martes, 27 de julio de 2010

El derecho humano al agua


Roberto Bissio

El agua es indispensable para la vida. Resulta tan obvio, tan básico, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el documento constitutivo del mundo contemporáneo, junto a la Carta de Naciones Unidas, enumera los derechos que hacen posible vivir “libres del miedo y la miseria” y los que atañen a la dignidad humana… pero no menciona entre ellos el derecho al agua. Ni al aire, dígase de paso. En 1948 no parecía posible que los fluidos esenciales llegaran a escasear.

Para solucionar esta omisión, la Asamblea General de Naciones Unidas ha sido convocada a votar el próximo miércoles 28 de julio una moción presentada por el embajador Pablo Solón de Bolivia y apoyada por otros 31 países, por la cual se declara por primera vez a nivel mundial como un derecho humano universal “el derecho al agua potable limpia y segura y al saneamiento”.

Las Naciones Unidas estiman que 884 millones de personas carecen totalmente de agua limpia y dos mil millones sólo tienen acceso a ella a más de tres kilómetros de sus hogares, lo que significa una carga abrumadora para mujeres y niños. Dos mil seiscientos millones de personas carecen de saneamiento adecuado y 1.200 millones defecan al aire libre. En una nota de apoyo a la resolución, el ex presidente ruso Mikhail Gorbachov recuerda que “por lo menos cuatro mil niños mueren cada día por enfermedades vinculadas al agua y más vidas se han perdido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por el agua contaminada que por violencia y guerras”.

Catarina de Albuquerque, autora de un conmovedor informe al Consejo de Derechos Humanos sobre el agua y el saneamiento, explora cómo los derechos consagrados a la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, la igualdad entre varones y mujeres y el propio derecho a la vida están relacionados. Pero no alcanza con estos derechos consagrados, sostiene: “El saneamiento es un aspecto de la dignidad humana; se debe considerar la vulnerabilidad y la vergüenza que tantas personas experimentan cada día”. Ya en 1980, el Tribunal Supremo de la India, al considerar la situación de un municipio que no ofrecía servicios sanitarios públicos básicos describió cómo ante esta carencia "la timidez se convierte en un lujo, y la dignidad, en difícil arte". Estas violaciones a la esencia misma de la dignidad humana no se captan en su totalidad cuando se considera el agua y el saneamiento sólo en su relación con otros derechos humanos y hacen necesaria esta resolución específica, concluye Albuquerque.

El texto que ahora considera la Asamblea de la ONU se concentra en los derechos individuales y expresamente deja de lado los temas de aguas fronterizas que son objeto de la legislación internacional ya consagrada, afirma la necesidad de enfocar el tema desde lo nacional y lo local, reafirma que la protección y promoción de todos los derechos humanos es de responsabilidad de cada estado y reclama cooperación internacional y trasferencia de tecnología para hacer posible el derecho al agua y al saneamiento para todas las personas y hogares.

El acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano, sostiene un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en enero de este año, “debe ser equitativo y no discriminatorio, apropiado en calidad y cantidad, económica, social y ambientalmente sustentable y de costo accesible. Es obligación del Estado proteger a la gente de la desconexión a los servicios de aguas y de la contaminación, prohibir que individuos o empresas lesionen los derechos de otros. Como estos servicios son caros y en la región hay altos niveles de pobreza e indigencia, los pobres no podrán ejercer su derecho humano al agua si no reciben un apoyo eficaz del Estado, reflejado en los presupuestos y en la creación de instituciones eficientes y estables”.

Como 190 países ya reconocen de una u otra manera en sus constituciones y legislaciones el derecho al agua, la aprobación de esta resolución debería expresar un consenso mundial. Sin embargo, a juicio de Maude Barlow, presidenta del Consejo de Canadienses y ex-asesora sobre agua del presidente de la Asamblea General de la ONU, “algunos gobiernos se oponen al consenso y es probable que la resolución deba ser sometida a voto, con lo cual se arriesga dividir al cuerpo entre Norte y Sur”. Esta división no evitaría la aprobación de la resolución, ya que el Sur tiene amplia mayoría en la ONU, pero le quitaría peso político y viabilidad práctica.

Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido aparecen como el principal obstáculo. Esto puede deberse a la tradición jurídica anglosajona hostil a los derechos “de segunda generación” que requieren que los gobiernos hagan algo (como educar o cuidar la salud de sus ciudadanos) en oposición a los derechos humanos ‘clásicos’ que simplemente requieren que los gobiernos se abstengan de hacer algo (de torturar, censurar, encarcelar arbitrariamente o allanar hogares de noche, por ejemplo).

En Londres la coalición liberal-conservadora de David Cameron ha dicho que quiere quitar de la resolución la mención al saneamiento y que ésta hable de “acceso” al agua pero no su reconocimiento como un derecho humano. En Australia, los laboristas en el poder han privatizado el agua y resienten, por lo tanto, un documento que parece ir en sentido contrario, mientras que en Canadá el primer ministro conservador Stephen Harper alega que no puede votarla porque ello obligaría a su país a compartir sus reservas hídricas con Estados Unidos.

En realidad, la resolución no dice nada sobre cómo deben los gobiernos garantizar el acceso al agua y el saneamiento. El proveedor puede ser público o privado, al igual que una institución que enseña o que cura, y la existencia del derecho no obligará a compartir internacionalmente las aguas nacionales, como tampoco está ningún país obligado a alimentar los hambrientos del mundo o alojar a los que carecen de techo. Pero un derecho humano al agua y al saneamiento sí podría poner un límite a los derechos de grandes corporaciones sobre los recursos hídricos consagrados en acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio y de inversión.

Bolivia bien sabe de esto, ya que después de que la corporación Bechtel se retirara del país, huyendo de las protestas populares por el encarecimiento del agua privatizada en Cochabamba, el gobierno fue condenado a indemnizarla por un tribunal arbitral del Banco Mundial, que reconoció el derecho del inversor extranjero pero no el derecho humano de los bolivianos al agua.

Consagrar universalmente el principio jurídico para que esto no vuelva a ocurrir depende en gran medida ahora del país de origen de Bechtel. “La estrategia de seguridad nacional del presidente Barack Obama, basada en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo sustentable en el mundo, debería ser traducida en apoyo al agua como derecho humano”, aconseja Gorbachov. El presidente Obama tiene una semana para tomar una resolución histórica.

Texto: Rebelión
Imagen: colombia.indymedia.org

Panamá prohíbe por ley el derecho a huelga


Torge Löding

El Gobierno conservador de Panamá ha aprobado una ley que prohíbe la huelga y elimina la necesidad de estudios de impacto ambiental en los proyectos de las transnacionales en el país.

“No es un movimiento de los partidos de oposición contra una ley, sino de la población en resistencia contra la política que hemos sufrido en el último año”, dijo Olmedo Carrasquilla, periodista de Radio Temblor. Panamá vive una sucesión de huelgas y manifestaciones cuyo detonante fue la aprobación el 16 de junio de la llamada Ley 30 por parte del Gobierno conservador de Ricardo Martinelli, de Acción por el Cambio. Esta ley se ha impuesto “en sólo tres días, sin debate, y con la argucia legal de modificar una ley sobre aviación comercial, con la intención de pasar desapercibida ante la opinión pública”, dice Silvestre Díaz, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso).

La Ley 30 desmantela el derecho a la huelga y a la libre sindicación en las empresas privadas y niega el derecho de reunión de los trabajadores. Además, la nueva norma elimina la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental en las obras que el Estado considere que sean de interés social. El presidente de Panamá, tras la aprobación de esta polémica ley, declaró que el país está listo para la inversión extranjera. “En pocas palabras, es un atentado contra los derechos sociales y ambientales en nuestro país”, señala Díaz.

Durante el mes de julio, trabajadores y estudiantes se han echado a la calle para pedir la derogación de esta nueva normativa. El 13 de julio se llevó a cabo una huelga general que tuvo un gran seguimiento en todos los sectores. Según la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, integrada por diversas organizaciones sindicales y sociales, “la huelga fue un éxito en sectores como la construcción, donde paró el 95% de los trabajadores, el 80% de los maestros pararon y en la universidad se alcanzó el 95%. Organizaciones sindicales han denunciado la violencia con la que reaccionaron los antidisturbios, los centenares de manifestantes detenidos durante la jornada de lucha y los arrestos posteriores.

Seis muertos en las protestas

Las primeras movilizaciones contra el derecho de huelga se llevaron a cabo en la región bananera de Bocas del Toro, zona fronteriza con Costa Rica. Allí las manifestaciones han dejado un saldo de seis muertos. Los trabajadores del banano apoyaron la huelga general con una marcha, a pesar de la decisión de suspender el paro de nueve días, que habían mantenido, y que tuvo a toda la provincia incomunicada. “No fue una decisión fácil, pero hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno. Van a postergar los artículos más polémicos de la ley” dijo un representante sindical. El actual movimiento contra la Ley 30, que agrupa a trabajadores de diferentes sectores industriales, estudiantes, campesinos e indígenas (como el pueblo Naso, con tradición en la resistencia contra las multinacionales), cuenta con una fuerza que no se había visto desde hace muchos años en Panamá.

Sin oposición parlamentaria

Ricardo Martinelli, de la conservadora Alianza por el Cambio, llegó al poder tras las últimas elecciones generales de mayo de 2009. Arrasó entre el electorado (70% de los votos) con la promesa de liderar el país “como un supermercado”. Martinelli es un multimillonario, dueño de una cadena de supermercados. Mientras, la izquierda no cuenta con propuestas, como tampoco las tiene la ex candidata del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, que no tiene una posición izquierdista, exiliada en el extranjero. Por su parte, el anterior presidente, Martín Torrijos, del mismo partido, hijo del dictador Omar Torrijos, está envuelto en numerosos escándalos de corrupción. La situación social en Panamá es una bomba a punto de estallar. Martinelli lo sabía desde el principio y, por eso intentó desviar la atención con un discurso de mano dura contra los pequeños ladrones y a favor de la criminalización de organizaciones sociales. “Martinelli es el Fujimori de Panamá”, dice Díaz de Frenadeso. El presidente nunca se ha desmarcado de sus ideas. Su primera visita oficial como jefe de Estado fue a Italia para reunirse con Silvio Berlusconi y con el Papa. Se dice que entre sus ministros se encuentran varios miembros del Opus Dei, como el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, que elogió el “comportamiento sensato” del ejército hondureño durante el golpe en junio 2009.

Durante la manifestación, la represión de la policía y los antidisturbios en la calle ha sido desmesurada. De momento, la única razón por la que todavía no ha salido el ejército en defensa de la oligarquía es que Panamá tuvo que disolver sus fuerzas armadas cuando EE UU les transfirió el canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999, como estaba previsto en el Tratado Torrijos-Carter de 1977. Por eso los gobiernos de este país, para afrontar una situación de “desorden público”, han apostado por la militarización de las fuerzas policiales (como se ha hecho en el país vecino Costa Rica que disolvió su ejército en 1948). Sin embargo, “la resistencia sigue a pesar de toda la opresión”, señala Silvestre Díaz. Entre los detenidos políticos de los últimos días se encuentran activistas de Frenadeso que no han participado en ninguna marcha. Según Díaz, la policía entró en sus casas arrestándoles con el pretexto de “participar en una reunión para paralizar el Canal de Panamá”.

