Coca: cuestión de territorio, soberanía y poder

Katherine Fernández

Según las Naciones Unidas la hoja de coca es un estupefaciente, esta es una afirmación que no encuentra respaldo ni en el diccionario ni en los estudios científicos, es simplemente su palabra contra el mundo. En los hechos la hoja no produce alucinación, ni dependencia, ni estupefacción, ni somnolencia y más allá de su fuerte carga simbólicai que ha trascendido a los momentos históricos desde antes de la colonia española, es concretamente útil en las faenas duras de esfuerzo físico en el campo, en las minas, en las largas caminatas y ahora hasta en las cargadas horas de trabajo intelectual.

TERRITORIALIDAD DE LA HOJA DE COCA EN BOLIVIA

Los productores de coca, desde 1985, han ido experimentando una división en dos sectores que se denominan en el debate nacional los de zona tradicional y no tradicional: el primero abarca 8 municipios de la región yungueña de La Paz (a 2900 m.s.n.m.) que son Coroico, Coripata, Yanacachi, Chulumani, Cajuata, Irupana, La Asunta y Licoma; y el segundo comprende a algunas zonas del norte tropical de La Paz, pero principalmente forman parte de este segundo grupo los productores del Chapare de Cochabamba (a 400 m.s.n.m.), un sector denominado también colonizador, debido a que los campesinos cocaleros se establecieron en esas zonas procedentes del altiplano boliviano, porque fueron sujetos de la descarga administrativa nacional traducida en la relocalización de las minas para salvar al país del colapso y también de la depresión climática por la sequía. En ambos casos familias agricultoras bajaron de 3.900 a 300 m.s.n.m., portando consigo su manera tradicional de cultivar la tierra, hacia la selva tropical donde tuvieron que talar y quemar bosque para habilitar espacios de suelo que reciba semilla o almácigo, lo cual entre otras cosas, significó una transformación dañina de los ecosistemas de tierras bajas.

Un aspecto fundamental es que con los años las zonas tropicales han sufrido expansión de cultivos de la hoja de coca inclusive hacia parques nacionales, con la consiguiente, aunque muy lenta, reacción de los sectores afectados que son grupos étnicos originarios de población minoritaria. En estas zonas por ley, los cultivos son ilegales, además de no tradicionales.

En este momento se puede hablar en Bolivia de cocaleros versus cocaleros, Yungas versus Chapare, tradicionales versus no tradicionales. En la dimensión legal de la demanda de hoja de coca, los expertos consumidores indican que la producida en el Chapare no se puede acullicarii y la coca yungueña es la más buscada para este fin, por lo tanto este raquítico punto de la discusión simplemente produce una conclusión, que el destino de la coca chapareña (o de cualquier zona tropical) es el narcotráfico.

COCACENTRISMO Y EL FACTOR SOBERANÍA

El Plan Nacional de Desarrollo del primer gobierno de Evo Morales, que casi no ha recibido modificaciones en esta segunda gestión, está elaborado sobre la base de 4 pilares fundamentales denominados Bolivia Digna, Bolivia Democrática, Bolivia Productiva y Bolivia Soberana. Este último pilar señala la revalorización de la hoja de coca como asunto de Cancillería, con el objetivo de llegar a despenalizarla algún día para posibilitar su comercio internacional, pero también para que se convierta en un valor cultural que matice las relaciones nacionales e internacionales, con todo el significado que se le pueda adicionar, como sucedió hace 500 años en los primeros contactos con los europeos, pero ahora no como bienvenida al visitante (posible dios), sino como posicionamiento identitario del dueño de casa.

En este complejo sentido se creó el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral que es uno de los tres que conforman el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y tiene la misión de cumplir en la práctica parte de los preceptos del pilar Bolivia Soberana, pero lo único visible de su trabajo son sus intentos por regularizar la cantidad de cultivos de hoja de coca. Para esto canaliza financiamiento condicionado a proyectos alternativos a esta actividad agrícola, como turismo, educación, pecuaria y similares, con el financiamiento de la Unión Europea.

No existe ningún resultado hasta ahora de que la hoja de coca haya servido para consolidar la soberanía nacional, ni alimentaria ni de ningún otro tipo. El Presidente puso el tema en debate internacional hace unos 5 años y cuando estuvo logrando respaldo de algunos gobiernos como Argentina, Venezuela y Ecuador, pero se fue desgastando y se perdió hasta quedar solamente el apoyo de importantes organizaciones sociales internacionales como Vía Campesina, CAOI, CLOC, Movimientos sin Tierra y otras parecidas.

Como señal de soberanía nacional, puede ser que la expulsión de la DEA haya sido un acción determinante de liberación de uno de los tipos de intervención que los Estados Unidos ejerce en el mundo, pero no ha tenido una correlación consecuente con otras políticas de gobierno, lo cual se revela ahora mismo con la imposición de una carretera en el TIPNISiii, como el más claro ejercicio de economía neoliberal, que consolida en Bolivia un modelo que se había propuesto erradicar, como lo dijo en una frase célebre Evo Morales: “O muere el capitalismo o muere la Madre Tierra”.

Si la hoja de coca ha sido planteada como factor de soberanía, se podía haber demostrado conceptual y científicamente que no es un estupefaciente, e iniciar un proceso despenalizador apelando a la misma Corte Penal Internacional y las oficinas o comisiones del sistema Naciones Unidas, pero las acciones soberanas se han quedado a medias a pesar de tener todos los fundamentos a favor de Bolivia. Esta medida incluso podría ser estrategia en la lucha contra el narcotráfico, porque visibilizaría a nivel internacional las propiedades de la hoja diferenciándola del largo proceso que implica obtener la cocaína que incluye otros ingredientes en la receta como kerosene, ácido, éter, acetona, cal, permanganato de potasio, amoniaco y alcohol concentrado, los cuales se encuentran vigentes en el comercio mundial de manera legal.

En este momento político la hoja de coca, que por primera vez había concentrado la atención sobre sus propiedades nutricionales, gracias al Canciller David Choquehuanca y estaba construyendo un simbolismo propicio que convocó el interés internacional, se ha desvanecido sin lograr su defensa e identificación ni siquiera entre bolivianos y bolivianas, arrinconando el desinformado debate hacia tres ejes que son la expansión de áreas de cultivo, el consumo como medicina y las culpas arrojadas desde afuera sobre el narcotráfico, un flagelo mundial que no involucra millonarias inversiones del primer mundo para minimizar la verdadera demanda que se encuentra al interior de sus fronteras, acción que no le corresponde priorizar a los países productores como Bolivia, que tiene una demanda de cocaína en su población, insignificante con una economía promedio que busca la mercancía más barata procedente del Perú.

COCATRÁFICO

Al interior de Bolivia no existe el tráfico de la hoja de coca porque su comercio es legal, se encuentra en las calles, sale en postales y suvenir para el turismo, se fabrican mates en bolsitas de sopar como el té, artesanalmente se fabrican refrescos, medicinas, licores e importantes firmas farmacéuticas bolivianas, elaboran jarabes desde hace décadas.

Así las cosas, el hecho de que el Presidente Evo Morales haya nacido a la política justamente en la dirigencia sindical campesina del segundo grupo de cocaleros colonizadores, ha convertido a este sector en portador de un poder político particular que los ha convertido en un ejército social promotor incondicional de medidas gubernamentales, pero que no es beneficiado con políticas agrarias directas que reflejen algún desarrollo de su sector, tanto así, que la hoja de coca ni siquiera aparece entre los productos agrícolas de la torta del PIB, donde están la soya, maíz, trigo, arroz, sorgo, caña, algodón y ni siquiera aparece en la fracción que corresponde a “varios”. La prometida industrialización no ha sido emprendida hasta ahora, los proyectos han quedado en el camino y son un fracaso.

Entonces la hoja de coca como tema abstracto teje un entramado de relaciones tensas entre el gobierno y los cocaleros que va delatando el tráfico de intereses de apoyo sectorial a cambio de áreas de cultivo, como lo indica la marcha de diciembre del CONISURiv, pidiendo la construcción de la mencionada carretera que atraviesa esa área protegida, en contraposición con los indígenas originarios de la zona, que marcharon desde julio durante tres meses, por la defensa de su territorio.

La hoja de coca divide a los cocaleros y a los bolivianos en general en el debate, pero tiene vida propia en el mercado que seguirá generando ingresos a sus productores, trascendiendo a los hechos como medicina, mate o símbolo, con la misma importancia y valor en sí misma que ha tenido siempre, adicionándose un poder político que si Bolivia llegara a utilizar estratégicamente como era el plan, podría significar una diferencia en la relación con el imperio, como un factor más que éste no puede controlar, expresada en el dominio de la hoja de coca no por volúmenes crecientes de producción y venta (economía neoliberal), sino precisamente por regulación equilibrada de la producción de hojas de calidad, lo que implica, la erradicación de todo cultivo en zonas tropicales no tradicionales.

Así como tiene vida propia, es caprichosa poseedora de un poder que será depositado y arrebatado, cristalino y opaco, cuantas veces la inconsecuencia política y la incompatibilidad económica, ambos componentes del poder, así lo planteen.v

Notas

i Aquí una curiosidad de la carga simbólica de la hoja de coca: hoy no radica solamente en las culturas andinas, sino que se encuentra también en la Coca Cola, que ha sobrepasado a la bandera estadounidense en cuestión de representación del poder imperial, ubicándose en la mentalidad mundial como expresión del sueño americano y a través de él, de sus formas de vida como modelo, empezando por el económico.

ii Acullicar es mascar un puñado de hojas de coca, exprimiéndola hasta que queda molida. Luego se bota. Muchas personas acostumbran a acompañar el masticado con distintos tipos de legías.

iii TIPNIS: Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. Una zona viva, perteneciente a la cuenca del Amazonas, protegida por varias leyes nacionales, tanto el territorio como los derechos de los pueblos indígenas originarios que lo habitan, reconocidos en la Constitución Política del Estado boliviana.

iv CONISUR: Consejo Indígena del Sur, que agrupa a campesinos colonizadores ubicados en el polígono 7 del TIPNIS, que no pertenecen al área protegida e introdujeron las plantaciones de coca, además de otros cultivos como arroz, yuca, etc. La referida marcha hacia La Paz, fue abiertamente promovida por el gobierno central y su único pedido fue la construcción de la carretera que atraviesa la zona protegida.

v No hemos olvidado que para la DEA, la ONU y los Estados Unidos, Bolivia es tercer productor de hoja de coca, en segundo lugar está Perú y en primero Colombia, cuyo campesinado, como lo afirma Francisco Cortez de Vía Campesina, confiesa abiertamente que la hoja de coca colombiana no tiene ningún componente cultural o medicinal, ni nada parecido, sino que es exclusivamente producida para el narcotráfico.

Texto: Rebelión

Foto: culturadimontania

La decadencia ideológica

Raúl Prada Alcoreza

La decadencia ideológica Se extrañan las discusiones ideológicas del siglo pasado, cuando se participaba de escenarios de resistencia a las dictaduras militares, donde se buscaba explicar las razones no solamente de la resistencia, pues esto estaba inmediatamente comprendido y aceptado, sino se trataba de las razones históricas y políticas que vinculaban la lucha a un proyecto político y social. 

Estas discusiones entre grupos de formación marxista, de distinta tendencia, recurrían a la comparación de las grandes revoluciones socialistas, además de recoger la experiencia boliviana en la lucha de clases y contra el capitalismo, sobre todo la experiencia del proletariado minero. Un lugar necesario de debate era la Tesis de Pulacayo y su proyección en las Tesis de la COB. El gran dilema en el debate era escoger entre la tesis de transición de la revolución permanente y la tesis por etapas, defendidas por las corrientes de los partidos comunistas, tanto el PC pro soviético y el PC chino. Otros temas de debate, aunque con menor intensidad, eran los relativos a la caracterización del país, así como la caracterización de las dictaduras. En relación a la caracterización del país, se contaba con la tesis sostenida por el POR de que se trata de un país capitalista atrasado y dependiente, de desarrollo combinado; en tanto que otros caracterizaban al país como todavía de herencia semi-feudal articulada a enclaves capitalistas. La tendencia general era aceptar que se trataba de un país capitalista, la diferencia estribaba en de qué manera lo era; unas posiciones consideraban que se trataba de una semi-colonia, en el sentido de la teoría del imperialismo, otras posiciones, quizás con más lectura del marxismo contemporáneo, distinguían la teoría de la formación económico social de la teoría del modo de producción, y buscaban una caracterización a partir de la articulación específica de los modos de producción. La caracterización de las dictaduras militares era un poco más dispersa; algunos aseveraban sin discusión el carácter fascista de las dictaduras; los más sofisticados usaban la tesis del bonapartismo y diferenciaban dictaduras militares nacionalista y populistas, muy pocas, de las dictaduras militares francamente reaccionarias y al servicio del imperialismo.

