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, principal movimiento indígena del Departamento peruano de Madre de Dios, dice temer un empeoramiento de las condiciones en caso que los próximos proyectos de integración salgan del papel. Uno de ellos es el acuerdo energético que dispone la construcción de seis hidroeléctricas en Perú para abastecer al mercado brasileño.

Las protestas de los indigígenas contra el acuerdo hicieron que el gobierno peruano lo suspendiera y anunciara que sólo entrará en vigor después de que las comunidades tradicionales sean consultadas, conforme determina la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Vínculos históricos

 

La articulación entre pueblos indígenas de los países amazónicos también es facilitada por factores históricos. Marcela Vecchione, consultora de la Comisión Pro-Indio de Acre, afirma que las fronteras de la región fueron definidas conforme criterios económicos y no tomaron en cuenta a las comunidades presentes allí que, en muchos casos, fueron divididas por los límites nacionales.

A lo largo de varias décadas, según ella, esos pueblos mantuvieron una relación intensa con los dos países vecinos, cruzando las fronteras libremente. Pero con la demarcación de las tierras indígenas por los gobiernos nacionales en las últimas décadas, ese flujo migratorio se redujo, aunque muchos pueblos binacionales (o incluso trinacionales, en algunos casos) mantengan alianzas por medio de matrimonios y relaciones de parentesco con indios de países vecinos.

Es el caso de los manchineri, que viven en la región fronteriza entre Brasil y Perú. Son comunes los casos de indios de ese grupo que pasan parte del año en un país y el resto en el otro.

Geraldo Manchineri, que vive en una aldea indígena en Perú, siempre visita a sus familiares del lado brasileño: un reportaje de la BBC lo encontró en una plaza en Brasiléia (Acre).

Según Ricardo Verdum, doctor en Antropología de la Universidad de Brasilia, los pueblos indígenas comenzaron a articularse en encuentros internacionales en las décadas de 1960 y 1970, cuando los países africanos y asiáticos luchaban para librarse del yugo europeo. La evolución del diálogo resultó en la Convención 169 de la OIT, de 1989, y en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007.

Pero agrega que el gran desafío de los movimientos es hacer que los países que suscribieron los documentos los respeten.

Para eso, según Verdum, en los últimos anos, la articulación entre indígenas (especialmente en América Latina) se ha intensificado y ha ganado contornos más institucionales, con la creación de órganos para hacer frente a las políticas de los estados nacionales.

"Hoy, ellos están más atentos, buscando organizarse de forma políticamente autónoma", afirmó a la BBC.

Verdum dijo esperar que, en algunos países, ese proceso dé lugar a la creación de parlamentos de los pueblos indígenas, órganos que serían vinculados a los poderes legislativos nacionales y servirían para la elaboración de políticas específicas para los indios.

Conferencias virtuales

Además de dialogar sobre desafíos comunes en reuniones internacionales, los indígenas latinoamericanos están usando internet para alinear posiciones sobre temas que no necesariamente involucran grandes obras o conflictos con gobiernos.

Tashka Yawanawá, líder de la Asociación Sociocultural Yawanawá, que actúa en Acre, mantiene un blog (awavena.blog.uol.com.br) y usa internet para hacer videoconferencias con pueblos de países vecinos.

En los últimos días, dice haber conversado por Skype con indios peruanos sobre modos para que las comunidades tradicionales se puedan beneficiar de los "servicios ambientales" que prestan (como la plantación de hierbas medicinales o la preservación ambiental en sus territorios). El tema fue debatido en un encuentro reciente en Filipinas.

Según Tashka, la humanidad de hoy vive "en una aldea global en la que todo está conectado".

"Hoy los pueblos indígenas no pueden más huir del hombre blanco, de la tecnología. Tenemos que actualizarnos, prepararnos para encarar ese nuevo mundo".

Texto y foto: BBC Mundo

Las danzas Pujllay, Ayarichi y Waka Waka declaradas patrimonio histórico y cultural de Bolivia

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó tres proyectos de ley que declaran patrimonio histórico, cultural y ancestral de Bolivia a las danzas del Pujllay, el Ayarichi y la Waka Waka o Waka Thocoris, y a las construcciones post Tiwanacotas y preincaicas de Iskanwaya.

El 12 de marzo de este año, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley N. 043/2012-2013 que reconoce y declara a las danzas del Pujllay y el Ayarichi, expresiones de la cultura yampara, patrimonio histórico, cultural, oral tangible e intangible de propiedad nacional.

