Pablo Villegas
Bolivia es el segundo país más rico en gas de Latinoamérica. Pese a ello, el desabastecimiento del mercado interno de hidrocarburos se ha ido agravando y la provisión de energía por habitante es más baja aquí que en el resto de América Latina. El país importa el 45 por ciento del diesel que consume y este año comenzó a importar gas licuado de Argentina y gasolina de Chile, de la cual se autoabastecía desde 1954. Las causas son básicamente dos. Por una parte, la declinación de las reservas, debido a que no se invierte en la búsqueda de nuevos yacimientos y, por otra, a que se prioriza la exportación descuidando el mercado interno.
El aprovisionamiento del mercado interno con gas natural desde 1990 se diferencia en un periodo que va desde ese año hasta 1997, cuando se liquida la empresa estatal petrolera YPFB; y el siguiente periodo, dominado por la explotación privada de las reservas descubiertas por YPFB.
Queríamos que se fueran las transnacionales petroleras
En el primer periodo, pese a la decadencia de la producción de gas hasta 1996, se elevó el abastecimiento interno. En el siguiente periodo, a pesar de que se dio un gran incremento de la producción de gas, el aprovisionamiento interno fue de decayendo y hasta 2007 no recuperó el nivel de 1999. Paralelamente, desde 1997, los precios de los combustibles en el mercado interno fueron aumentando sistemáticamente, casi duplicándose hasta 2007. Esto benefició a las transnacionales, que desde la liquidación de YPFB eran las que vendían los combustibles. El Gobierno, por su parte, tuvo que asumir la subvención de los precios que pagaba la gente para evitar una crisis social
Durante la primera etapa, pese al descenso de la producción, YPFB logró algo que ahora parece inconcebible; la importancia de los refinados de petróleo en el PIB superó a la del petróleo crudo y el gas. En el segundo periodo, la importancia de los refinados en el PIB ha disminuido constantemente hasta ahora, a pesar del gran incremento de la producción. Por otra parte, la participación de los hidrocarburos en el PIB sólo ha tenido un leve incremento.
Otro dato importante se refiere a que en 1997, con el neoliberalismo, las transnacionales obtuvieron las reservas hidrocarburíferas, y con el tiempo una sola empresa, Petrobras, que en 2001 (antes de la nacionalización) tenía el 13,5 por ciento de la producción (CEDLA, 2008), en 2008 (tras la nacionalización) llegó a controlar el 63 por ciento, mientras las empresas en las que participa el Estado controlan sólo el 20 por ciento.
Pero se quedaron, porque les tuvieron fe
Lo expuesto significa que, a pesar de los cambios políticos del país, no se han modificado aspectos estructurales del neoliberalismo impuestos en 1997; no se ha modificado el modelo productor de materias primas para la exportación, que caracteriza nuestra historia económica desde la colonia.
Esto se debe a que el proceso de nacionalización ha supeditado todos sus objetivos a las negociaciones con las transnacionales; para que firmen nuevos contratos, para que inviertan en exploración, para que se asocien con la empresa petrolera estatal, etc… Por ello, la nacionalización propiamente dicha se inició dos años después de su anuncio y concluyó en una situación controlada por las transnacionales. Aunque las leyes dicen que los hidrocarburos están nacionalizados, el Estado sólo controla aproximadamente el 20 por ciento de la producción. La refundación de YPFB, que debió ser lo primero, se inició también tarde, y además se orientó a conformar una empresa meramente reguladora, al margen de todo tipo de operaciones, que se espera que sean afrontadas por las transnacionales.
... y los indígenas pagan el coste
El tiempo y los objetivos que la nacionalización ha sacrificado por los acuerdos con las transnacionales ha tenido un altocosto; pues estas, a la vez que negociaban, se ocuparon de estrangular el mercado interno y dejaron de invertir, lo cual contribuyó a la convulsión política que ellas mismas financiaron. Finalmente, las esperanzas de que YPFB se reconstituyera como una empresa operativa que libere al país de la dependencia de las transnacionales se esfumó cuando en marzo pasado retornó el Banco Mundial a YPFB para encargarse de su reestructuración.
Una de las primeras víctimas del sometimiento de los intereses nacionales a los transnacionales han sido los derechos de los habitantes asentados donde estas operan. Y desde el punto de vista de estos derechos no podemos considerar sólo a las empresas petroleras sino también a las mineras.
