Orden y desorden mundiales

Frei Betto

El mundo en que vivimos está movido por relaciones internacionales en las que destacan estadistas, ministros, organismos supranacionales y sobre todo el capital. El flujo y reflujo del dinero determinan el destino de las naciones. Con frecuencia se olvida el protagonismo de los pueblos en el escenario mundial. Ellos son siempre las grandes víctimas.

En la fase monopolista del capital, entre los siglos 15 y 19, el orden mundial estaba dirigido por potencias coloniales como España, Inglaterra y Francia. Se calcula que, sólo en América Latina y el Caribe, la presencia colonial dejó un rastro de al menos 18 millones de indígenas muertos. Otras fuentes calculan 100 millones (Población originaria, 1500. Eric Toussaint: La Mundialización desde Cristóbal Colón hasta Vasco da Gama -http://www.forumdesalternatives.org).

En busca de mano de obra necesaria para la acumulación de capital se estima que cerca de 12 millones de africanos fueron secuestrados en sus tierras y esclavizados en el sur de los EE.UU., en el Caribe y en América Latina.

Los que sobrevivieron al genocidio colonial y se reprodujeron en el territorio americano asumieron el protagonismo de las luchas coloniales que propiciaron, a partir de 1810, la independencia de América Latina y el Caribe. Sin embargo no se constituyeron en beneficiarios de las luchas emancipatorias que implantaron en nuestro continente la república y la democracia, salvo algunos ensayos de poder popular, como sucedió en el Haití gobernado por antiguos esclavos; en el Paraguay anterior a la guerra promovida por la Triple Alianza; en Cuba a partir de 1959 y, ahora, en las Constituciones que incorporan los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, como sucede en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

En su fase imperialista el capitalismo, en su lucha por mercados, promovió dos guerras mundiales. La primera creó las condiciones para el ascenso del nazismo y del fascismo y llevó a los EE.UU. a la bancarrota en 1929. La segunda forzó la migración de 60 millones de personas y causó la muerte de 72 millones, el 2% de la población mundial de la época. A todo ello súmense los traumas físicos y sicológicos causados por las guerras, las secuelas de los campos de concentración, la desarticulación familiar y los esfuerzos de adaptación a la vida civil de los soldados sobrevivientes.

Las víctimas que escaparon del holocausto, los comunistas europeos y los guerrilleros de los países ocupados fueron los protagonistas de la derrota del nazifascismo y los sujetos del orden mundial bipolar de la posguerra, con el surgimiento de la Unión Soviética.

Can la caída del muro de Berlín en 1989 regresamos a un mundo unipolar bajo la hegemonía del capitalismo que, con su carácter neoliberal, anuló importantes conquistas sociales, introdujo el Estado mínimo y la privatización del patrimonio público, promovió la flexibilización de los derechos de los trabajadores e hizo que la especulación financiera se sobrepusiera a la producción agroindustrial.

Iraq y Afganistán revelan hoy la cara más cruel de ese mundo unipolar en el que los EE.UU. se empeñan en asegurar para sí una preciosa mercancía cada vez más escasa: el petróleo. Murieron en esos países más de un millón de personas, la mayoría civiles, y por la parte del agresor 75 mil soldados usamericanos muertos o heridos.

En América Latina la principal víctima de la hegemonía unipolar es Cuba, sometida al bloqueo económico por los EE.UU., lo que ya le causó un perjuicio superior a los 50 mil millones de dólares.

El pueblo mexicano hoy sabe que fue víctima de la artimaña del Tratado de Libre Comercio firmado con los EE.UU., cuyo fracaso abortó la propuesta usamericana del ALCA. Se decía que los mexicanos alcanzarían la misma renta per capita que los estadounidenses. Hoy la renta per capita de los mexicanos equivale a apenas el 0,32 % de la renta de los canadienses y el 0,25 % de los estadounidenses. La economía mexicana se encuentra totalmente desnacionalizada y cada año cerca de 750 mil mexicanos emigran hacia los EE.UU. en busca de trabajo.

Según la Cepal la pobreza en México era del 39 % de la población antes del Tratado; hoy es del 50.9 %. Otras fuentes estiman el 70 % de la población en condición de pobreza (Ulloa Bonilla, 2007).

A pesar del amplio espectro de pobreza en el mundo, el monopolio mediático del capitalismo infunde en el imaginario popular la incuestionable superioridad del sistema de apropiación privada de los bienes y de la riqueza en su plena consonancia con la democracia y la libertad. A falta de pan, el circo provoca una especie de anestesia en la mente de quienes son las mayores víctimas del sistema.

Basta mirar alrededor para darse cuenta de los efectos del sistema: degradación ambiental, crisis energética, alza de los alimentos, escasez de agua, flujos migratorios, terrorismo, tráfico de drogas, de personas y de armas, manipulación de los medicamentos y de las patentes genéticas, y ahora la crisis económica iniciada en setiembre del 2008 y que afecta duramente al área del euro.

Las elecciones del 2010 en Brasil no pueden ignorar el protagonismo de nuestro país en esta conflictiva coyuntura mundial. Y el derecho a la soberanía y a la autodeterminación de los países de América Latina y el Caribe.

Texto: Visiones Alternativas

Foto: eejma.blogspot.com

El gobierno viola los derechos constitucionales indígenas

Alejandro Almaraz

En el propósito de deslegitimar la marcha indígena de CIDOB, los personeros de gobierno han afirmado que sus demandas serían contrarias a la CPE. Siendo esto muy dudoso y discutible, es en cambio claro e incontrovertible que es el propio gobierno quién está incurriendo en la flagrante violación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Esto se revela, por lo menos, en los dos casos siguientes.

El parágrafo VII del art. 146 de la CPE dispone que se establecerán circunscrpciones especiales indígenas “ …en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos constituyan una minoría poblacional.”. Esta es exactamente la situación del pueblo guaraní en el departamento de Chuquisaca, con la particularidad de ser el más damnificado por la dominación colonial que le impuso, hasta hace muy poco, la esclavitud y el cautiverio, lo que hace especialmente necesario su reconocimiento y respaldo por el Estado Plurinacional.

Sin embargo, la Ley del Régimen Electoral proyectada por el gobierno y aprobada precipitadamente por la Asamblea Legislativa no ha establecido la respectiva circunscripción indígena constitucionalmente necesaria, limitándose a mantener solamente las circunscripciones indígenas ya existentes en número de 7, insuficiente y mezquino para canalizar la representación política directa de una treintena de pueblos en la condición de minoría étnica constitucionalmente aludida.

Asimismo, el art.. 292 de la CPE dispone que “Cada autonomía indígena originario campesina elaborará su Estatuto, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la constitución y la Ley, y no existe otra disposición constitucional, en relación a esta forma de autonomía, que permita dar a la aprobación de estos estatutos, un procedimiento distinto al previsto para su elaboración.

Sin embargo, en la propuesta de Ley Marco de Autonomías del gobierno, se pretende que los Estatutos de las Autonomías Indígenas se aprueben por referendo, siendo este una práctica ajena y extraña a esas “normas y procedimientos propios” que la CPE reconoce como único medio para elaborar tales Estatutos. El argumento de velar por la participación de los pocos no indígenas radicados en estas autonomías, se basa en el prejuicioso equívoco de creer que en los actos de la democracia comunitaria no tienen cabida los no indígenas.

Para peor, ante la obvia y razonable reacción movilizada de los afectados, los voceros gubernamentales responden con la calumnia descalificadora de acusar a las organizaciones indígenas de estar digitadas y financiadas por USAID. Como si el movimiento indígena hoy movilizado no fuera el mismo que, a lo largo de 20 años y con el mismo método de movilización pacífica hoy empleado, logró conquistas de fundamental importancia precursora para la constitución del Estado Plurinacional y la apertura del actual proceso de transformaciones, sin injerencia ni financiamiento alguno del comunismo internacional, como era por entonces la calumnia de los gobiernos neoliberales.

Y como si la violación de los derechos constitucionales indígenas en las propias leyes del Estado Plurinacional, entre otros problemas que involucran al gobierno, no fuera una agresión suficientemente grave como para motivar su legítima y razonable movilización sin que gobierno extranjero alguno tenga que promoverla ni financiarla.

Peor aún, a la agresión y a la calumnia se añade el ridículo vergonzoso de presentar solemnemente ante la opinión pública, como prueba concluyente de la digitación ejercida por USAID sobre la marcha indígena, un libro editado con financiamiento de esa entidad. Probablemente pueda hacerse una pequeña biblioteca con los libros que ha publicado el gobierno con el mismo financiamiento y eso no lo convierte en un gobierno títere de los EEUU.

Con esta actitud, el gobierno daña gravemente al movimiento indígena, pero, a la postre, se daña más a sí mismo y al proceso revolucionario al que se debe. Alineada a otros actos con el mismo desafortunado sentido de prepotencia y exclusión, como el encaramiento represivo del conflicto en Caranavi o la ruptura unilateral con el MSM, esta actitud pareciera dar cuenta de una extraña y autodestructiva estrategia de desagregación social y política. En mi estupor todavía incrédulo me pregunto por qué.

Texto: Bolpress

Imagen: servindi.org

Riqueza chaqueña.............

Trond - El Día

Ex Viceministro de Evo acusa al Gobierno de mentiroso y de violar derechos indígenas

La Paz, 30 Jun (Erbol).- Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras, llamó este miércoles calumniador al gobierno de Evo Morales y lo acusó de violar la Constitución Política del Estado (CPE) con el fin de arremeter contra los pueblos indígenas de tierras bajas que marchan con destino a la ciudad de La Paz para hacer escuchar sus demandas.

“Esperemos que ante las demandas legítimas de la huelga de hambre de los diputados indígenas y ahora la marcha de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia), el gobierno no siga respondiendo con la calumnia, como lo hizo al acusar a la movilización de ser financiada por USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y, más bien, tome la oportunidad para reflexionar y rectificar de manera inmediata”, manifestó Almaraz en una entrevista telefónica con la Red Erbol.

Aseveró, a su vez, que el gobierno está haciendo las mismas cosas de las que acusa a los indígenas, es decir, socavar su base normativa y de legitimidad, que es la Constitución Política del Estado, aprobada hace casi dos años por la mayoría masista en la disuelta Asamblea Constituyente y vigente desde febrero de 2009.

“Hizo (el gobierno) exactamente aquello de lo que acusa ahora a los indígenas de hacer, es decir, apartarse de la Constitución, ir contra ella, con el agravante de que estamos hablando de los poderes públicos, el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo (la Asamblea Legislativa Plurinacional), en lo relacionado a la elaboración de las leyes del Estado, que por estos instrumentos tiene la especial obligación de recoger la realidad social pluriétnica, pluricultural y plurinacional”, puntualizó la ex autoridad al lamentar que pese a tener clara esta obligación, Morales y su administración hacen lo contrario.