“Sabemos que nuestro país tiene diferentes culturas y danzas, y nosotros como legisladores vamos a llevar adelante el desarrollo que debe tener nuestra cultura, porque las danzas Pujllay y Ayarichi son expresiones de la cultura Yampara”, informó el diputado Eleuterio Guzmán, presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad.

El Ministerio de Cultura será el encargado de formular formule y ejecutar políticas de fomento, protección y difusión de esta danzas, así como la riqueza cultural, religiosa, histórica y documental, salvaguardando el registro de la propiedad intelectual y promoviendo su custodia y conservación. Además, deberá gestionar ante la UNESCO para declarar el Pujllay y Ayarichi como patrimonio oral, cultural, ancestral e inmaterial de la humanidad.

Por otro lado, 12 de abril la Cámara Baja aprobó el proyecto de Ley N. 0161/2012-2013 que declara patrimonio cultural e inmaterial de Bolivia a la danza Waka Waka o Waka Thocoris. La normativa encarga al Ministerio de Culturas catalogar y emitir el certificado de patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

“De un tiempo a esta parte en nuestro país se ha perdido los valores culturales. Por falta de incentivo, los jóvenes de hoy no saben de la cultura que tenemos. Lamentablemente países vecinos se están apropiando de la danza Waka Waka, que es muy nuestra, distorsionando la vestimenta”, sostuvo el diputado proyectista Jorge Choquetarqui.

El mismo día, la Cámara de Diputados aprobó en sus estaciones en grande y en detalle el proyecto de Ley N. 054/2012-2013 que declara patrimonio nacional, monumental y arqueológico de Bolivia a las construcciones post Tiwanacotas y preincaicas de Iskanwaya.

“El monumento arqueológico de Iskanwaya, ubicado en la provincia Muñecas del norte de La Paz, forma parte de un complejo arqueológico con 17 sitios de interés, que es mucho más antiguo que el de Machu Pijchu; fue descuidado y corresponde darle el valor que se merece”, dijo el asambleísta Eleuterio Guzmán.

La norma declara de prioridad la conservación de este monumento arqueológico, y autoriza al Gobierno Departamental de La Paz y al Gobierno Municipal de Aukapata gestionar los fondos para su puesta en valor, su promoción y su difusión. Asimismo, determina que el Ministerio de Culturas sea el encargado del registro, la catalogación y la emisión del certificado de patrimonio cultural de este complejo arqueológico.

Las anteriores leyes fueron aprobadas en cumplimiento del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, que determina como competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional la promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural histórico, artístico, intangible e intangible de interés del Estado.

El artículo 99 determina que la riqueza, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore es patrimonio cultural del pueblo boliviano. Asimismo, el Decreto Supremo N. 29272 de 2007, que determina los lineamientos estratégicos del Órgano Ejecutivo, incluye la revalorización de la identidad cultural de Bolivia.

Texto: Bolpress

Foto: blog chicosdeoro

Tribus aisladas de la Amazonia enfrentan riesgo de genocidio

Joao Fellet

El avance de la explotación económica en la frontera entre Brasil y Perú amenaza con provocar el genocidio de los indígenas que viven aislados en la región, según aseguraron organizaciones indigenistas entrevistadas por BBC Brasil.

Estimados en unos cuantos centenares aproximadamente por la Fundación Nacional del Indigena (FUNAI) en Rio Branco, estos indígenas -que en su mayoría hablan lenguas arawak y pano- viven en las cabeceras de los ríos fronterizos, que atraviesan libremente.

Sin embargo, según los indigenistas, la explotación de madera y el tráfico de drogas está afectando a esas personas que -al entrar en contacto con otras poblaciones (indígenas o no)- podrían ser diezmadas por enfermedades o enfrentamientos armados.

"Notamos que hay cambios en las rutas de los aislados, que han avanzado más allá de los espacios que solían frecuentar, debido a la presión que sufren desde el lado peruano", dijo la coordinadora de la FUNAI en Río Branco, Maria Evanízia dos Santos.

"Los indígenas contactados están preocupados y muchas aldeas se mudan debido a la proximidad, para evitar la confrontación", aseguró.

La situación, dice Santos, va a empeorar si las obras proyectadas por los gobernantes locales se llevan a cabo. Existen planes para construir una carretera entre las ciudades peruanas de Puerto Esperanza e Iñapari (en la frontera con Brasil) y una carretera o un ferrocarril entre Cruzeiro do Sul, en Brasil y Pucallpa, Perú.

