Raúl Prada Alcoreza
Es indispensable volver a hacer una reflexión de la violencia a partir de las secuelas del conflicto del TIPNIS que muestran la insistencia del gobierno en prolongar el conflicto al tratar de revertir su derrota, volviendo a la carga contra los dirigentes indígenas, descalificándolos y amenazándolos, amedrentando a la población de las comunidades indígenas, movilizando a los cocaleros, quienes efectúan una guerra sucia contra los pobladores del TIPNIS, cobrando “peaje” por cruzar la “frontera”.
Es indispensable volver a hacer una reflexión de la violencia a partir de las secuelas del conflicto del TIPNIS que muestran la insistencia del gobierno en prolongar el conflicto al tratar de revertir su derrota, volviendo a la carga contra los dirigentes indígenas, descalificándolos y amenazándolos, amedrentando a la población de las comunidades indígenas, movilizando a los cocaleros, quienes efectúan una guerra sucia contra los pobladores del TIPNIS, cobrando “peaje” por cruzar la “frontera”.
Hay reflexiones sobre la violencia, como las de Georges Eugène Sorel, también como las de Walter Benjamín, así como las de Jacques Derrida, que retoma esas reflexiones. En Comuna también se hizo una reflexión sobre la violencia en Tiempos de rebelión. Ahora es indispensable volver a hacer una reflexión de la violencia a partir de la experiencia del conflicto del Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS), la victoria de la marcha indígena, pero también a partir de las secuelas del conflicto que muestran la insistencia del gobierno en prolongar el conflicto al tratar de revertir su derrota, volviendo a la carga contra los dirigentes indígenas, descalificándolos y amenazándolos, amedrentando a la población de las comunidades indígenas del TIPNIS, movilizando a los cocaleros, sobre todo de los límites del territorio indígena, quienes efectúan una guerra sucia contra los pobladores del TIPNIS, cobrando “peaje” por cruzar la “frontera”.
Esta experiencia, la experiencia del conflicto del TIPNIS, es ilustrativa de la violencia estatal y de las formas de esta violencia; también es ilustrativa debido a que las formas de violencia desplegadas por el gobierno son sintomáticas y alumbran sobre las profundas estructuras del poder y del Estado.
¿Por qué se recurre a la desmesurada violencia del Estado? ¿Por qué se opta por las variadas formas de violencia? ¿Por qué se recurre de manera constante a la manipulación, al chantaje, a la distorsión de los hechos, a la descalificación inaudita, buscando definir al enemigo, de bestializarlo, para sí justificar su represión, incluso su anulación? Un senador de Cochabamba dice que hay que expulsar a los dirigentes indígenas del TIPNIS, quienes estarían comprometidos en supuestas negociaciones de madera. En este discurso por lo menos se encuentran dos cosas; una se quiere sacar al enemigo de su cueva, pero también de su hábitat, expulsarlo, exilarlo, darle muerte civil. Por otra parte se sigue de manera insistente e irreflexiva con las acusaciones contra los dirigentes, acusaciones que, por cierto, nuca demostraron los acusadores.
¿Por qué este senador lo hace? ¿Por qué unos indígenas, que no se sabe quiénes son, pidieron en San Ignacio de Moxos que se expulse a los dirigentes orgánicos del TIPNIS? Se trata del Comité de Defensa del Desarrollo de Moxos (CODEMOX), que pide que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese el TIPNIS. El mismo presidente del Estado, Evo Morales, participó del aniversario del Primer Grito Libertario del líder Pedro Ignacio Muiba, donde se transmitió este pedido. Retrocediendo ante su propia promulgación de la Ley que declara intangible al TIPNIS, pide a esos extraños dirigentes que se dirijan a los diputados y senadores para que anulen la ley. ¿Qué es esto? Marcha y contra-marcha, ¿el tormento de Sísifo? ¿Un conflicto de nunca acabar? ¿Se ha firmado para que se vayan los marchistas a sus casas y se desmovilice el pueblo paceño, empero esperando la ocasión de dar la puñalada por la espalda? ¿Qué clase de práctica política es esa? Insistir, levantarse del suelo, volver a patalear, replantear la pelea, no es necesariamente un muestra de coraje, dependiendo de las circunstancias, sino una muestra de obstinación y falta de instinto de sobrevivencia.
