¿Tiempos de cambio?

El escándalo de "San Cristóbal"

Andrés Soliz Rada

El Ministro de Minería, José Pimentel, reveló que la empresa minera “San Cristóbal” (MSC), genera ganancias por mil millones (MM) de dólares al año y tributa 35 MM. (“La Razón”, 17-03-10). Utiliza 50.000 metros cúbicos de agua por día. MSC está en la casi desértica provincia Nor Lípez de Potosí. Los 35 MM no cubren el costo del agua para uso doméstico en el cercano norte de Chile y mucho menos para uso industrial. Por tanto, la tributación de MSC se reduce a cero, ya que no paga por el agua que utiliza. MSC es uno de los yacimientos de plata, zinc y plomo más grandes del mundo. Comenzó a ser explotado en julio de 2007, en el gobierno de Evo Morales. Es una mina a tajo abierto, es decir se usaron explosivos para abrir boquetes de 1.5 a 2 kilómetros de diámetro y 300 metros de profundidad.

En zonas áridas y desérticas, el agua es el recurso más valioso. En 20 años de contrato, lapso en el que se agotarán las reservas, MSC extraerá 240 MM de toneladas de mineral, mediante el uso de 292 MM de metros cúbicos de agua. Sólo el 18 % de esa agua es reciclada. La reposición de las aguas fósiles (depositadas hace 10.000 años) tardará seis décadas, desde que cese el bombeo, dice Jorge Molina. La contaminación ácida de aguas superficiales y subterráneas arrastra aluminio, arsénico, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, níquel antimonio y zinc. Provoca sequía en fuentes y bojedales, además de la muerte de flamencos, pájaros y otras aves, advierte Robert E. Moran. MSC no quiso entregar a este experto, contratado por entidades campesinas de la zona, datos sobre el agua que consume. Recibió, en cambio, simulaciones computarizadas de ojos de agua que serán canalizados a futuro. MSC monitorea sus datos. La fiscalización estatal es inexistente.

Evo visitó MSC en 06-09. Indicó que se sentía feliz de lo que veía (Iturralde, 2009:1). Anotó que “Bolivia respeta a las empresas extranjeras y dijo estar sorprendido por el trabajo que realiza la empresa...”. Dio todas las garantías en temas de seguridad jurídica. (EFE, 26-06-09). Dos meses antes, El 22-04-09, la ONU declaró a Evo “Héroe y Defensor de la Madre Tierra”, por promover el “Día Mundial de Defensa de la Tierra”. El 22-03-10, recomendó que “el agua sea parte del derecho humano de los pueblos”. Gracias a su iniciativa, ahora existe el “Día Internacional del Agua”. Ha convocado en Cochabamba a la “Conferencia Mundial de los Derechos de la Madre Tierra”, para abril próximo.

El contrato con MSC se firmó con Appex Silver, compañía registrada en las Islas Caimán. Su inversionista institucional fue George Soros. La “Soros Found Management” financia la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), para la que trabajó Juan Ramón Quintana, antes de ser el ministro más influyente de Evo. Otra ONG de Soros, “Open Society”, busca despenalizar la hoja de coca. En enero de 2009, la japonesa Sumitomo compró a la Appex su paquete accionario. La representante de la ONU en La Paz, Yoriko Yasukawa (nacida en Japón), dijo que, “en varios aspectos, Bolivia ya ejerce el liderazgo internacional en defensa del medio ambiente” (La Prensa, 23-04-09).

Pimentel indicó que no fue posible aprobar un impuesto a las utilidades mineras, ya que, si ello sucede, las empresas declaran pérdidas, como aconteció en gestión pasada. Explicó que si se aumenta la tributación se perjudicará a las cooperativas, ya que los impuestos deben ser universales (“La Razón”, 17-03-10), como si no fuera posible incluir un artículo que separare a cooperativas de compañías que ganan 1.000 MM de dólares al año y tributan, según el Ministro, 35 MM, además de recibir elevadas subvenciones por el agua, mientras destruyen el medio ambiente.

Texto: Rebelión

Foto: elpotosi.net

Comienza un ciclo de ferias agroecológicas

(SENA Fobomade).- La plaza Señor de Mayo del municipio de Achocalla del departamento de La Paz fue escenario de la primera feria de alimentos orgánicos cultivados en pequeña escala, dando inicio a un ciclo nacional de ferias agroecológicas en los nueve departamentos del país con el objetivo de fomentar el intercambio entre pequeños productores campesinos y consumidores sin intermediarios, y promocionar el consumo de frutas, verduras y otros alimentos ecológicos.

Achocalla es un valle alto situado a pocos kilómetros de la sede de gobierno, donde se produce aproximadamente el 20% de las verduras que se consumen en las ciudades de La Paz y El Alto.

La Asociación de Fruticulturas y Productoras de Hortalizas de Achocalla (AFLOPHA) y la Asociación de Carpas Solares de Hortalizas de Achocalla (ACSHA) cultivan rábano, zanahoria, nabo, acelga y apio, entre otros productos.

"Me llamó la atención ver un valle cerca de El Alto, donde se cultivan productos ecológicos en pequeña escala, con el esfuerzo de las hermanas productoras y el interés del Alcalde", destacó la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo en la inauguración de la feria "Bio Achocalla", en la que participaron la Nuez Amazónica, AFLOPHA, Flor de Leche y chocolates CEIBO, entre otros expositores.

La feria agroecológica fue organizada por la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), con el apoyo del municipio de la región y del gobierno nacional. La AOPEB es la principal impulsora de la Ley 3525 que regula y promociona la producción agropecuaria y forestal y no maderable ecológica en el país.

Los agricultores de Achocalla riegan sus cultivos con agua de vertiente y realizan un control orgánico de plagas, destacó Carmen Sotomayor, gerente de AOPEB. El municipio de Achocalla, en coordinación con AOPEB, está desarrollando un sistema de Certificación Participativa que permitirá al consumidor paceño identificar los productos ecológicos de la región.

"Como municipio estamos apoyando a los productores y productoras ecológicas, además pronto tendremos un camino asfaltado hacia Achocalla que permitirá a los paceños llegar en 15 minutos a estos centros de producción", informó el Alcalde de Achocalla Carlos Torrez. "El propósito es convertir a Achocalla en un municipio ecológico", agregó Sotomayor.