Ambas obras cruzan los territorios de los indígenas no contactados.

"Si se les presiona, ellos se defenderán. Dado que no tienen una historia de conflictos, no es superficial decir que están en riesgo de genocidio", dice el coordinador sustituto de la Funai en Río Branco, Juan Scalia.

Ese temor es compartido por los indígenas peruanos: "Si la carretera Puerto Esperanza-Iñapari se lleva a cabo, habrá un genocidio", dice Jaime Corisepa, presidente del movimiento indígena Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD).

Conflictos

Las presiones que enfrentan los indígenas aislados en territorio peruano y sus posibles efectos en Brasil obligaron al presidente de la FUNAI, Marcio Meira, a buscar respuestas en la embajada de Perú en Brasil.

Al mismo tiempo, movimientos como la Comisión Pro-Indígena de Acre (CPI-Acre) promueven reuniones con los indigenas brasileños contactados para que tomen conciencia de las amenazas que enfrentan los aislados e impedir los conflictos.

Ella se refiere a la violencia sufrida por los indigenas de la región durante el auge del caucho, a fines del siglo XIX. Se cree que los indigenas aislados son los que quedan de los grupos masacrados y perseguidos durante ese período. Con la disminución de la extracción del caucho, regresaron a sus territorios.

"Sabemos que están bien, tienen suficiente comida y viven en viviendas bien cuidadas", dice Santos, según la información recogida durante las expediciones del organismo. En una, en marzo de 2010, un avión sobrevoló una aldea de indígenas no contactados, que le dispararon flechas al avión.

"Bravos"

Aunque el término "indígenas aislados" puede sugerir grupos que viven completamente ajenos al mundo exterior, existen numerosos relatos de encuentros entre esas poblaciones y los indígenas contactados, así como de encuentros entre indígenas aislados y no-indígenas que habitan los alrededores de sus territorios.

Muchas de estas reuniones terminaron en conflictos, lo que le dió a los aislados el sobrenombre de "indígenas bravos" en la región.

En 1986 y 1987, según el informe de José Carlos Meirelles, de la FUNAI, los intensos conflictos llevaron a los indígenas kaxinawá y ashaninka a pedirle al gobierno que "amansara a los bravos".

En respuesta, la Funai creó en 1988 el Departamento de Indígenas Aislados, cuya misión es proteger a estas personas sin promover ningún encuentro.

Desde entonces, su política establece que sólo habrá contacto con estos indígenas, si ellos lo desean.

Sin embargo, cada vez son más constantes los informes de la presencia de indígenas aislados en las zonas ocupadas por comunidades de indígenas contactados.

Petróleo

Además de las amenazas planteadas por las carreteras, los madereros y los traficantes de drogas, las organizaciones no gubernamentales advierten de los riesgos de explotación petrolera en la región fronteriza. En el lado peruano, varios lotes han sido transferidos a empresas privadas para la exploración de la propiedad.

La organización no gubernamental, Survival International, dijo que el gobierno peruano le está permitiendo a las empresas avanzar en los territorios de los indígenas no contactados, violando así la política de Naciones Unidas que aboga por la protección de estas áreas.

La organización dice que en 1980, acciones similares causaron la muerte de casi la mitad de los miembros de los pueblos nahuas. En ese momento, los funcionarios de Shell abrieron caminos en la tierra indígena en la que la comunidad vivía aislada, propagando enfermedades entre sus miembros, según la ONG.

También existe la preocupación acerca de la explotación de petróleo y de gas en el lado brasileño. La Agencia Nacional del Petróleo (ANP) debe completar este año las pruebas sísmicas para evaluar la viabilidad de la extracción de recursos.

Texto y foto: BBC

Criminalidad ganadera

Miguel Lopez

Akâpete

No hay otro modo posible de decir. Cualquier acto humano que ponga en peligro a otro ser humano, a sabiendas de que ese riesgo existe -o que el daño es inminente a corto o largo plazo- e igual se ejecuta, es eso: una actitud o un acto criminal.

Eso está pasando en el Chaco.

La emergencia declarada por la inundación de vastos territorios y poblados, a raíz del desborde de los ríos Pilcomayo, Montelindo, Verde y Negro, cuyos caudales crecieron por las riadas y la constante lluvia, no tendría el rostro de calamidad si algunos ganaderos hubieran sido respetuosos de la naturaleza y hubieran disminuido su codicia.