Declaró, asimismo, que esta situación conlleva a la violación de los derechos constitucionales de los indígenas originarios y que, por lo tanto, el gobierno ha desoído e incumplido el mandato, pese a los reclamos justos de las organizaciones y de los diputados originarios.

“Lo peor es que esto puede constituirse en un precedente nefasto para el proceso de cambio que atravesamos y da cuenta de una actitud muy peligrosa que asume el gobierno de desoír el mandata de la Constitución en el sentido de lo que plantea la ley”, expresó.

Almaraz aseguró que su aseveración está respaldada por la Ley del Régimen Electoral, donde se estipula que se establecerá una circunscripción especial indígena en todos los departamentos en que las naciones o pueblos indígenas constituyan una minoría poblacional (1.000 personas), “lo dice así literalmente la Constitución”.

Sobre la elección de los delegados a estas circunscripciones indígenas según usos y costumbres, indicó que “sería lo más aconsejable en función de preservar las formas de organización social y políticas de estos pueblos, pero en este caso hay una disposición constitucional que obliga a que estas autoridades sean electas por voto universal directo”.

No obstante, según el político, la Carta Magna manifiesta también que todos los departamentos donde los pueblos indígenas constituyan minoría poblacional deben tener una circunscripción, como ocurre en Chuquisaca, con la particularidad que las comunidades guaraníes representan uno de los sector más necesitados de apoyo y reivindicación social y cultural.

“Los guaraníes son los más necesitadas de reconocimiento y protección del Estado, requieren de integración política porque son las comunidades que más largamente sufrieron los daños del proceso colonial, que estuvieron por largos años cautivas y sujetas a abusos de servidumbre y esclavitud, como se conoce hasta hace poco”, precisó.

Es más, afirmó Almaraz, que en este tema, la cantidad de siete circunscripciones que se les designó es mezquina y nada precisa para representar a más de una treintena de pueblos indígenas que tiene esta condición de minorías étnicas.

Sobre la acusación del financiamiento que reciben organizaciones indígenas por parte Organizaciones no Gubernamentales (OGNs), en especial USAID, para obrar en contra del gobierno, manifestó que esas acusaciones son totalmente falsas.

“De cierto no hay nada, absolutamente nada, es una mentira”, declaró al expresar su sorpresa de que Carlos Romero, ministro de Autonomías, profundo conocedor de las sociedades indígenas quien anteriormente trabajó a su lado, indicara tal situación.

“Como puede pensarse que ante la violación de sus derechos los indígenas no van a reaccionar, son sectores que con sus marchas posibilitaron en el 2002 que la sociedad boliviana asuma la reivindicación de la Asamblea Constituyente”, manifestó.

A criterio de Almaraz si los indígenas tuvieron en el pasado la capacidad de organizarse, la afirmación del Ejecutivo no es creíble, “ahora vamos a pensar que necesitan de USAID para movilizarse, es ridículo e insultante y peor si se lo hace con la ligereza de mostrar como prueba documentan de tal apoyo un librito editado con el auspicio de USAID, como si no supiéramos que el gobierno también tiene financiamiento de esta entidad”.

Prefirió no mencionar si participará activamente en la marcha, a pesar de que anunció un apoyo moral a la misma. “Estoy plenamente solidarizado con la marcha y hago voto para que su fuerza y su capacidad de presión sirva para que el gobierno haga un alto en esa peligrosísima carrera autodestructiva”.

Texto y foto: ABI

El Pacto de Unidad está roto, comandante Evo

Flavio Dalostto

Comandante Evo: La CIDOB (los indios de Oriente) marcha a La Paz para exigir autonomía territorial y económica. Su gobierno trata de romper a la organización indígena negociando por separado con algunas de sus organizaciones de base, la grande de los Guaraníes y la pequeña de los Mosetenes, para restar crédito a la marcha. Usted y también un grupo de sus ministros trataron al movimiento de protesta como financiado por los EEUU a través de USAID.

Luego el CONAMAQ (los indios andinos) se rebelaron contra la Ley de Autonomías de su gobierno. Usted los acusó de recibir dinero de USAID. Los andinos respondieron que podrían cercar la ciudad de La Paz. "Vendrán millones", dijeron. Resultado: El CONAMAQ apoya la marcha de CIDOB y amenazó a su gobierno con revelar una lista de nombres de gente del MAS que recibiría dinero de USAID.

Hace minutos nomás, la CSUTCB (los trabajadores campesinos de Bolivia), dio su respaldo a los indígenas que marchan contra la política autonómica de su gobierno y los insultos a históricos dirigentes indígenas.

Hace menos de una hora, la organización PONCHOS ROJOS, dio su respaldo a la legitimidad de las demandas de CIDOB y le pide a su gobierno que se siente a dialogar, porque "peligra el Proceso de Cambio".

Es evidente que el "Pacto de Unidad" que lo llevó a ganar su primer gobierno, está roto; porque tres de sus cinco patas se han desmarcado de la política autonómica del gobierno y del tratamiento de traidores o vendidos, que tanto Usted como un grupo de sus ministros da a esos dirigentes indígenas.

Al Pacto de Unidad, CIDOB, CONAMAQ, CSUTCB, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y la Federación Nacional de Mujeres Indígenas, Originarias y Campesinas-Bartolina Sisa (FNMC-BS); solo le quedan firmes estas dos últimas organizaciones.

Es muy peligroso que su gobierno califique de "enemigo", "traidor", "vendepatria" a todo aquel aliado que opine distinto en algún tema particular. Esta alineación absoluta que pretende su gobierno choca con la naturaleza libertaria y rebelde del Pueblo Indio. La Conciencia del Pueblo que tanto predica usted, no se forma con la subordinación de diez millones de conciencias a una (no somos Borg); sino con la suma maravillosa de esas diez millones de conciencias en una Super-Conciencia, que es la Conciencia del Pueblo Boliviano.

Se puede estar en desacuerdo entre aliados, (yo mismo no estoy de acuerdo con la marcha de CIDOB); pero cuando se usa el término "vendido", se cruza una frontera, que después es muy difícil borrar. Es como abrir una lastimadura que nunca se cierra. He visto alguna vez, en un video, al dirigente Adolfo Chávez de CIDOB ser sacado a patadas en el culo, por quienes hoy se abrazan con algunos dirigentes del MAS. No me lo imagino un vendido, ni por un momento. Tengo el más profundo de los respetos de ese señor.

Un millón de votos MENOS en Abril que en diciembre. Adiós al MOVIMIENTO SIN MIEDO, Adiós a los maestros, Adiós a la CIDOB, Adiós al CONAMAQ, Hasta Luego a la CSUTCB, Quien sabe a los PONCHOS ROJOS.

El CAMBIO no es patrimonio único del MAS ni de EVO. Es de todos los que luchan por una BOLIVIA MEJOR. Los enemigos de verdad, ya sabemos quienes son, los hemos identificado claramente, cuando veíamos con los ojos del Pueblo. Pero, cuando un gobierno se vuelve miope, es imposible que distinga una manzana de una pelota, menos, un diferente de un enemigo.

Ojalá su gobierno se de cuenta a tiempo (porque aún está a tiempo) que no se puede insultar impunemente a los amigos y a los hermanos; porque ¿cómo era? ah, los malos no tienen amigos, o se quedan sin ellos.

Reflexione Comandante. Busque su Raíz. No especule. No calcule; porque no hay peor matemática que la de los cálculos políticos. Avance con principios, rechace las contradicciones y mida las situaciones con la misma vara; porque Usted es el Padre de Bolivia, no su Padrastro; y también es su Hijo, no su entenado.

Vamos Comandante! Sorpréndamos! Vaya hasta la marcha de la CIDOB, encuéntrese con ellos, hable con ellos. Deje el Mundial, que Bolivia no juega ni en figuritas. Usted, que se pudo sentar a negociar con genocidas y golpistas en Cochabamba; ¿Se le van a aflojar las uyutas, por sentarse a dialogar con Adolfo Chávez? Seguro que no. Dele Comandante. ¡Déjenos con la boca abierta! ¡Háganos tragar nuestras palabras!

Los que lo queremos sinceramente, seguimos teniendo FE en Usted; porque en la balanza de su gobierno es mucho MÁS lo bueno realizado que los errores cometidos.

Usted puede, Comandante.
Viva Evo! Viva CIDOB!
Venceremos porque Ya vencimos.
Jallalla Bolivia!

Texto: Bolpress

Foto: coincabol.org

La famosa caricatura

Rafael Puente

En el matutino Cambio, en la edición del pasado martes 22, aparece una caricatura que me parece insoportablemente racista, y no puede ser que, en vísperas de la promulgación por nuestro gobierno de una ley anti-racismo, nada menos que su periódico oficial permita la publicación de una caricatura de ese tipo.

El evidente racismo del caricaturista —que dice llamarse Rodolfo Ninavia— se manifiesta en primer lugar en los rasgos con que caracteriza a los pueblos indígenas de Tierras Bajas (la etiqueta dice CIDOB), y en segundo lugar en el hecho de que los supone manejados a control remoto. (por el tío Sam)
Es la misma visión colonial que nuestro gobierno quiere superar: los indios salvajes (en taparrabos), fofos, ineptos, y que no pueden funcionar por sí mismos. Amigos de Cambio: ¿cómo pueden dar cabida en su medio a semejante caricaturista y a semejante resabio de la visión colonial?

En el fondo de esta visión racista se encuentra la convicción de que los indígenas no son quién para discrepar —Pizarro dixit—, y si aparecen discrepando no es porque ellos mismos tengan una concepción diferente sino porque son manejados —en la caricatura bajo la burda parábola del control remoto— por un agente enemigo del proceso de cambio, en este caso por USAID.

Y la grosería de la caricatura llega a su extremo cuando a ese control remoto le pone el nombre de CEJIS, precisamente la institución más odiada por las élites oligárquicas cruceñas y benianas —ellas sí apoyadas por USAID— y que fue víctima de asaltos y todo tipo de agresiones por los enemigos del cambio (agresiones que el caricaturista en cuestión seguro que nunca ha recibido ni recibirá).

Pero aquí se junta otro fantasma generalizado y que el caricaturista, sin mayor conocimiento de la realidad, hace suyo: el fantasma de que las ONGs son un peligro. Es algo equivalente a pensar que la sociedad civil es un peligro. La sociedad civil, señor caricaturista Ninavia, es inmensamente plural y diversa; y las ONGs, como parte de la sociedad civil, son igualmente plurales y diversas; hay ONGs que han apoyado decididamente el modelo neoliberal y que ahora apoyan visceralmente a la oposición —desde la derecha y también desde una ultraizquierda oportunista— y hay ONGs que al apoyar convencidamente a las organizaciones sociales —sobre todo a las indígenas— han contribuido de manera significativa a este proceso de cambio; y por supuesto hay también ONGs —la mayoría— que sólo se apoyan a sí mismas.