¿Quiénes son estos indígenas que acuden a una reunión oficial en conmemoración a los héroes legendarios de la lucha de los indígenas amazónicos y chaqueños? Se dan nombres, se dice que son dirigentes. ¿Son de comunidades del TIPNIS? ¿Y qué hay del respecto a las direcciones orgánicas y a las organizaciones matrices? Nada de eso importa. Lo que importa es volver al recurso de la violencia descomunal del Estado en contra de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, lo que importa es recurrir a los instrumentos coercitivos del gobierno, quien puede movilizar a los sindicatos cocaleros, quién puede movilizar bloqueos de caminos como lo hizo al levar colonizadores a Yucumo, utilizando los recursos del Estado. Ahora se hace lo mismo, el Ministerio de la Presidencia y otras instancias gubernamentales, incluso la gobernación de Cochabamba, mueven recursos y personal para comprometer movilizaciones preparadas por el gobierno en contra de las dirigencias indígenas del CIDOB y el CONAMAQ. Ciertamente se entiende que no se sientan satisfechos después de la derrota sufrida, empero, lo que llama la atención es esta compulsión por las formas de la violencia como recurso desesperado a revertir la situación y tratar de volver a imponer su voluntad por la fuerza.
Ante la desenvoltura del despliegue de la violencia uno se pregunta: ¿para qué están hechos entonces los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la Madre Tierra? ¿Para qué está hecha la constitución? ¿De adorno? ¿Discurso de propaganda? ¿Texto de vitrina? La violencia es eso, violencia, porque viola derechos, no solamente porque afecta a sujetos y subjetividades, violentando su interioridades y exterioridades, violentando sus libertades. El Estado que debería ser garante de los derechos fundamentales, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra, no lo es; al contrario, aparece en su forma descarnada como el monopolio de la violencia en su condición desenvuelta de Estado de excepción, suspendiendo los derechos. ¿Qué intereses defiende el Estado? ¿Estos intereses están sobre los derechos? Hablar en este caso de intereses estratégicos como los relativos a la integración no es otra cosa que ocultar las relaciones y estructuras de poder que defiende el Estado. La lógica de estas relaciones y estructura de poder impulsa la maquinaria estatal movilizando sus instrumentos, sus engranajes, sus dispositivos y agenciamientos, movilizando sus aparatos represivos e ideológicos. Esta es la pulsión inmanente del Estado, la pulsión de dominación. Los derechos son conquistas logradas por luchas sociales, que solo serán respetadas si las fuerzas sociales contrarrestan esta pulsión dominante con la exigencia de prácticas democráticas.
En estas circunstancias la democracia efectiva y la efectuación de la democracia desaparecen, son sustituidas por el juego de las fuerzas. Eso es lo que ha pasado en el conflicto del TIPNIS. El gobierno ha desplegado sus fuerzas en el terreno, también lo hicieron las naciones y pueblos indígenas originarios, sus organizaciones matrices. En el recorrido de toda la marcha lo que se ha visto es el despliegue aparatoso de la violencia estatal, enfrentada por las fuerzas sociales que se articulaban para defender una causa, la causa de la Madre Tierra, del Vivir bien, de la Constitución, de los derechos fundamentales y de las naciones y pueblos indígenas originarios. Frente al descaro de la manipulación y del chantaje, frente a lo grotesco de las descalificaciones del enemigo declarado, los marchistas manifestaron y desplegaron la fuerza ética y moral de la dignidad, la fuerza cualitativa ante la cual las otras fuerzas cuantitativas no pueden hacer nada, se fragmentan y diluyen como polvo. Igual, si hubiera el gobierno impuesto su voluntad a como dé lugar, hubieran perdido, ante la demostración heroica de la dignidad. No se puede contra esta acción ética; lo demuestran muchas experiencias en la historia política y social del mundo. El dramatismo de la marcha y la despavorida represión, primero en curso y después abiertamente realizada de una manera descomunal en Yucumo, terminaron de volcar la correlación de fuerza en beneficio de los marchistas. Después de estos hechos bochornosos que recorrieron el mundo y motivaron indignación en todas partes, la marcha se reanudó; por donde iban eran bien recibidos, desmoronándose así la versión falsa del gobierno, de que todos los colonizadores estaban contra la marcha, contra las demandas de la marcha, defendiendo a la carretera. El pueblo paceño y el distrito 14 de la Ciudad de el Alto, las organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB), se volcaron a recibir a los marchistas como héroes en la sede de gobierno. Este fue el triunfo de la marcha. Quedaba claro que el pueblo boliviano, nuevamente, manifiesta su clara contraposición contra las formas de la tiranía. No acepta el desparpajo de la violencia, de la violación de los derechos, no acepta la manipulación y los montajes, no acepta sobre todo el desboque de la violencia.
