El gobierno de Evo Morales entregó este sábado a la Sub central TIPNIS el título ejecutorial colectivo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) de 1.091.656 hectáreas en la provincia Moxos del departamento de Beni, donde habitan 1500 familias de 64 comunidades indígenas. También otorgó dos títulos de 78.655 hectáreas a la TCO indígena Yuracaré y Trinitaria El Pallar en la provincia Ichilo de Santa Cruz.
Las comunidades indígenas ancestrales Mojeño, Yuracaré y Chiman asentadas en las riberas de los ríos Isiboro y Sécure reclaman derechos sobre el TIPNIS desde 1990.
Las movilizaciones y la gran Marcha indígena de 1990 conquistaron el reconocimiento del TIPNIS mediante Decreto Supremo 22610, el cual dispuso la demarcación de una "línea roja" para evitar nuevos asentamientos en el área declarada Parque Nacional.
El 25 de abril de 1997, la Presidencia de la República otorgó a la Subcentral del TIPNIS el Título Ejecutorial de Tierras Comunitarias de Origen TCO-NAL-000002 de 1.236.296 hectáreas en calidad de dotación.
Este título establece que la TCO es compatible con el área protegida, por lo que el titular debe someterse al régimen especial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Aclara que la superficie titulada es provisional y está sujeta a confirmación en un posterior proceso de saneamiento.
En junio de 2009, el gobierno de Evo Morales tituló el territorio indígena TIPNIS con una superficie de un millón 91 mil hectáreas mediante Resolución Suprema 230292.
Dentro de la TCO TIPNIS se han consolidado 20 predios de terceros con una superficie de 28,793 hectáreas.
Historia del TIPNIS
En 1998, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) emitió la Resolución determinativa del Área de Saneamiento R-ADM-TCO-0015-98 disponiendo el saneamiento de la totalidad de la superficie titulada del TIPNIS. El trabajo avanzó con tropiezos y ocho años después, en 2006, aún no había concluido.
El retraso evidente se debió principalmente a que el TIPNIS es un área conflictiva por excelencia, no solamente por la presencia de un grupo numeroso de colonos de origen andino, si no también por la existencia de una disputa de límites departamentales entre las prefecturas de Beni y Cochabamba.
La convivencia entre indígenas y colonos se ha visto afectada por contradicciones en torno a formas organizativas, productivas y sistemas de propiedad de la tierra. Los conflictos interétnicos comenzaron a manifestarse abiertamente a raíz de la colonización y del saneamiento de tierras en la zona.
Mientras los colonos defienden la pequeña propiedad privada agraria, los indígenas no logran asimilar los conceptos de propiedad sobre la tierra e inclusive de la TCO; para ellos todo el territorio era y aún es libre.
Los sistemas de producción degradadores del medio natural de los colonos afectan a los sistemas de producción indígenas de la zona. En algunos casos, los indígenas tuvieron que modificar sus estilos de vida con resultados desfavorables incluso para la seguridad alimentaria, y hasta vender mano de obra familiar.
En 1992, los dirigentes Marcial Fabricano de la Sub Central del TIPNIS, y Evo Morales Ayma, representante de los colonizadores del TIPNIS, identificaron puntos geográficos para separar claramente la superficie colonizada del territorio habitado por las comunidades indígenas.
En 1994, los indígenas y colonos del TIPNIS definieron de mutuo acuerdo por primera vez una Línea Roja que delimitaba el área de avance de los colonos.
En los años posteriores, los colonos y las autoridades nacionales desconocieron los avances alcanzados en una década de negociaciones entre indígenas y colonos del TIPNIS.
El INRA cometió errores en la cartografía reconociendo una zona colonizada mucho más extensa de la que realmente ocupaban los sindicatos colonos, y a la hora de llegar a acuerdos no consideró prácticas indígenas tradicionales e impuso siempre el derecho de las mayorías de la democracia liberal occidental.
Un decreto del gobierno de Carlos Mesa autorizó el cultivo de coca al interior de la Línea Roja en el TIPNIS, pese a que esa Línea no había sido consensuada y definida.
En la segunda mitad de 2004, se propuso redefinir la Línea Roja en concertación con las comunidades indígenas del TIPNIS, especialmente con su organización el Consejo Indígena del Sur (CONISUR); y con las centrales y sindicatos colonos dependientes de la Federación de Colonizadores del Trópico de Cochabamba que oponían resistencia al saneamiento.
Tomando en cuenta los vértices o puntos referenciales acordados en 1994, y en virtud al Acuerdo firmado entre el SERNAP y el INRA en 2005 y 2006 para la ejecución de pericias de campo, se redefinieron con GPS 25 puntos en la denominada Línea Roja de una longitud aproximada de 107 kilómetros.