Y evidentemente el CEJIS está entre las segundas, ¿no le parece sugerente que del CEJIS provengan nada menos que el ex Viceministro de Tierras Alejandro Almaraz y el actual Ministro de Autonomías Carlos Romero? Entérese, Don Rodolfo.

Finalmente, ya más allá de la caricatura, el hecho nos da ocasión para recalcar que las discrepancias —o contradicciones, como analiza sesudamente Raúl Prada en el Dipló— no deben ser objeto de maldición o anatema, al estilo vaticano, sino de debate abierto, respetuoso y sincero —lo que incluye la autocrítica—, para lo cual un estado participativo tiene que crear los necesarios espacios.

Y si un grupo, en este caso la CIDOB, presenta demandas exageradas o pide lo imposible, lo constructivo es demostrar su error con argumentos, no responderle con insultos. No importa que este proceso avance lentamente; lo que de verdad importa es que nunca deje de ser democrático y participativo.

Texto: Bolpress

Imagen: Cambio

Juez declara en rebeldía a Branko Marinkovic por el caso terrorismo

La Paz, 24 Jun (Erbol).- La juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, Betty Yañiquez, emitió la declaratoria de rebeldía en contra del empresario y ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, debido a que no se presentó a declarar en La Paz sobre el caso terrorismo.

Esta declaratoria, emitida a pedido del fiscal del caso Marcelo Soza, implica el mandamiento de aprehensión y arraigo contra el opositor Marinkovic, quien desde hace varios meses desapareció de la vida pública o al menos de los medios de comunicación.

De acuerdo a la información proporcionada por el mencionado juzgado paceño, el 8 de junio Soza solicitó la declaratoria de rebeldía en razón de que se desconoce el domicilio o el paradero del imputado; pedido que además se hizo después de que se emitieron los edictos correspondientes en fechas 18 y 25 de marzo pasado para que se presente a declarar.

También se dio a conocer que se le otorgó a Marinkovic un abogado de oficio, con domicilio en La Paz.

Texto y foto: ERBOL

Gringoindígenas

Trond: El Día

Viejo, libre y radical, como José Saramago

Edgar Borges

“No creo que exista en el mundo un silencio más profundo que el silencio del agua”.
José Saramago, del libro Las pequeñas memorias.

Una vez les dije a unos amigos que si llego a viejo me gustaría ser un viejo como José Saramago. Y quién con dignidad para la vida no desearía ser (en actitud) como un hombre que a los ochenta años se autodefine “cuanto más viejo más libre, y cuanto más libre más radical”. En 1993 le conocí, eso fue en el congreso Foro Joven Literatura y Compromiso, celebrado en Málaga. Ya para entonces me sorprendió su convicción del nado a contra corriente como forma de vida. En momentos cuando ya se suponía que estaba en desuso el arte comprometido (aún se sigue suponiendo), Saramago se levantó y defendió el compromiso estético del atrevimiento. Luego me haría reflexionar sobre el tema: asumir que el primer compromiso del escritor es con la palabra, sólo tiene sentido si esa palabra permite cuestionar, con inventiva, la realidad establecida. Y así, en la humanización de las realidades, el escritor va posibilitando nuevas formas de sociedades.

Con el arriesgado uso que le dio a la gramática (jugaba con las puntuaciones y lo que se le ocurriera a su inventiva) implosionó el discurso narrativo. Ya con la relación que sostenía con la palabra nos estaba diciendo que no todo estaba inventado; a contra corriente de las reglas del hastío, aún habían (y hay) muchas otras formas de contar historias. A nivel temático, la ceguera social engloba toda la gran novela de Saramago. Sus personajes parecen seres que carentes de vista giran alrededor de una realidad impuesta. El muro artificial que nos han levantado (alrededor de la vida) ante nuestra paciencia. En cuanto a la acción, el escritor portugués supo equilibrar, como muy pocos, la idea con el movimiento. No fue él un autor encerrado en la cúpula de los elegidos. Cada idea la defendía sobre el papel (humanizando realidades) y en la calle (posibilitando utopías).

Los libros de José Saramago, como su propia existencia, me hacen pensar en la vida como viaje crítico. Se trata de un viaje infantil y sabio (la permanencia del sentido humano de lo primero lleva a lo segundo). Toda una combinación hermosa entre activismo constante (el continuo descubrimiento de un niño) y reflexión filosófica (el conocimiento al servicio de la imaginación). En cada una de sus novelas un narrador invisible (seguramente él) nos cuenta una historia al mismo tiempo que va detonando ideas (historias colectivas que afectan realidades individuales).

Como generador de opiniones, Saramago fue un inteligente crítico del capitalismo devorador de conciencias; pero también lo fue de la izquierda pasiva que se ha quedado dormida mucho antes de la mitad de la carrera. Una vez, éste sabio rebelde dijo que su epitafio podría ser “El hombre que se atrevió a decir no”. Hoy, en su nombre, en este viaje de presentes continuos, pienso que seres como José Saramago nos dejan pistas para ver (y crear) los espacios invisibles de la vida. Y en el asiento (del tren existencial) de la izquierda quiere mi imaginación caprichosa ver un par de niños deseando ser de viejos tan libres y radicales como Saramago.

Texto: Rebelión

Foto: eltaburete.wordpress.com

Bolivia: ¿paraíso de las transnacionales?

Eduardo Paz Rada

Durante los últimos tres meses las más grandes corporaciones mineras y petroleras del mundo, acompañadas por gobiernos de distinto talante que las respaldan, han puesto sus ojos en Bolivia debido a las grandes potencialidades de recursos estratégicos que se encuentran en el territorio boliviano, entretanto algunos grupos indígenas, llamados “naciones”, incentivados por un discurso oficialista desteñido y por organizaciones no gubernamentales transnacionales consideran un derecho particular la administración de estos recursos frente al Estado central dirigido por Evo Morales Ayma.

Una especie de “gran Paitití” o El Dorado se ha creado alrededor de importantes reservas naturales estratégicas, gas, litio, hierro, otros minerales y biodiversidad, que se encuentran en las entrañas del territorio boliviano. Los gobiernos de Francia, Brasil, China, Rusia, Japón, India, Irán y Corea, entre otros, en coordinación con empresas arraigadas en esos países, han realizado gestiones y acercamientos para incursionar en emprendimientos de gran volumen de capital y hacen la corte al propio Presidente del Estado.

El país cuenta con las reservas mundiales más importantes de litio, materia prima estratégica de las más importantes utilizada en la fabricación de pilas alcalinas, baterías, autopartes, computadoras, farmacopea, vidrio, cerámica y armas nucleares; el interés por el mismo se manifestó con la invitación que recibió Evo Morales para visitar las plantas de la Bolloré de Francia y lo hizo, la presencia en Bolivia de representantes de Vale do Rio de Brasil y el próximo viaje de Morales a Japón, invitado oficialmente, abriendo la posibilidad de conversaciones con la Sumitomo y la Mitsubishi.

Los presidentes de ambos países, Nicolas Sarkozy e Inacio Lula Da Silva, y el Emperador Akihito han manifestado el interés de sus países por ser parte del proyecto de explotación e industrialización del litio, en tanto las autoridades bolivianas realizan un proyecto piloto de producción de carbonato de litio, abriendo la posibilidad de que capitales transnacionales puedan participar en la transformación industrial a gran escala.

Respecto al gas natural, el país es principal reserva en sudamérica, hidrocarburo que se ha convertido en la principal fuente de ingreso de divisas por los volúmenes y precios de exportación a Brasil, principalmente, y a Argentina, y con proyección de hacerlo hacia Paraguay y Uruguay y que ha permitido que el gobierno tenga holgura de recursos para sus políticas redistributivas consistente en bonos a niños, mujeres y ancianos, aprovechando de la nacionalización de 2006, nacionalización que se convirtió únicamente en la elevación de impuestos y regalías a las transnacionales.

Las grandes petroleras Total de Francia, Repsol de España, Vintage de Estados Unidos, BP de Gran Bretaña y Petrobrás del Brasil se han convertido en socias privilegiadas de Bolivia porque mantienen el control de la explotación y exportación de gas, con una empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en situación crítica por falta de una estrategia efectiva de industrialización de los hidrocarburos y por haber cedida a nuevos contratos con las transnacionales.
El ex Presidente de YPFB, antes Presidente del Senado Nacional y mano derecha de Evo Morales y el MAS, Santos Ramirez, fue encarcelado por haber participado en un escandaloso hecho de corrupción en la empresa petrolera.

A su vez, YPFB ha tomado contacto con la poderosa empresa gasífera rusa Braskem para realizar emprendimientos que aún se presentan de manera muy preliminar, y la venezolana PDVSA no termina de apoyar efectivamente en los proyectos que inicialmente ofreció para impulsar la industrialización de los hidrocarburos en Bolivia. El apoyo venezolano para cubrir el déficit de diesel, sin embargo, es fundamental para el régimen de La Paz, puesto que el consumo interno de gas aún es bajo por falta de una red interna de gasoductos.

El proyecto de explotación de las importantes reservas de hierro del Cerro Mutún, en la frontera boliviano-brasileña, que se inició con importantes avances de la empresa hindú Jindal, ha quedado suspendido debido a fuertes pugnas con el gobierno sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos, de ahí que el Ministerio de Minería y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) han ejecutado una boleta de garantía de la empresa por incumplimiento de contrato. El gobierno chino ha hecho conocer su interés por realizar grandes inversiones en el emprendimiento.

En ese contexto, otras empresas chinas, venezolanas y rusas han mostrado interés por incorporarse a la producción de hierro y sus derivados importantes, tomando en cuenta la demanda internacional del producto.

En relación a otros minerales y empresas la situación es la siguiente: El emprendimiento minero más importante de Bolivia lo realiza la japonesa Sumitomo con la mina San Cristóbal (comprada al multimillonario George Soros) que explota zinc y plomo, siendo responsable del ochenta por ciento de la exportación de estos productos, está luego la Coeur D`alene de Canadá con la explotación de plata en San Bartolomé, la Glencore suiza (comprada al expresidente Gonzalo Sanchez de Lozada) en Porco con la producción de zinc y plomo, la Pan American Silver de Canadá en San Vicente con la explotación de cobre y zinc y la australiana Republic Gold de Australia con la explotación de oro en Karachipampa.

COMIBOL tiene bajo su administración la empresa Minera Huanuni y la Fundición de Vinto y junto con la coreana Kores explota los yacimientos de cobre de Corocoro, mientras el poderoso gremio de las Cooperativas Mineras de Bolivia, con fuerte gravitación política sobre el gobierno, tiene importantes concesiones en la región occidental de Bolivia.