"Producimos lechuga, rabanito, acelga y apio para vender en El Alto, y también consumimos mucha ensalada", comentó orgullosa Nieves Mamani, quien hace cuatro años se dedica a la producción de hortalizas. "Necesitamos el apoyo de las autoridades para vender nuestros productos directamente a los consumidores", dijo la representante de AFLOPHA "Ajjawir Imilla", Teodora Quispe.

No es conveniente producir alimentos lejos de los centros de consumo y tampoco comercializarlos a través intermediarios: "Ganamos mucho más cuando el consumidor se traslada a las zonas productoras y obtiene productos frescos, ahorra en precios y fomenta la relación directa productor consumidor", aseguró la integrante de AOPEB María Julia.

La ministra Achacollo anunció que los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Salud y Desarrollo Rural y Tierras trabajarán de manera conjunta en la promoción de los valores nutritivos de los productos ecológicos para que la gente "poco a poco deje de consumir productos que dañan su salud".

"Nuestro compromiso es promover la producción de alimentos orgánicos y ecológicos para que la población coma productos sanos, nutritivos y netamente orgánicos", dijo la ministra Achacollo y se comprometió a apoyar a los pequeños productores a través de las unidades descentralizadas del Ministerio a su cargo.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras dispone de ocho millones de dólares para financiar programas y proyectos de pequeños productores en municipios y prefecturas con el fin de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria nacional.

Según Achacollo, se instalarán ferias estatales permanentes en las nueve capitales de departamentos, en ciudades intermedias y en localidades fronterizas, en alianza con prefecturas y municipios, en el marco de las políticas nacionales destinadas a garantizar la soberanía alimentaria.

La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la seguridad y la soberanía alimentaria de la población es uno de los objetivos prioritarios de la forma de organización económica estatal (Artículo 309); es una acción prioritaria de la política de desarrollo rural integral sustentable (Artículos 405 y 407), y es uno de los principios que rigen la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales (Artículo 255).

La Ministra Achacollo reconoció que es obligación del Estado fortalecer a las asociaciones productivas ya existentes; rearticular a comunidades de tierras altas y bajas; buscar la complementariedad entre estructuras agropecuarias tradicionales y agroindustriales, y desarrollar el mercado interno con la creación de un sistema de información de precios, márgenes de intermediación, proveedores, servicios financieros, insumos, demanda, oferta, compras estatales, tecnología, formación, oportunidades de trabajo y de inversión.

El potencial de la agricultura en pequeña escala

Hasta hace poco se creía que las pequeñas fincas familiares eran improductivas en comparación con los cultivos agroindustriales a gran escala. Sin embargo, decenas de investigaciones y estudios científicos recientes demuestran que las pequeñas unidades productivas son menos depredadoras y más rentables que los monocultivos a gran escala, porque utilizan de manera más eficiente la tierra, el agua, la biodiversidad y otros recursos agrícolas.

El Informe Evaluación Internacional 2009 del Papel del Conocimiento, Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), elaborado por más de 400 expertos de 15 países, concluye que las granjas pequeñas son las más adecuadas para aliviar el hambre en el mundo y garantizar el desarrollo sostenible.

La pequeña producción agroecológica usa compost u otras materias orgánicas (estiércol, abonos verdes, cultivos de cobertura) en lugar de fertilizantes químicos; realiza controles biológicos de plagas, evitando pesticidas químicos; practica la "cosecha" de agua para conservar la humedad del suelo y prevenir la erosión y lixiviación de nutrientes; y cultiva una variedad amplia de especies adaptadas al clima local en agroecosistemas diversificados menos vulnerables a los eventos climáticos extremos.

El Estado Plurinacional de Bolivia y la política de desarrollo rural integral sustentable protegen, fortalecen y fomentan la economía familiar y comunitaria de pequeños productores agropecuarios como alternativas solidarias y recíprocas en el área rural y urbana para que contribuyan al desarrollo económico y social del país. (Artículos 334, 255 y 311, 405 y 406 de la CPE)

El Estado Plurinacional reconoce, respeta, protege, fortalece y promueve la forma de organización económica comunitaria que comprende sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos. (Artículos 47 y 307)

La nueva Constitución manda apoyar a las organizaciones de economía comunitaria para que sean sujetos de crédito y accedan al financiamiento; y les otorga preferencias en las compras del Estado. (Artículos 255, 334 y 336)

La pequeña agricultura campesina e indígena comunitaria sustenta varios proyectos de industrialización, comercialización y encadenamientos productivos previstos en el Plan quinquenal de desarrollo agrícola del gobierno boliviano, todos ellos diseñados para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y la producción agroecológica.

El gobierno diseña un Plan de Fomento a la Producción Ecológica/orgánica para asistir a iniciativas productivas mediante varios programas destinados a concretar todas las políticas, estrategias y acciones en pos de la seguridad y soberanía alimentaria.

El programa CRIAR (Creación de Iniciativas Alimentarias Rurales) fomenta la producción de alimentos para consumo local; el programa EMPODERAR (Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario) desarrolla capacidades productivas agropecuarias, agroforestales y otras; y el Programa Alimentación y Nutrición Escolar busca efectivizar el Derecho Humano a la Alimentación en zonas urbanas, periurbanas y rurales pobres.

Texto: Bolpress

Foto: feriasymercadosbolivianos.blogspot.com

Los Quiebres de Jessica Jordan

Ismael Guzmán

Estamos hablando de rupturas sociopolíticas en el departamento del Beni, podría decirse, un efecto JJ (Jessica Jordan). El irle bien o mal a la candidata a gobernadora por el MAS, Jessica Jordan, está supeditado al punto de vista de quien lo vea: para muchos el merecimiento de este calificativo tendrá lugar sólo si la referida candidata gana la elección este 4 de abril; pero otros otorgarán tal calificativo incluso si queda en segundo lugar, puesto que ello implicaría superar a uno de los dos partidos que tradicionalmente controlaron el poder político en la región, es decir, o al MNR (que probablemente tenga al Beni como único enclave nacional), o a lo que antes fue la ADN, luego derivada en PODEMOS y hoy aglutinada en la agrupación ciudadana Primero el Beni, cuyo candidato es, Ernesto Suárez Satori.

En cuanto a lo que en realidad nos ocupa en esta nota; las rupturas…, una de ellas está referida al efecto generado por la candidatura de Jessica Jordan. Su postulación y las expectativas sociopolíticas generadas en torno a este hecho, conlleva implícitamente un impacto desestructurante en el círculo de familias que desde el sistema al que podríamos denominar “oligopolio político”, han manejado patrimonialmente el poder en el departamento.