Existe al respecto una amplia legislación nacional e internacional que garantiza los derechos de la población a ser consultada, especialmente la indígena; a que se evalúen los impactos y que se tomen las medidas apropiadas para mitigar y compensar los daños, si se dieran. Más allá de los detalles de esta legislación, el principio que la guía es la defensa del valor del ser humano y el medio ambiente ante los intereses puramente económicos de las industrias extractivas. Pero, lamentablemente, la realidad es ilustrada por la frase del actual presidente de Bolivia: “No podemos ser chantajeados con la Consulta. Más bien, les pedimos acelerar las licencias ambientales” (ABI el 13/06/09). Esta frase quiere decir que los indígenas deben sacrificarse para que las empresas obtengan rápidamente sus licencias ambientales.
En julio y septiembre de 2009 se realizaron dos encuentros nacionales de secretarios de Recursos Naturales de las organizaciones indígenas originarias campesinas del país. En las resoluciones del primer encuentro los representantes declaran que sus pueblos se ven afectados por los negativos impactos económicos, sociales, culturales y ambientales generados por la extracción de los recursos hidrocarburíferos y mineros en sus territorios; denuncian que el Gobierno no soluciona estos problemas y que actualmente los conflictos sociales ante la extracción de los recursos naturales se originan en el incumplimiento de la legislación de la Consulta y Participación previa, libre, informada y obligatoria por las empresas y el propio Gobierno.
La cantidad de casos denunciados es sorprendente; entre ellos están las actividades hidrocarburíferas en las tierras bajas, en el norte de La Paz y en los territorios de los guaraníes; y las actividades mineras, como la de Corocoro y Amayapanpa en el altiplano. Aquí nos referiremos sólo a dos de ellos.
El caso del norte de La Paz
Este caso trata de la exploración petrolera realizada por Petroandina, empresa conformada por PDVSA y YPFB, en una zona de gran biodiversidad, donde están los territorios de los pueblos indígenas lekos y mosetenes.
Una entrevista de Chantal Liegeois en Petropress1 a Vicente Moy, presidente de la Organización del Pueblo Mosetén (OPIM) que agrupa a 8 comunidades (en total 3.200 habitantes), revela los métodos a los que el Ministerio de Hidrocarburos está recurriendo, llegando al extremo de dividir premeditadamente a las organizaciones indígenas. Como declara Moy: “Antes que se definan áreas exclusivas de exploración para YPFB, se nos tenía que consultar de acuerdo a normas internacionales y nacionales; más aun, antes de dar la licencia ambiental. Pero no se hizo. Hemos insistido al Ministerio de Hidrocarburos para que se haga la Consulta de forma legal, transparente, con la participación de todos. Sin embargo, no llegamos a ningún consenso …. Hemos presentado una propuesta -que nos han pedido- , la han llevado a un escritorio y no se han acordado.”
El Ministerio, según Moy, sobrepasó la autoridad de la OPIM, llamando por su propia cuenta a la reunión de los caciques, provocando que 4 comunidades a favor de la empresa abandonaran las organizaciones matrices de los indígenas. La división, dice Moy, no es sólo entre comunidades sino también en su interior. Para conseguir la aprobación de las comunidades, denuncia Moy, el ministerio llegó a recoger firmas de niños. “Esta división es lo más doloroso”, dice el Mallku, “lo que estamos exigiendo es que de alguna manera se subsane esta situación. ¿Cómo hacemos para volver a unir a las comunidades? Ampliando la consulta, haciendo una inspección nuevamente en las comunidades, revisando el documento final que elaboraron… Ni siquiera tenemos copia de este documento que han hecho.”
El caso de minería a cielo abierto de Corocoro
El otro caso es el de la nación originaria Jach´a Suyu Pakajaqi (JSP) en el altiplano, en Corocoro, uno de los mayores reservorios de cobre del país, con alrededor de 15 millones de toneladas de cobre y estaño. En una entrevista realizada por Miguel Vargas para Petropress2, Rafael Quispe Mallku, del Ayllu Sicuipata, declara que Corocoro siempre fue un centro minero, pero: “… hasta la fecha no hay ni un sólo centímetro de desarrollo, ni para la población civil, ni para los pueblos originarios”. Vargas recuerda que en 2007, Dalence, entonces ministro de Minería, dijo como algo positivo: “Vamos a trabajar a cielo abierto moviendo grandes cantidades de toneladas al estilo de Inti Raymi y San Cristóbal”. Los dos emprendimientos se caracterizan por sus graves consecuencias medioambientales y sociales.