A pesar de que el Programa de Gobierno presentado por Evo Morales-Alvaro Garcia en las elecciones generales de diciembre de 2009, oportunidad en la que consiguieron el 64 por ciento de la votación, planteaba el Gran Salto Industrial, junto a la Revolución Vial, en los más de cuatro años de gestión el proceso de industrialización de los recursos naturales estratégicos no ha sido desarrollado.

El drama boliviano es que, desde la época colonial, ha sido exclusivamente un país exportador de materias primas bajo el molde de la división internacional del trabajo, desde la plata de Potosí, hasta el gas en la actualidad, pasando por el caucho, el estaño y el petróleo a lo largo de los últimos siglos, a pesar de haberse producido tres nacionalizaciones de los hidrocarburos y dos nacionalizaciones de los recursos mineros.

Lo contradictorio del gobierno actual es que ha desarrollado un discurso industrialista, de transformación de los recursos naturales, de sustitución de importaciones, de incorporación de valor agregado, de potenciamiento de la economía estatal frente a la ofensiva transnacional del neoliberalismo, sin embargo en la práctica mantiene una relación de armonía con las transnacionales que explotan y exportan las materias primas como en los siglos pasados.

En relación a la nacionalización de empresas eléctricas, mineras, de telecomunicaciones, de hidrocarburos, el Vicepresidente del Estado, Alvaro Garcia manifestó que Bolivia debe pagar a las transnacionales mil millones de dólares y el Presidente Evo Morales reiteró que quiere “socios, no patrones” dando garantías a las empresas.

Un aspecto sumamente delicado, en términos legales y políticos, es que el gobierno de Evo Morales, después de haber nacionalizado los hidrocarburos en mayo de 2006, dejó de lado las auditorias que se realizaron a las transnacionales petroleras, estas auditorias y balances determinaron que las empresas cometieron irregularidades y tenían deudas por encima de los 800 millones de dólares.

Asimismo, en octubre del mismo año, negoció con transnacionales los nuevos contratos que, si bien permitieron mejores ingresos al Estado, las mantuvo en condiciones envidiables en el país.

Por su parte, las demandas salariales, durante los últimos tres meses, de los trabajadores estatales y privados han sido rechazadas por el gobierno generando una pugna entre los asalariados de distintos sectores con los sectores no asalariados, como los campesinos, indígenas y comerciantes, que se benefician de la política de beneficencia del gobierno, establecida a través de bonos a los niños, madres y ancianos.

A su vez, los grupos indígenas de oriente y occidente, sectores de importante respaldo al gobierno, han mantenido una tenaz posición de utilizar las denominadas autonomías de las “36 naciones indígenas”, reconocidas por la Constitución, para demandar derechos sobre los recursos naturales, especialmente hidrocarburos y minerales, lo que ha generado conflictos de difícil solución. Las transnacionales petroleras y mineras y los grupos indigenistas coinciden en debilitar el rol del Estado en la conducción de la economía y la administración de los recursos naturales.

El peligro de fragmentación o declaración de “territorios libres” está presente en la medida en que, a nombre de los ayllus, las comunidades indígenas cercanas a Uncia, Potosí, luego de haber asesinado a cuatro policías, demandan el manejo independiente de su territorio, donde el contrabando de vehículos y el tráfico de drogas es generalizado, sobretodo con la frontera chilena.

Después de las elecciones de diciembre de 2009, un triunfo notable de Evo Morales con 64 por ciento de votos, se produjo una reducción de la importancia electoral del MAS que tuvo derrotas electorales en casi todas las capitales de departamento, siendo ésta una manifestación de descontento en los sectores urbanos y medios frente a las políticas del indígenismo dominante.

El destino de los recursos naturales y el interés de las transnacionales y las potencias imperialistas sobre los mismos, marcarán los futuros pasos del gobierno que, a pesar del importante respaldo interno y externo, ha perdido o no tiene una orientación clara de hacia donde se dirige.

De manera gráfica, el Embajador de la Unión Europea en Bolivia, el británico Kenneth Bell, manifestó, en entrevista en La Prensa del 9 de mayo de 2010, que las transnacionales petroleras Total de Francia, Repsol de España y BG de Gran Bretaña han hecho nuevos acuerdos con el gobierno de Bolivia, bajo el paraguas de los acuerdos internacionales, tomando en cuenta las buenas relaciones diplomáticas con los países europeos y con sus empresas.

Texto: Rebelión

Imagen: quiendebeaquien.org

Nace el Comité Nacional de Seguridad Alimentaria

Varias organizaciones sociales, productores campesinos, representantes internacionales, autoridades de Gobierno, entre otros, determinaron crear el Comité Nacional de Seguridad Alimentaria (Consa), que será la encargada de elaborar un proyecto de ley que refuerce y garantice la política productiva iniciada en 2008.

La iniciativa es el resultado del Primer Encuentro Nacional de Soberanía Alimentaria organizado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras realizado del 15 al 17 de junio de la presente gestión.

El evento aglutinó a organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (Consea) de Brasil, representantes indígenas de Ecuador, además de entidades nacionales como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).

De acuerdo con el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez, el Consa tendrá la tarea de llevar adelante la redacción de una ley sobre seguridad alimentaria, además de coordinar acciones con las organizaciones sociales, la cooperación internacional y las entidades estatales.

La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 405, establece que el acceso de la población a la alimentación es un derecho y que el Gobierno nacional tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una nutrición sana, adecuada y suficiente para todos los habitantes sin distinción.

El Consa también nace en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, realizado en abril de 2010 en Tiquipaya, Cochabamba, donde se establecieron las propuestas de solución vinculantes sobre la agricultura y la seguridad y soberanía alimentaria.

FUNCIONES

Entre las principales funciones del Consa está el impulsar y cuidar que la soberanía alimentaria se encuentre reconocida en las actividades y normas jurídicas futuras; asimismo, promover el fortalecimiento de las capacidades instituciones locales productivas; coordinar la formulación e implementación de normas y políticas nacionales.

También deberá proporcionar lineamientos para la planificación en seguridad alimentaria (acciones, áreas, presupuestos y fuentes de financiamiento).

Por otro lado, promoverá la implementación de un sistema de seguimiento, monitoreo, evaluación y ajustes de los programas y proyectos (observatorio de soberanía alimentaria) en función de los directrices e instrumentos emanados del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA ALIMENTARIA

Desarrollo: Incentivo de la producción, industrialización y distribución adecuada de los rubros alimenticios estratégicos.

Abastecimiento: Fortalecimiento de las capacidades de los productores para la producción de alimentos al mercado interno y luego para la exportación.

Innovación: Desarrollo de tecnologías, modernizando y tecnificando a los pequeños y medianos productores para la seguridad alimentaria.

Seguridad: Implementación de medidas para apoyar al normal aprovisionamiento de los alimentos y a precios justos.

Atención: Rehabilitación urgente de las capacidades productivas de los productores rurales en casos de emergencias y desastres naturales

Protección: Realizar acciones integrales para avanzar hacia la reducción y erradicación de la desnutrición en el marco del derecho a la alimentación.

Texto y foto: Cambio

Informe: Barrón ayudó a grupos de choque y permitió racismo

Jaime Barrón, suspendido alcalde de la ciudad de Sucre, llamó a la población a defender su voto y a la democracia. Los grupos de choque afines a él, con ese discurso, repitieron la frase: “Esto es Sucre, carajo; Sucre se respeta, carajo”. Sin embargo, ellos olvidan sus responsabilidades del 24 de mayo de 2008, las torturas a indígenas y la acusación judicial que dio paso a la suspensión.

Para conocer el porqué se suspendió a Barrón, a continuación se ofrece partes de la investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados –que actuó como cabeza del Ministerio Público–, que la remitió a la Fiscalía, la cual acusó a Barrón por los delitos de instigación a delinquir, asociación delictuosa, agresiones, vejaciones y torturas a más de 20 campesinos en mayo de 2008.

Esa acusación del fiscal fue la base para que el Concejo Municipal sucrense, en aplicación del artículo 48 de la Ley de Municipalidades –vigente hace una década–, proceda a la suspensión de Barrón, según explicó hace poco el presidente del ente deliberante sucrense, Domingo Martínez.

El informe de la comisión indica que Barrón participó en una reunión preparatoria de los actos de violencia en mayo de 2008, facilitó medios a los grupos de choque, les dio acceso a vehículos de la universidad pública y permitió las acciones de “discriminación racial, xenofobia y persecución”.

De acuerdo con los datos proporcionados por fuentes oficiales, se realizaron reuniones previas de planificación y organización a partir del “19 de mayo (de 2008) en las oficinas de la Brigada Parlamentaria” de Chuquisaca, donde se determinó tomar las acciones a seguir, con el objetivo principal de impedir la llegada del presidente Evo Morales a Sucre y evitar cualquier concentración de personas que representen apoyo.

Según un informe de Inteligencia de la Policía Nacional remitido mediante nota Nº 1164, de fecha 29 de agosto de 2008, se evidencia que se realizaron reuniones previas, la primera el 19 de mayo de 2008, “a convocatoria del presidente del Comité Cívico, Jhon Cava; se reunieron en la Brigada Parlamentaria, Gonzalo Porcel, Podemos; Lourdes Millares, Podemos; Hugo Tirado, asesor del rector de la Universidad San Francisco Xavier; Juan Luis Gantier, vicepresidente del Comité Cívico; Milton Barón, presidente del Comité Cívico de las Provincias; Pedro Medrano, ejecutivo de la Federación de Choferes; Everth Terrazas, gerente de la Empresa de Aguas Potables; Dayler Andrade, diputado por UN; Elsa Guevara, diputada de UN; Jorge Alurralde, diputado por Podemos, y Arminda Morales, presidenta de Fedjuve, en la que, luego de analizar la respuesta del Gobierno a las demandas regionales, determinaron rechazarla porque supuestamente no aseguraba el financiamiento de ningún proyecto para Chuquisaca. Por esta situación decidieron “no permitir el arribo del presidente Morales ni de ninguna otra autoridad para los actos programados para los días 24 y 25 de mayo”.

El informe dice que se decidió “coordinar y delinear acciones de conspiración en contra del Gobierno y la democracia; y bajo esta directriz se procede a planificar y organizar la forma de impedir el arribo del presidente Morales como muestra del poder de convocatoria que tenía este movimiento y que esto también sería señal para que ningún sector, especialmente campesino, se concentre en la capital”.

Para contrarrestar la convocatoria de los campesinos se determina fortalecer y trabajar con grupos de choque que estaban a cargo de miembros del Comité Interinstitucional y que tenían representación en la universidad, así como de otros sectores afines.