Texto: Rebelión
Foto: todanoticia.com

lunes, 26 de julio de 2010

Renuncian el Viceministro y el Director de Medioambiente


El viceministro de Medioambiente Juan Pablo Ramos y el director de Medioambiente Yuri Beltrán presentaron renuncia irrevocable a sus cargos el viernes de la semana pasada, luego de que autoridades de gobierno intentaron obligarles a firmar una licencia ambiental para la construcción de una carretera en el Chapare de Cochabamba.

Ramos y Beltrán se negaron a firmar la licencia ambiental de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que pretende construir el gobierno por medio del Parque Nacional Isiboro Sécure creado por Decreto Ley 07401 de 22 de noviembre de 1965, y que adquirió la categoría “Territorio Indígena y Parque Nacional” por Decreto Supremo 22610 en septiembre de 1990.

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isoboro Sécure (TIPNIS) ha sido reconocido por el Estado como un asentamiento ancestral de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, en el que se ha demarcado una “línea roja” para evitar nuevas intervenciones y asentamientos humanos.

Sin embargo, contrariando las disposiciones proteccionistas en vigencia, los productores de coca del trópico cochabambino invaden paulatinamente el TIPNIS y ahora el gobierno de Evo Morales pretende construir una carretera que atraviesa el corazón de ese territorio indígena.

En 2007 el área colonizada del TIPNIS alcanzó a 101 mil hectáreas, habitadas por 14 comunidades indígenas y 67 sindicatos cocaleros que se dedican a talar bosques para convertirlos en áreas de cultivo de coca.

En repetidas oportunidades, Ramos y Beltrán se negaron a firmar la licencia ambiental de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos porque la construcción de esa vía desintegraría el territorio indígena y el Área Protegida.

Texto: Bolpress
Foto: Los Tiempos

domingo, 25 de julio de 2010

Ponto de Luz - Sara Tavares

Con las gafas de la Soberanía Alimentaria


Gustavo Duch Guillot

El desarrollo surge del crecimiento económico. Los transgénicos llegan para erradicar el hambre en el mundo. Los atuneros españoles en Somalia requieren de todo nuestro apoyo. La pequeña agricultura española vive sin trabajar gracias a los subsidios públicos. Las grandes superficies nos facilitan las compras además de ofrecernos precios muy ventajosos. El cambio climático lo resolveremos con mejor tecnología. La internacionalización de las empresas españolas las convierte en agentes de desarrollo y crean riqueza allí donde desembarcan. Los países africanos no son capaces de aprovechar sus recursos naturales. La acuicultura ofrece una alternativa al agotamiento de los recursos pesqueros. La seguridad alimentaria de nuestro país se garantiza con las producciones del Sur. La agricultura ecológica es poco productiva y costosa. Los agrocombustibles no son responsables del aumento de los alimentos. La reforma agraria es una lucha obsoleta, del pasado…. Que no, que no me lo trago.

Informaciones como estas, que nos encontramos a diario presentadas como verdades absolutas, sin rendijas, tienen todas un propósito: consolidar una racionalidad que justifique el expolio y dominio que un centro global hace de las periferias y de la Madre Naturaleza, para poder seguir reproduciendo una forma de vida capitalista. Por eso me gusta recomendar, aprendiendo la fórmula propuesta por los movimientos feministas, que analicemos las cuestiones relacionadas con la agricultura colocándonos las gafas de la Soberanía Alimentaria.

Si la Soberanía Alimentaria se entiende como «el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos», vemos con sus gafas, un paisaje diferente:

Somalia tiene derecho y prioridad en el acceso a los recursos pesqueros de su región; la revolución verde con su química, y ahora con los transgénicos, se apropia del conocimiento común y colectivo de las mentes campesinas; las corporaciones en el trono del Sistema Agrario Global sólo entienden de beneficios económicos y nada saben del acto de cultivar y proveer alimentos; el cambio climático es un antiguo problema (con mucha responsabilidad en la agricultura industrial) que no lo puede resolver nuevas tecnologías; el acceso a la tierra es la base de las desigualdades en el campo (acentuado hoy día con la especulación que sobre la tierra cultivable se está dando); la internacionalización de las empresas es en realidad una deslocalización en busca de rebajar sus costes laborales y al encuentro de medidas medioambientales más permisivas; la agricultura campesina o ecológica, la agroecología, es capaz de alimentar al Planeta a la vez que lo enfría; la acuicultura está diseñada casi exclusivamente para disponer de productos interesantes para la exportación, es decir, de nuevo para nutrir al saciado centro global…

Que sí, que con estas gafas, descubrimos un cúmulo de atropellos e injusticias a la vez que nos presentan opciones posibles para reinventar, recuperando sabidurías pasadas, un nuevo modelo de alimentación.

Texto: Rebelión
Foto: enfocblog.blogspot.com

La alternativa al desarrollo


Raúl Prada Alcoreza

La ilusión desarrollista.- Tomemos ilusión no sólo como ficción, expectativa, apariencia, sino también como illusio, como interés, como creencia fundamental en el interés del juego y el valor compartido; la lógica específica de un campo se funda en la mentalidad que aparece en forma de habitus específico que también podríamos llamar sentido del juego, al que por lo común se designa como espíritu o como un sentido implícito[1]. Por lo tanto ilusión como ficción, pero también como mentalidad; desde esta perspectiva trataremos de analizar la ilusión desarrollista.

Es ciertamente una ilusión creer que el desarrollo va llegar por la industrialización, peor aún con la llegada de capitales financieros, que es lo mismo que reducir el desarrollo a la industrialización, reducción que tiene que comprenderse también en el ámbito del sentido, en el espacio de configuración, de lo que quiere decir desarrollo. Es también una ilusión que el único camino que hay es el desarrollo, la transformación de las condiciones, no solamente el crecimiento económico, en clave moderna; es decir modernización de las instituciones, modernización de los medios de comunicación, de transporte, modernización de las costumbres y las conductas, modernización del consumo, modernización de los servicios. En otras palabras optar por la cultura moderna en todos los sentidos qué esto implica.

En una época, durante los siglos XVIII y XIX se entendido esto como ilustración, razón, racionalidad, ciencia, positivismo, pretendiendo que sólo hay una forma de madurez, el uso de la razón como autoridad, entendiendo que la única razón es el de la ilustración. Esto obviamente es una reducción, que durante el siglo XX ya fue insostenible, pues la misma ciencia, su desarrollo y ampliación, encontró distintas racionalidades, no sólo en lo que implican distintas lógicas inherentes a las epistemologías, ciencias, complejidades sociales, sino también en lo que respecta a los modos de pensar de distintas civilizaciones.

Particularmente interesan los estudios de Claude Léví-Strauss, sobre todo los cuatro tomos de Mitológicas[2], pues en ellos demuestra otras formas de racionalidad, otros modos de pensar, otras maneras de clasificar, de construir la cultura, su relación con la naturaleza, y la explicación de los orígenes del fuego, de las armas, de la comida, de la agricultura. Que todavía uno se encuentra con gente que cree que hay una sola forma de racionalidad, que la civilización posible es la modernidad, se debe a los anacronismos relativos a la persistencia de sentidos comunes anclados en los prejuicios correspondientes a la colonización y a la colonialidad, además de constituirse en sedimentos ideológicos positivistas y decimonónicos. Esto también es una ilusión, entendida como mentalidad, ideología de un campo.

Pero, ¿cuál campo es este? Creo que se trata de un campo donde habitan los funcionarios públicos, que son celosamente modernistas, los tecnócratas, los técnicos, las cooperaciones, los gobiernos y las organizaciones no-gubernamentales metidas en la promoción y a gestión del desarrollo. En este sentido la ilusión desarrollista es un habitus incorporado de un capo que es como una diáspora donde funcionan instituciones de influencia y decisión en las políticas públicas. Es un campo que conecta instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales. El habitus de este campo supone un espacio técnico y político donde las reglas del juego se establecen de acuerdo al logro de indicadores, metas y objetivos que valorizan el desarrollo.

Una de las características de esta mentalidad tiene que ver con la creencia en la industrialización como medio primordial del desarrollo, también con la extensión de esta creencia a que el desarrollo es el la columna vertebral de la modernidad y que la modernidad es la arquitectura de la civilización mundial. Ciertamente, visto desde la perspectiva de la crítica de la ideología, esto no es otra cosa que la formación discursiva legitimadora de la dominación del imperio, del centro de acumulación del sistema-mundo capitalista sobre la periferia, entendida como reserva de recursos naturales y de mano de obra barata y explotable. Pero también hay que evaluar esta creencia desde la masa de sus comportamientos y conductas; se trata de un conjunto de normas, de procedimientos, de técnicas, de actitudes, de predisposiciones incorporadas y que se desenvuelven como prácticas configuradoras de las políticas, que ahora atraviesan no solo el espacio nacional, sino también regional, micro-regional y local, incidiendo también en los comportamientos locales, regionales y nacionales, además de incidir en el campo económico, en el campo social y en el campo cultural.

Esta mentalidad desarrollista delimita el dominio de su campo, discrimina otras maneras de pensar, otras racionalidades, no las acepta como razón ni racionalidad, descalifica otras alternativas al desarrollo, descalifica otros modos de producción, las expulsa al submundo de la irracionalidad, de la premodernidad, del precapitalismo; esta visión linealista expulsa la diferencia respecto del desarrollo, respecto de la industrialización y de la modernidad al espacio abominable de lo bárbaro y salvaje, espacio que ciertamente se requiere domesticar, disciplinar y civilizar.

Como se puede ver, se trata de un proyecto de poder, basado en la publicidad, la propaganda, la programática, la promoción del desarrollo, en lo que podemos llamar mercado técnica del desarrolla, que busca ganar más adeptos, que requiere incorporar a más gente, convencer a más grupos y obviamente más países en esta catarsis de la ilusión del desarrollo. Los resultados de estas políticas desarrollistas son diferenciales, dependen de los contextos nacionales, también de los periodos de los que estemos hablando, así mismo de los recursos naturales involucrados en este proceso de extracción-explotación-industrialización-comercialización, de su vínculo con los monopolios del mercado, el control de las trasnacionales y el dominio del capital financiero.

La articulación de estos procesos y de estas políticas económicas con todo el espacio económico nacional, con la diversificación de la economía, con su triangulación entre industria pesada, industria liviana y servicios, va depender también de distintas problemáticas específicas de los distintos países. Pero, lo cierto es que el desarrollo soñado, la ilusión plena desarrollista no llega, salvo parcialmente, fragmentado, de manera diferencial, dependiendo de las áreas, de los rubros, de las regiones, de la diferencia recurrente entre ciudad y campo.

La relación con los países llamados desarrollados, con los países llamados industrializados, no es solamente un problema cuantitativo, como de cuánto falta, sino también cualitativo, se trata de la relación estructural con estos países, de la diferencia estructural, de la condición dominante, hegemónica, de control que tienen de los circuitos financieros o de lo que identifica como los monopolios de los países centrales del sistema-mundo capitalista: el monopolio tecnológico, el monopolio de los flujos financieros, el monopolio del acceso a los recursos naturales, de una manera directa o indirecta, el monopolio de la comunicación y de los medios, y el monopolio militar, primordialmente en el terreno de los armamentos de destrucción masiva[3].

