El celular de Eduardo Rózsa tiene registrado, entre sus contactos, a Pablo Costas Aguilera, hermano del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas. El Ministerio Público citará a ese ciudadano en el marco de las investigaciones del caso terrorismo.
Marcelo Soza, director de las investigaciones, informó ayer que el dato fue encontrado en el celular que pertenecía al líder del grupo.
Marcelo Soza, director de las investigaciones, informó ayer que el dato fue encontrado en el celular que pertenecía al líder del grupo.
“Él (Pablo Costas) está registrado en el teléfono celular de Eduardo Rózsa Flores con los nombres de ‘hermano’ y ‘hermano 1’, ambos números corresponden al señor Pablo Costas Aguilera”, dijo.
El Ministerio Público encontró varios contactos telefónicos en los celulares del grupo Rózsa, datos que cruzó con los solicitados a las empresas de telefonía local para conocer la identidad de los propietarios. Así se establecieron amistades y vínculos del la célula terrorista.
“Hemos encontrado cinco teléfonos a nombre de Alejandro Melgar Pereyra, también está registrado el del señor Hugo Achá”, explicó.
Según se evidenció en la investigación, el grupo utilizaba alias, letras o números en lugar de los nombres completos de sus contactos.
“Toda persona sospechosa tiene que venir y aclarar su situación jurídica, es así que citaremos a todas las personas que estén probablemente involucradas”, anunció.
Agregó que en la misma situación de requerimiento se encuentra el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera.
“Contra el señor (Rubén) Costas tenemos indicios que conformó el Consejo Supremo; está plenamente acreditado por documentos secuestrados en el hotel Las Américas”.
APREHENSIONES
El fiscal Marcelo Soza confirmó que desde el pasado viernes inició la emisión de varias órdenes de aprehensión contra personas que desacataron citaciones anteriores.
El fiscal señaló que la Policía también tiene órdenes de detener a Luis Hurtado Vaca, miembro del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas); Juan Carlos Velarde, presidente de Cotas; Enrique Vaca Pedraza, ex ejecutivo comercial de Fexpocruz; Alejandro Melgar Pereyra, ex abogado de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, y Hugo Achá, ex presidente de la Human Rights. Todos están fuera del país, por lo cual el Ministerio Público considera declararlos en rebeldía si no se presentan a responder a la justicia.
“De manera arbitraria no se ha librado ningún mandamiento, existen indicios de responsabilidad penal contra estos ciudadanos”, señaló.
En el caso de Branko Marinkovic, “la Policía ya cuenta con una orden formal de captura, que se hará efectiva en cualquier momento”, dijo y explicó que existen documentos, pruebas testificales y conversaciones de chat que vinculan ampliamente al empresario con el ‘Consejo Supremo’ y la estructura terrorista.
Uribe: Amparo de La Paz anula resolución de Suprema
El fiscal general del Estado, Mario Uribe, declaró ayer que el fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Corte de Distrito de La Paz anuló todas las actuaciones anteriores en la Corte de Santa Cruz e incluso lo determinado por la Corte Suprema de Justicia.
“Nosotros entendemos que el fallo del Tribunal de Amparo es el que tiene que proceder”, señaló la autoridad tras reiterar su apoyo a la investigación que realiza el fiscal Marcelo Soza.
El caso terrorismo debe ser investigado en la jurisdicción de La Paz, a cargo del grupo de fiscales que está encabezado por Marcelo Soza, agregó.
La autoridad explicó que al haberse emitido la resolución de amparo constitucional, antes que el fallo de la Sala Penal de Santa Cruz, es el primer veredicto el que debe ser obedecido y la investigación debe proseguir en la sede de Gobierno.
Además recordó que la investigación del caso terrorismo se inició en La Paz luego de una querella interpuesta por el Ministerio de Gobierno en contra de los dos sobrevivientes del operativo en el hotel Las Américas de Santa Cruz: Mario Tadic y Elot Toazo, recluidos desde abril en la cárcel de San Pedro.
El pasado 16 de abril, un operativo de élite de la Policía Boliviana, en el céntrico hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, desarticuló la célula terrorista con fines separatistas comandada por el croata-boliviano Eduardo Rózsa Flores.
En la operación murió el líder del grupo irregular y dos de sus más estrechos colaboradores, y dos fueron aprehendidos.
Tapia Pachi dice que lo amedrentan
El juez Luis Tapia Pachi, del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de la Corte de Distrito de Santa Cruz, denunció ayer que su secretario recibió amenazas telefónicas y que “al parecer hay personas del Ministerio de Gobierno que merodean las oficinas”.
Diego Roca, secretario del juez Tapia Pachi, explicó que la llamada fue recibida el martes en horas de la mañana.
“Una voz indicaba que el doctor Tapia mucho estaba entrometiéndose en el caso de terrorismo y que en el transcurso de la mañana algo podría ocurrirle a su persona. Era un mensaje con voz distorsionada, como cuando se trata de amedrentar a las personas; parecía una voz de ultratumba”, relató Roca.
Por su parte, el juez Tapia Pachi sumó el incidente a los supuestos reclamos de los vocales del Palacio de Justicia del Distrito de Santa Cruz.
“Los señores vocales están siendo amenazados y amedrentados, y con la sola presencia de gente de afuera, que los miran y lo hacen con fines netamente de amedrentamiento psicológico”, señaló.
El juez, que insiste en conocer el caso terrorismo, desde un fallo irregular de la Sala Penal Primera de ese distrito, señaló también que no tiene temor y lanzó una advertencia: “A mí no me amedrentan, pero sí ponen en zozobra a los funcionarios que trabajan conmigo; estaremos atentos y lo que llegue a pasar directamente ya sabemos de quiénes se puede tratar”, señaló.
Texto: Cambio
Foto: ERBOL
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