Durante el periodo de resistencias a las dictaduras militares (1964-1982) estos debates transcurrieron con más o menos intensidad, dependiendo de la coyuntura y los involucrados en la discusión, también de las tareas pendientes y presentes. En el segundo quinquenio de la década de los setenta se incorpora de manera irradiante e interpeladora la visión katarista, su tesis de colonialismo interno, planteando que en Bolivia no se había resuelto la problemática colonial. El tema indígena entra al debate político en el contexto y la atmósfera política de entonces. A la izquierda tradicional le era difícil aceptar la tesis del colonialismo interno pues consideraba que no tomaba en cuenta la lucha de clases, convirtiendo el conflicto en una lucha de razas. El estado de arte de estos debates nos muestra una tendencia ampliar las perspectivas y las consideraciones abriéndose a la complejidad del asunto político, social y económico de las formaciones sociales abigarradas, así como de sus luchas sociales. Debemos incorporar también en el debate una perspectiva de la izquierda-nacional introducida por el Grupo Octubre, quienes en el lapso de tiempo de los gobiernos del General Ovando y del General Torres (1970-1971) plantean el tema de la cuestión nacional como primordial en la lucha contra el imperialismo; por lo tanto de lo que se trata es de distinguir en esta lucha a los gobiernos nacionalistas anti-imperialistas de los gobiernos pro-imperialistas, en ese sentido, sacan la conclusión de que, en el proceso de la lucha de clases bajo el dominio imperialista, era indispensable dar apoyo crítico a los gobiernos nacionalistas anti-imperialistas. Esta tesis apunta a un frente anti-imperialistas contra el enemigo principal, el imperialismo y sus cipayos. El debate de la izquierda-nacional era con lo que llamaba izquierda internacional, que no hacía estas distinciones y, de acuerdo a la interpretación dada, cometía errores políticos.

El panorama del debate se trasforma durante el segundo quinquenio de la década de los ochenta y durante la década de los noventa. La crisis de la izquierda, provocada ya por la derrota de la Asamblea Popular (1971) y después con la caída del gobierno de la UDP (1984), abre un gran vacío ideológico, aprovechado por el proyecto neo-liberal, que se introduce casi sin resistencias, salvo quizás la marcha por la vida de los trabajadores mineros, que tratan desesperadamente defender los centros mineros contra el cierre y la relocalización. En este contexto de implantación del proyecto neoliberal, el debate se reinicia con la crítica al neoliberalismo y su proyecto privatizador; sin embargo este no es el único debate, también se efectúa una evaluación crítica de la izquierda tradicional, no sólo en cuanto a sus errores teóricos y políticos, sino sobre todo por no haber considerado la problemática indígena y el tema colonial, por no haber comprendido que la lucha fundamental sigue siendo anticolonial y descolonizadora, pues la lucha contra el capitalismo es una lucha contra su matriz colonial. Este debate es importante por su directa vinculación con lo que va a ocurrir durante el ciclo de luchas y movimientos sociales anti-sistémicos del 2000 al 2005.

Podemos decir que el debate adquiere una tonalidad apropiada y alcance histórico no solamente porque tiene en cuenta la discusión acumulada, el análisis y la reflexión desplegada por lo menos durante un siglo, sino porque adquiere un carácter político inmediato debido a la crisis múltiple del Estado y la asonada de los movimientos sociales emergentes. También se introducen tópicos a la discusión importantes que tienen que ver con la crisis de la izquierda debido a la caída de los estados socialistas de la Europa oriental y de la Unión Soviética. Estos tópicos críticos tienen que ver con el partido, los intelectuales, la vanguardia, el Estado y el socialismo. Sobre el partido se tiene una posición crítica, se dice que ya no corresponde a las luchas contemporáneas contra el capitalismo; en consecuencia la figura del intelectual y de la vanguardia también son cuestionados sino desechados como recursos indispensables en los nuevos movimientos sociales. Además se interpreta que la caída paradójica de los supuestos destructores del Estado en la formación calamitosa de un Estado totalitario, con dominio absoluto de la burocracia del partido, no solo se debe a una deformación estalinista sino que sus antecedentes ya se encontraban en el partido, también en el papel sustitutivo de la vanguardia y en la función orientadora de los intelectuales. Ante estas experiencias dramáticas de la revolución y de la construcción socialista en un solo país, es indispensable replantearse la forma de organización de las luchas sociales. En este sentido se rescatan las figuras colectivas de la crítica de la economía política; por ejemplo, el concepto de intelecto general, así como del trabajo cooperativo frente a la apropiación privada en el capitalismo. Se trabajan los conceptos de masa y de comunidad, incorporando también nuevos conceptos de la crítica contemporánea al capitalismo de las nuevas corrientes contestatarias, marxistas y no marxistas. Entre los conceptos nuevos se adquiere la perspectiva de la multitud para comprender las transformaciones en el proletariado, que adquiere una condición nómada. Se trabaja con la idea de la gramática de la multitud, para comprender los otros lenguajes de la multitud movilizada, los lenguajes corporales, los lenguajes de la imagen, para comprender el mismo movimiento, la misma movilización, como un tejido. Pero, sobre todo el eje del debate de los últimos años de década de los noventa y los primeros años del siglo XXI se desenvuelve en la comprensión de la genealogía del colonialismo, de la transformación de sus formas. Se tiene la certeza que el sujeto indígena sustituye al sujeto proletario en las luchas descolonizadoras y anticapitalistas.

Como se puede ver, el debate adquiere una intensidad sobre todo por la premura de la crisis política y las victorias de los movimientos sociales, que empujaban indudablemente a una salida revolucionaria, si todavía podemos hablar así. Empero este debate se corta abruptamente y de una manera inesperada con la llegada al gobierno, después de las elecciones nacionales del 2005. La pregunta es: ¿Si se llegó a esta intensidad del debate hasta el 2005 por qué se clausura el debate desde el 2006? Esta es la cuestión. Lo que se observa después es el vuelco de los esfuerzos por gobernar, por resolver problemas administrativos, y cuando se desata el ataque de las oligarquías regionales, en pleno proceso constituyente, el esfuerzo se vuelca en defender al gobierno y al proceso. No hay debate interno al bloque que abrió el horizonte del Estado plurinacional. No lo hay en la Asamblea Constituyente, salvo unos cuantos amagues de reflexión, de análisis y discusión, dados sobre todo por la preocupación de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad. La Asamblea Constituyente tiene que enfrentar movilizaciones de todo tipo, básicamente de resistencia a los planteamientos fuertes del documento base para la constituyente elaborado por el Pacto de Unidad, además de enfrentar el ataque directo de los partidos de derecha al proceso constituyente. El ejecutivo daba instrucciones inadecuadas, sin comprender lo que sucedía en la Asamblea Constituyente, poniéndola en peligro más de una vez. El conflicto de los 2/3, de la aritmética de las decisiones, y el conflicto de la “capitalía”, el traslado de la sede de gobierno y de los poderes de La Paz a Sucre, ponen al borde del abismo a la constituyente. En estas circunstancias no se dieron condiciones para el debate; lo que se hizo es defender el mandato dado por los movimientos sociales, tener como referente el texto del Pacto de Unidad, y pugnar con las minorías en cada una de las comisiones. Es el documento del Pacto de Unidad el que salva a la Asamblea Constituyente, de esta manera se logra escribir el texto constitucional.

Esta claro que nunca se debe dejar de debatir, de reflexionar, de analizar, de desplegar la crítica, incluso en momentos difíciles por las que paso la Asamblea Constituyente; sin embargo, eso es lo que ocurrió, se impusieron las tareas urgentes de defensa del proceso y del gobierno. Empero, una vez aprobada la Constitución, no se podía ya tener ninguna escusa para no hacerlo. Era más que urgente discutir la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico; sin embargo no se lo hizo, salvo en contados casos, en la elaboración del anteproyecto de ley de gestión pública, en la elaboración del Plan Plurinacional del Vivir Bien (Plan de desarrollo Económico y Social) y en la elaboración del proyecto de Ley de la Madre Tierra.

En la primera gestión de gobierno la crítica y el debate fue suspendido con el argumento de que debemos defendernos ante la derecha, dejar estos debates a la constituyente; después, en la constituyente, el debate fue imposible. Más tarde, cuando se promulgó la Constitución, se prefirió optar por la difusión de la Constitución sin ningún aprendizaje y discusión colectivos; cuando se tenía que elaborar leyes, se buscaron artículos pertinentes para las leyes, de una manera des-contextuada, abandonando la interpretación del espíritu constituyente, optando por el alma leguleya de los abogados, que no entendían ni el proceso ni la Constitución. Durante la segunda gestión de gobierno, ya había corrido mucha agua bajo el puente, el peso del pragmatismo político condujo a un derrotero inesperado; el gobierno eligió pragmáticamente mantener el Estado-nación, como lo venía haciendo durante la primera gestión, por lo tanto eligió el camino de la restauración. También el gobierno escogió la continuación de la ruta por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, siguiendo la huella de las castas criollas gobernantes. Cómo ambas decisiones contrastaban elocuentemente con el mandato Constitucional, se optó por un uso propagandístico de la Constitución sin asumir jamás sus contenidos, ni tampoco mucho menos explicar sus contradicciones. Como por decreto se dijo que ya somos un Estado plurinacional después de la promulgación de la Constitución. ¿Por arte de magia? En otras palabras, se renunció a la demolición del Estado-nación, se renunció a las transformaciones estructurales e institucionales para construir el estado plurinacional comunitario y autonómico, se desecharon el pluralismo institucional, el pluralismo normativo, el pluralismo y el pluralismo de gestión, como transformaciones necesarias en la transición al Estado plurinacional. Se cayó en la retórica estéril de la propaganda, también del teatro político y los montajes, el doble discurso. Esto no podía sostenerse por mucho tiempo, cayó el montaje como castillo de naipes. Después de las resoluciones de Tiquipaya se hizo evidente que el gobierno no cumplía con las resoluciones, que ya eran vinculantes para el Estado boliviano. Después de estas comprobaciones el discurso boliviano en los foros internacionales ya no es creible. Esta diferencia se la puede comprobar en el contraste de la convocatoria boliviana en las dos últimas cumbres de Naciones Unidas sobre cambio climático. En Copenhague el presidente boliviano habla ante cien mil activistas y declara la guerra al capitalismo en defensa de la madre tierra; en Cancún la delegación boliviana se queda sola, sin apoyo incluso de los países del Alba. El descrédito se ahonda con la medida de nivelación de precios, con la introducción de dos artículos que tácitamente aprueban los transgénicos en la ley de la revolución productiva, con el sinuoso y represivo comportamiento del gobierno en el conflicto del TIPNIS.

El proceso está en crisis y en peligro, pero ante esta crisis y el peligro cierran los ojos los gobernantes, el MAS, los funcionarios, los dirigentes campesinos. Llama la atención que incluso cierran ostensiblemente los ojos a quienes se consideraron como intelectuales críticos, que fueron en su momento críticos. ¿Por qué dejaron de serlo? ¿Sólo por el hecho de que se encuentran ocupando la función pública? ¿Por el hecho de ser funcionario se pierde la condición de crítico? De todas maneras es ineludible la responsabilidad que se tiene con el proceso. El proceso es producto de las luchas sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios, proceso pertenece a la gente que ha luchado el la guerra del agua, en el bloqueo indígena campesino de la CSUTCB en septiembre del 2000, en la guerra del gas del 2001 y en los acontecimientos de mayo y junio del 2005, pertenece a la gente que ha votado consecutivamente a favor aportando por el proceso. El proceso no le pertenece al MAS, no le pertenece al presidente, ni al vicepresidente, no les pertenece mucho menos a los funcionarios. Esta responsabilidad por el proceso exige la crítica y el debate colectivos. Incluso siendo funcionario la persona que se considera comprometida con el proceso tiene que optar, o ser cómplice del derrumbamiento, aplaudiendo como “lluncu” las barrabasadas del gobierno, o ser crítico y poner en mesa los problemas, por lo menos para su discusión. Pero esto no se hace, se ha preferido recurrir al guion prestablecido, al esquema simplón de que si no estás conmigo estas con la derecha, eres mi enemigo. Llama a atención que esta pose se parece mucho a la lanzada por el presidente estadounidense Busch después del ataque a las torres gemelas.