El desarrollismo es un habitus de un campo institucional, por lo tanto una mentalidad, una ideología, es también una formación discursiva, que supone sus conceptos, sus objetos y sus sujetos, así como es una retórica, un arte de convencimiento moderno, por lo tanto un conjunto de reglas, de procedimientos, de disposiciones en un espacio de correlación de fuerzas, impotente ante la estructura de poder de la economía y sistema-mundo capitalista. Lo único que puede hacer es replantear la modificación de la relación de los términos de intercambio y la variación en la relación cuantitativa entre centro y periferia, empero no puede trastrocar la estructura de poder mundial.

Para esto no se requiere de desarrollo ni de discurso desarrollista, de políticas desarrollistas, ni de industrialización, sino de algo que escapa al modelo desarrollista, esto es de una verdadera alternativa y alteración al desarrollo, a la modernidad, al orden mundial; esto significa potenciar las capacidades alternativas y alterativas, las otras lógicas, las otras racionalidades civilizatorias y culturales, potenciar, por ejemplo, en el contexto de la economía plural, la economía comunitaria, las formas comunitarias, las reciprocidades y complementariedades de estas formas que construyen lo común a partir de otro simbolismo, otros imaginarios, otras valoraciones, que no son las que conocemos relativas a la valorización del valor abstracto del tiempo socialmente necesario. Valorizaciones que van más allá del triángulo perverso de valor de uso, valor de cambio y signo. La simbolización alterativa a la racionalidad moderna, instrumental, cuantitativa, es una ruptura, un escape, una salida y un desplazamiento hacia un horizonte radicalmente diferente al constituido en base a la explotación de la fuerza de trabajo, de los recursos naturales, de la producción compulsiva para el mercado y del consumismo hedonista infinito. Las producciones de lo común, basadas en la productividad de la vida, son formas de construcción de vínculos y relaciones de cohesiones colectivas y sociales, basadas en las reciprocidades, complementariedades y armonizaciones entre comunidades y sociedades con la naturaleza.

Crítica de la ilusión desarrollista

Lo primero que habría que preguntarse si hay una razón desarrollista, si el desarrollismo no es mas bien un prejuicio, una ilusión, un espejismo, un querer imitar a otros, un querer ser como los otros. Hablando en términos mas concretos esto querría decir que de lo que se trata es seguir la huella de los países industrializados, en este sentido podríamos hablar de industrializaciones imitativas. Empero el tema no es tan simple de resolver, pues la misma condicionante del mercado internacional, sobre todo en lo que respecta a los términos de intercambio, como que inducen a los países no industrializados a industrializarse precisamente para mejorar los términos del intercambio entre centro y periferia de la economía-mundo capitalista.

Sin embargo, esta forma de escapar a un intercambio desigual y a lo que se denomina la dependencia terminó creando nuevas formas de diferenciación de las igualdades y soldando nuevas cadenas de la dependencia, en la medida que los países periféricos no dejaban de ser compradores, primero de manufacturas y luego de insumos para la industria, además de pagar los costos de la transferencia tecnológica, fuera de darse el caso de que los países desarrollados terminan entrando a un proceso que se llama de desindustrialización, cerrando industrias pesadas, como las metalúrgicas, y empresas de retorno diferido o largo plazo, traspasando estas industrias y maquinarias a las potencias industriales emergentes, tecnologías consideradas obsoletas, frente a las tecnologías de punta a las que apuestan los países centrales.

En otras palabras, los términos de intercambio desigual se dan en otras y reformadas condiciones que plasman nuevas distancias abismales entre centro y periferia, norte y sur. En las condiciones de la revolución científica y tecnológica no solamente las relaciones de intercambio sino también las mismas estructuras de las relaciones geopolíticas de la economía-mundo capitalista han sido trastrocadas y transformadas, nos movemos en un nuevo orden mundial, que otros consideran caos mundial. Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta las transformaciones en las relaciones internacionales y los desplazamientos en el sistema-mundo capitalista, debemos reconsiderar las significaciones de los conceptos de desarrollo y de la concepción desarrollista, a la luz de los que significan históricamente la revolución verde, la revolución industrial y la revolución científica-tecnológica.

Lasteorías del desarrollo buscan describir las condiciones socioeconómicas y las estructuras económicas necesarias para diseñar un recorrido progresista de desarrollo, comprendiendo al desarrollo humano, basado en el crecimiento económico sostenido. En lo que respecta al desarrollo económico, podemos mapear distintas corrientes: las desprendidas de la economía neoclásica, las derivadas de la teoría keynesiana del Estado regulador, las que siguen a un análisis económico marxista, que básicamente tiene una vocación productivista, las que plantean un reenfoque desde la perspectiva del desarrollo humano, y las que se deducen de la crítica anarquista.

La concepción desarrollista cuestiona la teoría clásica del comercio internacional, que supone el principio de las ventajas comparativas, comprendiendo mas bien la evidencia de los términos de intercambio desiguales y las transferencias de valor desde la periferia al centro del sistema-mundo capitalista, esto significa pensar que los términos de intercambio favorecen a los países industrializados y desfavorecen a los países enmarcados en modelos primario-exportadoras. Ahora bien, la revolución verde y la revolución industrial han quedado atrás, o por lo menos subordinadas, respecto a la emergente y vigente revolución científica-tecnológica, que comprende una nueva ruptura epistemológica, un nuevo paradigma en las ciencias, que inciden en las transformaciones tecnológicas, que nos llevan, entre otras cosas a la informatización de la producción y la virtualización del trabajo. Estos cambios también implican transformaciones en las estructuras financieras y en la extensión y profundización del dominio del capital financiero, lo que significa también una modificación en la composición del ciclo del capitalismo y en la administración de la crisis.

Ante esta ruptura epistemológica, el cambio de paradigma y las transformaciones tecnológicas, el concepto de desarrollo ha quedado demasiado estrecho y la concepción desarrollista ya no puede dar cuenta de los grandes desafíos y las grandes transformaciones dadas en el ámbito de las relaciones contemporáneas de la economía y el sistema mundo-capitalista. El concepto de desarrollo es limitado para dar cuenta de la necesidad de cambiar de modelo civilizatorio ante la crisis ecológica estructural, que enfrenta un compulsivo productivismo, un consumismo hedonista, con proyecciones infinitas, ante la evidencia de las riquezas naturales finitas, inmersa en una naturaleza también acotada. Ante este diagnóstico, la crítica al concepto desarrollo y a la concepción desarrollista se hace necesaria. Pero, también, como el concepto de desarrollo está asociado al concepto de modernidad, es menester también exponer una crítica de la modernidad.

Volviendo a la ilusión desarrollista, parece que este tema ha sido recurrente en las élites gobernantes de los países conquistados por Europa, aunque también en los no conquistados como el caso de Japón. Ciertamente se podría decir que el Japón despegó con su desarrollo en el marco de una combinación compleja de intervención estatal, aparato militar y mercado. Habría dos casos distintos de superación del desarrollo típicamente europeo, uno es el de la ex colonia inglesa de los Estados Unidos de América y el otro es el del archipiélago del Japón, que si bien no va a ser colonia europea opta por un proceso controlado de modernización y de occidentalización. Ese es la preocupación y el esmero de los emperadores; pasamos de un periodo identificado como de modernidad temprana (1573-1868) a los periodos propiamente modernos (1868-2010).

Este desarrollo particular se da en el recuadro de la monarquía y bajo una Constitución imperial; el ingreso forzado al liberalismo se da después de la segunda guerra mundial, con la derrota del Japón; una nueva Constitución e instituciones liberales, descartándose de su proyección económica y política, el militarismo y el expansionismo que había caracterizado el imperio nipón. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad histórica que han llevado a Estados Unidos de Norte América constituirse en una potencia hegemónica y dominante, encargada de conducir el ciclo del capitalismo contemporáneo? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad histórica que han llevado al Japón a desplegar un desarrollo capitalista con características propias, empujándolo incluso a intentar disputar la hegemonía mundial de la economía mundo capitalista? No podríamos entender ambos procesos sin comprender su relación concomitante con la revolución industrial inglesa.

El ciclo del capitalismo inglés se caracteriza por dos fenómenos que producen cambios estructurales en la composición del capitalismo; uno de ellos es la articulación indisoluble entre Estado y capital, el otro es el que tiene que ver con la revolución industrial, que trastoca las condiciones iniciales de la producción transformando la composición orgánica del capital y la estructura organizativa del capitalismo. No podríamos entender la evolución de la economía de los Estados de la Unión y del imperio nipón sino dentro de los contextos del sistema-mundo capitalista. Lo que se produce es el desplazamiento del centro de la economía capitalista desde Europa hacia el norte del nuevo continente y hacia el extremo oriente. ¿Pero cuáles son las condiciones que permiten este desplazamiento?

En primer lugar las sucesivas crisis del capitalismo europeo, pasamos del ciclo genovés al ciclo holandés y de éste al ciclo del capitalismo inglés. En segundo lugar el desgate europeo debido a las guerras entre las potencias imperialistas, el desenlace de estas guerras que deriva en la hegemonía y dominación norteamericana. En tercer lugar el plan Marshall y el plan MacArthur de reconstrucción de Europa y Japón como parte de la guerra fría, planes que consolidan la hegemonía norteamericana y el dominio del capital financiero yanqui. En este contexto de la postguerra y retrocediendo a ciertos antecedentes históricos, en los que está involucrada la unificación tardía de Alemania, podemos decir que, sin embargo, Alemania y Japón ya eran potencias industriales antes de la primera y segunda guerra mundial, empero la reconstrucción de la postguerra las convierte en Estados liberales desarmados y en avanzados modelos industriales, altamente competitivos en el nuevo orden mundial, aves fénix que nacen de las cenizas ¿Cómo llegaron a ser potencias industriales? En ambos casos el Estado jugó un papel importante, la promoción estatal de la industrialización estaba ligada al proyecto militarista y expansivo, en franco antagonismo con las otras potencias capitalistas, particularmente Gran Bretaña y Estados unidos de Norte América.

La mayoría de los países, sobre todo los que fueron colonizados, los llamados países de la periferia del capitalismo o mas bien del capitalismo periférico vivieron desenlaces distintos, que tienen que ver con la división del trabajo a nivel internacional, con la división del mercado mundial, con las diferenciaciones del comercio internacional, con la división entre centro y periferia, norte y sur, en la geografía y geopolítica de la economía-mundo y del sistema mundo capitalista. Todas estas diferenciaciones del capitalismo, de los capitalismos, en plural, de las formas del capitalismo tienen que ver con la distinción entre acumulación originaria de capital y la acumulación ampliada de capital, distinción que establece que la periferia del sistema-mundo capitalista es el escenario de las condiciones de posibilidad reiterativas de la acumulación originaria del capital del centro del sistema-mundo capitalista.