A pesar de los acuerdos, en la gestión 2006 continuaban la división y los conflictos al interior de la TCO, principalmente entre la sub central TIPNIS y CONISUR que actuaban como organizaciones paralelas.
Se acordó prolongar el trabajo de abril a julio de 2006 para finalizar la concertación con algunas comunidades campesinas, y consecuentemente concluir con las pericias de campo de la Línea Roja.
La Sub central del TIPNIS seguía denunciando invasiones de colonizadores en la Comunidad de San Miguelito. Las decisiones de CONISUR no tenían mucha relevancia porque respondía a la Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CEPITCO), que a su vez dependía de la Federación Única de Trabajadores Cocaleros del Trópico de Cochabamba (FUTCTC).
Para evitar enfrentamientos, el 29 de julio de 2006 tuvieron que intervenir el Viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, el Prefecto de Beni Ernesto Suárez y otras autoridades.
La comunidad y las autoridades nacionales y departamentales firmaron un acta acordando evitar que la colonización continué avanzando.
Se verificó el asentamiento de colonizadores más allá de la Línea Roja concertada anteriormente. Se envió un contingente de Policías a San Miguelito, principalmente a la Franja de Amortiguamiento, donde se procedió al desalojo de colonos.
La Subcentral se vio obligada a recurrir a estrategias de fuerza para resolver el conflicto. Once colonos que penetraron al área de manejo forestal del Bloque I fueron reducidos a la fuerza, encerrados en el cabildo de San Miguelito y obligados a comprometerse a no realizar acciones semejantes en el futuro.
El diálogo y la concertación siempre fueron los instrumentos preferidos por la Subcentral del TIPNIS, lo que permitió la salida de más de 150 personas que estaban por constituir la comunidad de Santa Rita, muy adentro de la TCO.
En la actualidad, los colonizadores aún intentan ampliar la Línea Roja, desconociendo los acuerdos firmados por sus anteriores dirigentes. Los indígenas no aceptan ni reconocen el asentamiento de otros grupos humanos que ya se encuentran al interior de la Línea Roja.
De toda esta experiencia, la lección aprendida es que el mecanismo más eficaz en la resolución de conflictos entre indígenas y colonos no es otro que la negociación directa y abierta entre ellos.
En la actualidad funcionan cuatro comisiones mixtas colono-indígenas, dos para el saneamiento de la línea roja, una para tratar el caso de la zona colonizada al margen extremo del río Isiboro pero incluida en el mapa de la TCO como zona de amortiguamiento; y una comisión encargada de analizar el proyecto caminero Villa Tunari -Trinidad.
78.655 hectáreas para la TCO Yuracaré y Trinitaria El Pallar
El Presidente Morales también entregó dos Títulos Ejecutoriales de 78.655 hectáreas de tierra a la TCO indígena Yuracaré y Trinitaria El Pallar, ubicada en el departamento de Santa Cruz, provincia Ichilo, Sección tercera, Cantón Yapacaní,
Se reconoció el derecho propietario sobre la tierra en beneficio de 228 familias de las comunidades Mónica, Damasco, Tacuaral, Alto Pallar, El Pallar, Nueva Bethel y Corralito, a orillas del río Ichilo.
Antes de la colonización española, el pueblo Yuracaré era nómada con asentamientos temporales de acuerdo a la época del año. En la etapa republicana, la misión de Yuracaré fue convertida en cantón por ley del 15 de noviembre de 1844.
En la década del 40 del Siglo XX, los colonos empezaron a ejercer presión sobre el territorio Yuracaré, generando nuevos desplazamientos humanos y obligando al pueblo indígena a establecerse en la ribera del río Ichilo, lejos de las poblaciones de colonizadores.
Este fenómeno distingue a las siete comunidades Yuracares actuales, de las cuales cuatro quedaron fuera del área territorial de la TCO.
El 70% de la superficie de la TCO es área boscosa con recursos maderables de alto valor tales como el alcornoque, almendrillo, cedrillo, chonta, cuta, majo, mara, ochoa, palo maría y tajibo, entre otras. El 30% es área de reserva inmovilizada.
En la TCO existe todo tipo de especies mayores e inferiores de mamíferos reptiles y especies acuáticas que permiten a las familias realizar actividades de caza y pesca, la fuente primaria de su alimentación y de sus ingresos económicos.
Se han identificado varias especies de peces como el blanquillo, dorado, pacú, pintao, piraña, sábalo y surubí. En el área también hay loros, ñandú, paraba azul, pato del monte y mamíferos como el chancho de monte, variedad de felinos y monos, venados, zorros y otros.
Texto: BOLPRESS
Imagen: El Deber
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