Un esquema simplón

No dejan de sorprender la expuesta y ostensible debilidad de las argumentaciones del gobierno en todo el debate en torno al TIPNIS. También no deja de dejar una sensación de pena cuando se observan los exacerbados esfuerzos desesperados de los funcionarios por querer defender a su gobierno, mostrando más celo que lógica. Da tanta pena y tristeza como la huella de desolación que dejó la marcha del CONISUR. Toda la estrategia comunicacional del gobierno, su cuadro de respuestas al conflicto, se basan en un esquema simple e inocente. Hay derecha e izquierda, nosotros los del gobierno somos, desde luego la izquierda; los que nos critican son de derecha. Sobre todo los que nos critican en el tema de la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, debido a que los que critican la construcción de la carretera están contra el desarrollo. El desarrollo es también un derecho de los indígenas. Los temas ambientalistas han sido manejados por ONGs, detrás de esta estrategia ambientalista está la sombra de la embajada estadounidense y la efectiva intervención de USAID. Esta incumbencia se ha comprobado con el apoyo a la VIII marcha indígena de parte de la derecha, la gobernación de Santa Cruz, los ganaderos del camino y recorrido de la marcha, incluso han apoyado a la marcha empresarios. Ahora que hay una ley de consulta para que decidan las comunidades del TIPNIS, nuevamente se ponen en contra; todo esto por atacar al gobierno que cumple con la Constitución y los convenios internacionales. Las organizaciones indígenas están con la derecha, han firmado un convenio con la gobernación de Santa Cruz. “Dime con quien andas y te diré quien eres”. Este es el refrán de sentido común que se utiliza para descalificar a los dirigentes del CIDOB, creyendo que tiene alguna proyección desde la vida cotidiana a la vida política, como si esta certeza popular sobre las relaciones personales pudiera proyectarse a los escenarios políticos. A este juego pueril de argucia hogareña se ha reducido la discusión.

Este esquema simplón ha sido usado una y otra vez por la propaganda del gobierno y por los funcionarios celosos que hacen gala de repetir lo mismo. El esquema utilizado es extremadamente estrecho y pobre. Una de sus más grandes debilidades radica en que no toma para nada en cuenta el tiempo político ni la perspectiva histórica. Están lejos de hacerse preguntas si tiene sentido seguir usando el esquema parlamentarista francés de izquierda y derecha, cuando la misma escenografía del congreso comprende además a la montaña, los más radicales, y los del llano, los oportunistas. Incluso si se lo usa, no se puede suponer que la izquierda y la derecha son entidades invariables, abstractas y a-históricas, como si no tuvieran nada que ver las posiciones que se toman respecto a determinados problemas, como si la política no estuviera al interior de procesos que se desplazan y transforman en el periodo y las coyunturas. La derecha tradicional, por así decirlo, fue derrotada en el Pando, después del conflicto del Porvenir. Su derrota política y militar se corrobra en las elecciones del 2009, cuando no sacan ni siquiera un tercio de los representantes de la Asamblea Legislativa. Después de esta derrota, en el lapso de la segunda gestión de gobierno, la conducción política escoge un derrotero de enfrentamiento con el pueblo y con las naciones y pueblos indígenas originarios. Lanza una medida de shock monetarista de nivelación de precios en relación a los carburantes y hace evidente en el conflicto del TIPNIS su acuerdo con el gobierno brasilero, con la empresa constructora OAS, saltando las normas de contratación de bienes y servicios, violando la Constitución, sin efectuar la consulta y consentimiento previo libre e informado, cuando lo debía hacer. Estos enfrentamientos, el levantamiento popular contra la medida llamada popularmente gasolinazo, el apoyo del pueblo boliviano a la defensa del TIPNIS, sobre todo el recibimiento de un millón de paceños a los marchistas, muestran empíricamente la situación y la posición del gobierno. Ha cruzado la línea, se encuentra al otro lado de la vereda enfrentando al pueblo y a las naciones y pueblos indígenas. ¿Cómo se describe esta posición? ¿De izquierda? ¿De derecha? Según los funcionarios defensores, sigue siendo de izquierda. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. Es imposible sostener que la supeditación a las empresas trasnacionales del petróleo, el compromiso con la empresa corrupta OAS, el ataque al territorio indígena y parque Isiboro-Sécure, la violencia contra la VIII marcha indígena, la restauración del Estado-nación, la opción por el modelo extractivista sean posiciones de izquierda.

Como todos conoces el conflicto del TIPNIS, la VIII marcha que llegó a la ciudad de La Paz, el apoyo multitudinario que recibió, obligaron al gobierno a aceptar el pedido de la CIDOB de una ley en defensa del TIPNIS. La ley corta en defensa del territorio indígena y parque Isiboro-Sécuré es una conquista de la marcha indígena y pueblo boliviano, las organizaciones sociales, juntas de vecinos y la COB que apoyaron la VIII marcha. Empero al poco tiempo, sin ningún rubor, el gobierno prepara su contraofensiva, atizando el fuego en la región del Chapare y en San Ignacio de Moxos para que las organizaciones cocaleras y las organizaciones cívicas de San Ignacio de Moxos pidan la abrogación de la ley corta. Lo que ha escrito con la mano lo quiere borrar con el codo. Prepara una marcha del CONISUR, organización del polígono siete, que no pertenece a la TCO del TIPNIS, ocupada por productores de la hoja de coca y nueve comunidades yuracares, cuyas familias decidieron renunciar a la TCO, convertirse en propietarios privados y productores de coca. Los sindicatos del CONISUR están afiliadas a las federaciones cocaleras del Chapare. En otras palabras, la marcha del CONISUR no tiene ninguna legitimidad para decidir sobre el TIPNIS, sobre si pasa o no la carretera por el núcleo del TIPNIS, pues el territorio de la TCO del TIPNIS no les pertenece. Sin embargo el gobierno sigue su estrategia de montaje y manipulación, incluso a pesar que la marcha del CONISUR resulta desacreditada desde un principio y sin apoyo de la población, que optó por la indiferencia absoluta.

Sobre este montaje el gobierno intenta en principio abrogar la ley corta, a pedido de los del CONISUR. Lo que resultó no ser tan fácil, al enfrentar las críticas de organizaciones sociales, de la opinión pública, además de las organizaciones indígenas y los organismos internacionales. En su embrollo encuentra un camino laberíntico para continuar con el atropello a los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Se inventa una consulta extemporánea a la que le pone el nombre de consulta previa, creyendo que todos pueden creer que se trata de la consulta previa libre e informada sólo con ponerle el nombre. Este cuestionario del gobierno, que introduce dos preguntas que le preocupan, sobre la intangibilidad del territorio y sobre la carretera, no cumple con las condiciones, los requisitos, las características, la estructura y el concepto de lo que es una consulta y consentimiento previo libre e informado establecidos claramente el los convenios internacionales, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, tampoco cumple con lo establecido en la Constitución en los que respecta a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, así como en lo que se refiere a la consulta previa. Obviamente además de ser extemporánea, pues el contrato de la carretera y el diseño, además de la adjudicación a la empresa constructora OAS se la efectuó el 2008.

Ante estos hechos evidentes los funcionarios defensores de los procedimientos escandalosos del gobierno no se inmutan, prosiguen con la repetición ritual del mismo discurso, del mismo esquema simplón, ahora haciendo esfuerzos denodados contra toda lógica de demostrar que el cuestionario del gobierno es una consulta previa y cumple con la Constitución y los convenios internacionales. ¿Cómo pueden hacer esto? Desconociendo el contenido de los convenios internacionales, desconociendo el contenido de la Constitución, citando partes intrascendentes, sin análisis, sin interpretación del conjunto de los textos, del sentido de los mismos y de su espíritu normativo. Esta no es solamente una manipulación bastante bochornosa sino la expresión más calamitosa de la decadencia, del descrédito y de la deshonestidad. No es necesario caer tan bajo para defender al gobierno; se lo puede hacer recurriendo a otros argumentos, de carácter más bien pragmático.

Estos argumentos pragmáticos tienen que ver con la recurrencia al discutido e interpelado imaginario del desarrollo. Cuando se escucha hablar a los funcionarios de lo que se trata es del desarrollo, de los beneficios del desarrollo para las comunidades indígenas del TIPNIS, que viven en condiciones miserables, llama la atención que lo hagan funcionarios de los que se creía que habían cuestionado estas ilusiones de las castas y elites criollas republicanas, que se creía que habían entendido y participado en la idea del modelo alternativo del vivir bien, de lo que significa la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, construcción que exige transformaciones estructurales e institucionales que hasta ahora no se ha dado. Empero es esto lo que se ve, una renuncia a la crítica, una renuncia práctica ala Constitución, a la construcción del Estado plurinacional y al modelo civilizatorio alternativo del vivir bien. Prefieren defender la ruta del barco al naufragio, aplaudir este derrotero a la muerte del proceso, ciegamente, que optar por la necesaria reconducción del proceso. ¿Por qué lo hacen? ¿Por obediencia? ¿Por mantenerse en sus puestos?

Lo que esta en juego es el proceso

El tema de fondo de este debate es que se trata del destino del proceso. ¿Vamos a dejar que se hunda el proceso por el choque insoslayable de las profundas contradicciones que contiene? Ciertamente todo proceso, toda revolución contiene contradicciones; de lo que se trata es de resolver estas contradicciones en el sentido de la profundización del proceso, no en el sentido de la regresión y de la restauración, con el triste argumento de que se trata de tensiones creativas. Todo el que se cree revolucionario debería saber que las contradicciones son parte de los procesos, que además llegan momentos de encrucijada del proceso mismo, donde hay que decidir por donde se va. Por la profundización del proceso o por la administración dilatada de la crisis del Estado-nación, que conlleva a mantener el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. No debería sorprenderlos que lleguen estas encrucijadas, estos puntos de alta tensión y por lo tanto de debate. Sin embargo, con la amnesia que corresponde a un marcado oportunismo, olvidan las lecciones históricas y pretenden hacer creer a la gente que la lucha es contra una derecha que ha muerto, como si la derecha fuera una esencia metafísica, abstracta, fuera de la historia, un mal, la expresión del mal. Así piensan los moralistas más recalcitrantes de las religiones monoteístas. En realidad pelean contra los fantasmas de una derecha ya muerta; lo que no pueden ver los funcionarios es que la derecha efectiva y derecha es una posición conservadora y reaccionaria frente a determinados problemas fundamentales, que en derecha puede convertirse el gobierno precisamente por que opta por posiciones conservadoras y reaccionarias frente a estos problemas fundamentales. Ante la responsabilidad de construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, ha preferido restaurar el Estado-nación, liberal y colonial. Ante el modelo alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo, como dicen las resoluciones de Tiquipaya, ha preferido continuar y extender la amplitud del modelo extractivista. Ante la defensa de los derechos de la madre tierra –hay una ley corta de los derechos de la madre tierra aprobado por la Asamblea Legislativa y promulgado por el gobierno -, ha optado por ampliar la frontera agrícola, por la depredación y la destrucción ecológica, recurriendo a ingenuos argumentos del imaginario desarrollista. Estas opciones del gobierno lo convierten en la derecha real, practica, efectiva, frente a la re-emergencia de los movimientos sociales y la lucha de las naciones y pueblos indígenas originarios.

En este posicionamiento del gobierno hay un nuevo reacomodo de alianzas. Los aliados del gobierno son precisamente la burguesía recompuesta, los nuevos ricos, los banqueros, los agroindustriales y los terratenientes. Todos ellos coinciden con la ruta tomada por el gobierno, modelo extractivista, ampliación de la frontera agrícola, restauración del Estado-nación, suspensión del saneamiento de tierras por cinco años, suspensión de la reversión de tierras por no cumplir con la función económico social y por desmontes ilegales. Estos últimos acuerdos se los tomaron en la Cumbre Social, donde asistieron los empresarios privados. Es esto lo que cuenta en el análisis, el comportamiento de las clases sociales, no los fantasmas de una derecha muerta. Aunque queden resabios de la derecha tradicional en la Asamblea Legislativa y en la gobernación de Santa Cruz, aunque estos resabios intenten aprovecharse de las marchas, esto no cambia el estado de la correlación de fuerzas. Estos resabios dela derecha tradicional está desubicada, quiere seguir peleando a la antigua, como lo hacía, contra el gobierno, cuando, ahora, en el contexto de las nuevas alianzas, su clase social, la clase a la que representa es ya aliada del gobierno. Otros desubicados son estos funcionarios defensores del gobierno que creen que el tiempo político no pasa, que el proceso se ha detenido en la coyuntura del conflicto con la derecha tradicional; no observan los hechos, los acontecimientos, de las recientes etapas del proceso. No atienden a las contradicciones. Prefieren quedarse en la apología y propaganda del gobierno a pesar de los grandes contrastes entre su discurso y la realidad.