Esto quiere decir que esta acumulación primitiva de capital es permanente y se realiza por procedimientos de despojamiento y violencia de las riquezas naturales, de la fuerza de trabajo de la periferia o migrante, reducida a formas de explotación que desechan los derechos de los trabajadores y los derechos sociales, este mecanismo del despojamiento también tiene que ver con la privatización de las empresas públicas y del ahorro de los trabajadores, también con la privatización de los fondos de pensión, del seguro social, de la salud y la educación. Se trata de un despojamiento constante y continuo de las posesiones, propiedades, riquezas, valores y derechos públicos, sociales y comunitarios en aras de la administración de la crisis del capitalismo.

Estas divisiones geográficas y geopolíticas de la economía mundo-capitalista, estas fronteras, no son inamovibles, al contrario son flexibles y modificables, cambian dinámicamente de acuerdo a las formas plurales de desarrollo de los capitalismos centrales y periféricos. Por ejemplo, la Unión Soviético y la República Popular China modificaron la división y las fronteras geopolíticas al desplegar formas intensivas, forzadas y militarizadas de revolución industrial. Se puede interpretar que estos socialismos fueron estrategias y medios no solamente de igualación, de socialización y de democracia directa, por lo menos a un principio, sino también fueron planificaciones para cumplir las metas de la huella dejada por la revolución industrial inglesa.

Desde esta perspectiva, haciendo el recuento, estos llamados socialismos realmente existentes se habrían movido en un mismo paradigma de desarrollo industrialista, incluso en un mismo concepto de desarrollo basado en la transformación de las condiciones iniciales de producción. Los países latinoamericanos también se embarcaron en el proyecto de cumplir las metas de la revolución industrial con el objetivo enunciativo de salir de la dependencia y con el objetivo pragmático de sustitución de las importaciones. Comparando con la repetición de la revolución industrial socialista, la revolución industrial nacionalista fue mas bien inconclusa, a medias y fragmentada; sin embargo, también modificaron las fronteras y la geografía política, disputando en el mercado mundial nuevos términos de relación de intercambio entre centro y periferia, norte y sur.

Obviamente tampoco el caso latinoamericano escapa del modelo de desarrollo industrialista y del concepto de desarrollo basado en la acumulación ampliada de capital. Recientemente, en la última etapa del siglo XX, los llamados tigres del Asía (Hong Kong,Singapur,Corea del SuryTaiwán) han saltado al escenario mundial como potencias industriales altamente competitivas, incorporando transformaciones tecnológicas actualizadas, basándose en la formación de los recursos humanos. Este caso impactante tampoco escapa del modelo desarrollo industrialista, mas bien lo reitera y repite en las condiciones de la industrialización avanzada del siglo XX, ingresando al mercado en condiciones competitivas. Los tigres del Asia también modifican las fronteras geopolíticas de la economía-mundo capitalista.

Sin embargo, lo que no hay que olvidar es que estas modificaciones tampoco dejan de quedar atrapadas en las estructuras, las redes y lus circuitos financieros, quedan bajo el control del dominio casi absoluto del capital financiero, sostenido por la gendarmería del imperio, que es la fabulosa gigantesca maquinaria tecnológico-mediático-militar de los Estados Unidos de América. Siguiendo este decurso en la historia reciente, por último, la segunda revolución industrial de la República Popular de China, su salto tecnológico, su apertura al mercado mundial y la incorporación de las renovadas formas de capitalismo, de empresas, de formas administrativas y de circuitos comerciales, vuelve a transformar el mapa geopolítico del sistema-mundo capitalista. En este caso por el peso y la densidad de la economía china en la economía mundial, su inserción en los flujos financieros mundial, siendo además una potencia militar y miembro del grupo de seguridad de naciones unidas, afecta no solamente las condiciones geográficas y geopolíticas del sistema mundo-capitalista sino que llega a plantear la posibilidad de abrir un nuevo ciclo del capitalismo con las trasformaciones estructurales correspondientes. Sin embargo, esta incidencia gigantesca de China en la dinámica económica mundial no desplaza el modelo de desarrollo industrialista, mas bien lo profundiza y lo extiende exacerbando las características problemáticas de este paradigma económico y remarcando las contradicciones propias del modo de producción capitalista, incluso su supeditación al dominio sin hegemonía del capitalismo norteamericano.

La incorporación del Alto Perú a la economía mundo capitalista concurrió en la Colonia y mediante la explotación y circulación de la plata, sobre la base de la esclavización y servidumbre de fuerza de trabajo nativa, forzada por medio del mecanismo de la mita y de los repartimientos, que tenían como matriz de sometimiento la institución colonial de la encomienda. Como se puede ver las instituciones, las normas y procedimientos coloniales sirvieron desde un principio como mecanismo de subsunción formal del trabajo al capital. Más tarde, después de la guerra de independencia, la modernidad y el desarrollo no aparecen sino como parafernalia de las formas aparentes republicanas. En el periodo del ciclo de la plata, en la forma incipiente de capitalismo de enclave, se introduce el medio del transporte del ferrocarril para trasladar minerales. En el ciclo del estaño se establecen relaciones de producción capitalistas al terminar de convertir a la fuerza de trabajo mitaya en obreros, ampliándose la base material y la organización de una forma de capitalismo dependiente.

La ilusión desarrollista en Bolivia llega con los nacionalistas, quienes, después de la Guerra del Chaco, sueñan con la formación de la nación, la construcción del Estado y la recuperación de los recursos naturales. El gran experimento nacionalista se da después de la Revolución Nacional de 1952, cuando a través de cuatro medidas fundadoras (nacionalización de las minas, reforma agraria, voto universal y reforma educativa) se va intentar la construcción del Estado-nación y la formación de una burguesía nacional. Sin embargo, la añorada revolución industrial va a quedar relegada debido a la postergación de las fundiciones y se va circunscribir mezquinamente al desplazamiento de la inversión en la formación de una burguesía agraria en el oriente del país. Se nacionalizan las minas, pero no se incursiona en la industria pesada; en la perspectiva del discurso del nacionalismo revolucionario, paradójicamente se concesionan áreas de exploración y explotación hidrocarburífera después de haberse nacionalizado en 1934 estos recursos estratégicos. Se instalan algunas fábricas, como la fábrica de fósforos, pero estos dispersos emprendimientos no hacen un proyecto industrial ni modifican el modelo primario exportador. En resumen, haciendo el balance, la concepción desarrollista en el marco del discurso nacionalista no es más que un discurso legitimador de políticas públicas tibias y contradictorias, como reflejo opaco de lo que fue la Revolución Nacional de 1952.

Lo que viene después del golpe militar de 1964 se parece más a una grotesca caricatura de lo que fue el proyecto nacionalista, dentro de una atmosfera compartida de sentido común latinoamericano sobre la revolución industrial, la sustitución de importaciones, la modificación de los términos de intercambio. En esta prolongación morboso y perversa del Estado del 52, que en realidad es como su antítesis, hasta las mismas nacionalizaciones quedaron en suspenso. Todo esto quedó en la memoria de un nacimiento heroico y su prolongación contradictoria de los doce años que duró la revolución, terminando en un crepúsculo político infeliz que llamaremos, parafraseando a Sergio Almaráz Paz, el tiempo de las cosas pequeñas. En realidad los militares fueron obedientes al Pentágono y a la Casa Blanca, con ellos comenzó un lento y problemático proceso de desnacionalización, que terminó de culminarse fehacientemente más tarde, durante el periodo neoliberal de 1985-2005, bajo una concepción antiestatal y antinacional, bajo un discurso globalizador y privatizador, desprendido de cualquier proyecto industrialista. El periodo de las dictaduras militares fue un lapso de venganza por la derrota sufrida en la insurrección de abril de 1952, salvo lo que ocurrió durante el breve el interregno de resistencia y de acciones nacionalizadoras desesperadas de los gobiernos de los generales nacionalistas de Ovando y Torres.

Después del ciclo de movimientos sociales del 2000 al 2005, cuando se pone evidencia la crisis múltiple del Estado-nación y se demuele a la casta política neoliberal que gobernó el país en las dos décadas anteriores, nos vemos nuevamente ante el dilema de reavivar los fantasmas del desarrollo y la revolución industrial o encaminar el modelo económico por nuevas salidas, alumbradas por la Constitución Política del Estado. La constitucionalización de la economía plural se abre al reconocimiento de la pluralidad de formas de organizaciones económicas, sólo posibles de comprenderse desde el paradigma de la pluralidad, planteado también en la Constitución. Esto significa el reconocimiento de distintas estrategias y lógicas económicas, con lo que se rompe la pretensión insostenible de una absoluta omnipresencia lineal del desarrollo y la revolución industrial, quebrando también la pretensión universal de la modernidad, abriéndose mas bien a una heterogeneidad civilizatoria y cultural, además de heterogéneos recorridos alternativos al desarrollo y a la modernidad, proponiendo composiciones y combinaciones singulares entre revolución tecnológica, recuperación de tecnologías tradicionales, reconstitución de la economía comunitaria, desenvolvimiento de emprendimientos sociales, en el contexto jurídico-político donde el pueblo boliviano se convierte en el propietario absoluto de las riquezas naturales, convirtiéndose el Estado en un mero administrador.

Sin embargo, en esta transición, en este proceso, se concibe también un Estado interventor, un Estado regulador y un Estado encargado de promover un modelo productivo a través de la industrialización de los recursos naturales. Lo complejo del modelo económico de la Constitución Política del Estado es su proceso de transición transformadora, parte de una economía plural, atraviesa la transición a un modelo productivo mediante la intervención del Estado, apunta a un horizonte definido como economía social comunitaria, donde hay que potenciar la economía comunitaria como alternativa; por otra parte, el modelo no colcluye ahí, pues avanza a códigos que trascienden el economicismo desplazándose a una concepción ecológica, proponiendo un modelo ecológico que va más allá de la economía social y comunitaria. El modelo ecológico se articula plenamente con el modelo civilizatorio y cultural de vivir bien. Haciendo esta lectura, bajo esta interpretación, se puede decir que el horizonte abierto por la Constitución trasciende los límites del paradigma desarrollista-industrialista, proponiendo un más allá de la modernidad, un modelo civilizatorio integrador e inclusivo de heterogéneas formaciones económicas, que apuntan a la recuperación de lo común, del intelecto general, de los saberes colectivos, del trabajo colectivo, de los valores simbólicos de los productos sociales, restituyendo las reciprocidades y complementariedades.

La transición a la economía social y comunitaria. ¿Qué es la economía social y comunitaria?

Una de las más interesantes discusiones se ha generado a propósito del nuevo modelo económico propuesto por la Constitución Política del Estado. Esta propuesta reconoce una economía plural, orientada a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. Se dice que la economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica según los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. Pero, también se dice que la economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. Por lo tanto, se entiende que la economía plural se concibe como economía social y comunitaria. Este es el sentido, si se quiere la direccionalidad de la articulación de las distintas formas de organización en el contexto de la economía plural. Se trata descriptivamente de una economía plural y se comprende que el contenido, el sentido, la direccionalidad de esta formación económica es la economía social y comunitaria.

