Marco Chuquimia. La Paz
Investigación. Los primeros datos del peritaje, según el fiscal Marcelo Soza, indican que el presidente del Consejo de Vigilancia de Cotas instruyó la conexión de Internet al stand de la Fexpo a nombre de Rózsa.
Según el fiscal Marcelo Soza, que investiga el supuesto caso de terrorismo, los primeros datos extraídos de las computadoras decomisadas la madrugada del 16 de abril en el hotel Las Américas confirmarían que Eduardo Rózsa Flores tenía contactos con Hugo Achá, representante en Bolivia de Human Rights, y Juan Carlos Velarde, presidente con licencia de Cotas. Según el fiscal, Achá era el que más tenía contactos con Rózsa, sindicado de ser el jefe del presunto grupo terrorista. A ello se suma que los detenidos Mario Tadic y Elöd Tóásó lo describieron y este último lo reconoció en una fotografía.
Soza se negó a explicar qué otros elementos encontraron en las computadoras que implican a Achá, pero reiteró que ‘se confirma su participación’.
Según el fiscal Marcelo Soza, que investiga el supuesto caso de terrorismo, los primeros datos extraídos de las computadoras decomisadas la madrugada del 16 de abril en el hotel Las Américas confirmarían que Eduardo Rózsa Flores tenía contactos con Hugo Achá, representante en Bolivia de Human Rights, y Juan Carlos Velarde, presidente con licencia de Cotas. Según el fiscal, Achá era el que más tenía contactos con Rózsa, sindicado de ser el jefe del presunto grupo terrorista. A ello se suma que los detenidos Mario Tadic y Elöd Tóásó lo describieron y este último lo reconoció en una fotografía.
Soza se negó a explicar qué otros elementos encontraron en las computadoras que implican a Achá, pero reiteró que ‘se confirma su participación’.
En las computadoras también aparece el presidente del Consejo de Administración de Cotas Juan Carlos Velarde. Según Soza, el 9 de diciembre Velarde instruyó a Mario Herrera, gerente de la Fexpo, instalar el servicio de Internet en el stand que tiene esa cooperativa.
Herrera transmitió esa instrucción a Hugo Paz Landívar, para esa instalación y éste a su vez pasó la orden a Fernando Evia, que declaró el jueves ante la Fiscalía. Evia hizo la conexión para Jorge Hurtado Flores, una de las identidades que utilizaba Eduardo Rózsa.
De ese modo, los investigadores consideran que se comprobó la participación del presidente del Consejo de Administración en este grupo. Tanto Achá como Velarde se encuentran fuera del país.
También se identificaron los vehículos que utilizó Rózsa para trasladarse a las provincias. Sus propietarios serán convocados a declarar en La Paz, la siguiente semana.
Se trata de tres vagonetas; la primera es una Land Cruiser color verde, con placa 2198-AXD, que está a nombre de José Giovani Nogales Andia; la segunda vagoneta es de marca Nissan y tiene la placa 1583-BGS, y está a nombre de Carlos Araníbar Colodro; la tercera es una Daihatsu de color plateada, con placa 1304-KGI, a nombre de Marianela Vaca Ortega. La duda es si éstos eran los propietarios cuando Rózsa usó los vehículos.
El cuarto vehículo es el automóvil que presuntamente fue utilizado para el atentado contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, el 15 de abril, y que fue vendido por Carlos Guillén a Rózsa.
También pretenden citar de nuevo a Guillén, que ya prestó declaración, porque Soza cree que entró en contradicciones.
Ayer, el fiscal también dijo que citará al piloto que transportaba al grupo de Rózsa. Según el testimonio de Ignacio Villa, el piloto que los transportaba era Orlando Áñez.
Los investigadores intentan conocer si el piloto de la avioneta tiene relación familiar con el general retirado Lucio Áñez, que también fue involucrado y admitió haber conocido a Rózsa Flores, pero por una entrevista que le realizó como periodista.