Lo que vino después es el resultado, la consecuencia de esta victoria, la promulgación de una ley que protege al TIPNIS. Por eso, los marchistas no festejaron con el gobierno esta conclusión sino con el pueblo paceño y las organizaciones que apoyaron a los marchistas y a la Madre Tierra. Esta realidad no se puede cambiar con discursos, con maniobras, con interpretaciones estrambóticas, como la de otro senador de Cochabamba, quien considera irresponsables a los dirigentes indígenas por la declaración de intangibilidad del TIPNIS, adelantando que intangible en la ley ambiental significaría intocable, como si tuviéramos que recurrir al diccionario para resolver el significado de una norma, obviando el análisis y la comparación jurídica. Herido por que se ha vetado su ley, la ley tramposa que quería ganar tiempo para que de todas maneras se apruebe más tarde la carretera, hace gala de confusas interpretaciones, defendiendo algo que ni el mismo cree. Estos padres de la patria son los dispositivos elocuentes de la legitimación de la violencia descarada y del despliegue de las políticas extractivistas y desarrollistas. Nada va cambiar lo sucedido, en la historia política va a quedar en la memoria de las luchas esta victoria contundente de los marchistas indígenas originarios.
En Ecuador se ha declarado zona intangible a los territorios donde se suponen que hay poblaciones no contactadas. En el Perú, cerca de la Laguna del Toro se reunió una multitud de comunarios de las comarcas del norte andino ultrajadas por las constantes actividades de la empresa minera canadiense Barrick Golden; todos los reunidos, que sobrepasaban a las 5000 personas, declararon por unanimidad la intangibilidad de la zona de las Lagunas del Toro. Los representantes municipales se comprometieron e este acto realizar los trámites necesarios para esta declaración de amplio acuerdo popular se le otorgue el rango legislativo. En ninguno de los dos casos la intangibilidad anula los derechos de las naciones y pueblos indígenas, al contrario, protege sus derechos, pues los defiende frente al avasallamiento extractivista y desforestador. ¿A quién se le ha podido ocurrir que la intangibilidad ambiental significa no tocar absolutamente nada del TIPNIS, territorio y recursos? ¿Qué clase de imaginario es este? Imaginar una nada absoluta, una intangibilidad conceptual, lo suprasensible elevada a una alta potencia, para hacerla realidad inmovilizando a los habitantes del TIPNIS como si fuesen esculturas de estuco. Esta figura muestra elocuentemente las profundas paradojas del poder; la maquinaria más elocuente de la cruda realidad del poder, la violencia, es decir, el Estado, se imagina la más abstracta representación, la nada, para inmovilizar y hacer desaparecer a los indígenas de sus territorios, por lo menos imaginariamente.
La reglamentación de la Ley corta tiene que operar en función del sentido de la ley promulgada. El artículo uno de la ley expresa que:
Se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure – TIPNIS patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, Yuracaré y Mojeño-trinitario, cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia.