Lo importante es saber qué se potencia con el crecimiento y desarrollo de la economía plural. Pero, qué quiere decir, cómo se entiende, una economía social y comunitaria. Se sobreentiende que esto comprende no sólo a las redes de relaciones que cruzan y atraviesan el campo económico, la economía pensada como relación, sino también que la perspectiva económica es social y no sólo la inclinación de la ganancia por la ganancia, el crecimiento por el crecimiento, el desarrollo por el desarrollo y la producción por la producción. No se trata de mantenerse en la lógica económica capitalista sino de crear líneas de fuga respecto a esta lógica perversa, a este círculo vicioso de valorización del capital. No sólo se trata de rescatar el valor de uso, la cualidad del valor de uso, pues puede ocurrir que el valor de uso sea la otra cara del valor de cambio, la cara material, sino de rescatar en el consumo la reproducción social, como una reproducción ampliada de la vida. No nos olvidemos que en el nuevo Estado plurinacional el Estado se convierte en instrumento de la sociedad, la sociedad es recuperada, reivindicada como acontecimiento histórico y cultural.

La perspectiva social de la economía implica el objetivo de la satisfacción de las necesidades, la seguridad alimentaria, pero también las otras necesidades básicas y culturales. Todo esto significa la reapropiación social del excedente, replanteando en forma plural, las formas de propiedad. La perspectiva social de la economía convierte a la economía en instrumento de la sociedad, la sociedad deja de ser un rehén en la economía. Esta preponderancia social de la economía recupera el principio y el fin, si podemos seguir hablando así, la matriz social de toda economía, de la producción, distribución, intercambio y consumo. A esto se llamaba antes socialización. No se trata sólo de volver a discutir la posibilidad de la socialización de los medios de producción, tampoco la socialización de las grandes formas de propiedad privada, sino de desencadenar en el contexto de la economía plural el carácter social de la producción. No nos olvidemos que la producción es cooperativa, es social, que el intelecto general es social, que, en cambio, las formas de apropiación privada desvirtúan este proceso social circunscribiéndola a una apropiación privada del excedente. En otra perspectiva la apropiación social del excedente significa una reproducción ampliada de la sociedad. Esto entona con el principio y fin de la Constitución, el suma qamaña, el vivir bien, en armonía con la comunidad y la naturaleza.

¿Qué significa lo comunitario en la economía social y comunitaria? En la Constitución política del Estado se dice que el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Para aclarar que quiere decir esto establece que, la forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originarios y campesinos. Esto tiene que ver directamente con el artículo dos de la Constitución, donde se establece que, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. También tiene que ver con los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, constitucionalizados. La forma de organización comunitaria comprende variadas y diversas formas comunitarias, sin embargo, esta pluralidad se asienta sobre la base de matrices de redes de relaciones colectivas, que tienen como núcleo las relaciones de parentesco y las alianzas territoriales. La forma comunidad se opone a la forma valor, desarrollada por el capitalismo, en los sucesivos ciclos históricos del capitalismo. La forma comunidad no sólo rescata el valor de uso de la hegemonía del valor de cambio, sino también recupera profundamente la función del consumo comunitario. No solo se trata de una producción colectiva, de una distribución colectiva, de una circulación simbólica, cultural y colectiva, sino también de una restitución del carácter comunitario de las instituciones culturales y de la irradiación de lo comunitario en la sociedad y en el Estado. La forma comunidad apunta a la superación de las crisis del capitalismo y la modernidad, además de la superación de sus contradicciones. Ciertamente lo comunitario pone en escena la complementariedad y reciprocidad, además de la redistribución y la dualidad de los procesos inherentes a la producción, reproducción y consumos materiales y simbólicos, el desarrollo de la institucionalidad cultural y política de la gestión comunitaria, ambiental y territorial. Pero también lo comunitario implica la constitución de nuevas subjetividades colectivas y de nuevos sujetos sociales, donde el horizonte de la comunidad se repliega en la intimidad y en la interioridad misma de la experiencia y expresión social.

Podemos decir que en esta relación entre lo social y comunitario, que en la articulación de la economía plural, por lo tanto en la transición hacia la economía social y comunitaria, el Estado juega un papel fundamental. En la economía plural el Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación. El Estado se mueve ahora en un contexto donde los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano, sin embargo serán administrados por el mismo Estado. Esta forma política respeta y garantiza la propiedad individual y colectiva sobre la tierra. El Estado participa en la industrialización de los recursos naturales, con el objeto de superar la dependencia en la exportación de las materias primas y lograr una economía de base productiva, en el marco del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza. Así mismo, el Estado intervendrá en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando preservar el abastecimiento. Está descontado que, en el marco de la economía plural, el Estado respeta la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica, pero también fomentará y promocionará el área comunitaria de la economía como alternativa solidaria tanto en el ámbito rural como urbano. Se puede entonces entender al Estado, en todo este proceso integral, dinámico, holista, ecológico, sustentable social y comunitario, como un instrumento que ayuda a transitar revolucionariamente la transición. Se trata de revolucionar la estructura económica, la estructura social, la estructura cultural, la estructura institucional. Se trata de crear las condiciones de un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, las condiciones de posibilidad de la economía social y comunitaria como alternativa al desarrollo, a la modernidad y al capitalismo.

¿Qué es el Estado? Es una red de relaciones, es un conjunto de engranajes, de procedimientos y de normas, es un mapa de instituciones, es una genealogía de una multiplicidad de formas de la gubernamentalidad. El Estado se ha transformado, desde su condición de Estado policía a una condición de Estado conformado por una economía política. En esta situación ha vivido una deformación, el mercado y la competencia se han convertido en la matriz que orienta sus acciones. El Estado interviene para promover y motivar la competencia y, lo que es peor, para acrecentar las arcas de las elites dominantes. En contraposición a esta historia del Estado, se posesiona una transición donde se busca que la máquina estatal sirva como un instrumento de transformación de las multitudes, un instrumento deconstructor de su propio aparataje, de la propia maquinaria liberal y colonial. Se propone un Estado que cree las condiciones de posibilidad para el desarrollo de una sociedad libre y comunitaria, autodeterminante y autogestionaria, sustentable y en armonía con la naturaleza. Se trata de un Estado en tránsito y en transición en un proceso que lo lleva a su propia desaparición.

Modelo económico social y comunitario

En la Constitución Política del Estado tenemos por lo menos tres modelos organizacionales: Un modelo de Estado, un modelo territorial, vinculado a las cuatro formas de autonomía, y un modelo económico. Es indispensable discutir la articulación y coherencia entre los tres modelos, puesto que esta articulación y su consistencia hacen a la composición misma del marco constitucional. Esta tarea quedará pendiente; por razones del desarrollo del análisis entre Estado y sociedad, que ha tenido que ver con la discusión de la inserción de la formación económico-social boliviana en la economía-mundo capitalista, vamos a desarrollar primero el análisis del modelo económico, para abordar después los otros modelos y sobre todo la evaluación de su articulación.

La cuarta parte de la Constitución Política del Estado, Estructura y organización económica del Estado, está dividida en tres títulos: Organización económica del Estado; medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio; y desarrollo rural integral sustentable. Podemos decir entonces como que hay un modelo restringido económico, que se refiere estrictamente a la organización económica del Estado, y un modelo económico ampliado, que integra a la estructura y organización económica también al medio ambiente, tierra y territorio, además del desarrollo rural integral sustentable. Esto quiere decir que, una concepción amplia del modelo económico comprende a los recursos naturales, tierra y territorio, que pueden considerarse como condiciones de posibilidad transhistórcas de la formación económica. De la misma manera, una concepción amplia del modelo económico contiene un proyecto de desarrollo rural integral sustentable. En el caso de los recursos naturales, tierra y territorio, podemos decir que no sólo se trata de las condiciones de posibilidad, sino también de sus alcances y límites, puesto que se trata de recursos finitos, aunque sean renovables o no renovables. En el caso del desarrollo rural integral sustentable, se trata de una concepción de desarrollo armónico, en la perspectiva de preservar el equilibrio ecológico, en beneficio de las futuras generaciones y del planeta. Desde esta perspectiva, se puede decir que todo el modelo económico está afectado por este carácter integral y sustentable, por las condiciones, alcances y límites de los recursos naturales, tierra y territorio. Esta perspectiva se interpreta claramente cuando se lo hace desde los horizontes del suma qamaña, del vivir bien, en armonía con la comunidad y la naturaleza. Podemos interpretar entonces que el modelo económico está direccionado a la armonía con la comunidad y la naturaleza, al vivir bien. El modelo económico tiene que producir esto, armonía, vivir bien, equilibrio ecológico, en pleno sentido de la palabra, equilibrio biológico, equilibrio social y equilibrio psíquico. La economía habría vuelto a su sentido inicial, al oikos, a la ecología. Ciertamente, leído de esta forma, el modelo económico se propone como una alternativa al capitalismo. No vamos a discutir aquí la viabilidad de este proyecto, tampoco las condiciones de su viabilidad. Esto forma parte de todo el análisis de la relación histórica entre Estado y sociedad. Lo que interesa por el momento es interpretar el modelo, tal como se encuentra en la Constitución Política del Estado.

Ahora bien, nos detendremos en el análisis del primer título, de la organización económica del Estado, es decir, de lo que hemos llamado el modelo económico restringido. Este título comprende cuatro capítulos: disposiciones generales; función del Estado en la economía; políticas económicas, y como secciones de estas políticas, tenemos política fiscal, política monetaria, política financiera, políticas sectoriales; y como último capítulo tenemos bienes y recursos del Estado y su distribución. En las disposiciones generales nos encontramos con las características del modelo económico restringido. Se trata de una economía plural, que se concibe como economía social y comunitaria, destinada a mejorar la calidad de vida y al vivir bien de las bolivianas y los bolivianos. En su sentido específico entonces el modelo económico está destinado al vivir bien. ¿Cómo se logra esto?

Es indispensable entender que esta organización económica aplica los principios de complementariedad, reciprocidad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. Ahora bien, en qué contexto se aplican estos principios. En la articulación de las formas de organización económicas comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. ¿De qué modo se articulan? Aquí el Estado juega un papel primordial. El Estado reconoce, respeta y promueve la economía comunitaria; el Estado reconoce, respeta y protege la economía privada; el Estado reconoce y protege las cooperativas. El Estado mismo tiene una forma de organización económica propia: Administra la propiedad de los bolivianos sobre los recursos naturales, administra los servicios básicos, produce bienes y servicios, promueve la democracia económica y la seguridad alimentaria, garantiza la participación y el control social. En la economía plural, que es en realidad la economía social y comunitaria, el Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación, además de que podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos. En este contexto, la economía plural está encargada de la industrialización de los recursos naturales. La economía social y comunitaria debe eliminar la pobreza, a exclusión social y económica, generando el producto social, logrando la producción, distribución y redistribución justa de la riqueza, así como la reducción de las desigualdades sociales y regionales.