Corresponde indicar que Jessica Jordan no es ajena a las élites económicas de la región, sin embargo no forma parte de ese entorno interfamiliar que tradicionalmente detenta el poder. Subrayamos este efecto político debido a que su candidatura, pese a ser postulada por un partido no tradicional entre un electorado tradicionalmente conservador, al parecer no es un simple intento por perturbar el brillo de victorias tradicionales, por el contrario, pareciera estar disputando adhesiones y legitimidad de representación incluso al interior del sector de poder económico que tradicionalmente fue la base de sustento del señalado círculo interfamiliar que retuvo para sí el control político.

Por tanto, la sola presencia de esta candidata en la terna electoral, constituye un principio de ruptura del orden político que no pasará desapercibido, puesto que en los hechos puede implicar el inicio de un proceso de insubordinación de otras familias de la élite regional, o incluso, puede desembocar en la desestructuración definitiva del referido oligopolio político imperante en la región, y ello sí que constituiría un quiebre de las estructuras de poder en el Beni. La experiencia pasada de elección de prefecto fue distinta debido a que el candidato del MAS de entonces fue un actor ajeno a esta trama de poder y los resultados electorales más o menos reflejó lo tradicional.

Una derivación del sistema de ejercicio de poder en el Beni, son los liderazgos prefabricados tan típicos en la región, donde la postulación de Jessica no constituye ruptura alguna, puesto que ella misma es el resultado de estrategias políticas ajenas a sus méritos personales, de modo que su candidatura no conlleva la construcción sistemática de un liderazgo político propio, sin desmerecer desde luego algunas dotes propias observadas en su campaña. En contraposición, desde el movimiento indígena en el Beni, sí existen liderazgos en emergencia cuya proyección es una construcción lenta y esforzada, porque responden a procesos relativamente lentos y porque los espacios de participación política aún están protegidos por barreras sociales, institucionales e ideológicas.

Una segunda ruptura estructural en las relaciones sociopolíticas de la región generadas a través de la candidatura de Jessica, lo constituye su condición de mujer. Si colocamos esta situación en el escenario de una sociedad profundamente patriarcal como es la del Beni en todos sus extractos sociales, la incorporación de una candidata mujer al más alto cargo político a nivel departamental, constituye un acontecimiento que probablemente esté generando un fuerte impacto en la estructura sociocultural de la sociedad regional y por tanto representará en ese sentido una ruptura fundamental. Obviamente que una sola experiencia de este tipo no necesariamente representa un indicador de cambio consumado, pero sí constituye un germen que dependiendo de los acontecimientos, decisiones y estrategias posteriores, puede dar continuidad a un proceso en este sentido.

Aun quedan pendientes muchas rupturas, sin embargo actualmente la región está inmersa en un proceso de ruptura relacionado con la histórica exclusión política de sectores sociales significativos como los indígenas y campesinos, pero este no es un quiebre de Jessica, al contrario, ella misma es beneficiaria de este proceso. Por tanto es justo esperar que, independientemente si gana o no la elección a la gobernación este 4 de abril, desde el rol que le toque jugar en lo posterior, ella contribuya en la ruptura de los mecanismos de exclusión sociopolítica históricamente desarrollados por la sociedad oficial a través del patrimonialismo político establecido en el Beni.

Texto: CIPCANOTAS

Foto: mirabolivia.com

Se rifa la madre tierra en la oferta electoral

Alicia Tejada Soruco

Ascensión de Guarayos.- El ruido de las campañas y referéndums que abarcaron los últimos cuatro años, tienen ahora en los pueblos vida propia: Con sus personajes locales y problemas cotidianos y con la recurrencia de idénticas promesas, el cuatro de abril Guarayos elegirá a sus alcaldes. Las caravanas de cinco diferentes tiendas partidarias elevan a su paso el polvo rojizo de las calles, y los vehículos que las componen, algunos cuestan hasta sesenta mil dólares, marcan los contrastes entre los pueblos que tienen que morir para que el "progreso" nazca.

Personajes políticos conduciendo sus 4X4; gigantescos "banner" que reemplazan a los afiches tamaño oficio de otrora; shows en los que se despliegan fuegos artificiales, danzas, rifas de ovinos, alcohol y promesas de igualdad, convocan a multitudes; a esas multitudes pequeñas de los pueblos chicos, alrededor de la plaza.

Hay fiesta en el pueblo mientras que en los bosques se cierne la amenaza de la muerte; las moto sierras no han dejado de rugir, ni se han detenido un solo instante los gigantescos engranajes en su tarea de echar abajo la "Casa Grande" de los Gwarayú.

De seis candidaturas, dos únicamente no han incorporado a los llamados "madereros", "pirateros" o "consultores forestales" en franja de seguridad o como alcaldes. Esto también es una repetición de la misma historia sobre los poderes locales vinculados a capacidades económicas y a la tierra en oferta. Nada en política es diferente hoy.

En los últimos cincuenta años el sector maderero en Guarayos se encargó de la extracción de la mara, el cedro y de otras especies valiosas hasta extinguirlas en su valor económico; incentivo de la debilidad estatal del ex CDF, que le dio al sector la posibilidad de capitalizarse e industrializarse.

Las condiciones de intervención del bosque, después de medio siglo, continúan siendo las mismas aunque multiplicadas en número: Aserraderos, moto sierras, skyders; máximos exponentes de la intervención primaria, continúan como los dinosaurios del siglo XXI, sin una sola industria forestal instalada.

Hay treinta aserraderos registrados en la provincia Guarayos. Una inspección realizada el mes de marzo del presente año a 16 de éstos con la finalidad de recabar sus registros de abastecimiento de materia prima del año 2009, dio como resultado que, los 16, han cometido irregularidades por la que la Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras (ABT) les ha impuesto multas que ya han sido impugnadas por los infractores locales.

La ausencia de políticas sectoriales de valoración del bosque y de prevención sobre los efectos del mercado informal ante recursos de extraordinaria plus-valía en éste, ha derivado la última década no solo en una presión mayor sobre otras especies de madera sino en el avance de la frontera agrícola sobre tierras forestales: La ABT en Guarayos encara también hoy 38 sumarios administrativos por desmontes ilegales que en el año 2009 ascendieron a 27000 hectáreas, superficie que se suma a las 45.000 hectáreas acumuladas en las pasadas gestiones.