Texto: Bolpress

Foto: otramerica

Resaca carnavalera

Jenny Ybarnegaray Ortiz

De estos carnavales, si algo quedará grabado en mi memoria por mucho tiempo será el grotesco, denigrante y vergonzoso espectáculo que dio la ministra Nardi Suxo en la plaza Murillo. Ahí apareció, acompañada de sus subalternos y subalternas, cantando coplas sexistas a sus jefes sin siquiera sonrojarse, coplas que luego provocaron la “réplica” del “Número Uno”, con otras no menos vulgares y machistas. En el vídeo subido a la web por el canal oficial se observa ahí mismo la presencia de ministras, presidentas de las cámaras, diputadas y senadoras desternillándose de risa frente a una plaza colmada de gente que compartía la algarabía como si de gran derroche de imaginación se tratara.

Nula vergüenza ante alusiones a sus prendas íntimas, risas cómplices y condescendientes frente a agresiones verbales directas adosadas de “picaresco” lenguaje que pone al descubierto la sexualidad reprimida de las unas y los otros ¿En qué cabeza de mujer cabe tanto dispendio de auto-denigración? “Este presidente de buen corazón, a todas las ministras les quita el calzón”, cantaba la ministra a voz en cuello, “nuestro presidente muy pícaro es, sólo quiere una y se come a tres”, “Bartolinas Sisa tienen mucha fama, por eso va Evo directo a la cama”, “Ay, la Jesiquita muy solita está, porque el Alvarito cambió de canal”. ¿Qué se podía esperar de semejantes provocaciones si no las mismas connotaciones sexuales cargadas de prosaico machismo?

A estas alturas de la historia, casi todo tiene nombre, y ese comportamiento también lo tiene: "feminidad patriarcal" se denomina, hacer lo que ellos quieren, quedar bien, llegar al poder sin cuerpo, es lo que significa, agradar a la masculinidad para ser mirada y querida por ésta es lo típico. Vemos lo más burdo y grosero pero se repite a cada rato con mil cosas, por ejemplo, cuando una esposa le da la mejor presa de carne o el mejor plato a su marido también está desplegando una pedagogía del machismo que forma la idea básica en que se mueve todo esto. La única diferencia, es que eso sucede en la intimidad de los hogares donde nadie más tiene cabida, en cambio, este espectáculo se produjo en la plaza del gobierno ante niñas y niños que poco habrán comprendido sobre el “doble sentido” de semejantes vulgaridades, pero algo les habrá quedado como “educación de los adultos”.

Y esta es la gente que habla con tanto desparpajo de “despatriarcalización”, sin entender siquiera una letra de lo que podría eso significar, esta es la gente en cuyas manos está el diseño y ejecución de políticas públicas orientadas a efectivizar la carta de derechos humanos de las mujeres reconocidos en la Constitución Política del Estado, esta es la gente en quien el pueblo ha confiado “el cambio”. Si en lo más íntimo de sus seres radica y se reproduce cotidianamente tan pobre visión de las relaciones entre mujeres y hombres ¿qué “cambio” están en condiciones de ofrecer?

Sin duda, la crónica roja post-carnavalera recogerá las consecuencias de esta pedagogía del machismo con toda su crudeza: intoxicación alcohólica acompañada de violaciones y feminicidios, violencia intrafamiliar, embarazos indeseados y abortos mal practicados, elevación de incidencias en infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA, infancia abandonada, y un largo etcétera del que esas mismas personas quizás se lamentarán sin encontrar explicaciones de lo que sucede y de lo que ni siquiera asumirán un milímetro de responsabilidad, porque ellas y ellos “sólo se estaban divirtiendo”.

Texto: circula por redes

Foto: eldiario.com.ec

Devil Woman - Bruce Willis

Fiscalía tiene a Delboy como ‘pieza clave’ en caso Rózsa

El Ministerio Público indicó que Jeimmy Delboy Callaú, la exsecretaria del grupo La Torre, puede constituirse en la “pieza clave” para identificar a los financiadores de la célula terrorista de Eduardo Rózsa. Fue remitida a Palmasola, acusada por cuatro delitos, el principal es terrorismo.

“El Ministerio Público tiene evidencia de que (Delboy Callaú) tenía conocimiento de distintos hechos que se daban al interior de la casa de campaña que hoy es conocida como La Torre. Entonces, debemos preservar naturalmente toda esa información; es por eso que se ha solicitado esta medida cautelar”, justificó el fiscal Harry Suaznábar al término de la audiencia.

En la audiencia, el director funcional de las investigaciones en torno al también denominado caso Rózsa II o Terrorismo II, acusó a Delboy Callaú por los delitos de terrorismo, alzamiento armado, legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal,

Clave. En la parte de sus argumentos, Suaznábar expuso a la jueza Margot Pérez que “(Delboy Callaú) puede convertirse en un ‘testigo clave’ de esta investigación (...) por todo lo que podría conocer”. También adujo que la ahora detenida tenía conversaciones diarias con Orlando Justiniano, responsable de la casa de campaña La Torre, en abril de 2009, cuando se detectó y desbarató al grupo de Rózsa, en el hotel Las Américas de Santa Cruz.

Justiniano fue acusado en el caso Terrorismo I y a la fecha se encuentra prófugo, situación que fue utilizada por el Ministerio Público como uno de los justificativos para pedir la detención preventiva de Delboy Callaú

Entre otros puntos, el fiscal afirmó que la investigación permitió establecer que el grupo Rózsa era una organización criminal y que el líder de la célula tenía contacto con La Torre.

“Se debe recordar que la imputada tuvo estrecha relación con diferentes personas; recordemos que es ella quien estaba todos los días en la casa de campaña de La Torre, tenía su escritorio por donde ingresaban muchas personas y eso está en su declaración, ella sabe quiénes eran esas personas, sabe quiénes se reunían con Orlando Justiniano”, dijo el fiscal del caso.

Para corroborar la presunta participación de Delboy Callaú, Suaznábar se remitió a las pericias que hicieron a las computadoras de Eduardo Rózsa, quien tenía en su celular el número de teléfono que usaba Delboy Callaú, además de los flujos de llamadas que develan el contacto e indicios de conversaciones por chat de Rózsa.

“La investigación es compleja (...) existen muchas personas, de diferente naturaleza, estrato social y vínculo económico que tenían participación con la casa de campaña La Torre”, afirmó Fernando Rivera, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Gobierno.

Explicó que se pidió la detención preventiva de la acusada, pero la jueza dispuso “una situación menos gravosa”, teniendo en cuenta la salud de Delboy Callaú, quien fue aprehendida el lunes y, el martes, al ser llevada a cautelares, sufrió un desmayo porque le habría afectado la altura. Ayer, la cita terminó con su detención.

Situación del proceso

ActuadosLa investigación en torno al caso Rózsa II fue presentada en contra de 34 personas y luego ampliada contra otras seis. Ya se tomó 16 declaraciones, se imputó a tres y emitieron órdenes de aprehensión.

Texto y foto: La Razón

Brasil relanza la IIRSA

SENA-Fobomade

El Estado brasilero ejecuta un ambicioso plan de expansión energética en América Latina y el Caribe (ALC) con el fin de atender su creciente demanda industrial. Electrobras pretende construir represas en al menos siete países de la región, Petrobras fomentará la producción de etanol, el gobierno militariza yacimientos petroleros y fuentes de energía en la Amazonía y el mar, y coordina desde el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planificación de Unasur el relanzamiento de la “IIRSA del siglo XXI”.

El gobierno de Dilma Rousseff acelera la ejecución de varios proyectos en Brasil y otros países de ALC para ampliar la oferta de energía y atender la creciente demanda de la región, que vive un período de expansión económica. Brasil intenta ampliar las fuentes de energía en el exterior, previendo retrasos en la construcción de generadoras en su territorio. La carencia de energía en ALC favorece a largo plazo la concreción de varios proyectos hidroeléctricos contemplados en el Plan Decenal de Expansión de Energía, según la compañía estatal Eletrobras.

Avanzan las negociaciones con Perú, Uruguay, Argentina, Bolivia y Venezuela para nuevos emprendimientos (no solamente hidroeléctricas), mientras que Colombia, Guyana y Surinam mantienen conversaciones con el gobierno federal, Eletrobras y con el sector privado. Solo Eletrobras pretende aumentar 18 GW al sistema con unidades construidas en el exterior hasta el año 2020. El gobierno brasilero realiza estudios para construir represas en al menos siete países de la región, todas ellas integradas por 10 mil kilómetros de cables y con una capacidad de generación de 12 mil MW.

El acuerdo de integración energética Perú-Brasil firmado por los ex presidentes Lula da Silva y Alan García en 2009 proyecta la instalación de las hidroeléctricas Inambari, Pakitzapango, Tambo 40, Tambo 60 y Mainique en los ríos de Perú. La construcción de las seis centrales con potencial para generar 6.000 MW está a cargo de Eletrobras.

Eletrobras inició negociaciones para la construcción de represas en la Guyana Francesa (1.500 MW) y está mapeando el potencial hidroeléctrico total del país. Además, evalúa la hidroeléctrica Cachuela Esperanza en Bolivia con 800 MW de capacidad. Brasil y Argentina prevén instalar dos usinas binacionales en el río Uruguay, que producirán 2 mil MW. 

Brasil participa en la construcción de la central de Tumarín en Nicaragua, un megaproyecto valorado en más de 800 millones de dólares, adjudicado al consorcio Queiroz Galvão-Electrobras-Astaldi. En Costa Rica, Electrobras y Sinohydro se disputan el proyecto hidroeléctrico en el río Reventazón, en el límite entre Siquirres y Turrialba, valuado en mil millones de dólares. Por otro lado, la constructora Odebrecht ejecuta el proyecto hidroeléctrico Palomino en República Dominicana, y prevé construir una gran represa en la cuenca del río Rufiji en Tanzania, país ubicado en África oriental.

Sin embargo, el gobierno brasilero reconoce que la construcción de hidroeléctricas, muchas de ellas en territorios indígenas y reservas forestales vulnerables, no es viable a corto plazo, ya que éstas requieren una serie de estudios y licencias que se tramitan en no menos de 10 años, y además tienen un alto costo político. Las represas brasileras han comenzado a movilizar a pueblos indígenas, grupos ambientalistas y a críticos del “imperialismo” brasilero en todo el continente.

Por esa razón, una de las prioridades de la nueva presidenta de la estatal Petróleos de Brasil (Petrobras) María das Graza Foster es incrementar la producción de etanol y la oferta en el mercado interno y disminuir la dependencia de la gasolina importada. “Quiero producir petróleo, quiero producir etanol, que considero extremadamente importante”, sostuvo dos días después de tomar posesión como la primera mujer del mundo en comandar una petrolera del tamaño de Petrobras. (Telenoticiero Jornal da Globo) [1]

Hace poco, el ministro de Relaciones Exteriores Antonio Patriota y el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) Luciano Coutinho acordaron financiar investigaciones sobre bionergía en Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Mali, Níger, Senegal y Togo, miembros de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (Uemoa). Brasil y la Uemoa suscribieron el Memorando de Entendimiento en octubre de 2007.

La presidenta Rousseff consideró “estratégica” la relación de Brasil con los países caribeños y latinoamericanos, por la importancia económica de la región, y aseguró que la política externa de su gobierno en 2012 priorizará la aproximación con las naciones de ALC y África.

Para evitar que la expansión brasilera sea vista como una arremetida neo imperialista en la región, el gobierno de Rousseff aboga por que las relaciones con países vecinos no se centren solamente en asuntos económicos sino también en programas de cooperación, seguridad fronteriza e integración física.

Brasil relanza la IIRSA

Brasil coordina el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planificación (Cosiplan) de la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), organismo que acaba de aprobar un nuevo Programa de Acción Estratégica que prioriza la ejecución de 31 proyectos de infraestructura en los próximos 10 años, con una inversión estimada de 16 mil millones de dólares.

Los 12 ministros de Planificación de la Unasur aprobaron a fines de 2011 en Brasilia el nuevo plan de integración 2012-2022 que contempla hidrovías, ferrovías y carreteras. Los cuatro proyectos priorizados son el corredor ferroviario entre los puertos de Paranagua (Brasil) y Antofagasta (Chile) con un costo de 3.700 millones de dólares; la carretera Caracas-Bogotá-Buenaventura-Quito-Pacífico valuado en 3.350 millones de dólares; el ferrocarril bioceánico Santos-Arica trecho boliviano que costará 3.100 millones; y la carretera Callao-La Oroya-Pucallpa de 2.500 millones de dólares.

Todas estas obras son parte de la cartera de proyectos de la antigua Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA), pero los responsables del Cosiplan juran que el enfoque es diferente. En vez de “pasillos de exportación de insumos” para fuera del subcontinente, será privilegiado el “desarrollo interno” de la región, asegura Brasil, principal beneficiario de dicho “desarrollo”.