Siguiendo esa línea directriz determinada en la reunión del 19 de mayo de 2008, se convoca a una nueva reunión en fecha 20 para asignar tareas en el segundo nivel de esta organización, quienes ya de manera premeditada deciden en primer lugar bloquear los ingresos al aeropuerto, amedrentar a las personas que se concentren en este sector para recibir al Presidente, llamar a varios sectores de la sociedad chuquisaqueña para salir a las calles a fin de impedir cualquier llegada, ya no sólo del presidente Morales, sino de cualquier representante del Gobierno.

Se dispone la participación de universitarios de manera obligatoria en los hechos que se sucedieron el 23 y 24 de mayo a la cabeza de la denominada Juventud Conciencia de Chuquisaca, quienes serían el brazo ejecutor del Comité Interinstitucional, haciendo el papel de grupo de choque, encabezado por Jamill Pillco, Roberto Lenin Sandóval y Antonio Jesús Mendoza, ejecutivos de la FUL, trabajadores de la Alcaldía. Se armó una vigilia, indica el reporte.

Grupos de universitarios, personal de la Alcaldía de Sucre en vehículos del gobierno municipal y el hijo de Savina Cuéllar se hicieron presentes en la zona del Barrio Japón, calle Nemuro en fecha 22 de mayo, lugar donde se inauguraba una oficina del MAS, y se dieron a la tarea de provocar destrozos en ese inmueble, utilizando gases lacrimógenos, quemando llantas, agrediendo a las personas que allí se encontraban (patadas, puñetes, insultos) con el fin de frustrar dicho acto . Tampoco consideraron que dentro del lugar se encontraban los menores Jhoselín Arancibia, de 11 años de edad; Edson Arancibia, de 9 años; Kelsi Arancibia, de 6 años; Leticia Arancibia, de 4 años, y José Arancibia, de 2 años, quienes se intoxicaron con los gases.

El 23 de mayo, a través de los diferentes medios, Pillco, Antonio de Jesús Mendoza, Arminda Morales y otros convocaron a la ciudadanía para que se hagan presentes en el estadio Patria y en el aeropuerto para evitar la llegada de autoridades. Se sumaron a estas convocatorias los periodistas Róger Gonzales, del canal universitario, y Delfín Ustárez, de Bolivisión, desde sus programas.

Convocados y organizados los “grupos de choque” por el Comité Interinstitucional, conformados en su mayoría por estudiantes de la universidad, se aglutinaron para evitar la realización del acto y procedieron a cercar el estadio. Agredieron a las personas que llegaban e impidieron su salida intentando incendiar las puertas del lugar.

Treinta personas encabezadas por Harold Herrera, hijo de Fidel Herrera, atacaron la casa de Eloy Cabezas con piedras, petardos y cachorros de dinamita. Allí se encontraban en una cena un grupo de más de 200 profesionales que apoyaban la campaña de Wálter Valda, entonces candidato a prefecto por el MAS.

“El día 24 de mayo los campesinos de varios municipios hicieron acto de presencia para la llegada de autoridades de La Paz que harían entrega de proyectos, obras y ambulancias para las provincias; sin embargo, se desplazaron a ese lugar grupos de estudiantes universitarios y el grupo Juventud Conciencia de Chuquisaca, a la cabeza de Jamil Pillco, Antonio Jesús y otros que enardecidos por el alcohol y la droga fueron instigados a agredir y delinquir por los referidos dirigentes del Comité Interinstitucional” .

Llegaron contingentes policiales y militares para despejar y resguardar el lugar, ante ello los grupos de choque respondieron con dinamitas, piedras y otros objetos, provocando un enfrentamiento de aproximadamente dos horas en las que los órganos de seguridad fueron rebasados y obligados a replegarse. Cuando los soldados se replegaron fueron atacados por la turba, que los obligó a marchar con banderas de Sucre, en medio de insultos y golpes.

Varios grupos de choque agredieron a indígenas cerca al puente de acceso al aeropuerto y en el coliseo Édgar Coginto, donde estaban campesinos de Ravelo, Poroma. Ellos “fueron apedreados, torturados y golpeados, correteados y mellados en su dignidad. Incluso fueron víctimas de un intento de homicidio como Luis Alberto Avendaño, quien fue rociado con gasolina, y Marianela Paco Durán (hoy diputada del MAS), a quien le rociaron alcohol para luego intentar prenderles fuego y convertirlos en antorchas humanas”.

Algunos grupos de campesinos, cuando retornaban a sus comunidades, fueron interceptados por universitarios y funcionarios de la Alcaldía y trasladados a la zona de El Abra, donde fueron golpeados, vejados, injuriados y varios de ellos privados de libertad. En la zona de El Abra, el Cerro Santa Bárbara y el barrio Azari los grupos de choque allanaron las viviendas en busca de campesinos y dirigentes.

En todos los lugares en los que actuaron los grupos de choque del Comité Interinstitucional se constataron: tratos inhumanos, robo, destrozo de propiedad pública y privada, tortura y agresiones contra campesinos provocando más de cincuenta heridos de gravedad, indica el informe de la Comisión de DDHH.

Los grupos de choque tomaron como rehenes a más de una treintena de campesinos, quienes fueron golpeados con patadas, puñetes y sopapos, muchos se retorcían en el piso por los golpes que recibieron.

Fueron torturados y humillados durante todo el trayecto, que duró más de dos horas hasta ser presentados, descalzos y semidesnudos, en plena plaza 25 de Mayo, de rodillas y obligándolos a pedir “perdón” y gritar: “muera Evo; Sucre se respeta, carajo”!, obligados a enarbolar la bandera sucrense y quemar por la fuerza –y ante amenazas contra su propia vida– sus ponchos, la wiphala y sus banderas, no sin antes hacerles besar el suelo mientras les gritaban “indios de mierda, basuras” y una serie de improperios que fueron contra su dignidad humana.

“Todo ello ante la mirada de periodistas, Aidée Nava, Jaime Barrón, Fidel Herrera y Jhon Cava, entre otros, quienes no hicieron nada para tratar siquiera de impedir estos actos. Después de horas de tortura y malos tratos, los campesinos fueron liberados y expulsados de la ciudad, otros por sus propios medios llegaron al hospital UNI y al hospital Santa Bárbara. A varios se les negó atención médica”, indica el reporte de la comisión que sirvió de base al fiscal para acusar a Jaime Barrón.

Jaime Barrón Poveda

Participó de la reunión de fecha 20 de mayo (Art. 132 Asociación Delictuosa) tendente a evitar la presencia del presidente Evo Morales en Sucre. Participó con los grupos de choque facilitándoles los medios de ataque (dinamitas, petardos y palos) y de transporte, vehículos oficiales de propiedad de la Universidad. Intimó a los soldados para que se replieguen. Permitió que los grupos de choque cometan acciones de discriminación racial, xenofobia, persecución.

Fernando Rodríguez

Estuvo en la vigilia para evitar que el Presidente llegue a Sucre. Actuó junto a los grupos de choque y miembros del Comité Interinstitucional el 24 de mayo. Posiblemente proporcionó llantas y distribuyó alcohol en inmediaciones del Estadio Patria a los grupos de choque. Dio órdenes. Rodríguez dice a Franz Quispe (del grupo de choque), “cuando lleguemos, si los sacan a los militares, has ganado, (…) Vas a tomar vos el estadio” (Instigación publica a delinquir).

Lourdes Millares

Fue parte de la reunión que determinó: “No permitir el arribo del Presidente de la República ni de ninguna autoridad del Poder Ejecutivo para los actos programados para el 24 y 25 de mayo de 2008”.

Se encuentra considerada como instigadora. “Ha instigado a que se cometan violaciones a los Derechos Constitucionales de campesinos/as sucedidas en fecha 24 de mayo del 2008 en la ciudad de Sucre”, dice el informe.

Jhon Clive Cava Chávez

Participó y convocó a las reuniones de fechas 19 y 20 de mayo, donde se acordaron medidas y acciones para evitar la llegada del Presidente.

Se dedicó a impedir la llegada del Presidente a Sucre, amenazando a cuanta persona se hallaba concentrada en el aeropuerto para recibir al mandatario, luego procedió a perseguir a los campesinos que llegaron para presenciar la entrega de ambulancias a los municipios del área rural.

Fidel Herrera Ressini

Estuvo presente en la reunión donde se decidió evitar el arribo del Presidente y tomar medidas para “preparar la resistencia de Chuquisaca”. Ángel Vallejos, César Brie, Dora Copa y otros dijeron que Herrera junto a otros miembros del Comité Interinstitucional planificaron y movilizaron a los grupos de choque para que lleven adelante las vejaciones y golpizas, dio su consentimiento y estimuló para la materialización de esos hechos racistas.

Savina Cuellar

Asistió a la reunión donde se determinó rechazar la presencia de autoridades del Ejecutivo. En esa reunión se estableció la organización de grupos de choque y sus actuaciones. En fecha 22 de mayo fue utilizado el vehículo de su propiedad para trasladar personas e instrumentos de agresión. El 24 se encontraba arengando a los grupos de choque en contra de campesinos.

Fuente de los cuadros: Informe de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados

Opositores ven ilegalidad

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; el asambleísta del PPB Germán Antelo y el diputado de UN Jaime Navarro, cada uno por su lado, rechazaron la suspensión del alcalde de Sucre, Jaime Barrón, y señalaron al MAS como el responsable de su alejamiento.

Costas dijo en ATB que el pueblo se expresó a través del voto para elegir autoridades y que ese voto debe ser respetado.

Antelo indicó que la suspensión es una “actitud antidemocrática, anticonstitucional, prepotente que el gobierno del MAS hace contra autoridades electas; esto es un abuso”.

Para Navarro, el MAS y sus aliados violaron el municipio de Sucre y la Constitución Política del Estado porque suspendieron al alcalde electo basándose en el artículo 48 de la Ley de Municipalidades, que fue derogado. Explicó que la Ley Transitoria 017 sólo autoriza aplicar los artículos que no van en contra de la Constitución.

Frente a ello, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, dijo que Barrón se está victimizando y quiere provocar violencia en Sucre.

Agregó que “Barrón sabía con mucha anticipación que tenía dos juicios, uno el caso Fancesa y el otro sobre los hechos raciales del 24 de mayo. Ahora está buscando la autovictimización y la violencia en Sucre”.

El diputado Fabián Yaksic (MSM) indicó que el alcalde suspendido debe acatar la resolución del Concejo.

Por su lado, la alcaldesa interina de Sucre, Verónica Berríos, dijo que Barrón contrató a dos acusados por los hechos racistas de 2008, entre ellos Jhamil Pillco, como jefes en el municipio.

El martes, alcaldes de la FAM analizarán la situación de Barrón.

Texto: Cambio

Foto: Los Tiempos

¡Que el acceso a semillas no sea capturado por el monopolio comercial!