Frente a ello, el Estado sólo se limita a multar y a "defenderse" de los procesos de quienes incurren en ilegalidad forestal. El reino del procedimiento alambicado en los bosques de Guarayos se ha instaurado. La capacidad de prevención y fiscalización es casi nula.

Para Rudy Guzmán, actual ejecutivo de CADEFOR y autor de estudios sobre bosques en Bolivia, la incapacidad de detener estos atentados contra los bosques de Guarayos desde instituciones estatales, tiene varias causas y una de ellas es la vocación recaudadora de la ABT: "El desmonte y el correspondiente pago de una patente que lave y purifique el pecado y la infracción que implica el cambio de uso de suelo, se ha exacerbado, por tanto, cuanto más desmonte, más posibilidades de recaudación, más posibilidades y más sencillas formas de obtención de madera a través de aprobaciones de exagerados e inexistentes volúmenes de madera, más posibilidades de emisiones de CFO como cheques en blanco que pueden ser comercializados en el mercado negro para legalizar adera proveniente de otros lugares no autorizados, etc.", argumenta Guzmán.

El Régimen forestal de la Nación que se diseñó durante casi una década de consultas con todos los actores y movimientos sociales de las Tierras Bajas de Bolivia (1990-1997), dio por sentado que por los bosques ya transitaba y transitaría el mercado y para prevenir sus distorsiones incorporó algunos mecanismos preventivos y de control, incluyendo los referidos a la aplicación de los derechos indígenas y al derecho administrativo evitando así se diluya la responsabilidad por el control.

Uno de los mecanismos de control en el bosque son los CFO; (certificados Forestales de Origen): Quienes poseen áreas de aprovechamiento forestal otorgadas por el Estado los utilizan para registrar y así demostrar al Estado (a todos nosotros) qué madera, en qué volúmenes, y en qué estado están extrayendo. Estos registros son firmados por los ingenieros forestales del país, que tienen la fe pública, otorgada a través de la ley 1700. La no utilización o la falsedad en la utilización de estos se entiende entonces como un procedimiento que atenta contra la conservación de los bosques de Guarayos porque nos impide conocer lo que está pasando al interior de los mismos.

Para Guzmán los CFO cumplieron su ciclo hace un buen tiempo porque la ilegalidad no descansa y ha buscado la forma de vulnerar esta herramienta, explica: "Hay otras herramientas que han sido desarrolladas en otras partes del mundo porque la extracción ilegal de madera no es únicamente patrimonio boliviano, esta en todas partes. Para ello, el uso de código de barras para hacer el seguimiento o trazabilidad de las trozas, amarrado a códigos específicos del área geo referenciada autorizada, es una de las opciones".

Según el Ingeniero Franklin Caro, responsable de la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras, (ABT) en Guarayos, toda la confianza de esta institución se basa en la fe pública otorgada a los ingenieros forestales que ejercen dicha profesión en el área: "A ellos el Estado les ha confiado esta responsabilidad y en su firma que ponen en ese Registro (CFO), tenemos el mandato legal de confiar", aseguró.

Madereros de la zona que solicitaron mantener su nombre en reserva nos aseguraron que una visita a las operaciones forestales de manejo indígena y elegidas al azar daría como resultado que en el 70% de éstas no ocurre aprovechamiento forestal por lo que los certificados forestales de origen (CFO), firmados por los ingenieros forestales y propietarios del área, se estarían vendiendo, para extraer madera de otros lugares, no autorizados o para desmontes ilegales, incluso fuera de Guarayos. Esta información no fue confirmada ni desmentida por el responsable de la ABT en Guarayos quien argumentó la duda explicando que no se han realizado inspecciones de campo, ni a las comunidades de estas áreas para confirmarlo, debido a la falta de presupuesto y de personal de un área tan crítica como la que le cabe gestionar. "Los procesos nos pisan y apenas tenemos un abogado en Santa Cruz", afirmó como ejemplo de ello.

El negocio de venta de CFO ya no es tan bueno, nos relató un joven vinculado a la actividad en Guarayos, hasta hace dos años los vendían a $us 800 pero desde que los indígenas manejan CFO, los regalan, relató. Este supuesto implica que, aún con el bajo precio actual de los CFO, ($us 200 a $us 400), cualquier individuo que posea autorización de manejo forestal o desmonte, si tiene la posibilidad de acceder a 100 CFO, sin moverse de su escritorio y sin mover un solo hombre para custodiar el bosque bajo su responsabilidad, habrá obtenido ingresos que oscilan entre 20000 y 40000 dólares americanos.

"Mas de 4400 Certificados Forestales de Origen (CFO), herramientas de control forestal que respaldan el transporte de madera en troza y aserrada fueron entregados a cargo de instrumentos de gestión forestal o planes de manejo aprobados por la ABT, la mayoría para superficies relativamente pequeñas pero que reportan entre 25 y 50 m3 de madera extraíble/ha. Volúmenes absurdos, niveles de extracción impensables para los bosques de Bolivia, pero aprobados por la institución encargada de los bosques.

Dichos CFOs fueron emitidos en dos meses, es decir noviembre y diciembre (mas de 270 mm de precipitación en los dos meses) del año pasado, durante un periodo de mucha lluvia donde la extracción y transporte de trozas es extremamente limitada. Entonces, lo primero que hay que hacer es una investigación profunda a los funcionarios que aprueban este tipo de instrumentos con esos volúmenes irreales de extracción, porque de ahí parte el problema, aseguró Ruddy Guzmán.

Ovidio Roca Ávila, quien fuera responsable del Desarrollo Institucional de la extinta superintendencia forestal de Bolivia coincide con señalar que existen señales preocupantes de que la informalidad paga bien pero analiza también otra dimensión: "El problema central hoy es el ambiente de inseguridad que se ha creado, Manejo requiere seguridad en el largo plazo, treinta o cuarenta años al menos, y si eso no se da, no es posible invertir en manejo (...) Ellos, primero no tienen seguridad para sus concesiones forestales y segundo no necesitan demostrar manejo como antes para que les compren su madera, existe un mercado informal, chino y otros, que no les interesa el manejo, ni la certificación, el resto de los compradores formales han disminuido radicalmente su demanda, opinó Roca.