Resulta que la inundación que está desplazando a 10.000 familias (unas 50.000 personas) en la Región Occidental no tendría la actual proporción, y tal vez ni siquiera habría crecidas que afectaran las casas, si los criadores de ganado no se hubieran apropiado de las aguas; si las hubieran dejado correr normalmente y si hubieran tenido en cuenta un mínimo de sentido de responsabilidad sobre los recursos naturales.

Todos esos ríos están obstruidos por diques, represas o caminos terraplenados sin puentes en varios tramos; taponados, para desviar e irrigar las tierras de las estancias, los potreros y los campos de pastoreo. Si más abajo la gente y las comunidades indígenas se quedan sin agua, qué importa; o los de más arriba se inundan, tampoco importa.

Ganaderos de todos los pelajes están involucrados en esta suerte de conspiración. La lista de mala fe de los represadores de ríos de la Secretaría del Ambiente la integra el propio presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Juan Néstor Núñez, y le acompañan José Casamada, Manuel Cardozo, María Concepción Brusquetti, Juan Bueno Núñez, Nicolás Luthold, Francisco Brusquetti, Casildo Samaniego, Arturo Niedhammer y María Elsa Brusquetti. Varios de ellos reincidentes en el mismo delito.

Nada justifica lo que estos actos constituyen contra la propia vida de la gente.

En este caso los causantes directa o indirectamente de la grave inundación son los privados; y todavía se teme una peor catástrofe si la riada de la cuenca alta y las precipitaciones llegan a cubrir el Pilcomayo en el Bajo Chaco.

Por de pronto, aparte de la destrucción de poblados enteros y de desplazar a miles de familias, estos ganaderos tienen 3 muertos en su haber.

Deberían ir a la cárcel.

Texto: blogs ultimahora

Foto: nanduti.com.py

La nacionalización de YPF: “Nuestras empresas” y la “seguridad jurídica”

Pedro Ramiro / OMAL

Argentina expropiará el 51% de las acciones de la filial argentina de la petrolera Repsol. ¿Qué precio va a pagar el Estado argentino por las acciones expropiadas?, ¿Qué medidas políticas y comerciales van a tomar el gobierno español y la Unión Europea?, ¿Cuáles van a ser los aliados del gobierno argentino en este conflicto diplomático?

Después de varios días de numerosos rumores sobre la posibilidad de que el gobierno de Argentina anunciara la nacionalización de YPF, finalmente se concretó la noticia: la presidenta Cristina Fernández comunicaba ayer la expropiación del 51% de las acciones de la filial argentina de la petrolera Repsol. Como este asunto va a marcar la agenda política y económica de las próximas semanas, vamos a tener tiempo de ir analizando las muchas y muy importantes decisiones que, tanto la empresa como los gobiernos español y argentino, irán tomando en estos días. (1) Por lo pronto, ante la sucesión de declaraciones y reacciones que se han venido produciendo últimamente en España en torno al “caso Repsol”, pensamos que vale la pena detenernos en cinco cuestiones clave. Veamos.

I. “Nuestras empresas”

«El gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera. Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el gobierno de España». José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, 12/04/12.

¿Son Repsol y otras corporaciones transnacionales como Telefónica, BBVA o Iberdrola “nuestras empresas”? En la última década, hemos visto cómo en muchas ocasiones los principales medios de comunicación y los gobernantes españoles se referían así a las grandes corporaciones cuya sede central se encuentra en el Estado español: «Nuestras empresas están en América Latina para quedarse, se trata de una apuesta de Estado que no tiene marcha atrás», decían desde el gobierno de Zapatero hace tres años. Y es que, según el discurso oficial, la internacionalización de “nuestras multinacionales” es una de las principales fuentes de riqueza para este país. En base a ese argumento, habría que defenderlas por encima de todo y dar por sentada la máxima de que «lo que es bueno para ‘nuestras empresas’ es bueno para la población española». Pero estas empresas, que sí puede decirse que fueron “nuestras” hasta finales de los años noventa -no olvidemos que compañías como Repsol, Telefónica, Endesa y Gas Natural fueron de titularidad pública hasta hace apenas una década y media-, hoy sólo pertenecen a sus accionistas. Y, en realidad, ellos son los únicos beneficiarios, junto con los directivos y ejecutivos de estas compañías y todos esos políticos y empresarios que se han hecho de oro atravesando las “puertas giratorias” que conectan el sector público y el mundo empresarial, con la expansión global de los negocios de estas compañías. Por citar sólo un dato: Antonio Brufau, presidente de Repsol, recibió una retribución por el desempeño de su cargo de 7,08 millones de euros en 2011.