Además, la Fiscalía analiza la convocatoria del cardenal Julio Terrazas en calidad de víctima y testigo, pero aún está sujeto a evaluación.
“¿Qué es lo que puede decirnos el Cardenal? Simplemente que no ha visto nada. Eso solamente, por eso si es necesario vamos a convocarlo”, dijo el fiscal.
Soza aseguró que están dispuestos a trasladarse hasta la residencia del purpurado para tomar sus declaraciones. El Cardenal no puede viajar a La Paz por problemas cardiacos.
El 15 de abril por la noche, una bomba estalló en el portón de la casa del Cardenal, provocando destrozos. Según la Fiscalía, el grupo que encabezaba Eduardo Rózsa trasladó el explosivo desde la Fexpo en un basurero. Eso desató la orden del presidente, Evo Morales, que autorizó a la Policía intervenir el hotel Las Américas, en un operativo realizado la madrugada del 16 de abril, que acabó con la vida de Rózsa, Árpád Magyarosi y Micheal Martin Dwyer. También fueron detenidos Mario Tadic y Elöd Tóásó.
La batalla jurídica está paralizada
La batalla jurídica que ha iniciado la institucionalidad cruceña por el retorno del caso de terrorismo a Santa Cruz ahora está en manos de la jueza paceña Marcela Siles. Ella ha sido notificada con la resolución en la cual el juez Luis Hernando Tapia Pachi le pide que se inhiba de conocer el hecho y solicita que le remita los obrados del caso; sin embargo, aún Siles no ha emitido criterio sobre esta solicitud, que fue llevada a La Paz por Guido Nayar, vicepresidente del Comité y titular de Fegasacruz.
De acuerdo con el presidente de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, Osvaldo Céspedes, es necesario que Siles se pronuncie sobre el tema. “Debe haber primero un pronunciamiento de la jueza Siles, porque uno no puede predisponer algo que no ha sucedido”, dijo y agregó que si la jueza se declara competente se genera el conflicto de competencia y “la Corte estará obligada a pronunciarse”.
Nayar aseguró que el lunes declaró ante la Fiscalía de La Paz porque respeta los procedimientos de la investigación. Aclaró que el pedido de radicatoria del proceso en Santa Cruz no pretende frenar la investigación. “No queremos que mañana los juicios de los cruceños se ventilen por un decreto en La Paz”, puntualizó.
Al respecto, el juez Tapia indicó que se mantiene firme en su resolución, en la que asegura ser el juez competente para conocer el caso, pese a que fue recusado por el abogado del viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos. Dicho recurso deberá ser dirimido hoy por la sala Segunda de la Corte de Distrito./C.P.yL.
Hay militares sospechosos en actividad
El fiscal Marcelo Soza confirmó que existen militares pasivos y activos que presuntamente están implicados en los supuestos hechos de terrorismo, pero por el momento se están investigando quiénes y cuántos participaron de ese grupo.
Aunque se menciona sólo los nombres de los generales retirados Lucio Áñez y Gary Prado y del ex comandante de la FAB Erlan Camacho, ayer circuló el nombre de un general con las iniciales G.S.
Fuentes de la investigación también mencionaron los nombres de los generales R.G.P., B.Ch.O. y de un ex teniente retirado y ex miembro de la Fuerza de Reacción Inmediata del Ejército (FRIE) que formó y entrenó el italiano Marino Diodato.
Los investigadores también siguen las pistas de los antecedentes de estos militares, porque la mayoría tiene antecedentes cuando se desempeñaba en sus cargos, por ello se demoran las citaciones a declarar de estas personas.
También se buscan las pistas de otros militares que, según el testigo clave, Ignacio Villa Vargas, proveían armas al grupo de Eduardo Rózsa, al que se sindica de liderizar un grupo terrorista.
Texto: El Deber
Imagen: COTAS
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