Por Weimar Arandia
Sucre, BOLIVIA 30 ago (ABI) ? El proceso judicial 'octubre negro', cuya sentencia condena por crímenes de lesa humanidad y genocidio a ex altos mandos militares y dos ex ministros, dará mayor peso a las solicitudes de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores que se encuentran en Estados Unidos, Perú y España, para que se sometan a la justicia boliviana.
Ese es el criterio coincidente de varios juristas que, desde distintos roles y funciones, han seguido el juicio 'octubre negro' durante los dos años y tres meses de proceso.
Para el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Denis Racicot, observador permanente del proceso, éste es un hecho judicial muy importante para la historia de Bolivia.
"El resultado en sí mismo (del juicio) le dará mayor peso a las peticiones oficiales de extradición que el Estado Plurinacional ha presentado sus similares de otros países, donde están la ex autoridades", dijo.
El diplomático destacó los aspectos positivos que se siguió en la Corte Suprema, porque fue un "juicio muy sustancioso" por la presentación de pruebas, alrededor de 1.500 y por el respeto al debido proceso y manifestó que eso es muy importante para la historia de Bolivia, para que los gobernantes tengan en cuenta que los actos que violan los derechos humanos tiene una responsabilidad penal.
El ex fiscal Milton Mendoza, quien trabajó con el Ministerio Público en el juicio, manifestó que se ha sentado un precedente histórico en el país, para que los gobernantes no hagan uso de la fuerza militar para reprimir a la población y cometer crímenes de genocidio y lesa humanidad.
"A lo que va a contribuir esta sentencia es para quienes están fuera del país, pues se sientan realmente preocupados porque los procesos de extradición debieran seguir hasta su conclusión, para tenerlos enfrentado un proceso judicial y tener una sentencia como ha sucedido acá", señaló.
Para Mendoza, será muy importante que en el diálogo que se tenga entre gobiernos para lograr la extradición, se pueda aclarar que no se trata de una persecución política sino que se trata de delitos de lesa humanidad, por lo cual han sido condenados los siete imputados, cinco ex militares y dos ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Similar opinión tiene el abogado Rogelio Mayta, de la acusación en representación de la Asociación de Familiares de ?octubre negro.
"Hemos venido reclamando que en septiembre y octubre de 2003 se ha cometido una masacre aquí en Bolivia, el Tribunal nos ha dado la razón, ha condenado a todos los acusados, ha establecido que se han cometido crímenes de lesa humanidad, graves delitos contra los derechos humanidad", señaló.
Para el abogado, este argumento será la base para el arduo trabajo que implicará la extradición de Sánchez de Lozada y sus colaboradores, entre ellos, el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, el cerebro operativo de la sangrienta represión de septiembre y octubre de 2003.
Los entrevistados por ABI coincidieron en manifestar que será también muy importante cómo se encara el diálogo bilateral entre gobiernos, cómo lograr los acuerdos políticos y la adecuación de la petición de extradición al marco del derecho internacional.
Sucre, BOLIVIA 30 ago (ABI) ? El proceso judicial 'octubre negro', cuya sentencia condena por crímenes de lesa humanidad y genocidio a ex altos mandos militares y dos ex ministros, dará mayor peso a las solicitudes de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores que se encuentran en Estados Unidos, Perú y España, para que se sometan a la justicia boliviana.
Ese es el criterio coincidente de varios juristas que, desde distintos roles y funciones, han seguido el juicio 'octubre negro' durante los dos años y tres meses de proceso.
Para el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Denis Racicot, observador permanente del proceso, éste es un hecho judicial muy importante para la historia de Bolivia.
"El resultado en sí mismo (del juicio) le dará mayor peso a las peticiones oficiales de extradición que el Estado Plurinacional ha presentado sus similares de otros países, donde están la ex autoridades", dijo.
El diplomático destacó los aspectos positivos que se siguió en la Corte Suprema, porque fue un "juicio muy sustancioso" por la presentación de pruebas, alrededor de 1.500 y por el respeto al debido proceso y manifestó que eso es muy importante para la historia de Bolivia, para que los gobernantes tengan en cuenta que los actos que violan los derechos humanos tiene una responsabilidad penal.
El ex fiscal Milton Mendoza, quien trabajó con el Ministerio Público en el juicio, manifestó que se ha sentado un precedente histórico en el país, para que los gobernantes no hagan uso de la fuerza militar para reprimir a la población y cometer crímenes de genocidio y lesa humanidad.
"A lo que va a contribuir esta sentencia es para quienes están fuera del país, pues se sientan realmente preocupados porque los procesos de extradición debieran seguir hasta su conclusión, para tenerlos enfrentado un proceso judicial y tener una sentencia como ha sucedido acá", señaló.
Para Mendoza, será muy importante que en el diálogo que se tenga entre gobiernos para lograr la extradición, se pueda aclarar que no se trata de una persecución política sino que se trata de delitos de lesa humanidad, por lo cual han sido condenados los siete imputados, cinco ex militares y dos ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Similar opinión tiene el abogado Rogelio Mayta, de la acusación en representación de la Asociación de Familiares de ?octubre negro.
"Hemos venido reclamando que en septiembre y octubre de 2003 se ha cometido una masacre aquí en Bolivia, el Tribunal nos ha dado la razón, ha condenado a todos los acusados, ha establecido que se han cometido crímenes de lesa humanidad, graves delitos contra los derechos humanidad", señaló.
Para el abogado, este argumento será la base para el arduo trabajo que implicará la extradición de Sánchez de Lozada y sus colaboradores, entre ellos, el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, el cerebro operativo de la sangrienta represión de septiembre y octubre de 2003.
Los entrevistados por ABI coincidieron en manifestar que será también muy importante cómo se encara el diálogo bilateral entre gobiernos, cómo lograr los acuerdos políticos y la adecuación de la petición de extradición al marco del derecho internacional.
Texto y foto: ABI
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