(UPIC-Tierra).- El juez cruceño que la semana pasada presentó un recurso reclamando que la investigación del frustrado plan terrorista se realice en la ciudad de Santa Cruz, el 4 junio eximió de toda culpa al empresario Branko Marinkovic, procesado por apropiación delincuencial de tierras pertenecientes al pueblo indígena guarayo.
El juez Octavo de Instrucción Cautelar en lo Penal de Santa Cruz Luis Hernando Tapia Pachi solicitó el traslado de la investigación del caso de terrorismo a la jurisdicción departamental cruceña con el argumento de que los hechos sucedieron en ese departamento.
El 4 de junio, este mismo juez liberó de culpa a Branko Goran Marinkovic Jovicevic y a su hermana Yasminka Catarina Marinkovic de Jakuvek, enjuiciados por el Viceministerio de Tierras por apropiación ilícita de 26.951 hectáreas en la provincia Guarayos de Santa Cruz.
Antecedentes del caso
Branko Marinkovic y su familia se apropiaron de manera ilegal de casi 27 mil hectáreas de tierra, incluida la Laguna Corazón de 1.400 hectáreas, vulnerando leyes y con el favor de regímenes neoliberales y dictaduras.
El 28 de junio de 2007, el Viceministro de Tierras Alejandro Almaraz denunció que la familia del ex presidente del Comité Cívico cruceño se apropió ilegalmente de las mejores tierras de Santa Cruz, en complicidad con ex funcionarios del INRA, entre ellos Elianne Capobianco, ex constituyente por Podemos.
Marinkovic negó ser propietario de las tierras en disputa y se declaró víctima de una persecución política, pero poco tiempo después modificó su versión inicial y admitió que asumió breve y circunstancialmente la representación legal de los intereses familiares porque su padre estaba enfermo.
El 10 de julio del 2007, el Viceministro de Tierras denunció penalmente a Branko y a su hermana Yasminka por la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Prevaricato.
Al mismo tiempo, Beatriz Eliane Capobianco Sandoval y Silvia Ovando Bilbao La Vieja fueron denunciadas por la comisión del delito de Uso Indebido de Influencias; y Lucas Saucedo Justiniano por el delito de Prevaricato.
El Fiscal General dispuso que el proceso se investigue en La Paz, donde se descubrieron las pruebas materiales de los delitos.
El 20 de julio de 2007, el activista de la Unión Juvenil Cruceñista Ruben Darío Bascope Hurtado presentó otra denuncia en contra de Marinkovic, su líder cívico, con la finalidad de que el proceso se traslade a la ciudad de Santa Cruz, donde el acusado tiene influencias y goza de amplias garantías de impunidad.
En agosto de 2007, el juez Alvaro Melgarejo aceptó el recurso de excepción de incompetencia en razón de territorio planteado por los imputados, y dispuso que el proceso de realice en la ciudad de Santa Cruz.
Sin que se haya resuelto la apelación presentada por el Viceministro de Tierras, el proceso contra Branko llegó a conocimiento del juez Tapia Pachi y del fiscal Osman Arias Villarroel.
Sin que se haya determinado quién tiene competencia en el caso, los jueces y fiscales de Santa Cruz continuaron actuando con el único objetivo de desvirtuar las denuncias y absolver de culpa a Marinkovic.
El 23 de enero de 2009, el Tribunal de Apelación de La Paz solicitó al juez Tapia Pachi y al fiscal Arias que remitan las carpetas procesales con el fin de resolver la apelación, pero Arias no accedió al pedido y dispuso el archivo de obrados.
El 25 de febrero de 2009, el Fiscal de Distrito de Santa Cruz revocó la resolución de Arias y le ordenó continuar con las investigaciones, pero Arias no cumplió.
El 9 de marzo, Marinkovic solicitó a su amigo el juez Tapia Pachi la extinción de la acción penal, petición que fue rápidamente atendida.
El 17 de abril, Tapia Pachi emitió una curiosa resolución basada en jurisprudencia constitucional extranjera y sobre la base del Pacto de San José de Costa Rica, declarando probada la extinción de la acción penal.
La justicia cruceña al servicio de terratenientes
El jueves 4 de junio hemos sido notificados con la resolución del juez Luis Hernando Tapia Pachi eximiendo de toda culpa al señor Marinkovic. Las normas y el procedimiento penal establecen que una acción penal se extingue cuando el caso se prolonga por más de tres años; pero eso no ha ocurrido en este caso, y por ende el juez Tapia vulneró las normas, reclamó el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.
Según Almaraz, el juez declara extinguida la acción penal en una interpretación por demás arbitraria, abusiva, interesada y parcializada de cierta sentencia constitucional, e indicando extrañamente jurisprudencia extranjera.
El juez Tapia actuó "con un esfuerzo evidente de obsecuencia y servilismo a Branko Marinkovic, sin valorar las pruebas y evidencias contra el imputado. No le interesa que los árboles caminen, la alteración de las fichas catastrales ni el fraude en el proceso de saneamiento de tierras", comentó Almaraz.
Lo más curioso es que "el que acaba de exculpar a Branko Marinkovic de la apropiación ilícita de tierras de manera vergonzosa para el Estado de Derecho de Bolivia, ahora quiere también exculparlo a él y a todos los demás involucrados en el caso de terrorismo".
"Pelea la jurisprudencia para eximir de todas sus culpas a los terroristas separatistas que intentaron dividir a Bolivia en aras del latifundio y conservar tierras concentradas y privilegios", denunció el viceministro Almaraz.
La autoridad se pregunta: "¿De esto se trata la autonomía famosa?, ¿defender el latifundio?, ¿exculpar a elites que han despojado tierras a los guarayos?"
El Viceministro de Tierras advirtió que el gobierno continuará con todas las acciones legales que se requieran para hacer "justicia en la redistribución de la tierra y en pos de castigo a los traficantes de tierra, a los que despojan tierras a los pueblos indígenas, y a los sediciosos que están dispuestos a cualquier cosa para dividir este país".
Texto: BOLPRESS
Imagen: lapatriaenlinea.com
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