El responsable de la ABT, afirma que "Los indígenas son considerados por sus superiores como el pilar de la conservación de los bosques en Guarayos". Sin embargo para éstos "Los bosques de Guarayos se han convertido en un espacio habitado por otros actores: Veinticuatro horas al día entran y salen de allí, cientos de "motosierristas", maquinistas, camiones, "comercializadores" según afirmó el profesor Severiano Abacai, presidente de la CEPIG quien junto a Ambrosio Yaboo, presidente de la CCC además concluyó en que la única solución posible ahora es suspender todas las autorizaciones de manejo forestal indígena en la TCO, puesto que a los que menos benefician éstas es precisamente a ese sector. Sobre otro de los pilares en los que se basó el régimen forestal de la Nación, la empresa, Roca reflexiona que, frente a la inseguridad, seguramente muchos empresarios también se ven obligados a participar en el mercado informal para recuperar sus inversiones, antes que otros entren y "pirateen" sus concesiones.

Lo cierto es que se consideren o no pilares del régimen ambos actores, hay también un área de más de un millón de hectáreas de bosques otorgadas a éstos y con operaciones basadas en la fe pública de sus ingenieros forestales, éstos últimos sin sanción ejemplarizadora alguna, a pesar de tantas y probadas irregularidades.

Doña Trinidad Vaca, dirigente de la federación de Trabajadores Campesinos complementa la expresión de un malestar generalizado en todos los sectores vinculados al área forestal afirmando que los trabajadores de campo de los madereros nunca tuvieron ninguna protección laboral ni seguro contra accidentes; "ellos son jornaleros, moto sierristas y chóferes, aquí no hay empresa forestal que les asegure mejores condiciones ni de los Karai ni de los indígenas, y además algunos trabajadores son muy jóvenes, 13 o 14 años, y se auto explotan y aturden con alcohol y con sus rostros hinchadas por la coca que les introducen hasta con un ítem que cobra como "vicio" en las comunidades, afirmó Vaca.

Como contraparte, una nueva generación de comerciantes forestales (de madera, de CEFO, de prestación de servicios con maquinarias, de consultoras forestales), en menos de cinco años de "ejercicio honesto de sus cargos", tienen casas, vehículos, maquinaria y hasta propiedades ganaderas con valores económicos que exceden en cientos de miles a sus ingresos normales.

El 4 de abril se elegirán a las "autoridades" de Guarayos. La autoridad deviene del cumplimiento a la ley es un principio que no parece estar claro para muchos de quienes participan en estos nuevos comicios y en estas tierras. Líderes del cambio Departamentales y nacionales, de todos los colores políticos eligen precisamente como sus pares locales a los que puedan "pagarse" una campaña a costa de la destrucción de los bosques y la cuenta la pagamos los bolivianos y la humanidad toda. ATS,marzo 2010,Guarayos, Bolivia.

Texto: Bolpress

Foto: El Nuevo Día

Armas de destrucción masiva................

Tomy - Rebelión

“Pocas ONG se atreven a cuestionar su rol en el desarrollo de los países pobres”

Entrevista: Sol Ortega / Intermón Oxfam a Antonio Rodríguez Carmona
Octubre de 2008

Rodríguez Carmona es autor de El proyectorado, donde sostiene que la concesión de ayuda, la principal respuesta del Norte al problema de la pobreza en el Sur, ha socavado la institucionalidad de los países empobrecidos agudizando su dependencia externa. Y pone a Bolivia como mejor ejemplo para ilustrar este fenómeno.

Cuéntenos un poco sobre la génesis del libro: ¿cómo nació la idea de hacer un libro sobre la cooperación para el desarrollo en Bolivia? ¿Cómo surgió esta relación tan estrecha con el país latinoamericano?

La idea surgió tras más de ocho años como cooperante en Bolivia, un periodo en el que el país cambió radicalmente. Cuando llegué, estaba en el poder Hugo Banzer. Luego, tras la Guerra del Gas, en octubre de 2003, asumió Carlos Mesa. Finalmente, Evo Morales ganó las elecciones de 2005. En todos esos años, me fue cambiando la mirada. Fui viendo cosas que, al principio, no percibía. Por ejemplo, la estructura social de las comunidades, la lógica de la reciprocidad andina, la dignidad que subyace en muchas muestras de pobreza.

Empecé también a ser más consciente del papel que la cooperación desempeñaba realmente en el país, de los errores repetidos una y mil veces, de los proyectos convertidos en “elefantes blancos”, de los informes que rinden cuentas de actividades realizadas pero no son capaces de probar resultados reales, de la montaña de cosas que no se cuentan. Y tuve la sensación de que los proyectos de cooperación eran no más “parches”, que no arreglan los problemas de fondo, pero mantienen todo un sistema de pegas (empleos) de coordinadores, contables, técnicos de campo, evaluadores, consultores. El cooperante extranjero goza además de múltiples privilegios en Bolivia en medio de la pobreza. Al final, uno se pregunta: ¿Quién es el principal “beneficiario” de la ayuda? ¿Ellos o nosotros? Inevitable compartir estas inquietudes con los colegas de profesión.

Cuando estalló la Guerra del Gas en octubre de 2003, participé en las marchas como un vecino más de Sopocachi, el barrio donde vivía en La Paz. Salimos a la calle para protestar por la represión del gobierno de Sánchez de Lozada, por los más de sesenta muertos, y sentí que, por primera vez, estaba haciendo algo de verdad por cambiar las injusticias estructurales del país. Es decir, el problema de la pobreza es un asunto más bien político y no tan técnico como creí al llegar en 1998. Entonces, ¿cuál debería ser el papel de la cooperación? Creo que el libro sistematiza muchas de esas charlas y reflexiones compartidas con varios compañeros en La Paz.

En su libro afirma que la ayuda para el desarrollo fomentó la dependencia y una gobernabilidad débil en Bolivia hasta mediados de esta década. ¿Percibe una autocrítica de las ONG al respecto?

Creo que las ONG y los cooperantes son conscientes de las enormes limitaciones que tiene su trabajo. Todos. Lo que varía es la actitud ante esa realidad y la capacidad de autocrítica. Hay chavales jóvenes que llegan con buenas intenciones y cometen errores sin darse cuenta. Hay veteranos que saben mucho y aprovechan el margen para apoyar procesos interesantes. Pero también hay cooperantes prepotentes que refugian su inseguridad en el poder formal del marco lógico. Nunca reconocerán sus errores. Otros trabajan como mercenarios, saltando de un país a otro, sin un compromiso con la realidad. Cuando pasan los años y ves con tus ojos que la cooperación no cambia las cosas, es muy fácil caer en el conformismo o incluso en cinismo.