II. “Intereses españoles”

«Una decisión de este tipo sería muy negativa para los intereses españoles y la obligación del gobierno es defender con todos los instrumentos a su alcance los intereses españoles». Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y portavoz del gobierno, 13/04/12.

A pesar de que, si nos fijásemos en el accionariado de todas estas corporaciones transnacionales, no sería correcto técnicamente hablar de “empresas españolas”, ya que puede comprobarse que buena parte de su capital social pertenece a inversores extranjeros -en el caso de Repsol, por ejemplo, más de la mitad de sus acciones está en manos de personas y entidades radicadas fuera de España-, pensamos que sigue siendo útil caracterizarlas como “multinacionales españolas”. ¿Por qué? Pues porque sus principales dirigentes y beneficiarios se encuentran en este país, que es el lugar adonde se repatrían la mayoría de los beneficios obtenidos gracias a las operaciones en otros territorios. Y porque cuando tienen “problemas”, quien sale a defenderlas «con todos los instrumentos a su alcance» es el gobierno español. Ahora bien, una cosa es hablar de “empresas españolas” y otra, muy distinta, referirse a los “intereses españoles” para justificar la intervención gubernamental en favor de los intereses privados de una compañía transnacional.«Es una decisión contra España y los españoles», afirmaba ayer el ministro Soria confundiendo unos intereses meramente empresariales con el interés general de la población. Y es que para la patronal la consigna está muy clara: hay que ampliar la cartera de negocios de las compañías multinacionales para así poder seguir aumentando los beneficios año tras año. Y el gobierno, aplicando los principios de la doctrina neoliberal, defiende que con todo ello crecerá el PIB y mejorarán los indicadores socioeconómicos. Si hay que mirar para otro lado con los hechos que vayan desmintiendo este silogismo -por ejemplo, con el caso de Telefónica, que, a pesar de haber obtenido unas ganancias que suponen el récord en la historia de las empresas españolas, anunció en 2011 que va a despedir a uno de cada cinco de sus trabajadores en España-, pues se hace y listo. Así, se “globaliza” el beneficio empresarial, pero se “localizan” las políticas laborales en derechos, salarios y empleos. Dicho de otro modo: estas empresas se internacionalizan y obtienen la mayor parte de sus beneficios en el exterior, especialmente en América Latina, sin que ello contribuya en absoluto a la “recuperación” de la economía española.

III. “Política de Estado”

«Sabe que puede contar con nosotros [el gobierno español] y confiamos en que finalmente esto se pueda arreglar y dar marcha atrás a una decisión muy perjudicial». Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, 13/04/12.

Estamos acostumbrados a que los dos grandes partidos mayoritarios alcancen un consenso en todo lo que tiene que ver con potenciar la “marca España”. Y es que tanto el actual gobierno español como el anterior siempre han concebido el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas como una “política de Estado”. En eso no hay ni ha habido diferencias: la “diplomacia corporativa” y la “cooperación empresarial” se han convertido en la bandera de la acción exterior de los sucesivos gobiernos españoles. Esta simbiosis entre la política y el mundo empresarial se nos ha hecho tan cotidiana que nos resulta familiar, incluso, que el presidente del gobierno, sea del partido que sea, realice muchos viajes al exterior acompañado por los máximos mandatarios de las transnacionales españolas. Se constata así lo que parece obvio: que la finalidad no es defender un mundo más justo, equitativo y en paz, sino “hacer negocios”. Recordemos, por ejemplo, los viajes que el año pasado hizo el presidente Zapatero a Qatar, Emiratos Árabes y China, o cómo José Bono, encabezando la delegación parlamentaria que en 2011 viajó a Guinea Ecuatorial, le dijo a Obiang que «es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa». En ese mismo sentido, Mariano Rajoy acaba de dar inicio a una gira por México y Colombia con idéntico objetivo: «Allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses», decía ayer el presidente en un acto organizado por el Instituto de Empresa Familiar.

IV. “Seguridad jurídica”

«El Gobierno de Buenos Aires está dispuesto a pasar por encima de contratos, concesiones y cualquier idea de seguridad jurídica que pueda atraer en el futuro a la inversión extranjera». “Por el mal camino”, editorial del diario El País , 3/04/12.

