Cochabamba, 5 nov (ABI).- El denominado 'caso terrorismo' ingresó a la fase oral del juicio 2,7 años después que la Policía anulara en el vientre una guerra civil que comenzó a gestarse en octubre de 2008 con la llegada a cuenta gotas de un grupo de mercenarios europeos contratado por financiadores criollos dispuestos a todo, incluso la secesión de Bolivia, con tal de cargarse al presidente indio y socialista Evo Morales.
La investigación, la mayoría de las pruebas y las acusaciones formales y particulares declaradas como válidas el pasado viernes en la audiencia conclusiva presidida por el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Ricardo Maldonado, se pondrán a prueba en el estrado, 30 meses y 11 días después que la banda de milicianos encabezada por el boliviano húngaro croata Eduardo Rózsa Flores fue tomada en un hotel de Santa Cruz, junto a fogueados milicianos, expertos en sembrar la muerte, llegados de Irlanda, Hungría y Rumania, todos veteranos de la guerra secesionista de Los Balcanes que partió en pedazos geográficos la Yugoslavia de Joseph Tito.
Corría abril de 2009.
La noche del día 16 de ese mes, la Policía asaltó el hotel donde los financiadores locales que contactaron a Rózsa, hijo de croaata y boliviana (Flores por madre) en cerca del Adriático, habían metido a los pistoleros.
Rózsa, experto francotirador y que incluso fabricaba sus propias armas, no alcanzó su metrallera Ingran m10 que siempre dejaba bajo la almohada y que esa noche, de copas y mujeres y desenfreno, olvidó en el velador, poco lejos de sus manos.
Un granada de mano explosionó en el piso 4 del Hotel Las Américas en Santa Cruz y se desató un infierno de plomo. La Policía boliviana no corrió riesgos, sabía que se encontraba frente a un grupo de avezados y con muchos muertos encima.
Junto a Rózsa cayeron el rumano Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer.
Los que no alcanzaron a ofrecer resistencia, el húngaro Elöt Tóasó y el boliviano de origen croata, ex miembro de la milicia regular de Bolivia, Mario Tadic Astorga, cayeron detenidos.
El húngaro Tibor Révész, segundo de a bordo y tan líder del grupo como Rózsa, partió a Budapest poco antes de la operación Las Américas.
El plan Rózsa, destinado a sembrar una guerra civil en Bolivia y a separar a Santa Cruz del resto del país, desveló los nombres de tres proveedores de armas, el ex militar Lucio Añez, Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza y dejó al descubierto la personalidad de Ignacio Villa Vargas, según un consenso en la investigación, el 'garganta profunda' que puso a la luz la conspiración, por supuesto a cambio de un fajo de dólares.
Muerto Rósza se escurrieron los financiadores supuestos. Los nombre Hugo Achá, Alejandro Melgar, Juan Kudelka, operador del empresario huído Branco Marinkovic, Enrique Vaca Pedraza, Luis Hurtado Vaca, Carlos Guillén y Lorgio Balcázar saltaron como los que pusieron los dólares.
El periodista español Julio César Alonso describió al grupo de mercenarios contratados para encender una guerra civil en Bolivia. La campaña del terror habría de comenzar en Santa Cruz con la muerte, por francotiradores, de civiles en las calles, coches bomba, atentados con explosivos en los comercios, en las escuelas...
Antes del 16 de abril, tal vez, 4 ó 5 meses, temeroso por su vida y porque le cobrarán 3.000 dólares que gastó a discreción y que debía intercambiar con armas, Villa Vargas se acercó al Estado en busca de protección, vendió a Rósza y los financiadores y permitió una inflitración. Ese día el más serio atentado no estatal contra la cohesión de Bolivia dio por traste.
Una serie de correos email, fotos y vídeos desvelaron la conjura.
"Dispone dar por subsanada la acusación fiscal y particular presentada por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal", estableció la primera resolución tomada en el proceso la víspera.
La investigación se convirtió en una bola de nieve para muchos que se coludieron con Rósza y los finaciadores que buscaban con obsesión la cabeza de Morales, que ganó en las urnas su silla presidencial y que salía bien librado de un fracasado golpe cívico prefectural entre julio y septiembre de 2008.
Larga es la lista de los que cayeron luego y que ahora deben enfrentar a los jueces superada la fase de la investigación que presidió el fiscal Marcelo Soza.