La secretaria general de la Unasur María Emma Mejía informó que a Brasil le interesan particularmente las generadoras de energía y el ramal ferroviario Paranaguá-Antofagasta. “Las exportaciones brasileñas a China a través del Pacífico deben recorrer casi 7.000 kilómetros, lo que será acortado en tiempos y reducido en costos con el funcionamiento de un ferrocarril de 1.200 kilómetros que vincule al Pacífico con el Atlántico a través de Bolivia”, justificó el Presidente boliviano Evo Morales.

Un grupo de trabajo de la Unasur se encargará de buscar financiamiento público y privado en todo el mundo. Se invitará a la Corporación Andina de Fomento (CAF), al Banco de Desarrollo de Venezuela, al Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina y al Banco del Sur, pero todo indica que el principal financiador de la “IIRSA del siglo XXI” será el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).

Imperialismo brasilero

El Estado de Brasil alienta la internacionalización del capital privado y las inversiones brasileras en los países de la región con el objetivo de “crear flujos de comercio” y asumir un papel más importante en el mercado mundial, señala Lia Valls Pereira, economista de la Fundación Getulio Vargas. El gobierno fortalece a las grandes empresas nacionales para que actúen como multinacionales regionales a fin de tener “el monopolio de los mercados latinoamericanos y el acceso a los recursos naturales de esos países”, afirma Guilherme Carvalho de la ONG Fase-Amazonia.

El proceso de internacionalización de las empresas brasileras comenzó en 1970, cuando la dictadura militar impulsó la edificación de megaobras de infraestructura e incubó conglomerados privados que prosperaron con el dinero del BNDES y la ayuda directa de la diplomacia brasilera.

El BNDES “se hizo más conocido como financiador de grandes proyectos de infraestructura en América Latina (condicionados a la participación de constructoras brasileñas o a la compra de bienes y servicios) a través de lo que hacemos en pro de las exportaciones brasileñas”, precisó a la AFP Luciane Machado, superintendenta de comercio exterior del banco. [2]

El ex presidente Lula da Silva negoció personalmente contratos de construcción de hidroeléctricas en Venezuela y Colombia; grandes obras como el metro de Caracas, y puertos, autopistas, represas y petroquímicas en Bolivia, Cuba, Nicaragua y Perú. [3]

Con semejante respaldo, las actividades de las constructoras brasileñas en ALC y África experimentaron un crecimiento de 544% en los últimos 10 años. Actualmente, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, OAS y Camargo Corrêa construyen en por lo menos 16 países de América Latina. Odebrecht ha realizado obras de ingeniería en unos 20 países y está presente en Angola, Mozambique y Liberia. [4]

Según la investigadora Ana Saggioro Garcia, las acciones de las empresas brasileras en el exterior están íntimamente ligadas a las políticas públicas del Estado de Brasil. Se trata de “una alianza entre empresa y Estado para la realización de proyectos, en el marco de un proyecto de desarrollo específico, y contra las poblaciones locales que viven y trabajan en el territorio”. (BBC Brasil)

Saggioro Garcia identifica diferencias sustanciales entre la instalación de una industria brasilera en el exterior y la construcción de represas, carreteras y otras obras de infraestructura que “transforman territorios y vidas…”. “Es un combate entre actores desiguales”, apunta la investigadora y pone como ejemplo el caso boliviano.

Desde que llegó al poder, Evo Morales siempre defendió un proyecto de “retorno al campo” fundamentado en las pequeñas comunidades, pero se vio obligado a aliarse con Brasil y ceder a un proyecto más orientado al “desarrollo”.

El común denominador de los proyectos de “desarrollo” brasileros en Bolivia y en otros países es que están diseñados expresamente para satisfacer las necesidades de la industria privada brasilera. No toman en cuenta las necesidades del mercado nacional ni los altos costos socioambientales para las poblaciones locales.

“No vengas a colonizar”

La misión principal del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea brasileñas en los próximos 20 años será defender las fuentes energéticas halladas en Amazonía y en el espacio marítimo nacional, expuso el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas general José Carlos de Nardi, en el segundo Seminario Estrategia Nacional de Defensa celebrado este 15 de febrero en Brasilia. (Agencia Cámara de Noticias).

De Nardi precisó que la Marina modernizará su poder naval y construirá submarios para el monitoreo y control de las aguas jurisdiccionales de la llamada Amazonía Azul brasileña, que alberga recursos petrolíferos. El plan contempla la disminución de brigadas en el Sureste y Sur; la implantación de la segunda Escuadra en el Norte y el Noreste, y la creación de nuevas brigadas para monitorear las fronteras. La Estrategia Nacional de Defensa Aeronáutica prevé la producción de aeronaves KC-390 por la Empresa Brasileña de Aeronáutica, y el desplazamiento de aviones cazas hacia la Amazonía.

Es necesario que la Unasur proteja la biodiversidad, los alimentos, agua potable y otras riquezas de los países que la componen, enfatizó el ministro de Defensa de Brasil Celso Amorim, tras considerar que en las próximas décadas “podríamos ser afectados por guerras entre países de fuera de la región en disputa por recursos naturales”.

Aron Berlinki, coordinador de Procesos Internacionales del Instituto brasileño Vitae Civilis, considera que “Brasil tiene potencial para mostrar en la Conferencia Río+20 que es posible conciliar el desarrollo y el medio ambiente y políticas que compatibilicen la inclusión social y el desarrollo limpio, con menos emisiones de gases efecto invernadero que los países ricos. Pero aún hay una serie de dificultades prácticas para direccionar la actividad económica en un sentido más sostenible… y corregir algunas “distorsiones graves de la política energética”, como por ejemplo la posible flexibilización de las leyes ambientales previstas en el Código Forestal, y la decisión de seguir invirtiendo en grandes proyectos hidroeléctricos, en detrimento de otras energías renovables.

Varios analistas creen que la potencia sudamericana utilizará a la Unasur y al Mercosur como instrumentos para consolidar su liderazgo regional. El presidente del Uruguay José Pepe Mujica advirtió recientemente a Brasil que si de verdad pretende ganarse la confianza de sus vecinos, debe relacionarse con ellos de igual a igual y renunciar a todo afán de conquista.

En una entrevista con la revista Políticas, Mujica exhortó: “Nosotros en cada instancia relativamente difícil podemos tener enemigos exteriores, pero los peores enemigos somos nosotros mismos (...) En el caso del Brasil, nosotros les dijimos bien lo que pensamos: la época de los ingleses pasó. Si queremos unificar no vengas a colonizar, vení a asociarte, vení a buscar aliado, vení a juntar barra, pero no vengas a apropiarte de todo”.

Notas:

[1] Foster fue directora del Área de Gas y Energía y titular de la Petrobras Gas S.A. (Gaspetro), miembro de los Consejos de Petrobras Transporte, de la Petrobras Biocombustibles y de la Braskem, y presidenta de los Consejos de Administración de la Transportadora Brasileña Gasoducto Bolivia-Brasil y de la Transportadora Asociada de Gas. Es graduada en Ingeniería química de la Universidad Federal Fluminense, y también posee un posgrado en Ingeniería Nuclear de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

[2] Entre 2001 y 2010, los financiamientos del BNDES para construcciones brasileras en el exterior registraron un alza aproximada de 560%, saltando de 194,5 millones a 1,3 billones de dólares. Entre enero y junio de 2011 los desembolsos sumaron 776 millones de dólares. Los préstamos del BNDES en ALC aumentaron más de siete veces en casi una década, 80% para infraestructura y 20% para importación /exportación de productos brasileños.

[3] Datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) confirman que las constructoras son las mayores financiadoras de las campañas electorales del Partido de los Trabajadores. En las elecciones de 2006 las donaciones llegaron a R$22,5 millones y Camargo Corrêa donó R$6,5 millones. Para la campaña de Dilma aportaron R$37 millones, Camargo Corrêa puso R$8,5 millones.

[4]Según Boston Consulting Group (BCG), hay 100 multinacionales con sede en ocho países latinoamericanos: 34 en Brasil, 28 en México, 21 en Chile, siete en Argentina, cinco en Colombia y tres en Perú. A fines de 2009, las 30 principales multinacionales brasileras poseían cerca de 90 billones de dólares en activos en el exterior y empleaban a cerca de 200 mil personas en otros países. Apenas nueve empresas contaban con activos internacionales superiores al billón de dólares y otras 10 con más de 100 millones de dólares. En total, sus inversiones directas en el exterior bordeaban los 160 billones de dólares.

Texto: Bolpress

Imagen: laguarura

Pilatos..........

Tomado de eju

Posibles escenarios tras la promulgación de la Ley de Consulta “previa, libre e informada”

Lorenzo Soliz

Como cada año, entre enero y febrero, recorremos por diferentes regiones del país para evaluar el trabajo de nuestra institución en la gestión pasada.Durante el trayecto pudimos constatar una mayor ampliación de la frontera agrícola a cargo de la agroindustria a ambos lados de la carretera Santa Cruz-Trinidad en el tramo Guarayos-Trinidad con cultivos de soya, arroz, sorgo, maíz; asimismo, supimos de nuevas colonias de menonitas que se van constituyendo o buscando y comprando tierras en diferentes zonas donde antes no estaban (Yacuiba, Macharetí, Chiquitanía, Beni); intensificación de compra o alquiler de tierras de terceros que han logrado titular sus tierras en diferentes regiones, muchas veces usurpando tierras de comunidades indígenas en complicidad del INRA, antes del 2006.

Pudimos conocer también del bloqueo de campesinos del norte amazónico dado el incumplimiento de la empresa estatal de la almendra (EBA) de su compromiso de pagar a los campesinos y castañeros Bs. 230 por caja de castaña de 23 kg (quería pagar sólo Bs. 130); igualmente del acopio del oro por parte de otra empresa estatal dedicada a este rubro (EBO) sin ninguna medida orientada a bajar los niveles de contaminación de los ríos amazónicos por el mercurio; también resuenan propuestas de autoridades e instituciones públicas como la introducción de ganadería bovina en la amazonía con la consecuente pérdida de áreas boscosas, y de la introducción del cacao híbrido propenso a enfermedades no registradas en el cacao criollo, esta variedad que es propia de la región, cuya producción actualmente se comercializa en mercados locales, nacionales y de exportación; asimismo, fuimos informados por campesinos e indígenas amazónicos sobre la necesidad de consulta previa respecto a la construcción de la represa en Cachuela Esperanza. De todo esto se conoce muy poco y la cobertura mediática es muy escasa.

A retazos, por la comunicación inestable o inexistente en algunos tramos de nuestro recorrido, pudimos seguir de alguna manera el proceso de elaboración de la Ley de consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS, promulgada el 10 de febrero. Ya se ha dicho, analizado y escrito mucho sobre la novedosa Ley Nro 222 que “sin tocarla” –como se dijo desde el gobierno- se orienta a abrogar la ley corta (Ley Nro 180) tan sólo a tres meses de su promulgación. La mayoría oficialista lo puede todo, la nueva Ley no se sujeta a la Constitución, porque no es previa como indica el artículo 30, parágrafo II, punto 15 de la carta magna; igualmente, suficientes argumentos ponen en duda que sea de buena fe; tampoco toma a los titulares del territorio en cuestión como interlocutores válidos para concertar en este proceso: subcentral del TIPNIS.

Hubiera sido más coherente de parte del ejecutivo y legislativo abrogar la ley corta y sustituirla por la ley de consulta, y no dejar esta ingrata tarea a los indígenas que ahora serán consultados; es decir, si la consulta resulta favorable a la construcción de la carretera, será la sociedad civil (los indígenas consultados) y no el Estado (legislativo) que en la práctica abrogue la ley corta.

No vamos a repetir aquí los argumentos, acertados, de quienes critican esta ley, más bien queremos mencionar algunos posibles escenarios en que se avecinan conflictos de diferente alcance y nivel.

La dirigencia de la CIDOB ha anunciado la IX Marcha indígena, sin embargo aún falta precisar la plataforma de la marcha en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. A ello se suma que la época lluviosa al menos dificultará mucho iniciar una marcha en lo inmediato, y habrá que ver en qué medida las fuerzas de las y los marchistas después de la octava marcha se han repuesto. De todas maneras, una nueva marcha u otro tipo de movilización que defina la CIDOB no será de sólo de los indígenas, sino también de otros sectores en busca de expresar su malestar contra la inconsistencia de las acciones y medidas del gobierno en torno al TIPNIS y del proceso de transformaciones en general; y es previsible que dichos sectores busquen sumar sus propias demandas ejerciendo mayor presión y complicando la gestión de gobierno. Ya la octava marcha tuvo resonancia e impacto nacional e internacional por el amplio apoyo que recibió de la ciudadanía paceña y de otras regiones del país.

