Una misión liderada por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (ACNUDH), visitó el Chaco boliviano para investigar las denuncias sobre esclavitud de familias guaraníes en estancias de esta región. Allí comprobaron que los terratenientes someten a los indígenas, como lo habían constatado varios organismos internacionales en los últimos años.
"La situación es peor a la esperada", dijo Bartolomé Clavero, integrante del Foro. Para el abogado y profesor español, la servidumbre del pueblo Guaraní terminará cuando se le restituya su territorio, arrebatado por el Estado boliviano en 1892.
Según Clavero, la Constitución vigente desde el 7 de febrero establece mecanismos legales para la liberación de las familias guaraníes esclavas en latifundios del Chaco, que serían más de 500 de acuerdo a datos de las organizaciones indígenas.
Sin embargo, observó que la inclusión de los pueblos indígenas en las estructuras del Gobierno aún no se completó. En este sentido, evidenció que el carácter "Plurinacional" del Estado no se cumple hasta el momento.
Quizás se consolidará luego de las elecciones generales del 6 de diciembre, cuando el gobierno de Evo Morales podría alcanzar la mayoría en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, nuevo nombre del Congreso.
P. ¿Cuál es el objetivo de la misión del foro en Bolivia?
R. Estuvimos en Paraguay primero y ahora en Bolivia para observar un problema muy concreto pero con muchas implicaciones: es el problema de las prácticas de trabajo forzoso y de la existencia de comunidades empatronadas en el Chaco tanto paraguayo como boliviano. Veníamos con una cierta idea de cómo es la situación, porque varias agencias de Naciones Unidas, fundamentalmente el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ya habían visitado Bolivia preocupadas por el problema del trabajo forzoso.
En el Chaco, la situación que hemos encontrado es peor a la esperada. Hay realmente una sujeción de comunidades, familias y personas al poder del hacendero. En el caso de Paraguay, esto se agrava por el poder de la Iglesia Menonita sobre las comunidades indígenas. Hacenderos, ganaderos y menonitas los han despojado prácticamente de todo el territorio y todos los recursos. Por lo tanto, las personas y las comunidades de los pueblos indígenas han quedado en absoluta dependencia e imposibilidad material de sostenerse con sus propios recursos. Tienen que recurrir entonces a un trabajo enteramente servil, que les ofrecen hacenderos, ganaderos y la Iglesia Menonita. Con lo que reciben como paga no pueden sostenerse ellos ni sus familias. Además, algunas comunidades indígenas han quedado comprendidas dentro de las haciendas, como si fueran ganado. De este modo se encuentran en una situación todavía de mayor dependencia, en términos ya absolutos, sin ninguna posibilidad de defender algún derecho frente a la propiedad de las haciendas.
Por eso, lo que al principio era un problema muy concreto, de prácticas de trabajo forzoso y de existencia de comunidades cautivas, se ha convertido en el gran problema de la devolución de tierras y la dotación de recursos a las comunidades y a los pueblos indígenas. Porque si no se revierte la situación, como está intentando el gobierno de Bolivia, mejor o peor, pero está intentando a través de las políticas de saneamiento, no va a tener solución el trabajo forzoso ni la existencia de comunidades cautivas, porque ese es el indicio de un problema mayor. Y si no se ataca el problema mayor, que es el problema de la gran expropiación que han sufrido los pueblos y comunidades indígenas de Chaco, pues nunca se resolverá la situación de trabajo forzoso y de comunidades indígena cautivas.
P. ¿Quiénes expropiaron a los guaraníes ahora deberían ser expropiados?
R. Exactamente, podrán decirlo de una manera o de otra. Es una cuestión legítima de reparación y devolución. Los pueblos indígenas tienen que ver cómo recuperan esas tierras y esos recursos y tienen además que recibir reparación en forma de asistencia técnica, económica. Es algo a lo que tienen derecho, no es algo a lo que graciosamente puedan o deban proceder según sus políticas sociales el gobierno paraguayo o el boliviano. Es algo a lo que los pueblos indígenas tienen derecho, porque se les debe reparar de siglos. De un siglo prácticamente, un siglo de expropiación y de extrema explotación a los que han estado sometidos los pueblos indígenas. Porque todo esto empezó a principios del siglo XIX, tanto en Bolivia como en Paraguay.
P. ¿Esta es la recomendación que harán al Gobierno?
R. Le doy una opinión personal. Pero la recomendación que daremos al Gobierno no es competencia exclusiva mía. Es algo que tenemos que discutir los miembros de esta misión, que no sólo somos miembros del Foro Permanente de las Naciones Unidas, pues hemos venido acompañados de otras agencias de las Naciones Unidas. Con todo este equipo propondremos internamente las recomendaciones que dirigiremos al Gobierno. Yo individualmente no puedo ni debo anticipar nada.