Ismael Guzmán

El pasado mes de mayo, a convocatoria de la Asociación Agroforestal Indígena de la Amazonía Sur (AAIAS) y el apoyo de CIPCA regional Beni, se realizó en San Ignacio de Mojos y por segundo año consecutivo un encuentro de productores agroforestales con la finalidad de, además de evaluar y tomar decisiones dirigidas a mejorar las condiciones de producción en sus respectivos territorios, realizar una jornada de intercambio de semillas como la recreación colectiva de una práctica muy propia de las lógicas económicas de las comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía boliviana.

A dicho encuentro acudieron productores hombres y mujeres de comunidades provenientes de cuatro municipios, quienes además de ser portadores de una vasta y profunda acumulación de saberes locales en materia productiva, asistieron aprovisionados de una gama de alrededor de 120 especies de semillas, pero sumando además las variedades de algunas de estas, sobrepasaron los 200 tipos de semillas, tanto de cereales, frutales, hortalizas, maderables, forrajes, medicinales e incluso artesanales (algunas muy comunes entre los cultivos familiares y otras en extinción). Esta gama de especies y variedades son una clara expresión del sistema de diversificación imperante en las lógicas productivas de los pueblos indígenas de la región.

El compartir semillas entre productores en este espacio, les permitió socializar determinadas semillas que aún se cultivan en algunas comunidades o algunas zonas, pero que sin embargo ya se había perdido o están en proceso de extinción en otras. Pero además de este tipo de relación, se logró la generación de un espacio de transmisión de conocimientos, de experiencias, de técnicas de cultivos en función a la realidad económica y ecológica actual caracterizada por la incorporación de factores no tradicionales como el del cambio climático.

Esta actividad no fue más que una demostración pública de una práctica muy tradicional en las comunidades indígenas de Mojos realizada colectivamente. Las familias con mucha frecuencia se facilitan semillas de manera recíproca y sin costo monetario y lo hacen como un mecanismo de superación de carencias circunstanciales. Este sistema de acceso no monetarizado a semillas y también a productos generados en la misma comunidad, es complementado por lo que proporciona en bosque, es decir, productos y también semillas. Por tanto, el territorio desde su componente material, también es un facilitador de este sistema de acceso recíproco.

Además su realización en el área urbana de San Ignacio de Mojos, constituyó un mensaje tangible dirigido precisamente a la población urbana, donde los valores de dar y suplir ante la necesidad coyuntural del otro van sucumbiendo ante el individualismo y la mediación monetaria de toda acción dirigida al acceso a bienes y servicios.

En los hechos, la práctica del intercambio de semillas en los territorios indígenas, constituye una acción contrapuesta y hasta contestataria a la gigantesca mercantilización del acceso a la semilla controlado por transnacionales, quienes a nivel global prácticamente monopolizaron el control del germoplasma, generando dependencias de los productores hacia la semilla certificada, con todas las consecuencias ecológicas, económicas, socioculturales e incluso políticas que ello conlleva.

En los territorios indígenas, la semilla es un bien social y su acceso por parte de los productores constituye un factor de reproducción del sistema de comunidad, en razón que refuerza las relaciones socioculturales tanto intra como intercomunal. En la gran mayoría de los casos el intercambio de semillas está eximido del valor monetario de cambio y en realidad responde a un complejo sistema de intercambio, puesto que no se trata del simple mecanismo de dar y recibir en tiempo presente y entre actores relacionados en negociación directa, sino que el sistema es circular y en tiempo indefinido que involucra de una u otra manera al conjunto de familias de la comunidad.

En otras palabras, por agregación de tenencia de semillas familiar, la comunidad en sí constituye un “banco” de semillas que permite el acceso a éste bien para todas las familias en interacción, lo cual garantiza a su vez la diversificación productiva y ello forma parte del sistema de comunidad. Este sistema de producción, conservación y redistribución de semillas es un elemento integrador entre los pueblos indígenas de Mojos, en razón que los circuitos de circulación de sus habitantes, excede el espacio estrictamente comunal hacia un ámbito de territorialidades socioculturales, donde un comunario, de su visita a otra comunidad, casi siempre retornará con alguna variedad de semilla de la cual carece y una vez coseche el producto estará en condición y en predisposición de facilitar una parte de la misma a otra familia ya sea de la misma o de otra comunidad.

Texto: CIPCANOTAS

Foto: fmrdt.blogspot.com

CEJIS acusa de discriminador e inconsecuente a ministro Romero

Santa Cruz, 18 Jun (Erbol).- El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Leonardo Tamburini, acusó este viernes de discriminador al ministro de Autonomías, Carlos Romero.

“El ministro de Autonomías es un hombre inconsecuente que discrimina a los pueblos indígenas a quienes asesoraba cuando era titular de esta ONG”, manifestó Tamburini, según el reporte de la radio Santa Cruz de la Red Erbol.

La molestia de los funcionarios del CEJIS, según Tamburini, surge por las falsas acusaciones de Romero, que días atrás, señaló a esta instancia no gubernamental como si fuera financiada por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y como si estuviera asesorando de manera “dirigida” a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en contra del gobierno.

En este sentido declaró “nos parece un acto de discriminación racial entender que el movimiento indígena decide y lleva a cabo una movilización sólo porque el CEJIS o una institución o una agencia de cooperación cualquiera se lo ordena”, añadió, al mencionar que esta es una forma de subestimar el raciocinio de los indígenas del oriente del país.

“Creo que eso es faltarle al respeto a 25 años de historia del movimiento indígena de las tierras bajas, quienes han posicionado varias demandas y reivindicaciones que son una realidad en la democracia boliviana actual”, aseveró.

Agregó que el ministro Romero con sus declaraciones viola el derecho que tiene cualquier autoridad o persona de proveerse de un asesoramiento legal por parte de profesionales que cuentan con el conocimiento especializado sobre alguna materia, “como por ejemplo el derecho”.

“En tercer lugar lo que denunciamos es la violación a nuestros derechos, que somos los defensores de los derechos humanos, porque tal cual lo señalan varias resoluciones de las Naciones Unidas, las acusaciones del gobierno buscan claramente descalificar y estigmatizar nuestro trabajo”, apuntó.

Anunció, asimismo, que en los próximos días CEJIS pedirá al gobierno una certificación que compruebe el supuesto financiamiento que recibiría por parte de USAID.

“Yo no voy a decir nada, esperaré que el Estado se pronuncie porque supuestamente es quien nos conoce más y sabe de dónde viene nuestro financiamiento, es él quien nos va a certificar si somos financiados y por quién, porque yo quiero que eso esté por escrito y ahí hablaremos sobre documentos”, puntualizó.

Texto: ERBOL

Imagen. mirabolivia

Fallece José Saramago a los 87 años

El escritor portugués y Premio Nobel de Literatura José Saramago falleció hoy en su casa de Lanzarote, Canarias a los 87 años de edad, según han informado fuentes de la familia.

La muerte se produjo pasadas las 13.00 horas (hora peninsular), cuando el escritor se encontraba en su residencia canaria, acompañado por su mujer y traductora, Pilar del Río.

José Saramago había pasado una noche tranquila. Tras desayunar con normalidad y haber mantenido una conversación con su esposa, comenzó a sentirse mal y al poco tiempo falleció, han explicado a la agencia Efe las citadas fuentes.

Biografía

Nacido el 16 de noviembre de 1922 en Azinhaga, una aldea de Ribatejo (Portugal), José de Souda es más conocido por el apodo de su familia paterna, Saramago, que el funcionario del Registro Civil añadió al inscribirlo.

Cuando tenía dos años, su familia se trasladó a Lisboa, pero nunca rompió sus lazos con Azinhaga. Aunque fue un brillante alumno, tuvo que abandonar la enseñanza secundaria al terminar el primer curso ante la falta de medios económicos de sus progenitores.

Antes de dedicarse de lleno a la literatura y de convertirse en uno de los mejores novelistas del siglo XX, Saramago trabajó en oficios como los de cerrajero, mecánico, editor y periodista. Fue director adjunto del 'Diario de Noticias' de Lisboa. Pero su mayor ilusión era ser escritor. En 1947 publicó su primera novela, "Tierra de pecado". Por esa época prendió en él la conciencia política que siempre le acompañó y que le llevó a afiliarse en 1969 al Partido Comunista Portugués.

En 1977 vio la luz la novela "Manual de pintura e caligrafía", a la que siguieron el libro de cuentos "Casi un objeto" (1978) y la obra teatral "La noche" (1979). En los años ochenta volvió al teatro con "¿Qué haré con este libro?" (1980), el relato "Alzado del suelo" (1980-Premio Ciudad de Lisboa) y el libro de viajes "Viaje a Portugal" (1981). Con estas obras Saramago había sentado ya las bases para ese mundo propio que fue construyendo libro a libro, y en 1982 le llegó la fama mundial con "Memorial del convento" que le valió el Premio del Pen Club Portugués, galardón que volvió a ganar en 1984 con "El año de la muerte de Ricardo Reis", también reconocida con el Premio Dom Dinis de la Fundación Casa de Mateus.

Referente literario

A partir de ahí su prestigio se fue consolidando con títulos como "La balsa de piedra" (1986), llevada al cine en 2002 por el director holandés George Sluizer y que protagonizaron Federico Luppi, Icíar Bollaín y Gabino Diego; la pieza teatral "La segunda vida de Francisco de Asís" (1987); e "Historia del Cerco de Lisboa" (1989). En 1991 publicó la polémica novela "El Evangelio según Jesucristo".

Elaño 1995 fue especial para él, con la obtención del Premio Camoens al conjunto de su obra y la publicación del "Ensayo sobre la ceguera", primera entrega de su trilogía sobre la identidad del individuo, que continuó con "Todos los nombres" (1998) y cerró con "Ensayo sobre la lucidez" (2004). El primer volumen de la trilogía fue llevado al cine en 2008 por el director brasileño Fernando Meirelles con el título de "Blindness".

Sus innegables méritos como novelista fueron por fin reconocidos en 1998 con el Premio Nobel de Literatura, que le otorgaron por haber creado una obra en la que "mediante parábolas sustentadas con imaginación, compasión e ironía, nos permite continuamente captar una realidad fugitiva".

Trabajó hasta el final

En los últimos años, Saramago no dejó pasar demasiado tiempo entre novela y novela. Era consciente de su edad y, como le dijo a Efe en una entrevista, si tenía "aún algo para decir", lo mejor es que lo dijera "cuanto antes". Fruto de esa urgencia por contar fueron sus novelas "La caverna" (2000); "El hombre duplicado" (2002); "Las intermitencias de la muerte" (2005); "Las pequeñas memorias" (2006); "El viaje del elefante" (2008); y "Caín" (2009), la última novela de este gran escritor.

En septiembre de 2008 comenzó a publicar su blog, titulado "El cuaderno". Fue "un espacio personal en la página infinita de internet", según sus palabras. La muerte le sorprendió cuando preparaba una novela sobre la industria del armamento y la ausencia de huelgas en este sector.