Ya sea porque la CIDOB inicie la movilización o porque se lleve a cabo la consulta en el actual contexto de tensiones, lamentablemente los conflictos serán nuevamente entre indígenas, y de estos con campesinos, lo que seguirá debilitando al movimiento campesino indígena del país que tanta relevancia tuvo en la gestación del proceso de transformaciones en Bolivia. Pues la ley de consulta ya es motivo de expresiones y manifestaciones de otras organizaciones campesinas indígenas del país, que alimentan aún más las tensiones.

También hay que indicar que ninguna iniciativa de impugnación de la indica ley, como han anunciado algunos, tiene sentido en el país, no encontrará eco en las autoridades encargadas de velar por la constitucionalidad de las normas. Probablemente dirigentes que se manifiesten contra la ley y/o se opongan a la aplicación del proceso de consulta sean procesados e incluso detenidos bajo el argumento, falso, de sedición –porque la Constitución manda que la consulta sea previa-, como ya lo han manifestado algunos dirigentes políticos, lo que complicaría más la situación.

Entre tanto, la oposición política y regional aunque disminuida y muchos líderes regionales de derecha encontrarán nuevos argumentos para condenar el auténtico proceso de transformaciones estatales por los que apostó el país; nuevamente intentarán adueñarse del discurso pro indígena e intentarán llevar las aguas a su molino para complicar y trabar cuanto puedan la gestión de gobierno. Empero, la oposición en la Asamblea legislativa no será efectiva por su reducido número y por la carencia de propuestas viables y de visión política, y con sus consabidas declaraciones sólo logrará que el gobierno tilde una vez más a los indígenas de aliados de la derecha que buscan desestabilizarlo.

La decisión del gobierno de construir la carretera por el corazón del TIPNIS tomada ya hace tiempo sigue y seguirá intacta. Si gana la opción de la construcción de la carretera, la consulta será vinculante como dice la Ley, caso contrario sólo sería referencial –como ya han anunciado miembros del gobierno- y formularían nuevas iniciativas como referéndum departamental y otras para buscar la concreción de este proyecto. La tensión y los conflictos pueden profundizarse y colisionar con tiempos políticos a medida que se vaya acercando el 2014.

Y es que el proyecto de la carretera por el TIPNIS y otras iniciativas, como las mencionadas al principio son, como se sabe, parte importante del modelo de desarrollo impulsado por el gobierno actualmente en varias regiones del país y que poco tienen que ver con el paradigma del vivir bien.

Texto: Bolpress

Foto: Los Tiempos

Panamá: Confirmado menor murió por bomba lacrimógena, desmienten a Mulino y Pérez

Así se irán confirmando una a una otras denuncias, como el caso de la niña violada, los abusos cometidos contra mujeres ngäbes, los otros asesinatos, las torturas, vejaciones y el caso de los desaparecidos.

Las mentiras de Mulino y Gustavo Pérez siguen saliendo a flote

Policía asesinó a Mauricio Méndez

No sólo dijeron que no usaron armas letales, que no allanaron casas ni intervinieron en pueblos, que las comunicaciones en el Oriente chiricano fueron interrumpidas voluntariamente por las empresas telefónicas, que Jereónimo Rodríguez Tugrí, primer mártir cuyo sepelio masivo se realizó en el día de ayer, 14 de febrero, pudo ser asesinado por sus propios compañeros; sino también que el joven Mauricio Méndez, cuyo rostro fue destrozado por arma desconocida hasta ese momento, había fallecido por una bomba molotov que estaba confeccionado.

Hoy medios de comunicación revelan que de acuerdo a las investigaciones el menor de 16 años asesinado en Las Lomas, Chiriquí, murió por bomba lacrimógena que le estalló en la cara. Así lo confirma el protocolo de necropsia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMEL).

Esto último confirma las versiones de numerosos testigos que señalan que esa noche del lunes 6 de febrero, unidades policiales dispararon a quemarropa al joven Mauricio Méndez volándole parte de su rostro por una arma explosiva disparada casi a quemarropa.

Mauricio Méndez fue herido a las 11:30 de la noche y murió 2 horas después en el hospital.

Así se irán confirmando una a una otras denuncias, como el caso de la niña violada, los abusos cometidos contra mujeres ngäbes, los otros asesinatos, las torturas, vejaciones y el caso de los desaparecidos.

Son este tipo de mentiras lanzadas públicamente la que han restado toda credibilidad al Gobierno de Ricardo Martinelli, quien ayer tuvo que recurrir a notarios para montar su nuevo show, que nadie le cree, en el sentido de que no busca la reelección.

Todavía José Raúl Muiino y Gustavo Pérez, Ministro de Seguridad y Director de la Policía Nacional, respectivamente, se mantienen en sus cargos pese a ser los principales responsables de esta Masacre contra el Pueblo Ngäbe Buklé, así como lo fueron de la Masacre de Changuinola, de otros hechos atroces y violaciones a los derechos humanos que iniciarion en el 2009 con el desalojo por la fuerza del campamento Naso que se había instalado en Plaza Caterdral.

No conforme con ello, Gustavo Pérez pidió un aplauso para las tropas de la Policía Nacional y de SENAFRONT que regresaban del “teatro de operaciones”, es decir para esos asesinos, violadores, torturadores y abusadores.

En ese sentido, como puede proseguir el llamado diálogo en la Asamblea cuando estos asesinos preparan otra celada al pueblo.

Se informa que la bancada de Cambio Democrático negó la citación de José Raúl Mulino a la asamblea para que explique la represión desatada contra el Pueblo Ngäbe Buklé.

José Raúl Mulino, Gustavo Pérez y el mismo Ricardo Martinelli deberán ser enjuiciados en su momento por crímenes de lesa humanidad.

Desde FRENADESO exigimos la destitución y encarcelamiento de los responsables de esta masacre y seguiremos exigiendo Justicia para las víctimas de esta barbarie militar.

Texto y foto: kaosenlared

Soberanía alimentaria, una perspectiva feminista

Esther Vivas

En el presente artículo analizamos el impacto de las políticas agroindustriales en las mujeres y el papel clave que desempeñan las mujeres campesinas en la producción y la distribución de los alimentos. Proponemos una alternativa al modelo agrícola dominante que necesariamente tiene que incorporar una perspectiva feminista.

Los sistemas de producción y consumo de alimentos han estado siempre socialmente organizados, pero sus formas han variado históricamente. En las últimas décadas, bajo el impacto de las políticas neoliberales, la lógica capitalista se ha impuesto, cada vez más, en la forma en que se produce y se distribuyen los alimentos (Bello, 2009). (1)

Con el presente artículo queremos analizar el impacto de estas políticas agroindustriales en las mujeres y el papel clave que desempeñan las mujeres campesinas, tanto en los países del Norte como del Sur, en la producción y la distribución de los alimentos. Asimismo, analizaremos como una propuesta alternativa al modelo agrícola dominante necesariamente tiene que incorporar una perspectiva feminista y cómo los movimientos sociales que trabajan en esta dirección, a favor de la soberanía alimentaria, apuestan por incluirla.

Campesinas e invisibles

En los países del Sur, las mujeres son las principales productoras de comida, las encargadas de trabajar la tierra, mantener las semillas, recolectar los frutos, conseguir agua, cuidar del ganado... Entre un 60 y un 80% de la producción de alimentos en estos países recae en las mujeres, un 50% a nivel mundial (FAO, 1996). Éstas son las principales productoras de cultivos básicos como el arroz, el trigo y el maíz, que alimentan a las poblaciones más empobrecidas del Sur global. Pero a pesar de su papel clave en la agricultura y en la alimentación, ellas son, junto a los niños y niñas, las más afectadas por el hambre.

Las mujeres campesinas se han responsabilizado, durante siglos, de las tareas domésticas, del cuidado de las personas, de la alimentación de sus familias, del cultivo para el auto-consumo y de los intercambios y la comercialización de algunos excedentes de sus huertas, cargando con el trabajo reproductivo, productivo y comunitario, y ocupando una esfera privada e invisible. En cambio, las principales transacciones económicas agrícolas han estado, tradicionalmente, llevadas a cabo por los hombres, en las ferias, con la compra y venta de animales, la comercialización de grandes cantidades de cereales... ocupando la esfera pública campesina.

Esta división de roles, asigna a las mujeres el cuidado de la casa, de la salud, de la educación y de sus familias y otorga a los hombres el manejo de la tierra y de la maquinaria, en definitiva de la “técnica”, y mantiene intactos los papeles asignados como masculinos y femeninos, y que durante siglos, y aún hoy, perduran en nuestras sociedades (Oceransky Losana, 2006).

Si miramos las cifras, éstas hablan por si solas. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (1996), en mucho países de África las mujeres representan el 70% de la mano de obra en el campo; se encargan, en un 90%, del suministro de agua en los hogares; son las responsables, entre un 60 y un 80%, de la producción de los alimentos para el consumo familiar y la venta; y realizan el 100% del procesamiento de los alimentos, el 80% de las actividades de almacenamiento y transporte de comida y el 90% de las labores de preparación de la tierra. Unas cifras ponen de relieve el papel crucial que las mujeres africanas tienen en la producción agrícola a pequeña escala y en el mantenimiento y la subsistencia familiar.

Sin embargo, en muchas regiones del Sur global, en América Latina, África subsahariana y sur de Asia, existe una notable “feminización” del trabajo agrícola asalariado, especialmente en los sectores orientados a la exportación no tradicional (Fraser, 2009). Entre 1994 y 2000, según White y Leavy (2003), las mujeres ocuparon un 83% de los nuevos empleos en el sector de la exportación agrícola no tradicional. De este modo, muchas mujeres accedieron por vez primera a un puesto de trabajo remunerado, con ingresos económicos que les permitieron un mayor poder en la toma de decisiones y la posibilidad de participar en organizaciones al margen del hogar familiar (Fraser, 2009). Pero esta dinámica va acompañada de una marcada división de género en los puestos de trabajo: en las plantaciones las mujeres realizan las tareas no cualificadas, como la recogida y el empaquetado, mientras que los hombres llevan a cabo la cosecha y la plantación.

Esta incorporación de la mujer al ámbito laboral remunerado implica una doble carga de trabajo para las mujeres, quienes siguen llevando a cabo el cuidado de sus familiares a la vez que trabajan para obtener ingresos, mayoritariamente, en empleos precarios. Éstas cuentan con unas condiciones laborales peores que las de sus compañeros recibiendo una remuneración económica inferior por las mismas tareas y teniendo que trabajar más tiempo para percibir los mismos ingresos. En la India, por ejemplo, el salario medio por el trabajo ocasional en la agricultura para las mujeres es un 30% inferior al de los hombres (Banco Mundial, 2007). En el Estado español, las mujeres cobran un 30% menos y esta diferencia puede llegar al 40% (Oceransky Losana, 2006).

Impacto de las políticas neoliberales

La aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), en los años 80 y 90, en los países del Sur por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, para que éstos pudieran hacer frente al pago de la deuda externa, agravó aún más las ya de por si difíciles condiciones de vida de la mayor parte de la población en estos países y golpeó, de forma especialmente dura, a las mujeres.

Las medidas de choque impuestas por los PAE consistieron en forzar a los gobiernos del Sur a retirar las subvenciones a los productos de primera necesidad como el pan, el arroz, la leche, el azúcar...; se impuso una reducción drástica del gasto público en educación, sanidad, vivienda, infraestructuras...; se forzó la devaluación de la moneda nacional, con el objetivo de abaratar los productos destinados a la exportación pero disminuyendo la capacidad de compra de la población autóctona; aumentaron los tipos de interés con el objetivo de atraer capitales extranjeros con una alta remuneración, generando una espiral especulativa, etc. En definitiva, una serie de medidas que sumieron en la pobreza más extrema a las poblaciones de estos países (Vivas, 2008).

Las políticas de ajustes y las privatizaciones repercutieron de forma particular sobre las mujeres. Como señalaba Juana Ferrer, responsable de la Comisión Internacional de Género de La Vía Campesina: “En los procesos de privatización de los servicios públicos las más afectadas hemos sido las mujeres, sobre todo en campos como la salud y la educación, ya que las mujeres, históricamente, cargamos con las responsabilidades familiares más fuertes. En la medida en que no tenemos acceso a los recursos y a los servicios públicos, se torna más difícil tener una vida digna para las mujeres” (La Vía Campesina, 2006: 30).

El hundimiento del campo en los países del Sur y la intensificación de la migración hacia las ciudades ha provocado un proceso de “descampesinización” (Bello, 2009), que, en muchos países, no ha tomado la forma de un movimiento clásico campo-ciudad, donde los excampesinos van a las ciudades a trabajar en las fábricas en el marco de un proceso de industrialización, sino que se ha dado, lo que Davis (2006) llama, un proceso de “urbanización desconectada de la industrialización”, donde los excampesinos, empujados a las ciudades, pasan a engrosar la periferia de las grandes urbes (favelas, slumps...), viviendo muchos de la economía informal y configurando, lo que el autor llama, el “proletariado informal”.