La autoridad judicial en Cochabamba estableció que su determinación se basó en que los documentos cumplen con todos los requisitos legales, así como que no existen observaciones que precisen mayor análisis y profundidad o requieran una devolución a los acusadores.
Asimismo, rechazó los incidentes de actividad procesal defectuosa porque no fueron probados y la no existencia de fundamentación, así como las excepciones de falta de acción planteadas a lo largo de la audiencia.
"Y se rechaza las excepciones de incompetencia por haberse resuelto con anterioridad y existir fallos ejecutoriados respecto a la incompetencia", añadió.
Por otro lado, consideró que todas las pruebas acumuladas tienen eficacia probatoria porque no vulneran derechos o fueron obtenidos por medios ilícitos, a excepción de algunas que no cumplieron en su criterio con algunas formalidades o no tenían vinculación alguna.
En ese sentido, determinó excluir el elemento probatorio MPD-41, una computadora portátil secuestrada en la habitación que ocupaba Rózsa Flores en el Hotel Las Américas.
Dijo que la decisión se basó en que un texto que menciona "preparémonos o hagamos lo que les propusimos" difiere en lo transcrito en la acusación.
Sin embargo, el juez explicó que sólo se anulará lo concerniente a los correos electrónicos auto132846hushmail.com, tulucio@hushmail.com, camba3@hushmail.com, deysat28pet20092214:11.
También expuso una resolución similar en caso de la prueba MP-2 sobre un acta de colección de indicios materiales y un muestrario fotográfico en que no se aclara sí fue colectado o recibido y no cuenta con la firma del representante del Ministerio Público.
"Excluir la prueba MPD 36 consistente en un acta de inspección ocular en dependencias de Fexpocruz, oficinas administrativas, stand de Fegasacruz y stand de Cotas", añadió.
El juez explicó que determinó excluir, además, dos pruebas presentadas para el caso de Gary Augusto Prado Salmón referente a unos apuntes de una universidad en que justificó su presencia como docente y unos mapas que demostró forman parte de un libro de su autoría.
Por otra parte, Maldonado ordenó el traslado de Alberto Melgar Villarroel de la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, al centro penitenciario de Mocovi, Beni.
Resolvió, por otra parte, que Hugo Paz Lavadenz y Hugo Melquiades Vásquez se beneficien con el cambio de la detención preventiva por domiciliaria en Santa Cruz con arraigo, custodia policial y el pago de fianzas de 50.000 y 20.000 bolivianos, respectivamente.
La investigación, la mayoría de las pruebas y las acusaciones formales y particulares declaradas como válidas el pasado viernes en la audiencia conclusiva presidida por el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Ricardo Maldonado, se pondrán a prueba en el estrado, 30 meses y 11 días después que la banda de milicianos encabezada por el boliviano húngaro croata Eduardo Rózsa Flores fue tomada en un hotel de Santa Cruz, junto a fogueados milicianos, expertos en sembrar la muerte, llegados de Irlanda, Hungría y Rumania, todos veteranos de la guerra secesionista de Los Balcanes que partió en pedazos geográficos la Yugoslavia de Joseph Tito.
Corría abril de 2009.
La noche del día 16 de ese mes, la Policía asaltó el hotel donde los financiadores locales que contactaron a Rózsa, hijo de croaata y boliviana (Flores por madre) en cerca del Adriático, habían metido a los pistoleros.
Rózsa, experto francotirador y que incluso fabricaba sus propias armas, no alcanzó su metrallera Ingran m10 que siempre dejaba bajo la almohada y que esa noche, de copas y mujeres y desenfreno, olvidó en el velador, poco lejos de sus manos.
Un granada de mano explosionó en el piso 4 del Hotel Las Américas en Santa Cruz y se desató un infierno de plomo. La Policía boliviana no corrió riesgos, sabía que se encontraba frente a un grupo de avezados y con muchos muertos encima.
Junto a Rózsa cayeron el rumano Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer.
Los que no alcanzaron a ofrecer resistencia, el húngaro Elöt Tóasó y el boliviano de origen croata, ex miembro de la milicia regular de Bolivia, Mario Tadic Astorga, cayeron detenidos.
El húngaro Tibor Révész, segundo de a bordo y tan líder del grupo como Rózsa, partió a Budapest poco antes de la operación Las Américas.