P. ¿Creen que van a tener algún peso sus recomendaciones?
R. Estamos aquí en invitación de los gobiernos boliviano y paraguayo. Eso quiere decir que tienen la voluntad de escucharnos. Procuraremos que nuestras recomendaciones sean de carácter más práctico. Y esperaremos que de estos gobiernos puedan hacer suyas las recomendaciones, pero eso ya depende de los gobiernos. Por nuestra parte, las recomendaciones se difundirán en el seno de las Naciones Unidas, se distribuirán a todas las agencias de Naciones Unidas y en particular a los equipos de las agencias de Naciones Unidas radicados en Bolivia y en Paraguay. No podemos garantizar acciones de los gobiernos a partir de nuestras recomendaciones. Pero el punto de partida es positivo, porque estamos aquí a invitación del Gobierno. Insisto en un punto: estamos aquí como expertos independientes que no dependemos ni del Gobierno ni de Naciones Unidas en la investigación, en las conclusiones y en las recomendaciones que hagamos.
P. ¿Cómo percibe a la Constitución aprobada el 25 de enero?
R. Ofrece una base muy firme para que se puedan superar situaciones como la que actualmente se vive en el Chaco. La Constitución tiene principios de plurinacionalidad, de igualdad de derechos entre los hombres y entre los pueblos. Son principios de libre determinación de los pueblos indígenas, con el requerimiento de la subsiguiente reconstitución de su territorialidad y de sus jurisdicciones. También constitucionaliza la autonomía indígena, además de la autonomía regional, formada por muchas autonomías indígenas, por cuya vía se pueden reconstituir los pueblos indígenas con la base material territorial correspondiente.
En los detalles de la Constitución hay problemas, hay incongruencias o alguna contradicción. Pero un desarrollo de una Constitución también consiste en ir ajustando y solucionando esos detalles. Algunos detalles son muy problemáticos para los pueblos indígenas, pero los principios que presiden la Constitución y el escenario nuevo que crea la Constitución, sobre todo por la vía de la plurinacionalidad, establecen las condiciones para que los pueblos indígenas puedan realmente reconstituirse y recuperar sus derechos.
P. Varias organizaciones indígenas, como la CIDOB, sostienen que no es tal la plurinacionalidad. Para ellas quedó demostrado con la aprobación en el Congreso de la ley electoral, que brinda sólo siete escaños para los pueblos indígenas cuando pedían 18 escaños.
R. Lo sé, también sé que es una ley transitoria. Lo importante es que la ley definitiva que haga la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional sí responda a principios de plurinacionalidad que efectivamente esta ley no satisface, a criterio de los interesados, que debe ser el criterio fundamental. Los pueblos indígenas no se sienten suficientemente atendidos porque tampoco se han tenido muy en cuenta sus propuestas, su proyecto de ley. Pero creo que la plurinacionalidad va mucho más allá de la participación o no en las formas de representación. La plurinacionalidad afecta a todos los poderes del Estado y a la misma estructura del Estado. Plurinacionalidad es, ante todo, la constancia de que Bolivia está compuesta por varias naciones y que todas las naciones en pie de igualdad tienen derecho a su propia libre determinación en forma de autonomía dentro de la república de Bolivia. Y cuando hablamos de naciones en plural es porque estamos hablando de naciones indígenas. Antes había una nación en singular, que no era la indígena precisamente, sino la mestiza. Ahora hay pluralidad de naciones porque se ha reconocido la existencia de naciones indígenas con derecho a la libre determinación equivalente a la de los pueblos no indígenas.
P. El año pasado, usted sostuvo que eran ilegales los referéndums por los estatutos autonómicos desarrollados en los departamentos de la Media Luna. Aunque el Gobierno nacional también los consideró ilegales, en la Ley Electoral Transitoria se recogen varios de sus artículos referentes a la elección de asambleístas y otros funcionarios departamentales ¿Cree que así el Gobierno otorga validez a estos estatutos?
R. Según la Constitución, los "estatutos" -entre comillas porque no son jurídicamente estatutos-, que se refrendaron sin garantías antes de la aprobación de la Constitución, tienen que adecuarse a la Constitución y tienen que someterse a un control de constitucionalidad. Mientras tanto, no son estatutos ni son normas ni son nada. La cuestión es que por la situación política se los ha intentado aplicar. Que una ley se haya hecho eco de alguno de los contenidos de los "estatutos" en realidad es grave, porque es una manera de legitimar directamente lo que -según la Constitución- no tiene legitimidad ninguna. Pero los aspectos más racistas de estos "estatutos" que estaban en el "estatuto" de Santa Cruz ("estatutos" siempre entre comillas) no están incorporados a la legislación electoral. También hay que tenerlo en cuenta.
* Entrevista elaborada por el equipo de comunicación del CEJIS.
Texto: BOLPRESS
Foto: www.servindi.org
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