Las mujeres son un componente esencial de los flujos migratorios, nacionales e internacionales, que provocan la desarticulación y el abandono de las familias, de la tierra y de los procesos de producción, a la vez que aumentan la carga familiar y comunitaria de las mujeres que se quedan. En Europa, Estados Unidos, Canadá... las mujeres migrantes acaban asumiendo trabajos que años atrás realizaban las mujeres autóctonas, reproduciendo una espiral de opresión, carga e invisibilización de los cuidados y externalizando sus costes sociales y económicos a las comunidades de origen de las mujeres migrantes.

La incapacidad para resolver la actual crisis de los cuidados en los países occidentales, fruto de la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, el envejecimiento de la población y la no respuesta del Estado a estas necesidades, sirve como coartada para la importación de millones de “cuidadoras” de los países del Sur global. Como señala Ezquerra (2010: 39): “[Esta] diáspora cumple la función de invisibilizar la incompatibilidad existente entre el auge del sistema capitalista y el mantenimiento de la vida en el Centro, y agudiza de manera profunda la crisis de los cuidados, entre otras crisis, en los países del Sur (...) La ‘cadena internacional del cuidado’ se convierte en un dramático círculo vicioso que garantiza la pervivencia del sistema capitalista patriarcal”.

Acceso a la tierra

El acceso a la tierra no es un derecho garantizado para muchas mujeres: en varios países del Sur las leyes les prohíben este derecho y en aquellos donde legalmente tienen acceso las tradiciones y las prácticas les impiden disponer de ellas. Como explica Fraser (2009: 34): “En Camboya, por ejemplo, pese a que no es ilegal que las mujeres posean tierra, la norma cultural dicta que no la poseen, y a pesar de que ellas son responsables de la producción de las explotaciones agrícolas, no tienen ningún control sobre la venta de la tierra o la forma en la que ésta se transmite a los hijos”.

Una situación extrapolable a muchos otros países. En la India, como señala Chukki Nanjundaswamy de la organización campesina Karnataka State Farmers‘ Association (2), la situación de las mujeres para acceder a la tierra y contar con asistencia sanitaria es muy difícil: “Socialmente las campesinas indias casi no tienen derechos y están consideradas como un añadido de los varones. Las campesinas son las más intocables dentro de los intocables, en el sistema social de castas” (La Vía Campesina, 2006: 16).

El acceso a la tierra de las mujeres en África es, en la actualidad, aún más dramático debido al aumento de muertes a causa del SIDA. Por un lado, las mujeres tienen más posibilidades de ser infectadas, pero cuando uno de sus familiares varones muere, y éste ostenta la titularidad de la tierra, las mujeres tienen muchas dificultades para acceder a su control. En varias comunidades, éstas no tienen derecho a heredar y, por tanto, pierden la propiedad de la tierra y otros bienes al quedarse viudas (Jayne et al, 2006).

La tierra es un activo muy importante: permite la producción de alimentos, sirve como inversión para el futuro y como aval, implica acceso al crédito, etc. Las dificultades de las mujeres para poseer tierras es una muestra más de cómo el sistema agrícola capitalista y patriarcal las golpea especialmente. Y cuando éstas ostentan la titularidad se trata, mayoritariamente, de tierras con menor valor o extensión.

Asimismo, las mujeres enfrentan más dificultades para conseguir créditos, servicios e insumos. A nivel mundial, se estima que las mujeres reciben sólo un 1% del total de préstamos agrícolas, y aunque las mujeres los reciban no queda claro si el control sobre los mismos es ejercido por sus compañeros o familiares (Fraser, 2009).

Pero estas prácticas no sólo se dan en los países del Sur global, en Europa, por ejemplo, muchas campesinas padecen una total inseguridad jurídica, ya que la mayoría de ellas trabajan en explotaciones familiares donde los derechos administrativos son propiedad exclusiva del titular de la explotación y las mujeres, a pesar de trabajar en ella, no tienen derecho a ayudas, a la plantación, a una cuota láctica, etc.

Como explica Isabel Vilalba Seivane, secretaria de mujeres del Sindicato Labrego Galego en Galicia, las problemáticas de las mujeres en el campo, tanto en los países del Sur como en el Norte, son comunes aunque con diferencias: “Las mujeres europeas estamos más centradas en la lucha por nuestros derechos administrativos en la explotación; mientras que en otros lugares reclaman cambios profundos que tienen que ver con la reforma agraria, o con el acceso a la tierra y a otros recursos básicos” (La Vía Campesina, 2006: 26). En Estados Unidos, Debra Eschmeyer de la National Family Farm Coalition explica como también existen prácticas que muestran esta desigualdad: “Por ejemplo, cuando una campesina va sola a pedir un crédito a un banco tiene más complicado obtenerlo que si fuera un hombre” (La Vía Campesina, 2006: 14).

Agroindustria versus soberanía alimentaria

Hoy en día, el actual modelo agroindustrial se ha demostrado totalmente incapaz de satisfacer las necesidades alimentarias de las personas e incompatible con el respeto a la naturaleza. Nos encontramos ante un sistema agrícola y alimentario sometido a una alta concentración empresarial a lo largo de toda la cadena comercial, siendo monopolizado por un puñado de multinacionales de los agronegocios que cuentan con el respaldo de gobiernos e instituciones internacionales que se han convertido en cómplices, cuando no en cobeneficiarios, de un sistema alimentario productivista, insostenible y privatizado. Un modelo que es a su vez utilizado como instrumento imperialista de control político, económico y social por parte de las principales potencias económicas del Norte, como Estados Unidos y la Unión Europea (así como de sus multinacionales agroalimentarias), respecto a los países del Sur global (Toussaint, 2008; Vivas, 2009).

Como señala Desmarais (2007), el sistema alimentario puede entenderse como una extensa cadena horizontal que se ha ido alargando cada vez más, alejando producción y consumo, y favoreciendo la apropiación de las distintas etapas de la producción por las empresas agroindustriales y la pérdida de autonomía de los campesinos frente a éstas.

La situación de crisis alimentaria, que estalló a lo largo del año 2007 y 2008 con un fuerte aumento del precio de los alimentos básicos (3), puso de relieve la extrema vulnerabilidad del sistema agrícola y alimentario, y dejó tras sí la cifra de más de mil millones de personas en el mundo que pasan hambre, una de cada seis, según datos de la FAO (2009).

Pero el problema actual no es la falta de alimentos, sino la imposibilidad para acceder a ellos. De hecho, la producción de cereales a nivel mundial se ha triplicado desde los años 60, mientras que la población a escala global tan solo se ha duplicado (GRAIN, 2008). Con estas cifras, podemos afirmar que se produce suficiente comida para alimentar a toda la población, pero para los millones de personas en los países del Sur que destinan entre un 50 y un 60% de la renta a la compra de alimentos, cifra que puede llegar incluso hasta el 80% en los países más pobres, el aumento del precio de la comida hace imposible el acceso a la misma.

Hay razones de fondo que explican el porqué de la profunda crisis alimentaria. Las políticas neoliberales aplicadas indiscriminadamente en el transcurso de los últimos treinta años a escala planetaria (liberalización comercial a ultranza, el pago de la deuda externa por parte de los países del Sur, la privatización de los servicios y bienes públicos...) así como un modelo de agricultura y alimentación al servicio de una lógica capitalista son las principales responsables de esta situación que ha desmantelado un modelo de agricultura campesina garante de la seguridad alimentaria de los pueblos durante décadas (Holt-Giménez y Patel, 2010).

Frente a este modelo agrícola dominante que tiene un impacto muy negativo en las personas, especialmente en las mujeres, y en el medio ambiente, se plantea el paradigma de la soberanía alimentaria. Una alternativa política que consiste en “el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico” (VVAA, 2003: 1). Se trata de recuperar nuestro derecho a decidir sobre qué, cómo y dónde se produce aquello que comemos; que la tierra, el agua, las semillas estén en manos de las y los campesinos; que seamos soberanos en lo que respecta a nuestra alimentación.

Pero, si las mujeres son la mitad de la mano de obra en el campo a escala mundial, una soberanía alimentaria que no incluya una perspectiva feminista estará condenada al fracaso. La soberanía alimentaria implica romper no sólo con un modelo agrícola capitalista sino también con un sistema patriarcal que oprime y supedita a las mujeres.

Se trata de incorporar la perspectiva feminista a la soberanía alimentaria. Como señala Yoon Geum Soon de la asociación de mujeres campesinas coreanas KWPA y representante de La Vía Campesina en Asia: “El feminismo es un proceso que permite conseguir un lugar digno para las mujeres dentro de la sociedad, para combatir la violencia contra las mujeres, y también para reivindicar y reclamar nuestras tierras y salvarlas de las manos de las transnacionales y de las grandes empresas. El feminismo es la vía para que las mujeres campesinas puedan tener un papel activo y digno en el seno de la sociedad” (La Vía Campesina, 2006:12).

La Vía Campesina

La Vía Campesina es el principal movimiento internacional de pequeñas y pequeños agricultores y promotor del derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria. La Vía se constituyó en 1993, en los albores del movimiento antiglobalización, y progresivamente se convertiría en una de las organizaciones de referencia en la crítica a la globalización neoliberal. Su ascenso es la expresión de la resistencia campesina al hundimiento del mundo rural, provocado por las políticas neoliberales y la intensificación de las mismas con la creación de la Organización Mundial del Comercio (Antentas y Vivas, 2009a).

Desde su creación, La Vía Campesina ha configurado una identidad “campesina” politizada, ligada a la tierra, a la producción de los alimentos y a la defensa de la soberanía alimentaria, construida en oposición al actual modelo del agronegocio (Desmarais, 2007). La Vía encarna un nuevo tipo de “internacionalismo campesino” (Bello, 2009), que podemos conceptualizar como el “componente campesino” del nuevo internacionalismo de las resistencias representado por el movimiento antiglobalización (Antentas y Vivas, 2009b).

En el año 1996, coincidiendo con la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO en Roma, La Vía planteó la propuesta de la soberanía alimentaria como una alternativa política a un sistema agrícola y alimentario profundamente injusto y depredador. Esta demanda no implica un retorno romántico al pasado, sino que se trata de recuperar el conocimiento y las prácticas tradicionales y combinarlas con las nuevas tecnologías y los nuevos saberes (Desmarais, 2007). No debe consistir tampoco, como señala McMichael (2006), en un planteamiento localista ni en una “mistificación de lo pequeño” sino en repensar el sistema alimentario mundial para favorecer formas democráticas de producción y distribución de alimentos.

Una perspectiva feminista

Con el tiempo, La Vía ha ido incorporando una perspectiva feminista, trabajando para conseguir la igualdad de género en el seno de sus organizaciones así como estableciendo alianzas con grupos feministas como la red internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, entre otros.

En el seno de La Vía Campesina, la lucha de las mujeres se sitúa en dos niveles. Por un lado, la defensa de sus derechos como mujeres dentro de las organizaciones y en la sociedad en general y, por otro lado, la lucha como campesinas, junto a sus compañeros, contra el modelo de agricultura neoliberal (EHNE y La Vía Campesina, 2009).

Desde su constitución, el trabajo feminista en La Vía ha dado importantes pasos adelante. En la 1ª Conferencia Internacional en Mons (Bélgica), en 1993, todos los coordinadores electos fueron hombres y la situación de la mujer campesina prácticamente no recibió ninguna mención en la declaración final, aunque se identificó la necesidad de integrar sus necesidades en el trabajo de La Vía. Pero esta conferencia falló en establecer mecanismos que asegurasen la participación de las mujeres en encuentros sucesivos. De este modo, en la 2ª Conferencia Internacional en Tlaxcala (México), en 1996, el porcentaje de mujeres asistentes fue igual que en la 1ª Conferencia Internacional, un 20% del total. Para solventar esta cuestión, se acordaron mecanismos que permitiesen una mejor representación y participación y se creó un comité especial de mujeres, que más adelante sería conocido como la Comisión de Mujeres de La Vía Campesina.

Esta orientación política facilitó la incorporación de aportaciones feministas a los análisis de La Vía. Por ejemplo, cuando se presentó públicamente el concepto de soberanía alimentaria, coincidiendo con la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO en Roma, en 1996, las mujeres aportaron demandas propias como la necesidad de producir los alimentos localmente, a las “prácticas agrícolas sostenibles” añadieron la dimensión de la “salud humana”, exigieron la reducción drástica los insumos químicos, perjudiciales para la salud, y defendieron la promoción activa de la agricultura orgánica. Asimismo, y debido al acceso desigual de las mujeres a los recursos productivos, insistieron en que la soberanía alimentaria no podía llevarse a cabo sin una mayor participación femenina en la definición de las políticas campesinas (Desmarais, 2007).