José Saramago presentó 'Caín' el pasado mes de noviembre en Madrid.

"Yo no escribo para agradar, tampoco escribo para desagradar", decía entonces. "Yo escribo para desasosegar"

A punto de cumplir los 87 años, declaró que era consciente de que le quedaba "poca vida", pero estaba dispuesto a usarla para "ensanchar la acción pública de su trabajo, no para vender más libros".

Saramago fue preguntado entonces por la controversia ideológica que había generado su obra, y se despidió con esta respuesta:

"Mi mensaje a los lectores sería éste: No se preocupen, yo voy a resistir".

Texto: Noticias de Yahoo.

Foto: lacomunidad.elpais.com

El mundo indígena 2010

Nómadas:

Siguiendo el link podrán acceder al Informe "El Mundo Indígena 2010" de IWGIA. Se trata de un documento interesante por las descripciones de muchos de los pueblos indígenas en el mundo. Pero por su carácter, no pasan de hacer descripciones muy generales pero útiles para tener idea de esas otras realidades.

Ojalá les sea útil.

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/IndigenousWorld/MUNDO%20INDIGENA_2010_WEB.pdf

6 concejales suspenden al alcalde de Sucre

Seis concejales del municipio de Sucre, suspendieron hoy al alcalde de Sucre, Jaime Barrón, quien debe responder ante la Justicia por el caso de humillación racista a campesinos en mayo 2008. Barron tiene al apoyo de su bancada que sólo tiene 5 concejales.

Según Domingo Martínez, presidente del Concejo Municipal de Sucre, la suspensión de Barrón se rodujo en aplicación del artículo 48 de la Ley de Municipalides.

Según esa disposición legal, “el Alcalde Municipal será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones y las de Concejal, por existir en su contra auto de procesamiento ejecutoriado. La suspensión persistirá durante toda la substanciación del proceso para asumir su defensa”.

Según concejales del MAS y de la agrupación Primero Sucre (PS), con la llegada y lectura de la acusación formal contra Barrón ya está suspendido automáticamente de su cargo esta autoridad municipal.

La lectura de notificación formal al alcalde de Sucre provocó enfrentamientos en la sesión del Concejo, la misma que fue suspendida, al promediar las 16:00, hasta el viernes.

Al ser conocida la notificación del juzgado, la suspensión es de cumplimiento obligatorio, dijo una concejal del MAS.

Sin embargo, según los cinco concejales aliados de Barrón, el alcalde sigue en funciones porque la acusación todavía no ha sido ejecutoriada.

Barrón pidió al Tribunal Constitucional definir la legalidad de su suspensión, porque considera que la Ley de Municipalidades es contraria a la nueva Constitución. Sin embargo, los nuevos tribunos están impedidos de conocer nuevos casos.

“Sucre tiene alcalde, es Jaime Barrón, les guste o no les guste”, dijo la concejal Susy Barrón a Radio Loyola.

Barrón debe hacer frente a una imputación formal contra Barrón, además de la ex prefecta Savina Cuéllar, la ex alcaldesa Aydeé Nava, el ex líder cívico Jhon Cava y el ex concejal Fidel Herrera, por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas, fabricación y comercio de sustancias explosivas, lesiones graves y leves, privación de libertad, amenazas, vejaciones y torturas.

Texto: Bolpress

Foto: boliviaenblogs.com

El gobierno de Evo Morales coarta el derecho indígena a la consulta previa

El Presidente Evo Morales promulgó una ley reglamentaria que coarta el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados e informados por el Estado antes de la explotación de recursos naturales en sus territorios. El gobierno del MAS considera que la consulta previa es una “pérdida de tiempo” y un “obstáculo” que impide el crecimiento acelerado de las industrias minera e hidrocarburífera, los pilares del plan nacional de desarrollo.

La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria. La democracia directa y participativa se ejerce por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, las asambleas y cabildos deliberativos, y de la consulta previa a naciones y pueblos indígenas respecto a la explotación de recursos naturales en sus territorios, establece el Artículo 11 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE).

El Artículo 30 de la CPE reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.

Además de ser un derecho que el Estado está obligado a respetar y garantizar, la consulta previa a naciones y pueblos indígena originario campesinos también es un procedimiento de cumplimiento obligatorio que condiciona la explotación de recursos naturales no renovables, señala la Carta Magna.

Antes de iniciar cualquier proyecto extractivo, el Estado debe convocar de buena fe y de manera concertada con la población interesada, a una consulta previa, libre, informada en el territorio habitado por los afectados, respetando sus normas y procedimientos propios. (Artículo 352)

El Artículo 304 de la CPE precisa que “Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten” es una competencia exclusiva de las autonomías indígena originario campesinas.

En síntesis, el derecho a la consulta previa de la democracia directa y participativa es muy distinto al derecho a la participación política de la democracia comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes, según normas y procedimientos propios. (Artículo 11)

En ese entendido, la Carta Magna establece claramente que el Órgano Electoral supervisará sólo los procesos electorales de naciones y pueblos indígena originario campesinos relativos a la democracia comunitaria (elección, designación y nominación directa de representantes) (Artículo 26), siempre y cuando no estén sujetos al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio, y velando por el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos propios de naciones y pueblos indígena originario campesinos. (Artículo 211)

Sin embargo, estos preceptos constitucionales han sido vulnerados por la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) sancionada ayer por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada hoy por el Presidente Morales.

El Artículo 6 de la nueva Ley Electoral señala que son competencias del OEP la “supervisión de los procesos de consulta previa y la observación y acompañamiento de las asambleas y cabildos”.

Además, los Tribunales Electorales Departamentales, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral, tienen la obligación de presentar informes de supervisión de procesos de consulta previa y de la observación y acompañamiento de asambleas y cabildos. (Artículos 38 y 39)

La justificación del gobierno

El gobierno intenta explotar hidrocarburos en el norte de La Paz para ganar dinero y “construir carreteras, generar petroquímica, industria, mejorar la salud y la educación de la gente”, pero algunas ONGs soliviantan a las comunidades indígenas de la región y frenan el “progreso del país con la excusa de defender el medio ambiente”, se quejó días atrás el Vicepresidente Alvaro García Linera.

Según el viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez, los dirigentes indígenas bloquean los proyectos extractivistas por culpa de ONGs de Europa y Estados Unidos con oscuros intereses. La derecha internacional encabezada por EE.UU. y sus agencias operadoras se infiltran en las organizaciones sociales para generar movimientos de desestabilización de la democracia en Bolivia, denunció el sábado pasado el Presidente Morales.

El derecho a la consulta previa, reconocido por tratados internacionales y por la Carta Magna, está absolutamente garantizado por el Estado; sin embargo, este derecho ha sido malinterpretado y debe ser reglamentado mediante ley, afirmó el viceministro Chávez en una entrevista con la red Erbol.

“Por el mal manejo que se ha hecho de la consulta, se deben cerrar esos canales y se instaurará un procedimiento de consulta previa a los pueblos basada en el marco de la democracia comunitaria”, explicó Chávez.

El Artículo 25 de la nueva Ley Electoral establece que son atribuciones del Tribunal Supremo Electoral registrar mediante consulta directa las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos; y verificar el respeto al principio de equivalencia y los criterios de paridad y alternancia entre hombres y mujeres.

Por lo tanto, a partir de ahora los pueblos indígenas deben informar sobre el procedimiento obligatorio de consulta previa para que este proceso sea verificado y legalizado por el OEP.

Según el Artículo 4 de la Ley Electoral, un principio de observancia obligatoria que rige la naturaleza, organización y funcionamiento del OEP es la “interculturalidad”, definida como el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución, conformando una sociedad basada en el respeto y la igualdad entre todos, para vivir bien.

Este principio hace referencia a la integración entre culturas de forma respetuosa, sin que ningún grupo cultural prevalezca sobre los otros, favoreciendo en todo momento a la integración y convivencia entre culturas.

Chávez anunció que en los procesos de consulta previa seguramente se tomarán muy en cuenta los derechos del Estado garantizados por la Constitución. Eso quiere decir que se reconocerán y respetarán los derechos indígenas, pero se privilegiarán los derechos de la sociedad y los intereses económicos del Estado.

Texto: Bolpress

Foto: reflejosocial.com

Socialistas del "buen vivir" menoscaban derechos indígenas en nombre del "desarrollo"

SENA-Fobomade

Casi todos los Estados latinoamericanos se comprometieron formalmente a proteger a los pueblos indígenas y a respetar sus derechos consagrados en disposiciones legales y en tratados internacionales, y sin embargo las políticas de desarrollo de varios gobiernos de la región, incluidas las “progresistas”, amenazan seriamente la existencia de comunidades originarias, especialmente de los grupos en aislamiento voluntario.

Se estima que en el mundo unas 100 etnias viven sin contacto directo con la civilización por voluntad propia, entre ellas los sentineleses de India, los tagaeris y taromenane de la Amazonía de Perú y Ecuador, y los totobiegosode del bosque chaqueño de América del Sur, que se extiende desde Paraguay hasta Bolivia y Argentina.

Desde principios del siglo XX, representantes de los pueblos indígenas denunciaron en varios foros internacionales graves violaciones de sus derechos humanos y exigieron a los líderes de la “civilización” que detengan el genocidio.

En 1982 se creó el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas; y en 1989 el Convenio 169 de la OIT reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sobre todo su derecho a la tierra que han ocupado tradicionalmente y a ser consultados cada vez que se ejecuten medidas legislativas o administrativas que los afecten.

En 1994, la ONU declaró el “Decenio Internacional de Derechos de Pueblos Indígenas” para reflexionar y diseñar nuevos mecanismos que protejan a comunidades originarias, y 13 años después, en 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas mediante resolución 61/295.

Varios países ratificaron con leyes el Convenio 169 y la histórica Declaración de la ONU que reconoce el derecho de los indígenas “al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” como pueblos o como personas. Bolivia refrendó el Convenio de la OIT y la Declaración de la ONU mediante las leyes 1257 y 3760, respectivamente.

A pesar de ello, las agresiones y la vulneración de derechos indígenas no sólo no han cesado sino que en algunos casos se han intensificado. El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas (FPPI) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI ) coinciden en que la causa principal de este fenómeno son las políticas de desarrollo y los proyectos extractivos mineros, petroleros, forestales y agroindustriales que impulsan casi todos gobiernos de la región, incluidos los denominados “progresistas”.

Los tagaeris y taromenane peligran en Perú y Ecuador

Repsol YPF pidió permiso al gobierno peruano para explorar reservas de petróleo en el Bloque 39 de la Amazonia peruana, una zona fronteriza con el Parque Nacional y Reserva de la Biósfera Yasuní de Ecuador, donde moran los tagaeris y taromenane, tal vez los últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

El Yasuní de 982 mil hectáreas se encuentra en las provincias orientales de Orellana y Pastaza en la Amazonía ecuatoriana. En 1979 fue declarado parque nacional y en 1989 reserva mundial de biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En 2007 se delimitó una porción del parque habitada por pueblos indígenas jamás integrados a la civilización occidental, como zona intangible de importancia cultural y biológica, en la cual está prohibido realizar cualquier tipo de actividad extractiva por mandato constitucional.