Hace dos años, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado aprobó -con el voto favorable de todos los grupos excepto el de la Entesa Catalana de Progrés- el informe final de la ponencia sobre el papel de las empresas españolas en América Latina. En él se recogía una clasificación de los países de la región en base al “grado de seguridad jurídica”: los más seguros, México, Perú y Colombia; los más inseguros, Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Al mismo tiempo, el informe también agrupaba a los países según el grado de oportunidades de negocio y las facilidades a la inversión extranjera directa que ofrecían, dando como resultado una curiosa coincidencia: los países con mayor “seguridad jurídica” eran los que, precisamente, brindaban las mejores perspectivas para las actividades de las grandes empresas. Colombia, el país del mundo más peligroso para el ejercicio del sindicalismo, y México, donde han sido asesinados varios dirigentes sociales en los últimos años, aparecían así como ejemplos en materia de “seguridad jurídica”.Pero ese razonamiento sólo puede hacerse si se anteponen los intereses comerciales al cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Y es que esta utilización del concepto de “seguridad jurídica” únicamente se concibe en el marco de la nueva lex mercatoria -concretada en una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde instancias como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el FMI-, con lo que su único fundamento es la protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las compañías multinacionales. Sin embargo, no por reiterada resulta menos cuestionable esta interpretación de lo que debe significar la “seguridad jurídica”; se trata de un principio internacional no vinculado únicamente a valoraciones económicas: la verdadera “seguridad jurídica” es la que sitúa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por encima del Derecho Corporativo Global. Es decir, a los intereses de las mayorías sociales frente a los de las minorías que controlan el poder económico. La medida que ha tomado el gobierno argentino sirve para ilustrar que el Estado se encuentra facultado para modificar las leyes y contratos con las empresas transnacionales si éstos establecen un trato que vulnera la soberanía nacional y los derechos fundamentales de la mayoría de la población, ya que las normas imperativas sobre derechos humanos y ambientales prevalecen sobre las normas comerciales y de inversiones.

V. “Desarrollo”

«YPF es una empresa muy importante en Argentina que ha contribuido muchísimo al desarrollo del país y que contribuye al fisco y que hasta hace muy poco ha sido una empresa casi modelo en Argentina». Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, 13/04/12.

En América Latina, las poblaciones afectadas y numerosas organizaciones sociales responsabilizan a las compañías multinacionales del saqueo de los recursos naturales, la privatización de los servicios públicos, la desregulación del mercado laboral, el desplazamiento de comunidades indígenas y el deterioro de los ecosistemas de la región. En ese sentido, en los últimos años se han venido denunciando múltiples casos de violaciones de los derechos humanos e impactos sobre los pueblos indígenas, las condiciones laborales y el medio ambiente por parte de las corporaciones multinacionales en diferentes países latinoamericanos. En el caso de las transnacionales españolas, las operaciones de empresas como Repsol, Endesa, Unión Fenosa, BBVA y Santander, entre otras, han sido objeto de múltiples estudios e investigaciones que permiten concluir, como decía la sentencia de la última sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en Madrid en mayo de 2010, que estos casos no son sino «la expresión (a través de un espectro muy amplio de violaciones, de responsabilidades, de imputabilidades) de una situación caracterizada por la sistematicidad de las prácticas que prueban el papel tanto de las transnacionales europeas como de la Unión Europea y de los Estados de América Latina».Por su parte, Repsol ha sido acusada de operar en 17 resguardos indígenas en Bolivia, contaminar el territorio mapuche en Argentina y el Parque Nacional Yasuni en Ecuador, violar los derechos humanos en Colombia y, en el caso de Argentina, la compañía ha causado importantes y persistentes impactos sobre el ambiente, la vida y la cultura de sus habitantes, en especial de las comunidades indígenas en cuyos territorios opera. Además, con el apoyo de los organismos internacionales, Repsol obtuvo una posición de absoluto control de la energía que ha aprovechado para implementar una infraestructura que ha favorecido el uso irracional de los recursos; la empresa elevó las tarifas del mercado argentino a los precios internacionales, olvidando sus costos y dejando a grandes sectores de la población sin posibilidad de acceder a la energía. ¿Puede hablarse así de “desarrollo”?

Nota:

1. Quedan muchas preguntas aún por resolver: ¿qué precio va a pagar el Estado argentino por las acciones expropiadas a Repsol?, ¿qué medidas políticas y comerciales van a tomar el gobierno español y la Unión Europea?, ¿cuáles van a ser los aliados del gobierno argentino en este conflicto diplomático?, ¿va a presentar la multinacional española una demanda ante un tribunal internacional de arbitraje? A estas y otras cuestiones trataremos de ir dando respuesta en los próximos días.

Texto: Bolpress

Foto: noticiaslainformacion