¿Es un modelo socialista? ¿Es un modelo comunitario? No parece ser un modelo socialista al estilo de los países donde instauró el llamado socialismo realmente existente, de la Europa oriental, como el caso de la Unión Soviética y los países ocupados por el ejército rojo, tampoco al estilo de Asia, como el caso de China, Corea del Norte y Vietnam, del mismo modo no ocurre lo de América Latina, como el caso de Cuba, y hay muchas diferencias con África, como en el caso de Angola. ¿Es un socialismo del siglo XXI? Aquí, lo importante es definir qué se entiende por socialismo del siglo XXI, cuáles son las diferencias entre el llamado socialismo real y el socialismo del siglo XXI, y si se puede llamar éste socialismo. En todo caso hay diferencias con lo que ocurre en Venezuela. No nos olvidemos que en un sentido amplio se habló también de socialismo Europeo cuando se hace referencia a las políticas públicas de la socialdemocracia; este es el caso del modelo del Estado de bienestar, que puede ser interpretado como la aplicación ampliada de políticas keynesianas. Podemos inferir entonces que el caso boliviano es único. Esto por sus peculiaridades, el tópico, el tema y el horizonte político que abren las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos lo hace singularmente distinto.

En el discurso ideológico y en los análisis sobre los movimientos sociales se habló sobre un proyecto cultural y civilizatorio alternativo. Puede ser, esto va a depender del desarrollo del proceso mismo, sobre todo de la forma como se resuelva la vinculación ineludible con el capitalismo en su inserción en la economía-mundo. Sin embargo, sin esperar estos resultados de desenlaces históricos, podemos ver que se trata de un modelo económico en transición. El devenir de la transición depende de cómo se definan y se apliquen las políticas públicas, cómo se conduzca la política, sobre todo económica, cómo se transite en la transición, es decir, cómo se produzca el desembarazo de los modelos heredados, relativos a la forma de capitalismo de desarrollo desigual y combinado, característica de las forma de dependencia desplegadas en la periferia de la economía-mundo capitalista.

Al respecto, podemos referirnos concretamente a los estilos de modernización de los tipos liberales y también a los perfiles de los estilos de modernización de lo que se llamó en América Latina el capitalismo de Estado. Haciendo un análisis retrospectivo y comparativo del presente, podemos decir que éste no es el proyecto de la Constitución, no se busca repetir la huella del pasado, la intención de la Constitución Política del Estado, del modelo económico de la constitución, es potenciar la economía comunitaria, desarrollar la economía social y comunitaria, comprendiendo las formas de emprendimiento social y las forma de comunidad actualizadas e inventadas por las nuevas comunidades, las llamadas sociedades políticas. El hecho constitucional que ahora sea el pueblo boliviano el propietario de los recursos naturales y el Estado un administrador, nos muestran variaciones en las condiciones de posibilidad del modelo económico.

Ahora bien, tampoco podemos olvidar que el Estado va a jugar un papel fundamental en esta transición. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiera decir en la práctica, lo que ocurra definitivamente va a depender de la transformación del Estado, de las transformaciones institucionales, de que sea otra clase de Estado, ya no el Estado-nación moderno; el desenlace depende entonces de la relación que se establezca entre estado y sociedad, de que realmente el Estado se convierta en un instrumento de la sociedad.

Notas: [1] Revisar de Pierre Bourdieu Meditaciones pascalianas. Barcelona 1999, Anagrama.
[2] Claude: Lévi-Strauss, Mitológicas. México, Siglo XXI.

[3] Samir Amin: Más allá del capitalismo senil. Buenos Aires 2003; Siglo XXI.
Texto: Bolpress
Foto: fundacioncedid.org

Suspenden la VII marcha indígena y el MST-B pide diálogo


Representantes de 34 pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía suspendieron la VII Marcha Indígena por la autonomía y el territorio en un ampliado celebrado hoy en la localidad de San Ramón, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz. En la víspera, los marchistas del Movimiento sin Tierra de Bolivia (MST-B) dejaron en suspenso el bloqueo de la carretera Santa Cruz - Cochabamba luego acordar con el viceministro de Tierras José Manuel Pinto la instalación de una mesa de diálogo.

Los indígenas de tierras bajas comenzaron a marchar hacia La Paz el 17 de junio desde Trinidad, reivindicando un pliego de 13 demandas puntuales, entre ellas el respeto a los derechos de consulta, la reversión de las concesiones forestales, el saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (TCOSs), financiamiento para 40 proyectos de desarrollo y el reconocimiento del derecho a la autonomía indígena originaria campesina. El 8 de julio, el MST-B inició en Santa Cruz la Segunda Marcha Nacional por la Reforma Agraria verdadera y el desarrollo integral comunitario.

Los indígenas de tierras bajas caminaron durante cuatro semanas sin lograr que el gobierno demuestre voluntad política para atender sus demandas, hasta que finalmente el diálogo se inició el 17 de julio y el 20 se firmó un pre acuerdo.

El gobierno se comprometió a brindar de inmediato un informe sobre los proyectos de desarrollo presentados por los indígenas al Fondo de Desarrollo para Pueblos indígenas y comunidades campesinas, y un proyecto de Decreto Supremo sobre la Consulta Previa e Informada. Sin embargo, las autoridades no cumplieron sus compromisos y la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemecia Achacollo ni siquiera asistió a la reunión programada para el 21 julio en la que supuestamente debía oficializar los proyectos que ya cuentan con resolución ministerial.

Continuaron las negociaciones el 22 de julio con los representantes del Ministerio de Autonomías Henry Balderomar y Freddy Siles, responsables de gestionar un acuerdo definitivo, pero los funcionarios plantearon nuevas objeciones a algunos puntos del preacuerdo ya acordado y firmado por la CIDOB y el gobierno el 15 de mayo.

Para demostrar su voluntad de diálogo, los indígenas cedieron y aceptaron no considerar compromisos ya acordados previamente. Luego el senador Adolfo Mendoza entregó a los marchistas el texto del acuerdo firmado por la ministra de Desarrollo Rural y por el ministro de Autonomías Carlos Romero, pero los manifestantes impugnaron a Romero por haber ofendido públicamente a los indígenas con mentiras.

Finalmente, los indígenas decidieron suspender la VII Marcha, parcialmente contentos por los logros obtenidos, como por ejemplo la incorporación plena de las autonomías indígenas a la Ley Marco de Autonomías, pese a que fue tildada de “inconstitucional” por el ministro Romero.

El miércoles, los marchistas del MST-B decidieron dejar en suspenso el bloqueo de la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba luego acordar con el viceministro de Tierras la instalación de una mesa de diálogo en las oficinas de la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz.

“Somos muy comprensibles y queremos demostrarle al gobierno, una vez más, nuestra intención de dialogar, pero la paciencia se acaba, por eso la vigilia seguirá hasta este jueves y si no se instala la mesa de diálogo bloquearemos la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba”, advirtieron los marchistas.

La marcha del MST-B exige la dotación colectiva de la tierra-territorio a los campesinos que la poseen de manera insuficiente; la implementación del programa de asentamientos humanos, la reversión de latifundios, la reducción de la carga animal de 5 a una hectárea por cabeza de ganado, Seguro Agrario Universal y una carta de derechos campesinos, entre otras demandas.


Texto: Bolpress
Foto: eldeber.com.bo

Kudelka reveló que Marinkovic financió fuga de los separatistas


EL CUÑADO DEL EX CÍVICO FUE ENVIADO A LA CÁRCEL DE SAN PEDRO

Branko Marinkovic, ex presidente del Comité pro Santa Cruz, planificó y financió la huida de algunos involucrados en la organización de las acciones separatistas que promovió de manera económica y logística desde la entidad cívica cruceña y La Torre.

La revelación surgió en la primera declaración informativa que prestó el 17 de marzo del presente año su cuñado y ex mano derecha, Juan Kudelka Zalles, ante el fiscal Marcelo Soza.

El ex colaborador de Marinkovic relató que el 26 de mayo de 2009 tuvo que salir del país por la presión de los abogados Nenad Matkovic y Víctor Peralta, quienes conocían que llegó a conocer a Eduardo Rózsa con el nombre de Germán y que le entregó dinero del ex cívico de manera directa.

De acuerdo con Kudelka, en esa fecha compró pasaje de Aerocon en el aeropuerto El Trompillo, cuyo avión partió cerca de las 14.00. Una hora después llegó a Puerto Suárez y tomó un taxi para trasladarse hasta Corumbá, Brasil, donde se hospedó en el hotel Gold Fish por recomendación de Mario Bruno. El ex titular del Comité Cívico, recordó, llegó a Corumbá con Bruno en una camioneta azul Toyota Tundra, dos horas después.

Los tres, aseveró, se quedaron dos días en el hospedaje y posteriormente Marinkovic les dijo que debían ir a Estados Unidos, porque Brasil no era seguro “para nosotros que estábamos seguidos por la justicia boliviana debido a la amistad entre los gobiernos”.

“Entonces tomamos un avión pagado por Branko para dirigirnos a Campo Grande, donde se quedó Mario Bruno y yo continúe hasta Sao Paolo, viajamos en la línea Triplex, recuerdo que ese tramo lo pagó Branko al cash. Luego yo tomo un avión de TAM Mercosur hasta Sao Paulo”, relató Kudelka.

El imputado dijo que en territorio brasileño compró su pasaje hacia Estados Unidos, donde mantuvo contacto telefónico en reiteradas ocasiones con Bruno, cuya tarea era mantenerlo en territorio norteamericano y evitar que se comunique con alguna persona de Bolivia.

La huida de la ex mano derecha de Marinkovic se produjo puesto que sus allegados sabían que llevó en tres oportunidades dinero del empresario a La Torre, dirigida por Luis Orlando Justiniano, y al mercenario Eduardo Rózsa Flores.

El testimonio de Kudelka sobre los envíos estableció que el ex cívico le dio los recursos económicos en sobres cerrados el 15 y el 29 de diciembre de 2008, y el 20 de enero de 2009 en las oficinas de IOL.

“No puedo precisar los montos porque eran sobres cerrados, estimo que eran entre 8 a 10 fajos de billetes, ya que Branko me decía que los sobres tenían dinero. Pero desconozco si eran bolivianos o dólares, y desconozco la denominación”, aseveró.

En su declaración establece, además, que se reunió en dos oportunidades con Rózsa, una el 20 de enero de 2009 en el hotel Asturias, donde le entregó de manera personal una parte del dinero enviado por intermedio de Luis Orlando Justiniano, y la otra el 7 de febrero, cuando le fue presentado de manera formal por Alejandro Melgar en el stand de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).

Finalmente, Kudelka recordó que Rózsa estaba con otras personas de origen extranjero, “las mismas que también asistían a reuniones en La Torre y el Comité Cívico”.

PARA TOMAR EN CUENTA

Juan Kudelka. Era el hombre de confianza de Branko Marinkovic y llevaba dinero del ex presidente cívico a Eduardo Rózsa Flores.

Huida. Marinkovic financió la salida del país de Kudelka y otros implicados en separatismo.

Rubén Costas. El entonces prefecto de Santa Cruz operaba a través de su hermano Pablo Humberto Costas en La Torre.

Dinero. Empresarios y políticos cruceños aportaron casi 10 millones de dólares para las actividades.

Costas operó mediante su hermano

El gobernador cruceño Rubén Costas participó en las actividades de La Torre por medio de su hermano Pablo Humberto, quien era el operador de las campañas opositoras al Gobierno.

La primera declaración informativa de Juan Kudelka estableció el vínculo cuando dio detalles de los lugares de funcionamiento y la estructura de mando del grupo de financiamiento de tareas separatistas camufladas como autonomistas.