Seguidamente, en junio de 2008, el Gobierno y Korea Resources Corporation firman el contrato para la explotación de Corocoro, pero sin reconocer la existencia precolonial de la nación Jach´a Suyu Pakajaqi y su dominio ancestral sobre sus territorios, lo que contradice el Artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Tampoco se hace referencia al proceso de obtención de la “Licencia Social” para iniciar las obras, dejando abierta la posibilidad de obtenerla por cualquier medio.
Ante el empecinamiento del Ministerio, la JSP hizo una denuncia al Senado. Éste reaccionó exhortando al Ministerio al cumplimiento de los derechos de los indígenas establecidos en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OITy la Declaración de las Naciones Unidas. Entonces, el Ministerio hizo una “reunión de entendimiento” (no la Consulta), informó parcialmente sobre el proyecto, no permitió la discusión y sólo participó una autoridad originaria, que dio su conformidad para el inicio de las obras. Esto fue asumido por el Ministerio como el consentimiento de las 11 markas del JSP.
Hasta agosto, las actividades no habían comenzado oficialmente, pero ya había impactos. Mallku Quispe dice que “... desde la toma de agua, que estaba destinada para la población, ahora (…) han cambiado el curso del río y toda el agua la han destinado al proyecto. Ahora río abajo, ya no hay agua, se están secando los bofedales. (…) en los tanques de agitación, luego de un corte de luz, hubo una paralización cuando estaban agitando las colas y el desmonte con productos químicos, por la falla en la maquinaria han tenido que botar todos los químicos que se encontraban dentro de la maquinaria, con la lluvia y el viento está contaminando a todo el lugar, esto ha producido la muerte de los animales. Son esas las afectaciones directas que no necesitan de un análisis de laboratorio, son afectaciones directas que se están viendo”.
El 14 de noviembre, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo y Rafael Quispe Mallku de JSP, denunciaron públicamente que el 9, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos, había hecho 31 observaciones al Proyecto Hidrometalúrgico Corocoro dándole 30 días para subsanarlos. No obstante, el 12 de noviembre, la misma autoridad emitió la licencia.
En 2003 nació, de una movilización sangrienta, la Agenda de Octubre, pidiendo la nacionalización de los hidrocarburos, pero las transnacionales se quedaron. Lo que ocurre ahora, confirma la enseñanza de los viejos luchadores latinoamericanos por el petróleo; que el Estado no puede convivir con las transnacionales, que si se quedan, terminan siempre controlando y corrompiendo las autoridades, las instituciones, la prensa, la sociedad, apoderándose de la vida política nacional (Villegas, 2007)
El aprovisionamiento del mercado interno con gas natural desde 1990 se diferencia en un periodo que va desde ese año hasta 1997, cuando se liquida la empresa estatal petrolera YPFB; y el siguiente periodo, dominado por la explotación privada de las reservas descubiertas por YPFB.
Queríamos que se fueran las transnacionales petroleras
En el primer periodo, pese a la decadencia de la producción de gas hasta 1996, se elevó el abastecimiento interno. En el siguiente periodo, a pesar de que se dio un gran incremento de la producción de gas, el aprovisionamiento interno fue de decayendo y hasta 2007 no recuperó el nivel de 1999. Paralelamente, desde 1997, los precios de los combustibles en el mercado interno fueron aumentando sistemáticamente, casi duplicándose hasta 2007. Esto benefició a las transnacionales, que desde la liquidación de YPFB eran las que vendían los combustibles. El Gobierno, por su parte, tuvo que asumir la subvención de los precios que pagaba la gente para evitar una crisis social
Durante la primera etapa, pese al descenso de la producción, YPFB logró algo que ahora parece inconcebible; la importancia de los refinados de petróleo en el PIB superó a la del petróleo crudo y el gas. En el segundo periodo, la importancia de los refinados en el PIB ha disminuido constantemente hasta ahora, a pesar del gran incremento de la producción. Por otra parte, la participación de los hidrocarburos en el PIB sólo ha tenido un leve incremento.
Otro dato importante se refiere a que en 1997, con el neoliberalismo, las transnacionales obtuvieron las reservas hidrocarburíferas, y con el tiempo una sola empresa, Petrobras, que en 2001 (antes de la nacionalización) tenía el 13,5 por ciento de la producción (CEDLA, 2008), en 2008 (tras la nacionalización) llegó a controlar el 63 por ciento, mientras las empresas en las que participa el Estado controlan sólo el 20 por ciento.