El plan Rózsa, destinado a sembrar una guerra civil en Bolivia y a separar a Santa Cruz del resto del país, desveló los nombres de tres proveedores de armas, el ex militar Lucio Añez, Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza y dejó al descubierto la personalidad de Ignacio Villa Vargas, según un consenso en la investigación, el 'garganta profunda' que puso a la luz la conspiración, por supuesto a cambio de un fajo de dólares.
Muerto Rósza se escurrieron los financiadores supuestos. Los nombre Hugo Achá, Alejandro Melgar, Juan Kudelka, operador del empresario huído Branco Marinkovic, Enrique Vaca Pedraza, Luis Hurtado Vaca, Carlos Guillén y Lorgio Balcázar saltaron como los que pusieron los dólares.
El periodista español Julio César Alonso describió al grupo de mercenarios contratados para encender una guerra civil en Bolivia. La campaña del terror habría de comenzar en Santa Cruz con la muerte, por francotiradores, de civiles en las calles, coches bomba, atentados con explosivos en los comercios, en las escuelas...
Antes del 16 de abril, tal vez, 4 ó 5 meses, temeroso por su vida y porque le cobrarán 3.000 dólares que gastó a discreción y que debía intercambiar con armas, Villa Vargas se acercó al Estado en busca de protección, vendió a Rósza y los financiadores y permitió una inflitración. Ese día el más serio atentado no estatal contra la cohesión de Bolivia dio por traste.
Una serie de correos email, fotos y vídeos desvelaron la conjura.
"Dispone dar por subsanada la acusación fiscal y particular presentada por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal", estableció la primera resolución tomada en el proceso la víspera.
La investigación se convirtió en una bola de nieve para muchos que se coludieron con Rósza y los finaciadores que buscaban con obsesión la cabeza de Morales, que ganó en las urnas su silla presidencial y que salía bien librado de un fracasado golpe cívico prefectural entre julio y septiembre de 2008.
Larga es la lista de los que cayeron luego y que ahora deben enfrentar a los jueces superada la fase de la investigación que presidió el fiscal Marcelo Soza.
La autoridad judicial en Cochabamba estableció que su determinación se basó en que los documentos cumplen con todos los requisitos legales, así como que no existen observaciones que precisen mayor análisis y profundidad o requieran una devolución a los acusadores.
Asimismo, rechazó los incidentes de actividad procesal defectuosa porque no fueron probados y la no existencia de fundamentación, así como las excepciones de falta de acción planteadas a lo largo de la audiencia.
"Y se rechaza las excepciones de incompetencia por haberse resuelto con anterioridad y existir fallos ejecutoriados respecto a la incompetencia", añadió.
Por otro lado, consideró que todas las pruebas acumuladas tienen eficacia probatoria porque no vulneran derechos o fueron obtenidos por medios ilícitos, a excepción de algunas que no cumplieron en su criterio con algunas formalidades o no tenían vinculación alguna.
En ese sentido, determinó excluir el elemento probatorio MPD-41, una computadora portátil secuestrada en la habitación que ocupaba Rózsa Flores en el Hotel Las Américas.
Dijo que la decisión se basó en que un texto que menciona "preparémonos o hagamos lo que les propusimos" difiere en lo transcrito en la acusación.
Sin embargo, el juez explicó que sólo se anulará lo concerniente a los correos electrónicos auto132846hushmail.com, tulucio@hushmail.com, camba3@hushmail.com, deysat28pet20092214:11.
También expuso una resolución similar en caso de la prueba MP-2 sobre un acta de colección de indicios materiales y un muestrario fotográfico en que no se aclara sí fue colectado o recibido y no cuenta con la firma del representante del Ministerio Público.
"Excluir la prueba MPD 36 consistente en un acta de inspección ocular en dependencias de Fexpocruz, oficinas administrativas, stand de Fegasacruz y stand de Cotas", añadió.
El juez explicó que determinó excluir, además, dos pruebas presentadas para el caso de Gary Augusto Prado Salmón referente a unos apuntes de una universidad en que justificó su presencia como docente y unos mapas que demostró forman parte de un libro de su autoría.
Por otra parte, Maldonado ordenó el traslado de Alberto Melgar Villarroel de la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, al centro penitenciario de Mocovi, Beni.
Resolvió, por otra parte, que Hugo Paz Lavadenz y Hugo Melquiades Vásquez se beneficien con el cambio de la detención preventiva por domiciliaria en Santa Cruz con arraigo, custodia policial y el pago de fianzas de 50.000 y 20.000 bolivianos, respectivamente.
Texto: ABI
Foto. La Razón
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