El artículo dos dice que:
Teniendo el territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure – TIPNIS, además de la categoría de territorio indígena, la categoría de área protegida, se constituye, en garantía de conservación, sostenibilidad e integridad de los sistemas de vida, la funcionalidad de los ciclos ecológicos y los procesos naturales en convivencia armónica con la Madre Tierra y sus derechos.
En este contexto de la ley hay que entender la declaración de intangibilidad del TIPNIS. Por otra parte, la ley y el reglamento de la ley responden a la Constitución, no pueden contravenirla, sino se anulan por ser inconstitucionales. Por lo tanto la intangibilidad afecta a los avasalladores del parque, a los cultivadores de coca, a las empresas extractivistas, a las empresas madereras, a todo emprendimiento y acción externa que afecte al ecosistema del parque y al territorio indígena, que afecte a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El numeral 4 del artículo 30 de la Constitución Política del Estado dice que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a la libre determinación y territorialidad. El numeral 7 habla de la protección de sus lugares sagrados. El artículo 8 dice que tienen derecho a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. El numero 10 establece que tienen derecho a vivir en un medo ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. El numeral 11 dice que tienen derecho a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. El numeral 12 establece que tienen derecho a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. No como cree el vicepresidente que quiere darles una educación liberal, que no es otra cosa que una educación colonial y disciplinaria, base de la individualización de los sujetos modernos. El numeral 15 establece que tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Al respecto fue muy graciosa la interpretación del presidente de la cámara baja que decía que cómo no era una medida legislativa y administrativa la carretera que atravesaría el TIPNIS, entonces este compromiso del gobierno con OAS y el gobierno brasileño no afecta a los derechos de las naciones y pueblos indígenas constitucionalizados. Estas triquiñuelas de abogados no sirven para nada en este caso pues la construcción de una carretera es la realización material de medidas legislativas y administrativas.
Después de la victoria de la marcha indígena, después de la promulgación de la ley, que debería haber zanjado el problema, como el propio presidente lo dijo, el conflicto no ha terminado, pues se prepara una movilización de cocaleros, maniobras en un encuentro para debatir el modelo económico, donde se va a buscar exigir la abrogación de la ley. La descalificación de los dirigentes continúa con los mismos procedimientos escandalosos e indecorosos. Ahora hay que enfrentar el desafío del cumplimiento de la ley, de realizar efectivamente la protección del parque y el cumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas del TIPNIS.
La victoria del TIPNIS es un punto de inflexión como lo fue la guerra del agua, ahí comenzó la derrota del proyecto neoliberal; después de la victoria indígena y de todo el pueblo boliviano que apoyo la defensa del TIPNIS comienza la reconducción del proceso. El CIDOB, el CONAMAQ, la COB, las Juntas de Vecinos, las organizaciones de activistas, tienen la responsabilidad de conformar una alianza de reconducción del proceso, de convertirse en el consejo político de la reconducción, de orientar el curso del tiempo político en el sentido del ejercicio plural de la democracia, participativa, comunitaria y representativa; en construir colectivamente a decisión política, la ley y la gestión pública como establece la constitución. De hacer respetar la propiedad del pueblo boliviano sobre los “recursos naturales” no-renovables y el beneficio exclusivo de los “recursos naturales” renovables en los territorios indígenas. De exigir transparencia, participación y control social en las políticas públicas, sobre todo en los temas estratégicos, como los relativos al modelo integral y alternativo a seguir, entendido como el modelo del vivir bien.
Esta experiencia, la experiencia del conflicto del TIPNIS, es ilustrativa de la violencia estatal y de las formas de esta violencia; también es ilustrativa debido a que las formas de violencia desplegadas por el gobierno son sintomáticas y alumbran sobre las profundas estructuras del poder y del Estado.