Sin embargo, la sociedad Repsol-YPF – ConocoPhillips impulsa un proyecto de exploración petrolera en ese territorio indígena, que contempla la instalación de 454 kilómetros de líneas sísmicas, la apertura de caminos y la construcción de más de 100 helipuertos y un oleoducto para transportar crudo hasta la costa del Pacífico, a cargo de la anglo francesa Perenco.

El ministro de Recursos Naturales no Renovables de Ecuador Germánico Pinto aseguró que el Presidente Rafael Correa aprobó los términos de un fideicomiso para dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra (unos 850 millones de barriles), pero días atrás la ministra del Ambiente Marcela Aguinaga reveló que se está tramitando la licencia ambiental para explotar el yacimiento petrolero Armadillo, próximo a la zona protegida.

“Por hechos dolorosos ocurridos el del sitio Los Reyes, dar la licencia de explotación al campo Armadillo supone una amenaza real para los pueblos aislados que están en la zona”, comentó a IPS la directora del proyecto Amazonía por la Vida Salvemos al Yasuní de la organización Acción Ecológica, Esperanza Martínez, y confirmó que avanza la construcción del oleoducto en inmediaciones del Parque Yasuní.

La ONG Survival lanzó una campaña internacional en defensa de los últimos pueblos indígenas aislados de Perú con el fin de “dirigir la atención mundial a lo que el gobierno peruano está haciendo a sus pueblos indígenas aislados”, declaró el director de la organización International Stephen Corry.

Survival envió una carta al Presidente Barack Obama advirtiéndole que el proyecto petrolero amenaza la existencia de los últimos pueblos indígenas no contactados del mundo, e instó al Ejecutivo peruano a descartar cualquier intervención petrolera en la zona y en cualquier otra habitada por pueblos indígenas no contactados.

“Operar en dichas áreas pone en peligro las vidas de algunas de las personas más vulnerables de la tierra y es una flagrante violación de los derechos de estos pueblos bajo la legislación internacional y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, dice la misiva enviada a Obama.

Y es que el proyecto petrolero no sólo implica la tala de árboles y la contaminación de fuentes de agua, flora y fauna, sino también la proliferación de enfermedades, virus y bacterias que podrían diezmar a poblaciones indígenas extremadamente vulnerables.

Voceros de Perenco, Repsol-YPF y ConocoPhillips negaron la existencia de estos pueblos, mientras que el presidente de Perú Alan García dijo públicamente que los indígenas aislados son una “creación de los medioambientalistas”.

La etnia totobiegosode bajo amenaza en Paraguay

Las comunidades de cazadores-recolectores nómadas totobiegosodes de Paraguay constituyen el único pueblo indígena no contactado de América Latina que vive fuera de la selva amazónica en pequeños poblados dedicados principalmente al cultivo de calabazas, habas y melones, y a la caza de tortugas y cerdos salvajes.

Sus moradas, a las que en la práctica sólo van a dormir cuando llueve, se alzan sobre un pilar central de madera, soporte de una estructura abovedada hecha de ramas pequeñas y coronada con barro seco, describe la periodista de Prensa Latina Odalys Troya Flores.

La Constitución de Paraguay garantiza la propiedad territorial de los indígenas, pero las tierras de los ayoreo-totobiegosode “han sido tomadas casi por completo por los ganaderos, quienes los obligan a abandonar su selva y dificultan enormemente su supervivencia”, denuncia Survival.

En 1993, un grupo de totobiegosodes “evangelizados” e incorporados a grupos locales tradicionales, solicitó al Estado paraguayo la titulación de unas 550 mil hectáreas del remanente de bosques de sus antiguos dominios para impedir la desaparición de sus hermanos totobiegosodes aislados.

En 1998, el Ministerio de Educación y Cultura declaró a esas tierras Patrimonio Natural y Cultural, y en 2005 la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) creó en la zona una reserva de la biosfera, buscando “la recuperación, legalización y devolución de las tierras a este pueblo nativo”.

Hasta ahora, sólo se han legalizado cerca de 100 mil hectáreas a favor de la etnia. Survival publicó fotografías satelitales que evidencian el avance de la tala de bosques para la siembra de pastos, y la vertiginosa destrucción del territorio indígena por parte de granjeros menonitas, brasileños y paraguayos, y hasta grupos fundamentalistas como el estadounidense Misión Nuevas Tribus.

En riesgo los mujica nava y los jacareuba/katawixi en Brasil

Las represas gigantes de San Antonio y Jirau que construye la transnacional GDF Suez sobre el río Madera en el Amazonas brasileño inundarán gran parte del territorio de al menos cuatro grupos de indígenas no contactados, dos de ellos conocidos como mujica nava y jacareuba/katawixi, evidenció un equipo del departamento de asuntos indígenas del gobierno brasileño FUNAI.

Un reciente informe de la FUNAI revela que el ruido provocado por la construcción de las represas probablemente ya haya obligado a algunos indígenas no contactados a abandonar su tierra y a desplazarse hacia territorios ocupados por mineros ilegales, donde la malaria y la hepatitis son habituales.

Se prevé que durante la construcción de las represas y caminos de acceso, llegarán a la zona miles de foráneos trayendo consigo enfermedades como la gripe y el sarampión que podrían diezmar a los indígenas, como ya ocurrió con frecuencia en el pasado.

Una coalición de ONGs integrada por Survival, Amigos de la Tierra y Amazon Watch, entre otras, pidió al presidente Inacio Lula da Silva que paralice las obras, mientras que un accionista de GDF Suez, preocupado por la situación de indígenas no contactados que habitan en cercanías de la represa Jirau, exigió explicaciones al presidente de la compañía Gérard Mestrallet.

“Si no se suspende la construcción de las represas muchos indígenas verán sus tierras invadidas y sus recursos naturales saqueados. Los grupos no contactados podrían ser diezmados o incluso erradicados y el gobierno brasileño será responsable de tal desastre”, advirtió el director de Survirval Stephen Corry.

El origen del problema

El informe “La situación de los pueblos indígenas del mundo” de la FPPI publicado a principios de 2010 denuncia las pésimas condiciones de vida de los pueblos originarios en la actualidad, como consecuencia de la expropiación de sus territorios, de los traslados forzados violentos, los abusos de las fuerzas militares y la negación de su derecho a la tierra.

El IX FPPI de la ONU celebrado en 2010 y II Congreso de la CAOI celebrado en marzo coincidieron en que las políticas de desarrollo extractivistas impulsadas por casi todos los gobiernos de la región se han convertido en la peor amenaza para la cultura e identidad de los pueblos autóctonos.

Se ha identificado con claridad que uno de los orígenes de las políticas de dominación de los Estados es la denominada doctrina jurídica del descubrimiento, que de cierta forma legalizó el saqueo de recursos naturales y el despojo de territorios indígenas desde la colonia.

En la actualidad, los pueblos indígenas enfrentan nuevas formas de colonización, entre ellas las famosas “concesiones” extractivistas otorgadas por los Estados a empresas transnacionales, y los tratados y leyes internacionales que intensifican el saqueo de materias primas y la privatización de la naturaleza.

Prácticamente todas las naciones semicoloniales del sur siguen creyendo que el crecimiento económico es sinónimo de desarrollo, y que es posible erradicar la pobreza con la renta generada por las exportaciones de materias primas y de recursos naturales industrializados.

Por ello, el interés prioritario de casi todos los Estados sudamericanos no es preservar los territorios comunitarios como fuente de identidad y sustento material de los pueblos indígenas, sino acelerar la extracción y la exportación de minerales, hidrocarburos y otros recursos naturales, que constituyen el sustento económico de sus países.

Así, el extractivismo de bienes naturales sigue siendo el motor fundamental del desarrollo y el crecimiento económico de países periféricos, inclusive de las naciones en transición hacia el “socialismo del Siglo XXI” alternativo al capitalismo, que aún no trasciende el plano discursivo.

La dependencia económica de los países de la región en su condición de proveedores de materias primas inviabiliza cualquier iniciativa liberadora, como por ejemplo el modelo civilizatorio del “buen vivir” propuesto por los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa.

Es paradigmática la experiencia del gobierno boliviano, que ha decidido desarrollar el país con un plan económico quinquenal denominado “salto industrial”, el cual contradice y vulnera varios principios de la nueva Constitución Política del Estado.

La Carta Magna adopta los valores comunitarios de los pueblos originarios preexistentes a la conquista española como sustento del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, y reconoce el derecho de estas comunidades a ser consultadas antes de realizar cualquier actividad en sus territorios. El gobierno boliviano incumplió ese mandato constitucional e inició varios proyectos extractivistas en territorios indígenas y campesinos sin consultar a sus ocupantes.

En los últimos meses, el CONAMAQ, la CIDOB y otras organizaciones indígenas y campesinas denunciaron que el gobierno de Evo Morales viola derechos indígenas consagrados en la Carta Magna y no practica lo que predica en su condición de “Defensor de la Madre Tierra”.

El Presidente Evo Morales se niega a debatir sobre las contradicciones de su gobierno y no reconoce los derechos de organizaciones afectadas por proyectos extractivistas de nuevo cuño.

Al principio, el gobierno ignoraba o menospreciaba sus críticos tildándolos de infantilistas y soñadores: “Amazonía sin petróleo piden algunas ONGs que no quieren que haya gas ni petróleo para los bolivianos; algunos dirigentes sindicales o el movimiento indígena se oponen y no facilitan las licencias ambientales para que haya más pozos y más petróleo… ¿entonces de qué vivirá Bolivia”, comentó el Presidente.

Ahora Morales opina que el derecho a la consulta “es una pérdida de tiempo”, no descarta autorizar proyectos extractivistas en territorios indígenas y áreas protegidas por decreto, y amenaza con investigar y sancionar a los "contrarevolucionarios contratados por Usaid” que obstaculizan el "desarrollo" y el "progreso" nacional.

El gobierno busca chivos expiatorios para culparlos de sus propias contradicciones. “Se averiguará, acudiendo a la legalidad, la intromisión de extranjeros y de comprobarse se penará por ley, es un acto que no lo vamos a tolerar, ningún ciudadano debe permitir injerencia externa en temas internos”, amenazó el ministro de la Presidencia Oscar Coca a ONGs y activistas.

El Presidente advirtió al Mallku de la Comisión de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq) Rafael Quispe que lo denunciará públicamente por oponerse al "desarrollo" de Bolivia.

Texto: Bolpress

Foto: servindi.org