Pero se quedaron, porque les tuvieron fe
Lo expuesto significa que, a pesar de los cambios políticos del país, no se han modificado aspectos estructurales del neoliberalismo impuestos en 1997; no se ha modificado el modelo productor de materias primas para la exportación, que caracteriza nuestra historia económica desde la colonia.
Esto se debe a que el proceso de nacionalización ha supeditado todos sus objetivos a las negociaciones con las transnacionales; para que firmen nuevos contratos, para que inviertan en exploración, para que se asocien con la empresa petrolera estatal, etc… Por ello, la nacionalización propiamente dicha se inició dos años después de su anuncio y concluyó en una situación controlada por las transnacionales. Aunque las leyes dicen que los hidrocarburos están nacionalizados, el Estado sólo controla aproximadamente el 20 por ciento de la producción. La refundación de YPFB, que debió ser lo primero, se inició también tarde, y además se orientó a conformar una empresa meramente reguladora, al margen de todo tipo de operaciones, que se espera que sean afrontadas por las transnacionales.
... y los indígenas pagan el coste
El tiempo y los objetivos que la nacionalización ha sacrificado por los acuerdos con las transnacionales ha tenido un altocosto; pues estas, a la vez que negociaban, se ocuparon de estrangular el mercado interno y dejaron de invertir, lo cual contribuyó a la convulsión política que ellas mismas financiaron. Finalmente, las esperanzas de que YPFB se reconstituyera como una empresa operativa que libere al país de la dependencia de las transnacionales se esfumó cuando en marzo pasado retornó el Banco Mundial a YPFB para encargarse de su reestructuración.
Una de las primeras víctimas del sometimiento de los intereses nacionales a los transnacionales han sido los derechos de los habitantes asentados donde estas operan. Y desde el punto de vista de estos derechos no podemos considerar sólo a las empresas petroleras sino también a las mineras.
Existe al respecto una amplia legislación nacional e internacional que garantiza los derechos de la población a ser consultada, especialmente la indígena; a que se evalúen los impactos y que se tomen las medidas apropiadas para mitigar y compensar los daños, si se dieran. Más allá de los detalles de esta legislación, el principio que la guía es la defensa del valor del ser humano y el medio ambiente ante los intereses puramente económicos de las industrias extractivas. Pero, lamentablemente, la realidad es ilustrada por la frase del actual presidente de Bolivia: “No podemos ser chantajeados con la Consulta. Más bien, les pedimos acelerar las licencias ambientales” (ABI el 13/06/09). Esta frase quiere decir que los indígenas deben sacrificarse para que las empresas obtengan rápidamente sus licencias ambientales.
En julio y septiembre de 2009 se realizaron dos encuentros nacionales de secretarios de Recursos Naturales de las organizaciones indígenas originarias campesinas del país. En las resoluciones del primer encuentro los representantes declaran que sus pueblos se ven afectados por los negativos impactos económicos, sociales, culturales y ambientales generados por la extracción de los recursos hidrocarburíferos y mineros en sus territorios; denuncian que el Gobierno no soluciona estos problemas y que actualmente los conflictos sociales ante la extracción de los recursos naturales se originan en el incumplimiento de la legislación de la Consulta y Participación previa, libre, informada y obligatoria por las empresas y el propio Gobierno.
La cantidad de casos denunciados es sorprendente; entre ellos están las actividades hidrocarburíferas en las tierras bajas, en el norte de La Paz y en los territorios de los guaraníes; y las actividades mineras, como la de Corocoro y Amayapanpa en el altiplano. Aquí nos referiremos sólo a dos de ellos.
El caso del norte de La Paz
Este caso trata de la exploración petrolera realizada por Petroandina, empresa conformada por PDVSA y YPFB, en una zona de gran biodiversidad, donde están los territorios de los pueblos indígenas lekos y mosetenes.
Una entrevista de Chantal Liegeois en Petropress1 a Vicente Moy, presidente de la Organización del Pueblo Mosetén (OPIM) que agrupa a 8 comunidades (en total 3.200 habitantes), revela los métodos a los que el Ministerio de Hidrocarburos está recurriendo, llegando al extremo de dividir premeditadamente a las organizaciones indígenas. Como declara Moy: “Antes que se definan áreas exclusivas de exploración para YPFB, se nos tenía que consultar de acuerdo a normas internacionales y nacionales; más aun, antes de dar la licencia ambiental. Pero no se hizo. Hemos insistido al Ministerio de Hidrocarburos para que se haga la Consulta de forma legal, transparente, con la participación de todos. Sin embargo, no llegamos a ningún consenso …. Hemos presentado una propuesta -que nos han pedido- , la han llevado a un escritorio y no se han acordado.”
