El ex viceministro de Medio Ambiente Juan Pablo Ramos pasó malos ratos en la cumbre climática de Cochabamba sin poder justificar las políticas “extractivistas y desarrollistas” del gobierno indígena del MAS. Hizo todo lo que pudo para ocultar o minimizar las contradicciones del Presidente defensor mundial de la Madre Tierra, pero prefirió renunciar antes que aprobar un proyecto carretero que parte en dos una frágil reserva natural. Lo primero que hizo su sucesora fue firmar la licencia ambiental que viabiliza la construcción de dos de los tres tramos de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
El 22 de agosto de 2009, los presidentes Evo Morales y Luiz Inácio Lula da Silva firmaron el protocolo de financiamiento de la ruta Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, uno de los proyectos carreteros de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Morales promulgó la Ley Nº 005 que aprueba la contratación de un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para la construcción de la carretera planificada hace varios años por organismos internacionales para facilitar la explotación y exportación de recursos naturales.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó la obra a la empresa OAS Ltda y la contratista presentó los diseños geométrico, de suelos, geológico, geotécnico y la ingeniería hidráulica de los tramos uno y tres. Aún no comenzó el estudio técnico, social y económico en el tramo dos de la carretera, donde se ubica el parque Isiboro Sécure. No se sabe si OAS entregó el diseño final de los trabajos que se ejecutarán.
La ABC dijo que no transgredirálos procedimientos establecidos para la consolidación de todos sus proyectos carreteros, y prometió que las obras de la ruta Villa Tunari – San Ignacio de Moxos no comenzarán mientras no se apruebe la licencia ambiental. El proceso de consulta a las poblaciones indígenas debía comenzar en la segunda semana de mayo y la segunda etapa estaba prevista entre la segunda quincena de junio y la primera quincena de julio. La tercera etapa de las consultas estaba programada para la última semana de octubre.
El XXIX Encuentro Extraordinario de Corregidores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure Autónomo de los Pueblos Indígenas Moxeño, Yuracaré y Chimán realizado el 18 de mayo de 2010 denunció que el proyecto carretero infringe procedimientos técnicos y legales, carece de estudio de impacto ambiental previo y no respetar el derecho a consulta de los pueblos indígenas del TIPNIS, vulnerando los artículos 30 y 343 de la Constitución Política del Estado
El encuentro indígena rechazó de manera “contundente e innegociable” la construcción de la carretera o todo trazo vial que afecte su territorio. En su criterio, la infraestructura vial planificada destruirá irremediablemente un ecosistema de alta biodiversidad y afectará a poblaciones yuracarés, moxeñas y chimanes. La vía supuestamente de interés nacional y en beneficio del desarrollo local, en realidad beneficia directamente a potencias extranjeras, a comerciantes, madereros, pirateros, colonizadores y depredadores.
En 1990 el gobierno reconoció al Parque Nacional Isiboro Sécure como Territorio Indígena de los pueblos Chiman, Mojeño y Yuracaré mediante Decreto supremo 22610 y luego el TIPNIS se convirtió en un área protegida por ley de la República. Ahora el gobierno quiere partir por la mitad esta “zona estricta de alta protección” con una carretera que facilita el ingreso de colonizadores, empresas petroleras, madereras y narcotraficantes, vulnerando el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica.
El ex viceministro Juan Pablo Ramos y su director de medio ambiente Luis Beltrán prefirieron renunciar a sus cargos antes que firmar la licencia ambiental de la ruta. Ramos fue reemplazado por la biología Cynthia Silva Maturana ex directora adjunta de la ABC.
La flamante viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos, de Gestión y Desarrollo Forestal se comprometió a cumplir una "gestión transparente y altamente participativa", consciente de la “enorme responsabilidad” que implica dirigir el Viceministerio de Medio Ambiente del Estado Plurinacional de Bolivia presidido por Evo Morales, que “posicionó los derechos de la Madre Tierra a nivel mundial”.