Hay de todo, pero predomina un tipo de cooperante-funcionario, que prefiere no hacerse demasiadas preguntas. Porque si uno se cuestiona las cosas, se plantea seriamente dejar la cooperación.

A nivel institucional, las ONG tienen aún menos margen de autocrítica. Criticar el sistema de la cooperación significa cuestionar la máquina de hacer proyectos y apalancar fondos para subsistir. Más madera, como dirían los hermanos Marx. Son pocas las ONG que tienen la valentía de cuestionar su rol en el desarrollo de los países pobres, o de plantear relaciones horizontales con sus contrapartes. De reconocer, por ejemplo, que han sustituido al Estado en la prestación de servicios básicos. O que han creado estructuras paralelas que deterioraron los gobiernos municipales. Más fácil resulta defender el discurso de que, gracias a ellas, las poblaciones rurales y marginales cuentan con agua potable o posta sanitaria. ¿Pero qué pasa cuando el proyecto se va? ¿Por qué nunca se cuenta esa parte? Si no hay institucionalidad pública del Estado, ¿cómo se mantienen? El poder de las ONG reside en la intermediación, y no es tan fácil ponerse al servicio de las necesidades y procesos de las instituciones locales. Creo que muchas ONG están atrapadas en la trampa de la supervivencia. Por no decir la mayoría. No hay que olvidar que el proceso de cambio ha sido protagonizado en Bolivia por los movimientos sociales. Las ONG han ido a remolque del proceso.

En su libro se desprende que el trabajo de las ONG ha sido muy funcional a los gobiernos neoliberales anteriores a Morales, ¿Cuál cree que es la percepción que tiene el gobierno actual sobre la labor de las ONG en Bolivia?

Desde que Evo Morales llegó al poder, la relación del país con la cooperación ha cambiado. El discurso anti-neoliberal y descolonizador del Movimiento al Socialismo (MAS) sumió en el temor y la incertidumbre a muchas agencias de cooperación bilateral ¿Afectaba ese discurso también a las ONG? ¿Eran las ONG parte del problema o parte de la solución a la pobreza? Hubo un debate muy intenso en el seno del gobierno entre partidarios y detractores de las ONG. Al final, triunfó la vía pragmática que las consideró organizaciones que podían ser también instrumentalizadas, reconducidas, por el proceso de cambio. De hecho, varios de los miembros del actual gabinete proceden de CEJIS, una ONG especializada en temas de tierra y territorio. Pero no se puede hablar de las ONG como un todo. Las ONG que desempeñan un trabajo político de acompañamiento de movimientos sociales han tenido un papel importante con este gobierno, en temas como asamblea constituyente, tierra y territorio, defensa de recursos naturales (hidrocarburos, agua, bosques, biodiversidad), organizaciones indígenas. Las ONG vinculadas a fondos norteamericanos que han apoyado un trabajo de oposición ideológica, fortaleciendo los intereses políticos de los dirigentes de la Media Luna, han sido muy cuestionadas por el gobierno e incluso expulsadas de sus áreas de intervención. Ahí están los dos extremos.

¿Y cuál es la percepción actual de la sociedad civil boliviana sobre las ONG?

Lo primero que habría que preguntarse es qué es sociedad civil. Tengo la sensación de que no es un concepto que se use en Bolivia. Si hablamos mejor de movimientos sociales, ellos ven a las ONG como un mal necesario. Una importante fuente de ingresos, capaz de cooptar a líderes o de convertirlos en funcionarios desligados de las bases. De algún modo, eso ha podido pasar en organizaciones como la Central de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) o la Comisión de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC-B), entre otras. Siguen cumpliendo un rol político, pero sus estructuras se han “oenegizado”.

Si hablamos de sociedad civil desde la óptica de la clase media, entonces las ONG (y a la cooperación en general) siguen representando una estupenda fuente de empleo estable, bien remunerado. En un país con una tasa tan elevada de subempleo, precariedad e informalidad laboral, tener un trabajo estable es un lujo. En este sentido, el “proyectorado” sigue vigente. Aunque también hay que señalar que el gobierno del MAS está introduciendo algunas cambios culturales para terminar con ese fenómeno. Por ejemplo, las tarifas de las consultorías de la cooperación han bajado notablemente y se acercan más al estándar nacional. Pero son varias generaciones de profesionales acostumbradas a hacer proyectos con fondos de ayuda extranjera. Eso no se cambia en dos días, ni en una legislatura.

¿Cuál es el rol que deberían cumplir las ONG ante el escenario actual del país andino? ¿Mantienen un rol de actores políticos dentro del orden social?

Es una buena pregunta. Ojala se la planteen a fondo muchos responsables de ONG. En el nuevo contexto nacional, con una agenda política más nítida y mayor dotación de recursos públicos, la cooperación debería jugar un papel de acompañamiento. Volver a su papel natural: cooperar. No definir, protagonizar ni inducir procesos, como hizo en el pasado. Hoy en día la ayuda al desarrollo significa un 6% del PIB boliviano, frente a un 15% de la renta petrolera o un 6,5% de las remesas. Ése debe ser su lugar, ser una fuente complementaria de financiación del desarrollo. Si la cooperación se somete a las políticas públicas y a la institucionalidad del país, podría dar su mejor talla.

En cuanto a las ONG, deberían apoyar la inserción política, social y económica de los sectores desfavorecidos. Es decir, campesinos, indígenas, trabajadores/as informales de zonas periurbanas, desempleados/as, personas sin techo, sin tierra, y todos los otros colectivos excluidos del sistema. Esa tarea cuenta con un gobierno sensible y favorable a las luchas de los pobres, un gobierno con un discurso ambicioso pero que adolece también de capacidades técnicas. Hacen falta técnicos comprometidos con el “proceso de cambio”. En este contexto, las ONG deberían redefinir su rol estratégico y ponerse al servicio de las organizaciones sociales.