El ex colaborador principal del que fuera presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, explicó en su testimonio que La Torre funcionó primero en la calle 7 de la zona Equipetrol de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que se convirtió en casa de campaña, y luego se cambió a la calle 4, detrás del colegio Alemán.

La organización –dijo– era manejada por Luis Orlando Justiniano y se presume que hubo un consejo directivo o supremo.

“La Torre era la estructura de la que se servía el Prefecto para sus diferentes campañas, todas opositoras al Gobierno actual, que eran operadas por su hermano ‘Beto’ Costas Aguilera”, aseveró Kudelka en una pregunta que le fue formulada por el fiscal Marcelo Soza.

La investigación del caso terrorismo estableció que el consejo supremo fue conformado por empresarios, personalidades y políticos cruceños, que en su momento dieron casi 10 millones de dólares para las tareas presuntamente vinculadas con el separatismo.

Texto y foto: Cambio

Indígenas califican de corrupta a la ABT y su Director lo admite


La Paz, 26 Jul (Erbol).- La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) calificó de corrupta a la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), aspecto que fue admitido por el director de esta entidad gubernamental, Cliver Rocha, quien anunció el inicio de un control social para cambiar la mala imagen de la institución.

En entrevista con la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol, el dirigente de la CIDOB, Lázaro Taco, señaló que los pueblos de tierras bajas viven del trabajo forestal, pero las autorizaciones para esta actividad son morosas, lo que genera corrupción y trámites ilegales al interior de la ABT.

“Si la minera es el sustento económico de las familias de tierras altas, lo mismo ocurre en tierras bajas, para los indígenas acá es lo forestal. Pero en varias oportunidades se han truncado la agilización de trámites para los pueblos indígenas, esa es la molestia, porque la gente vive de la madera y los demás no entienden”, aseveró.

Además cuestionó los horarios de atención. “Ayer no más hice una visita a la ABT, donde nos decían que para las visita el horario era de 11 a 12 de la mañana, deberían trabajar las 24 horas porque de gente que llega de las comunidades viene de lejos y para esperar en esos horarios no les conviene, eso provoca corrupción y la ilegalidad en los trámites, que dura de tres hasta un año”, señaló.

A raíz de esta situación, la dirigencia de la CIDOB pidió al gobierno controlar la Dirección de la ABT con el fin de normar el control y velar por los trámites transparentes en beneficio de los indígenas.

Texto y foto: ERBOL

Marcelo Quiroga Santa Cruz, el líder socialista aún desaparecido


Hugo Moldiz Mercado (La Epoca)

Hace treinta años Marcelo Quiroga Santa Cruz fue herido, detenido, torturado y desaparecido. Hoy, una ley promulgada por la Asamblea Legislativa Plurinacional lleva su nombre —que da una idea del líder socialista un poco reducida frente a la dimensión de lo que fue y por lo que luchó—, aunque un proyecto político en marcha materializa su inclaudicable lucha por la recuperación de los recursos naturales y presenta, todavía sin mucha precisión, el horizonte socialista por el que dio testimonio, teórico y práctico, durante toda su vida.

Si bien el general Luis García Meza y el coronel Luis Arce Gómez cumplen hoy una condena de treinta años, sin derecho a indulto, por los crímenes cometidos antes y después del golpe de 1980, lo que fue logrado tras un largo proceso judicial en la década de los 90, el proceso de cambio actual tiene el gran desafío: dar con los restos del político cochabambino y procesar a todos los autores intelectuales y materiales de su asesinato.

¿Quién era y de dónde procedía Marcelo Quiroga Santa Cruz? Como es de suponer, en una estructura económico-social caracterizada por el predominio de la minería y el latifundio, la familia Quiroga Santa Cruz era propietaria de estancias en el valle cochabambino, en las que, además de desarrollar la agricultura, criaba caballos de raza. Tal vez esto último explique la inclinación de Marcelo por el hipismo durante toda su vida.

Resta por investigar el carácter contradictorio de las relaciones sociales cultivadas por Marcelo Quiroga Santa Cruz durante la infancia y adolescencia. Una parte importante de su vida estudiantil la pasó en establecimientos fiscales y, al mismo tiempo, aumentaba sus conocimientos en su contacto con otros jóvenes de “gente bien”.

Tras egresar del Colegio Bolívar en 1949 y cursar estudios de derecho, filosofía y letras en la UMSA, Marcelo conoció a quien a la postre llegaría a ser su primera y única novia: María Cristina Trigo Viaña, con quien contrajo matrimonio en 1954. Producto de esto nacieron sus dos hijos: María Soledad y Pablo Rodrigo.

Además de un evidente y creciente interés por destacar en el estudio, en el manejo a profundidad de las escuelas filosóficas y de las corrientes literarias, Marcelo era un hombre que desde muy niño cultivó gustos refinados: fumaba en pipa y de cuando en cuando bebía en poca cantidad whisky y vodka. Disfrutaba de la música clásica y escribía guiones para ballet. Todavía muy joven entabló amistad con el famoso pintor boliviano Enrique Arnal, con quien se presume desarrolló aún más su interés por la pintura.

Un paso a la literatura

Ya casados, Marcelo y Cristina viajaron mucho por dentro y fuera del país. Encontrándose en el exterior, el que a la postre iba a convertirse en uno de los personajes más importantes del siglo XX en Bolivia, empezó a afinar sus tendencias literarias.

En 1957, tras varios meses de reflexión, comenzó a escribir “Los Deshabitados”, una novela caracterizada por una particular riqueza de diálogos impregnados de una cuestionadora e irrebatible profundidad filosófica. A pesar de que el ambiente en el cual se mueven los personajes es pueblerino, esta obra pone de manifiesto el carácter “provincial” del comportamiento de las élites dominantes del país.

Con la edición de esta novela y la entrevista concedida por el autor a Fernando Diez de Medina para una revista cultural especializada de la época, la intelectualidad boliviana recién comenzó a observar con sorpresa y curiosidad la irrupción de Marcelo Quiroga Santa Cruz. El tiempo demostró que no estaba equivocada: cinco años después, en 1962, obtuvo el premio William Faulkner a la mejor novela escrita desde la segunda guerra mundial en Bolivia. La distinción la recibió en los Estados Unidos junto a los escritores Gracialiano Ramos del Brasil, Miguel Angel Asturias de Guatemala, Augusto Roa Bastos del Paraguay, José María Arguedas del Perú y Juan Carlos Onetti del Uruguay.

También fue fundador y director del semanario “Pro Arte”, dedicado a las artes y letras (1952); del quincenario “Guión”, en 1952; aficionado a la cinematografía y escribió poesía con el seudónimo de Pablo Zarzal.

Sus primeros pasos políticos

Cuando el general René Barrientos captura el poder y, contrariamente a sus discursos de restaurar la revolución de 1952, da inicio a un proceso de mayor dependencia con los Estados Unidos, Marcelo Quiroga dirigía “El Sol”, una publicación tamaño tabloide (1964-65) desde la cual su fundador y sus colaboradores pusieron al desnudo la naturaleza represiva y antinacional del régimen.

En 1966, tras ingresar en su calidad de independiente a una entidad electoral denominada Comunidad Demócrata Cristiana —integrada por la Falange Socialista Boliviana (FSB) y varios independientes— Marcelo logra un escaño en la Cámara de Diputados por el departamento de Cochabamba.

A poco de llegar a esa tribuna parlamentaria se distanció notoriamente de esa coalición electoral. Para sorpresa de muchos y sin mayor fuerza que la propia, presentó una demanda de responsabilidades contra el general Barrientos por su política antinacional y entreguista. Este juicio, el único en la historia de Bolivia contra un presidente en ejercicio, le valió el odio y la persecución del régimen. Como represalia política fue marginado de la Cámara de Diputados y sometido a presiones de diversa naturaleza. Agentes de la seguridad estatal lo secuestraron con violencia del Palacio de Justicia y, horas después, fue confinado al campo de concentración de la nororiental zona de Alto Madidi.

Las presiones para obtener su libertad no dieron fruto. Tras permanecer deportado, fue luego encarcelado por varios meses en la cárcel de San Pedro de La Paz y liberado recién tras la muerte accidental del general Barrientos. El desafuero parlamentario solicitado por los diputados del régimen no dio resultado por la incongruencia de los argumentos y la sólida defensa de Héctor Borda Leaño y Wálter Vásquez Michel, sus dos leales amigos y compañeros de partido.

La nacionalización del petróleo

En septiembre de 1969 el general Alfredo Ovando Candia —personaje clave en la reorganización de las Fuerzas Armadas, desestructuradas con el triunfo de la revolución nacional— terminó con el mandato constitucional del abogado Luis Adolfo Siles, quien en su calidad de vicepresidente asumió la conducción del país a la muerte del general Barrientos.

Marcelo fue invitado a conformar el gabinete ministerial. Aceptó previa integración de los civiles José Luis Roca, Mariano Baptista Gumucio, José Ortiz Mercado, Alberto Bailey y Rolón Anaya.

Preocupado por el destino de los recursos naturales y desde la titularidad del Ministerio de Minas y Petróleo, este entonces nacionalista boliviano —comparado por muchos intelectuales latinoamericanos con otros nacionalistas de la talla de los generales Enrique Mosconi, de la Argentina, y Lazaro Cárdenas, de México—, propinó el 17 de octubre de 1969 un duro golpe a los intereses norteamericanos en la región con la nacionalización de la Gulf Oil Corp. Wálter Vásquez, su amigo y compañero, lo acompañó en la concepción y ejecución de esta medida que en la historia larga boliviana se registraría como posterior a la nacionalización del petróleo en la década de los 30 y anterior a la que hizo el presidente Evo Morales el 1 de mayo de 2006.

Este joven político boliviano, cuya decisión acaparó la atención dentro y fuera del país, no se amilanó con el virtual bloqueo que la transnacional petrolera orquestó en el exterior a la venta del petróleo boliviano, y acompañado de sus hombres de confianza se trasladó a varios países hasta asegurar la comercialización de este recurso natural.

Marcelo también aprobó desde su despacho la legalización de las actividades de la entonces poderosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), proscrita por el régimen de Barrientos. Eso le valió que el destacado dirigente minero Federico Escobar lo invitara a participar del Congreso Nacional Minero organizado en Siglo XX.

Poco antes de renunciar a su cargo y advertir la naturaleza contradictoria del régimen de Ovando Candia, preparó varias medidas en beneficio de la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y de los trabajadores del subsuelo, las cuales recién fueron ejecutadas en el gobierno del también militar nacionalista Juan José Torres. Destacan la reposición del 50 por ciento de los salarios que Barrientos disminuyó a los trabajadores mineros y la nacionalización de Mina Matilde.

De nacionalista a socialista

Una vez que el general Juan José Torres asumió la conducción del país, tras el fracaso de la intentona golpista orquestada por la embajada de los Estados Unidos en La Paz para revertir el proceso nacionalista iniciado por Ovando, el intelectual y político Marcelo Quiroga emprendió un camino de radicalidad mayor.

El ex ministro de Minas y Petróleo si bien respaldó las medidas progresistas adoptadas por Torres, tomó distancia de cualquier posibilidad de participar en un régimen nacionalista al que observaba como contradictorio.