Lo primero que hizo la viceministra diplomada en gestión de áreas protegidas, administración de empresas y desarrollo local fue firmar la licencia ambiental y viabilizar la construcción de dos de los tres tramos de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
El 22 de agosto de 2009, los presidentes Evo Morales y Luiz Inácio Lula da Silva firmaron el protocolo de financiamiento de la ruta Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, uno de los proyectos carreteros de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Morales promulgó la Ley Nº 005 que aprueba la contratación de un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para la construcción de la carretera planificada hace varios años por organismos internacionales para facilitar la explotación y exportación de recursos naturales.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó la obra a la empresa OAS Ltda y la contratista presentó los diseños geométrico, de suelos, geológico, geotécnico y la ingeniería hidráulica de los tramos uno y tres. Aún no comenzó el estudio técnico, social y económico en el tramo dos de la carretera, donde se ubica el parque Isiboro Sécure. No se sabe si OAS entregó el diseño final de los trabajos que se ejecutarán.
La ABC dijo que no transgredirálos procedimientos establecidos para la consolidación de todos sus proyectos carreteros, y prometió que las obras de la ruta Villa Tunari – San Ignacio de Moxos no comenzarán mientras no se apruebe la licencia ambiental. El proceso de consulta a las poblaciones indígenas debía comenzar en la segunda semana de mayo y la segunda etapa estaba prevista entre la segunda quincena de junio y la primera quincena de julio. La tercera etapa de las consultas estaba programada para la última semana de octubre.
El XXIX Encuentro Extraordinario de Corregidores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure Autónomo de los Pueblos Indígenas Moxeño, Yuracaré y Chimán realizado el 18 de mayo de 2010 denunció que el proyecto carretero infringe procedimientos técnicos y legales, carece de estudio de impacto ambiental previo y no respetar el derecho a consulta de los pueblos indígenas del TIPNIS, vulnerando los artículos 30 y 343 de la Constitución Política del Estado
El encuentro indígena rechazó de manera “contundente e innegociable” la construcción de la carretera o todo trazo vial que afecte su territorio. En su criterio, la infraestructura vial planificada destruirá irremediablemente un ecosistema de alta biodiversidad y afectará a poblaciones yuracarés, moxeñas y chimanes. La vía supuestamente de interés nacional y en beneficio del desarrollo local, en realidad beneficia directamente a potencias extranjeras, a comerciantes, madereros, pirateros, colonizadores y depredadores.
En 1990 el gobierno reconoció al Parque Nacional Isiboro Sécure como Territorio Indígena de los pueblos Chiman, Mojeño y Yuracaré mediante Decreto supremo 22610 y luego el TIPNIS se convirtió en un área protegida por ley de la República. Ahora el gobierno quiere partir por la mitad esta “zona estricta de alta protección” con una carretera que facilita el ingreso de colonizadores, empresas petroleras, madereras y narcotraficantes, vulnerando el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica.
El ex viceministro Juan Pablo Ramos y su director de medio ambiente Luis Beltrán prefirieron renunciar a sus cargos antes que firmar la licencia ambiental de la ruta. Ramos fue reemplazado por la biología Cynthia Silva Maturana ex directora adjunta de la ABC.
La flamante viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos, de Gestión y Desarrollo Forestal se comprometió a cumplir una "gestión transparente y altamente participativa", consciente de la “enorme responsabilidad” que implica dirigir el Viceministerio de Medio Ambiente del Estado Plurinacional de Bolivia presidido por Evo Morales, que “posicionó los derechos de la Madre Tierra a nivel mundial”.
Lo primero que hizo la viceministra diplomada en gestión de áreas protegidas, administración de empresas y desarrollo local fue firmar la licencia ambiental y viabilizar la construcción de dos de los tres tramos de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
Texto: Bolpress
Foto: alkolica.blogspot.com
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