Texto Intermón

Imagen: cj2008iescristoballozano1.blogspot.com

La “última cena” de Monseñor Romero, un mártir incómodo

Braulio Hernández

“¡Y dígales a los padres de la UCA que lo que monseñor dijo ayer en la homilía es un delito!”, advirtió, amenazante, el oficial militar a la persona que había ido por la mañana a recoger el parte sobre los incidentes de la toma de la UCA por la policía nacional. Era lunes, 24 de marzo de 1980. Monseñor Romero amaneció con su sotana blanca. Cuando se vestía de blanco, las hermanas del hospitalito, donde vivía, sabían que él iba a salir hacia el mar. “A saber a dónde va…”, “A saber qué tiene por ahí…”, le decían las hermanas, tomándole el pelo. “Llévenos, monseñor…”, le suplicó otra, en son de broma. “A donde yo voy, ustedes no pueden ir…”, respondió, mientras tomaba un bocado.

Ese lunes, 24 de marzo, monseñor dijo su misa matutina. Después de desayunar se dio una vuelta por el arzobispado. Y, con un grupo de sacerdotes, partió hacia el mar. Llevaban, para reflexionar, un documento papal, sobre el sacerdocio. Comieron, haciéndose bromas, a la sombra de los cocoteros. Regresaron antes de las tres de la tarde. Monseñor tenía una misa en el hospitalito a las seis. Se duchó, atendió a una visita y después fue a visitar a su médico para que le mirara los oídos. A las cuatro y treinta, se dirigió a Santa Tecla, a la casa de los jesuitas, para ver a su confesor: “Vengo, padre, porque quiero estar limpio delante de Dios”. A las seis y veintiséis (“él cenaba habitualmente a las seis y media”), monseñor Romero caía, asesinado, en el altar, en el ofertorio de la misa. Como santo Thomas Beckett. “Monseñor Romero: un mártir del siglo XX. Asesinado por predicar el evangelio” recogía, en la portada, el ABC de Sevilla (27/03/1980).

Sin embargo, cuenta el periodista Juan Arias, en el primer viaje de Juan Pablo II a América latina, el Papa Wojtyla se irritó con él porque le mencionó el martirio de monseñor Romero. “Eso aún había que probarlo”, le cortó el pontífice. En el mundo Romano, monseñor Romero no tenía muchos forofos. Entre sus amigos, estaban el padre Arrupe, General de los jesuitas, y el cardenal argentino Eduardo Pironio (amigo, y confidente, del malogrado Juan Pablo I). Juan Pablo II condenó el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero como “un crimen execrable”. Pero se refirió al arzobispo salvadoreño como ‘celoso pastor’, nunca lo elogiaba como mártir, escribe el sacerdote Jesús López Sáez en “El día de la cuenta” (comayala.es).

Un mes antes de morir asesinado, monseñor Romero había denunciado, el 24 de febrero, una nueva amenaza de muerte. “Desde 1979, cuando se dirigía en su ‘jeep’ a los cantones, empezaron a cachear su automóvil -y también a él, con los brazos en alto, como si fuera un subversivo- por las fuerzas de seguridad”. Hasta que “acallaron su voz para no tener que oír la llamada a la conversión”, escribe el P. Jesús Delgado: “Óscar A. Romero. Biografía”, UCA Editores.

Treinta años después, “San Romero de América” no tiene sitio en el Santoral oficial. Pero su nombre figura inscrito en el Martirologio latinoamericano, el “rincón de la Memoria de los Mártires de América”, se lee en el “calendario litúrgico” de Koinonía. Son cientos, entre sacerdotes, religiosas, religiosos, diáconos, seminaristas, catequistas, campesinos,… víctimas de las dictaduras latinoamericanas (de derechas). Entre ellos Ignacio Ellacuría, asesinado en 1989 junto a cinco jesuitas (cuatro españoles) y dos mujeres. Pero “no son el modelo de santos que promueve el Vaticano”. Ellacuría y Jon Sobrino, jesuitas vascos, tuvieron mucho que ver en la conversión de Romero.

Óscar Romero, aunque “siempre samaritano”, era un sacerdote de perfil conservador, defensor de la pastoral sacramentalista, de la piedad personal, y de la pureza del magisterio. Su receta, más piedad y oración, y menos cantos de protesta social, chocaba con la praxis de los sacerdotes más jóvenes, especialmente los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA). Ellos eran el blanco de los ataques de su pluma; primero en San Miguel. Y después, siendo obispo auxiliar, cuando el arzobispo (como mal menor) lo puso al frente de Orientación, semanario de información religiosa. Su falta de sintonía con la línea pastoral de la archidiócesis (especialmente con el otro obispo auxiliar, A. Rivera Damas, “cien por cien medellinista”), llevó a Romero a dejar de asistir a las reuniones del clero. El arzobispo, Chávez y González, sabedor de que Romero hacía piña con el nuncio, tuvo que consentir aquellas ausencias.

Cuando fue nombrado obispo titular de la diócesis de Santiago de María, monseñor Romero tuvo que hacer frente a un experimento piloto de pastoral popular, “Los Naranjos”, juzgado como peligroso por el Gobierno. Nacido del espíritu de Medellín, era “una experiencia de evangelización, adaptada al campesinado, donde se impartía la palabra de Dios en clave de concienciación política, para un pueblo oprimido, sin voz”. Monseñor Romero, lo canceló, temporalmente, comprometiéndose a estudiarlo. Tras corregir algún exceso en la interpretación del Documento de Medellín, propuso implantarlo en cada parroquia, bajo la supervisión de los párrocos y del obispo. Romero empezaba a abrirse al espíritu de Medellín (origen de la Teología de la Liberación). Años después, en una carta a Juan Pablo II, le escribirá: “Creo en conciencia que Dios pide una fuerza pastoral en contraste con las inclinaciones ‘conservadoras’ que me son tan propias, según mi temperamento”.

En junio de 1975, un mes muy sangriento, un grupo de campesinos que regresaban de una celebración litúrgica, fue ametrallado, premeditadamente, por la Guardia Nacional en el cantón Las tres Calles. El gobierno lo justificó, alegando que portaban armas subversivas. Sus únicas armas eran sus biblias. Monseñor Romero consoló a los familiares de las víctimas; pero no condenó públicamente la masacre, desoyendo el clamor popular. Se limitó a enviar una carta de queja al presidente Molina, su amigo. El funeral derivó en un acto de protesta.