El Ministerio, según Moy, sobrepasó la autoridad de la OPIM, llamando por su propia cuenta a la reunión de los caciques, provocando que 4 comunidades a favor de la empresa abandonaran las organizaciones matrices de los indígenas. La división, dice Moy, no es sólo entre comunidades sino también en su interior. Para conseguir la aprobación de las comunidades, denuncia Moy, el ministerio llegó a recoger firmas de niños. “Esta división es lo más doloroso”, dice el Mallku, “lo que estamos exigiendo es que de alguna manera se subsane esta situación. ¿Cómo hacemos para volver a unir a las comunidades? Ampliando la consulta, haciendo una inspección nuevamente en las comunidades, revisando el documento final que elaboraron… Ni siquiera tenemos copia de este documento que han hecho.”
El caso de minería a cielo abierto de Corocoro
El otro caso es el de la nación originaria Jach´a Suyu Pakajaqi (JSP) en el altiplano, en Corocoro, uno de los mayores reservorios de cobre del país, con alrededor de 15 millones de toneladas de cobre y estaño. En una entrevista realizada por Miguel Vargas para Petropress2, Rafael Quispe Mallku, del Ayllu Sicuipata, declara que Corocoro siempre fue un centro minero, pero: “… hasta la fecha no hay ni un sólo centímetro de desarrollo, ni para la población civil, ni para los pueblos originarios”. Vargas recuerda que en 2007, Dalence, entonces ministro de Minería, dijo como algo positivo: “Vamos a trabajar a cielo abierto moviendo grandes cantidades de toneladas al estilo de Inti Raymi y San Cristóbal”. Los dos emprendimientos se caracterizan por sus graves consecuencias medioambientales y sociales.
Seguidamente, en junio de 2008, el Gobierno y Korea Resources Corporation firman el contrato para la explotación de Corocoro, pero sin reconocer la existencia precolonial de la nación Jach´a Suyu Pakajaqi y su dominio ancestral sobre sus territorios, lo que contradice el Artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Tampoco se hace referencia al proceso de obtención de la “Licencia Social” para iniciar las obras, dejando abierta la posibilidad de obtenerla por cualquier medio.
Ante el empecinamiento del Ministerio, la JSP hizo una denuncia al Senado. Éste reaccionó exhortando al Ministerio al cumplimiento de los derechos de los indígenas establecidos en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OITy la Declaración de las Naciones Unidas. Entonces, el Ministerio hizo una “reunión de entendimiento” (no la Consulta), informó parcialmente sobre el proyecto, no permitió la discusión y sólo participó una autoridad originaria, que dio su conformidad para el inicio de las obras. Esto fue asumido por el Ministerio como el consentimiento de las 11 markas del JSP.
Hasta agosto, las actividades no habían comenzado oficialmente, pero ya había impactos. Mallku Quispe dice que “... desde la toma de agua, que estaba destinada para la población, ahora (…) han cambiado el curso del río y toda el agua la han destinado al proyecto. Ahora río abajo, ya no hay agua, se están secando los bofedales. (…) en los tanques de agitación, luego de un corte de luz, hubo una paralización cuando estaban agitando las colas y el desmonte con productos químicos, por la falla en la maquinaria han tenido que botar todos los químicos que se encontraban dentro de la maquinaria, con la lluvia y el viento está contaminando a todo el lugar, esto ha producido la muerte de los animales. Son esas las afectaciones directas que no necesitan de un análisis de laboratorio, son afectaciones directas que se están viendo”.
El 14 de noviembre, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo y Rafael Quispe Mallku de JSP, denunciaron públicamente que el 9, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos, había hecho 31 observaciones al Proyecto Hidrometalúrgico Corocoro dándole 30 días para subsanarlos. No obstante, el 12 de noviembre, la misma autoridad emitió la licencia.
En 2003 nació, de una movilización sangrienta, la Agenda de Octubre, pidiendo la nacionalización de los hidrocarburos, pero las transnacionales se quedaron. Lo que ocurre ahora, confirma la enseñanza de los viejos luchadores latinoamericanos por el petróleo; que el Estado no puede convivir con las transnacionales, que si se quedan, terminan siempre controlando y corrompiendo las autoridades, las instituciones, la prensa, la sociedad, apoderándose de la vida política nacional (Villegas, 2007)
Texto y foto: kaosenlared
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