Pero Quiroga Santa Cruz aprovechó al máximo el proceso de ascenso de las fuerzas populares y al cabo de varias jornadas de reflexión con intelectuales y dirigentes sindicales fundó el Partido Socialista el 21 de mayo de 1971. En este esfuerzo concurrieron FARO —una desprendimiento del PRIN de Juan Lechín encabezado por José María Palacios, Sinforoso Cabrera, Alberto Jara y Noel Vásquez—, el FLIN de Mario Miranda Pacheco y UNIR de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Héctor Borda y Wálter Vásquez.

El exilio

Tres meses después de fundar su partido, Bolivia era escenario de un golpe regresivo encabezado por el coronel Hugo Banzer Suárez y respaldado por los Estados Unidos, la dictadura del Brasil, la colonia alemana y la que Marcelo denominaba “la cosa nostra militar-empresarial”.

Fusil en mano formó parte de la resistencia y consolidada la asonada golpista salió al exilio el 29 de agosto de 1971. Primero se trasladó al Perú y luego a la Argentina, donde permaneció hasta 1974, para volver a emprender vuelo, con el fin de preservar su vida, hasta México.

En la Argentina combinó sus actividades de académico y político. Se reunía con otros políticos y dirigentes sindicales bolivianos también exilados y, por otra parte, impartía clases de Economía Política en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Cabe resaltar que en esta casa de estudios superiores, rectorada por el intelectual argentino Rodolfo Puygross, hasta ese año sólo dos extranjeros fueron invitados como catedráticos: Marcelo Quiroga y el consagrado penalista español Jiménez de Azúa.

En este país escribió en 1972 “El saqueo de Bolivia”, un ensayo que con dos ediciones en Argentina y una en Bolivia constituye una radiografía de la política anti-económica adoptada por el régimen de Banzer en su primer año de gobierno contra los intereses del país y los trabajadores. Tras afirmar que “la política económica que la dictadura impuso a los bolivianos no era de ella, por la misma razón que el gobierno instalado en Bolivia no es de Bolivia”, Quiroga señala en esta: “el 21 de agosto de 1971 llegaron primero los conspiradores, después los tanques, luego los ejecutivos de las empresas privadas monopólicas y, finalmente, el embajador norteamericano”.

En 1974, la Argentina estaba a punto de presenciar la caída del presidente Héctor Cámpora y el inicio de la dictadura de Perón. En ese panorama político, cuando Marcelo se dirigía a cobrar su último sueldo de la universidad argentina, un par de civiles —presumiblemente de la anticomunista Triple A— fracasó en su intento de asesinar al político boliviano. La ráfaga de metralleta impactó contra un automóvil que casualmente pasaba por la avenida Libertador. Quiroga Santa Cruz y Héctor Borda salvaron milagrosamente sus vidas.

Días después del atentado, junto a su familia se trasladó a México, donde además de dar cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y escribir para el prestigioso matutino “El Día” de ese país, continuó coordinando la resistencia a la dictadura.

Tres elecciones, notable ascenso

En 1977, un año antes de que una huelga de hambre lograra obligar al régimen a convocar a elecciones generales y decretar la amnistía, Quiroga Santa Cruz regresó clandestinamente a Bolivia para reasumir sus tareas políticas. En las elecciones de 1978, 1979 y 1980 participó como candidato presidencial por el PS-1. En las primeras obtuvo 30 mil votos, en las segundas 70 mil y en las últimas 120 mil. El crecimiento político de quien convocada abiertamente a construir el socialismo fuera de las reglas formales de juego era incuestionable.

Reacio a las componendas, en enero de 1980 renunció al mandato parlamentario debido a la complicidad que el Congreso Nacional asumió con los golpistas de la Masacre de Todos los Santos de noviembre de 1979.

En su condición de diputado electo en 1979 y reelegido en 1980, Quiroga Santa Cruz interpuso ante el Congreso Nacional una demanda de Juicio de Responsabilidades contra el ex dictador Hugo Banzer Suárez y sus colaboradores. Durante varios días, haciendo gala de su oratoria y resistiendo presiones, el líder socialista acusó al militar por los delitos cometidos contra la economía nacional y popular, la seguridad e integridad territoriales y los derechos humanos.

Su desaparición forzosa

En 1980, a poco de terminar su novela “Otra vez Marzo”, el proceso democrático fue nuevamente conculcado por la narcodictadura encabezada por los militares Luis García Meza y Luis Arce Gómez. El 17 de julio de ese año, cerca de las siete de la mañana, el país amanecía con las noticias de un alzamiento armado en la ciudad de Trinidad, encabezado por un grupo de militares que, a partir de ese día, constituirían uno de los regímenes que mayor relación llegaría a tener con el narcotráfico. Los golpistas justificaron sus acciones porque observaban “excesos” de la democracia y un vacío de poder producido por Lidia Gueiler, presidenta interina de la república.

Meses después se llegaría a saber que la rebelión de los militares en Trinidad representaba una maniobra distractiva para que militares y bandas de paramilitares tuvieran la vía expedita para tomar, a medio día de esa misma fecha, el Palacio de Gobierno y la sede de la Central Obrera Boliviana. En el primer lugar apresarían a Gueiler y la obligarían a renunciar.

En la sede de la COB, una vez enterados de los hechos, se llevó a cabo una reunión de urgencia del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) con el propósito de analizar la situación política del país y preparar las medidas de resistencia para abortar el proyecto golpista. Los planes de las organizaciones sindicales, políticas, derechos humanos y otras no prosperaron pues a poco antes de que las manecillas del reloj marquen las doce del día, bandas de paramilitares, encubiertas en ambulancias, penetraron al recinto sindical y, tras disparar unas ráfagas de ametralladora, detuvieron a todos quienes se encontraban en el lugar.

Al bajar las escalinatas, un paramilitar disparó sobre el cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el líder socialista que después sería salvajemente torturado y asesinado. Junto a él, también recibió un impacto de muerte el dirigente Carlos Flores Bedregal.

¿Cuál es la relación del golpe de Estado de 1980 y el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz con la “Operación Cóndor”?. De acuerdo a las investigaciones realizadas hasta el momento, existen cada vez menos dudas de que esta nueva interrupción del sistema democrático en Bolivia fue parte de la ofensiva de las fuerzas reaccionarias del continente y de los Estados Unidos, con el objetivo de impedir el avance de las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda.

El nuevo régimen militar encabezado por el general Luis García Meza, quien amenazaría a Quiroga Santa Cruz en marzo de ese año, y el coronel Luis Arce Gómez, contó con el asesoramiento y participación de los militares argentinos, y de connotadas paramilitares italianos y alemanes que también jugaron un papel de primera importancia en la “Operación Cóndor”. Estos son los casos del italiano Stephano delle Chiaie, cuyo paradero se desconoce; el alemán involucrado en el exterminio masivo de judíos en la II Guerra Mundial, Klaus Altmann (detenido en Bolivia y extraditado a Francia), y Joseph Menguele, otro criminal de guerra nazi muerto extrañamente en Argentina.

¿Quienes se beneficiaron con la muerte de Quiroga Santa Cruz?. En primer lugar, García Meza, quien el 21 de junio de 1980, declaró públicamente a la prensa: “Advierto por última vez que las Fuerzas Armadas de la Nación no permitirán un ataque más a cualquiera de sus miembros o a la propia institución tutelar de la patria, y los que reiteren en sus insultos se atendrán a sus graves consecuencias. No se puede tolerar más esos ataques, esos insultos a las Fuerzas Armadas, como es el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que sin saber nada se ocupa de la vida económica y organizativa de la institución armada. A ese señor, las Fuerzas Armadas sabrán ponerle en su lugar, y yo como hombre”.

La amenaza del general García Meza no era casual ni la primera. El 1 de marzo de ese mismo año, la Dirección Nacional del PS-1, denunció la existencia de un plan para asesinar a su Primer Secretario y en un comunicado público aseguraba que “cursa en su poder una información fidedigna originada en los mismos sectores que ya han resuelto la victimación de Quiroga Santa Cruz, como parte preparatoria de una conspiración sangrienta”.

No cabe duda de que Quiroga Santa Cruz ya tenía conocimiento de los preparativos de un golpe de Estado. En marzo de ese año, un grupo de paramilitares secuestraron y asesinaron, luego de una feroz tortura en el matadero municipal de Achachicala de La Paz, al sacerdote jesuita Luis Espinal, director del semanario Aquí.

En segundo lugar, Hugo Banzer Suárez, quien encabezó la dictadura de 1971-1978 como parte “de un proceso de militarización del poder en América Latina” y a quien el líder socialista puso en el banquillo de los acusados en 1979 a través de un juicio de responsabilidades por los delitos contra la economía nacional y popular; delitos contra la seguridad, soberanía e integridad nacionales y delitos contra los derechos humanos.

El juicio de responsabilidades fue interrumpido producto del golpe militar de 1980 y la mayor parte de la documentación y pruebas entregadas por Quiroga Santa Cruz al Congreso Nacional han desaparecido extrañamente.

Y, en tercer lugar, los Estados Unidos, pues el político boliviano, cuyos restos permanecen aún desaparecidos, desnudó los intereses del imperio en todo el continente al alertar, por vez primera, los preparativos de un proyecto de carácter internacional que luego sería oficializado mediante la organización de la “Operación Cóndor”, al mando de la dictadura de Pinochet desde el 11 de septiembre de 1973.

Así lo entiende también el Premio Nobel de La Paz de 1980, Adolfo Perez Esquivel, quien señala, a propósito del golpe de 1980, que “esta era una acción internacional de la represión. Cuando derrocan al gobierno de Lidia Gueiler en Bolivia, actuaron militares argentinos conjuntamente con las tropas bolivianas. Y esto responde a toda esa ‘Operación Cóndor’ que es el operativo del terror del Cono Sur y que después se extiende hacia Centroamérica”.

Treinta años han transcurrido desde su desaparición forzosa y los esfuerzos por dar con los restos de este político, escritor y académico han resultado inútiles. Hace más de una década el escritor argentino Juan Rulfo dijo: Nos quedamos sin Marcelo Quiroga Santa Cruz como también sin San Martín y sin Sucre”.

Bibliografía

“El saqueo de Bolivia”, Ediciones Puertas del Sol, Bolivia (1973)

“Acta de transacción con Gulf, análisis del Decreto de indemnización”, Bolivia (1970).

“Hablemos de los que Mueren”, Edición Tierra de Fuego, México 1984.

“El asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz”, edición clandestina del PS-1, (1981)

Perfil

Hijo de una aristocrática familia cochabambina, Marcelo Quiroga Santa Cruz nació en el granero de Bolivia un 13 de marzo de 1931. Su padre trabajó para Simón Patiño y fue ministro de Guerra del gobierno del presidente Daniel Salamanca. Marcelo fue ministro del gobierno del general Ovando y, en ese papel, firmó la histórica nacionalización de la Gulf. Fundó el Partido Socialista y fue un comprometido adversario del gobierno de Banzer, a quien le instauró juicio de responsabilidades con la llegada de la democracia. Fue asesinado el 17 de julio de 1980 por agentes paramilitares bajo las órdenes de Luis García Meza y Luis Arce Gómez.

Texto y foto: Visiones Alternativas
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