Su tibia reacción en la condena, hizo creer al Gobierno (y a la oligarquía que lo sustentaba) que Romero era un obispo a su medida, que no interfería en sus cruzadas contra la subversiva pastoral medellinista (a la que acusaban de marxista). De forma unánime –cuando llegó la jubilación del arzobispo Chávez– el Gobierno, y las clases influyentes y adineradas, dieron su aprobación al nuncio cuando éste, que había apostado por Romero, les pidió su opinión para nombrarlo como arzobispo de la capital. Lo “natural” hubiera sido nombrar sucesor al otro auxiliar, A. Rivera Damas, con mucha más antigüedad, y que aseguraba la continuación de la línea pastoral de la archidiócesis. El problema del nuncio fue convencer al sector más influyente del clero para que arroparan al nuevo arzobispo (tan crítico con la pastoral archidiocesana cuando estuvo de auxiliar). Para el grueso del clero, la noticia del nombramiento de Romero, el 3 de febrero de 1977, fue una mala noticia.

Sólo 20 días después de tomar posesión, asesinaban, el 12 de marzo de 1977, al jesuita Rutilio Grande, y a dos campesinos colaboradores, que venían de celebrar un matrimonio. El asesinato de su amigo Rutilio (había sido el maestro de ceremonias en su consagración episcopal) provocó en el arzobispo Romero un milagro. Como el ciego de nacimiento, en la piscina de Siloé, monseñor Romero pudo confesar (para escándalo de algunos): “Rutilio me ha abierto los ojos”.

Para reprobar aquel vil asesinato, que afectaba a todos los católicos, los sacerdotes, religiosos y religiosas decidieron, en asamblea, no tomar parte en los actos públicos del Gobierno (hasta que éste no aclarase aquel asesinato) y convocar a una gran misa en la catedral, única para toda la archidiócesis: eximiendo de la misa dominical en las parroquias. “Dejaban, por supuesto, la decisión final en manos de su arzobispo”. Monseñor Romero decidió sumarse: era la oportunidad para sellar la unidad del clero. Pero tenía que informarle al nuncio. Y “recibió de éste una dura reprimenda”. Sus amigos católicos de la alta sociedad también intentaron disuadirlo. Ante su firme decisión, protestaron por verse privados del cumplimiento del precepto dominical. La eucaristía reunió a casi 100.000 salvadoreños, llegados de todos los rincones del país. El nuncio, para no verse comprometido, se ausentó a Guatemala. Monseñor Romero había optado, en conciencia, por estar al lado de sus curas, y del pueblo sin voz, antes que agradar al nuncio y a los poderosos.

Quienes le habían dado su apoyo, sin reservas, el 3 de febrero de 1977, ahora se sentían defraudados. “Nos hemos equivocado”, lamentaban. El 10 de mayo de 1977 -en la misa funeral por un ministro del gobierno asesinado-, en la misma catedral empezaron a escucharse “cuchicheos de muerte”, más sonoros entre las damas católicas: “Ay, que Dios me perdone, pero ¡yo deseo la muerte de ese obispo!”…

A Roma empezaron a llegar “informes”, de algunos obispos compañeros. Y Roma enviaba a Romero “visitadores apostólicos”. Monseñor Romero decidió viajar a Roma, para aclarar malentendidos y desmontar maquinaciones. “¡Ánimo!, no todos comprenden, pero no desfallezca”, “Usted es el que manda”, le consolaba Pablo VI. Un apoyo que, en la Prefectura para los Obispos, se diluía, transmutándose en duras reprimendas. Romero palpó la incompatibilidad de la diplomacia vaticana con la verdad evangélica. “Las curias no podían entenderte: ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo”, escribe el obispo Pedro Casaldáliga en su poema “San Romero de América, Pastor y Mártir nuestro”.

Su primer encuentro con Juan Pablo II, en mayo de 1979, fue desolador. “Compañeros y gentes malintencionadas le habían entregado al Papa informes muy negativos” sobre Romero. Él le llevaba un dossier con las sistemáticas violaciones de derechos humanos en su país, algunos muy calientes, como la matanza del sacerdote Octavio Ortiz y de cuatro jóvenes menores de 15 años, en el recinto “Despertar”, en un cursillo de iniciación cristiana. Tras días de espera, Juan Pablo II le concedió una breve audiencia: “No me traiga muchas hojas, que no tengo tiempo de leerlas... Y además, procure ir de acuerdo con el gobierno”. Romero, se cuenta, salió llorando: “El papa no me ha entendido, no puede entender, porque El Salvador no es Polonia”.

El 1 de diciembre de 1979 (le quedaban menos de cuatro meses de vida), monseñor Romero fue homenajeado en su antigua diócesis, Santiago de María. En uno de los actos programados para ese día, sacerdotes y amigos suyos le tenían preparado una sorpresa. El acto consistió en una escenificación teatral: el martirio de santo Tomás Moro.

En enero de 1980, monseñor Romero tuvo su segundo encuentro con Juan Pablo II, mucho más cálido. El papa lo recibió enseguida y le felicitó por su defensa de la justicia social, pero advirtiéndole de los peligros de un marxismo incrustado en el pueblo cristiano. Romero, “con su habitual espíritu de obediencia, le respondió que el anticomunismo de las derechas no defendía a la religión, sino al capitalismo”. Ya lo había denunciado, el 15 de septiembre de 1978: “Hay un ‘ateísmo’ más cercano y más peligroso para nuestra Iglesia: el ateísmo de capitalismo cuando los bienes materiales se erigen en ídolos y sustituyen a Dios”.

Las palabras que monseñor Romero pronunció el domingo 23 de marzo de 1980 en la catedral -“no matarás”, “¡les suplico, les ordeno en nombre de Dios, que cese la represión, que no obedezcan si les ordenan matar!”-, el gobierno las calificó de “subversivas”: una provocación. Ese día, durante la comida, monseñor “se quitó los anteojos, cosa que nunca hacía, y permaneció en silencio… Eugenia, mi mujer, que estaba a su lado en la mesa, se quedó sobresaltada por la mirada larga y profunda que le dirigió… Lágrimas brotaron de sus ojos. Lupita le reprendió: ‘qué eran esas cosas de estar llorando’. Fue un almuerzo triste, desconcertante. De repente, monseñor repasó, uno a uno, a todos sus buenos amigos, sacerdotes y laicos”. Doce años antes, apunta el P. Jesús Delgado, monseñor Romero, en unas meditaciones sobre la muerte, había escrito en un cuaderno estas palabras, proféticas, del Apocalipsis (3,20): “Y cenaré con él”. (Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia).

Texto: kaosenlared

Imagen : migenteinforma.org