Para Francisca Rodríguez de la asociación campesina ANAMURI en Chile: “Asumir la realidad y demandas de las mujeres rurales ha sido un reto dentro de todos los movimientos de campesinos (...) La historia de este reconocimiento ha pasado por diversas etapas: de la lucha desde dentro por el reconocimiento, a la ruptura con las organizaciones machistas (...) A lo largo de estos últimos veinte años las organizaciones de mujeres campesinas han ganado identidad (...), nos hemos reconstruido como mujeres en un medio rural machacado” (Mugarik Gabe, 2006:254).

El trabajo de la Comisión de Mujeres permitió fortalecer el intercambio entre mujeres de diferentes países, organizando, por ejemplo, encuentros específicos de mujeres coincidiendo con cumbres y reuniones internacionales. Entre los años 1996 y 2000, el trabajo de la Comisión se centró, principalmente, en América Latina, donde a través de la formación, el intercambio, la discusión y el empoderamiento de las campesinas aumentó la participación de éstas en todos los niveles y actividades de La Vía.

Como señala Desmarais (2007: 265): “En la mayoría de los países, las organizaciones campesinas y agrícolas están dominadas por hombres. Las mujeres de La Vía Campesina se niegan a aceptar estas posiciones subordinadas. Aun reconociendo el largo y difícil camino que queda por delante, ellas aceptan de forma entusiasta el desafío y juran llevar a cabo un papel destacado en moldear La Vía Campesina como un movimiento comprometido con la igualdad de género”.

En octubre del 2000, justo antes de la 3a Conferencia Internacional de La Vía en Bangalore (India), se organizó la 1a Asamblea Internacional de Mujeres Campesinas, que permitió una mayor participación de mujeres en la misma. La Asamblea aprobó tres grandes objetivos para llevar a cabo: a) Garantizar la participación del 50% de las mujeres en todos los niveles de decisiones y en las actividades de La Vía Campesina. b) Mantener y fortalecer la Comisión de Mujeres. c) Garantizar que los documentos, los eventos de formación y los discursos de La Vía superasen un contenido sexista y un lenguaje machista (Desmarais, 2007).

De este modo, en la 3ª Conferencia Internacional, se acordó un cambio de estructura que garantizara la equidad de género. Como señala Paul Nicholson de La Vía Campesina: “[En Bangalore] se decidió la equidad hombre y mujer en los espacios de representación y cargos de nuestra organización, y se inició todo un proceso interno de reflexión sobre el papel de las mujeres en la lucha campesina (...). La perspectiva de género se está abordando ahora de una manera seria, no sólo en el ámbito de la paridad en los cargos, sino también con un debate profundo sobre las raíces y tentáculos del patriarcado y sobre la violencia contra la mujer en el mundo rural” (Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas, 2010: 8).

Esta estrategia forzó a las organizaciones miembros de La Vía a nivel nacional y regional a replantearse su trabajo en una perspectiva de género e incorporar nuevas acciones encaminadas a fortalecer el papel de la mujer (Desmarais, 2007). Así lo ratifica Josie Riffaud del Confédération Paysanne en Francia al afirmar que “fue fundamental la decisión de la paridad en La Vía Campesina, pues posibilitó que en mi organización, la Confédération Paysanne, pudiéramos aplicar también esta medida” (La Vía Campesina, 2006: 15).

En el marco de la 4ª Conferencia Internacional en Sao Paulo, Brasil, en junio 2004, se celebró la 2ª Asamblea Internacional de Mujeres Campesinas que reunió a más de un centenar de mujeres de 47 países de todos los continentes. Las principales líneas de acción surgidas del encuentro iban orientadas a tomar medidas contra la violencia física y sexual contra las mujeres, tanto en el ámbito doméstico como en el geopolítico, exigir la igualdad de derechos e invertir en formación. Como señalaba su declaración final: “Exigimos nuestro derecho a una vida digna; el respeto a nuestros derechos sexuales y reproductivos; y la aplicación inmediata de medidas para erradicar toda forma de violencia física, sexual, verbal y psicológica (...). Exigimos a los Estados implementar medidas que garanticen nuestra autonomía económica, acceso a la tierra, a la salud, a la educación y a un estatus social igualitario” (2ª Asamblea Internacional de Mujeres Campesinas, 2004).

En octubre del 2006 se celebró el Congreso Mundial de las Mujeres de La Vía Campesina en Santiago de Compostela (Estado español) al que asistieron mujeres de organizaciones agrarias de Asia, Norte-América, Europa, África, y América Latina con el objetivo de analizar y debatir acerca de lo que significa la igualdad en el campo desde una perspectiva feminista y establecer un plan de acción para conseguirla. Como apuntaba Sergia Galván del Colectivo Mujer y Salud de República Dominicana, en una de las ponencias del Congreso, las mujeres de La Vía tenían tres desafíos por delante: a) Avanzar en la reflexión teórica para incorporar la perspectiva campesina a los análisis feministas. b) Continuar trabajando en la autonomía como referente vital para la consolidación del movimiento de mujeres campesinas. c) Superar el sentimiento de culpa en la lucha por conseguir mayores espacios de poder frente a los hombres (La Vía Campesina, 2006).

El Congreso Mundial de las Mujeres de La Vía puso de relieve la necesidad de fortalecer aún más la articulación de las mujeres de La Vía y aprobó la creación de mecanismos para un mayor intercambio de experiencias y planes de lucha específicos. Asimismo se observaron avances en la reducción de la discriminación de las mujeres, a pesar de lo mucho que quedaba por hacer. Entre las propuestas concretas que se aprobaron estaba articular una campaña mundial para luchar contra las violencias que se ejercen contra las mujeres; extender los debates a todas las organizaciones que forman parte de La Vía; y trabajar para que se reconozcan los derechos de las mujeres campesinas exigiendo igualdad real en el acceso a la tierra, a los créditos, a los mercados y en los derechos administrativos (La Vía Campesina, 2006).

Coincidiendo con la 5a Conferencia Internacional de La Vía Campesina en Maputo, Mozambique, octubre 2008, se celebró la 3ª Asamblea Internacional de Mujeres. En ésta se aprobó lanzar una campaña específica contra la violencia contra las mujeres, al constatar cómo todas las formas de violencia que enfrentan las mujeres en la sociedad (violencia física, económica, social, machista, de diferencias de poder, cultural) están también presentes en las comunidades rurales y en sus organizaciones.

Pero el trabajo enfocado a conseguir una mayor igualdad de género no es fácil. A pesar de la paridad formal, las mujeres tienen mayores dificultades para viajar o asistir a encuentros y reuniones. Como señala Desmarais (2007: 282): “Hay muchas razones por las que las mujeres no participan a este nivel. Quizá la más importante es la persistencia de ideologías y prácticas culturales que perpetúan relaciones de género desiguales e injustas. Por ejemplo, la división de las labores por género significa que las mujeres rurales tienen mucho menos acceso al recurso más preciado, el tiempo, para participar como líderes en las organizaciones agrícolas. Dado que las mujeres son las principales responsables del cuidado de los niños y los ancianos (...). La triple jornada de las mujeres –que implica trabajo reproductivo, productivo y comunitario- hace mucho menos probable que tengan tiempo para sesiones de formación y aprendizaje para su capacitación como líderes”.

Se trata de una lucha a contracorriente y, a pesar de algunas victorias concretas, nos encontramos frente a un combate de largo recorrido, tanto en las organizaciones como, más en general, en lo social.

Tejiendo alianzas

En lo que respecta a las alianzas, La Vía Campesina ha establecido colaboración con varias organizaciones y movimientos sociales a nivel internacional, regional y nacional. Una de las más significativas ha sido el trabajo conjunto, en cada uno de estos niveles, con la Marcha Mundial de las Mujeres, una de las principales redes globales feministas con quien se ha convocado acciones conjuntas, encuentros y se ha colaborado en actividades y conferencias internacionales, junto con otros movimientos sociales, como, por ejemplo, en el Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria que tuvo lugar en Malí, en 2007, entre otros.

El encuentro entre ambas redes se dio, inicialmente, en el marco del movimiento antiglobalización, al coincidir en contra-cumbres internacionales así como en las actividades del Foro Social Mundial y ser ambas, junto con otras redes, promotoras de la Asamblea de Movimientos Sociales del Foro Social Mundial. Asimismo, la incorporación de una perspectiva feminista en el seno de La Vía y al trabajo campesino y a favor de la soberanía alimentaria generó mayores puentes de encuentro que se intensificaron con el paso del tiempo.

Así quedó patente en el Foro por la Soberanía Alimentaria celebrado a principios del 2007 en Sélingué, una pequeña población rural del sudeste de Malí. Un encuentro convocado por los principales movimientos sociales a escala internacional como la Vía Campesina, la Marcha Mundial de las Mujeres, el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores, entre otros, y que permitió avanzar en la definición de estrategias conjuntas entre un amplio abanico de movimientos sociales (campesinos, pescadores, ganaderos, consumidores...) a favor de la soberanía alimentaria.

Las mujeres tuvieron un papel central en este encuentro como dinamizadoras, organizadoras y participantes. Éstas reclamaron el mito de Nyéléni, una mujer campesina maliense que luchó por afirmarse como mujer en un entorno desfavorable. De hecho, el Foro por la Soberanía Alimentaria recibió el nombre de Nyéléni en homenaje a esta leyenda. Delegadas de países de África, América, Europa, Asia y Oceanía, integrantes de diferentes sectores y movimientos sociales, asistieron al encuentro y señalaron al sistema capitalista y patriarcal como responsable de las violaciones de los derechos de las mujeres, a la vez que reafirmaron su compromiso para transformarlo.

La Marcha Mundial de las Mujeres, fruto de este trabajo y colaboración, ha asumido la demanda de la soberanía alimentaria, como un derecho inalienable de los pueblos y, en especial, de las mujeres. Miriam Nobre, coordinadora del secretariado internacional de la Marcha, participó en octubre del 2006 en el Congreso Mundial de las Mujeres de La Vía Campesina con una intervención sobre el movimiento feminista global. Y el 7º Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres en Vigo, en el Estado español, en octubre 2008, contó con la organización de un foro y una feria por la soberanía alimentaria, mostrando la capacidad de vincular la lucha feminista con la de las mujeres campesinas.

Esta colaboración se observa también a partir de la doble militancia de algunas mujeres que son miembros activas en la Marcha Mundial de las Mujeres, a la vez que forman parte de las organizaciones de La Vía Campesina. Estas experiencias permiten estrechar vínculos y colaboraciones entre ambas redes y fortalecen tanto la lucha feminista como campesina, ya que ambas se insertan en un combate más amplio contra el capitalismo y el patriarcado.

A modo de conclusión

A lo largo de las últimas décadas, el sistema agrícola y alimentario global ha puesto de relieve su total incapacidad para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades, actualmente más de mil millones de personas en el mundo pasan hambre, a la vez que ha demostrado su fuerte impacto medioambiental con un modelo agroindustrial kilométrico, intensivo, generador de cambio climático, que acaba con la agrodiversidad, etc. Éste sistema se ha revelado especialmente agresivo con las mujeres. A pesar de que éstas producen entre un 60 y un 80% de los alimentos en los países del Sur global, y un 50% en todo el mundo, son las que más padecen hambre.

Avanzar en la construcción de alternativas al actual modelo agrícola y alimentario implica incorporar una perspectiva de género. La alternativa de la soberanía alimentaria al modelo agroindustrial dominante tiene que tener un posicionamiento feminista de ruptura con la lógica patriarcal y capitalista.

La Vía Campesina, el principal movimiento internacional a favor de la soberanía alimentaria, lo tiene claro. Se trata de avanzar en esta dirección y crear alianzas con otros movimientos sociales, en especial con organizaciones y redes feministas, como la Marcha Mundial de las Mujeres. Promover redes y solidaridades entre las mujeres del Norte y del Sur, urbanas y rurales, y de éstas con sus compañeros para, como dice La Vía: “Globalizar la lucha. Globalizar la esperanza”.

Bibliografía

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Notas:

1. Para un análisis más detallado de la evolución histórica del sistema alimentario mundial ver McMichael (2000).
2. Todas las campesinas citadas en el presente artículo forman parte de organizaciones miembros de La Vía Campesina.
3. Según el índice de precios de los alimentos de la FAO, estos registraron, entre el 2005 y el 2006, un aumento del 12%; al año siguiente, en 2007, un crecimiento del 24%; y entre enero y julio del 2008 una subida de cerca del 50%. Los cereales y otros alimentos básicos fueron los que sufrieron los aumentos más importantes (Vivas, 2009).

Texto: Bolpress

Foto: elmundo