¿Por qué se recurre a la desmesurada violencia del Estado? ¿Por qué se opta por las variadas formas de violencia? ¿Por qué se recurre de manera constante a la manipulación, al chantaje, a la distorsión de los hechos, a la descalificación inaudita, buscando definir al enemigo, de bestializarlo, para sí justificar su represión, incluso su anulación? Un senador de Cochabamba dice que hay que expulsar a los dirigentes indígenas del TIPNIS, quienes estarían comprometidos en supuestas negociaciones de madera. En este discurso por lo menos se encuentran dos cosas; una se quiere sacar al enemigo de su cueva, pero también de su hábitat, expulsarlo, exilarlo, darle muerte civil. Por otra parte se sigue de manera insistente e irreflexiva con las acusaciones contra los dirigentes, acusaciones que, por cierto, nuca demostraron los acusadores.
¿Por qué este senador lo hace? ¿Por qué unos indígenas, que no se sabe quiénes son, pidieron en San Ignacio de Moxos que se expulse a los dirigentes orgánicos del TIPNIS? Se trata del Comité de Defensa del Desarrollo de Moxos (CODEMOX), que pide que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese el TIPNIS. El mismo presidente del Estado, Evo Morales, participó del aniversario del Primer Grito Libertario del líder Pedro Ignacio Muiba, donde se transmitió este pedido. Retrocediendo ante su propia promulgación de la Ley que declara intangible al TIPNIS, pide a esos extraños dirigentes que se dirijan a los diputados y senadores para que anulen la ley. ¿Qué es esto? Marcha y contra-marcha, ¿el tormento de Sísifo? ¿Un conflicto de nunca acabar? ¿Se ha firmado para que se vayan los marchistas a sus casas y se desmovilice el pueblo paceño, empero esperando la ocasión de dar la puñalada por la espalda? ¿Qué clase de práctica política es esa? Insistir, levantarse del suelo, volver a patalear, replantear la pelea, no es necesariamente un muestra de coraje, dependiendo de las circunstancias, sino una muestra de obstinación y falta de instinto de sobrevivencia.
¿Quiénes son estos indígenas que acuden a una reunión oficial en conmemoración a los héroes legendarios de la lucha de los indígenas amazónicos y chaqueños? Se dan nombres, se dice que son dirigentes. ¿Son de comunidades del TIPNIS? ¿Y qué hay del respecto a las direcciones orgánicas y a las organizaciones matrices? Nada de eso importa. Lo que importa es volver al recurso de la violencia descomunal del Estado en contra de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, lo que importa es recurrir a los instrumentos coercitivos del gobierno, quien puede movilizar a los sindicatos cocaleros, quién puede movilizar bloqueos de caminos como lo hizo al levar colonizadores a Yucumo, utilizando los recursos del Estado. Ahora se hace lo mismo, el Ministerio de la Presidencia y otras instancias gubernamentales, incluso la gobernación de Cochabamba, mueven recursos y personal para comprometer movilizaciones preparadas por el gobierno en contra de las dirigencias indígenas del CIDOB y el CONAMAQ. Ciertamente se entiende que no se sientan satisfechos después de la derrota sufrida, empero, lo que llama la atención es esta compulsión por las formas de la violencia como recurso desesperado a revertir la situación y tratar de volver a imponer su voluntad por la fuerza.
Ante la desenvoltura del despliegue de la violencia uno se pregunta: ¿para qué están hechos entonces los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la Madre Tierra? ¿Para qué está hecha la constitución? ¿De adorno? ¿Discurso de propaganda? ¿Texto de vitrina? La violencia es eso, violencia, porque viola derechos, no solamente porque afecta a sujetos y subjetividades, violentando su interioridades y exterioridades, violentando sus libertades. El Estado que debería ser garante de los derechos fundamentales, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra, no lo es; al contrario, aparece en su forma descarnada como el monopolio de la violencia en su condición desenvuelta de Estado de excepción, suspendiendo los derechos. ¿Qué intereses defiende el Estado? ¿Estos intereses están sobre los derechos? Hablar en este caso de intereses estratégicos como los relativos a la integración no es otra cosa que ocultar las relaciones y estructuras de poder que defiende el Estado. La lógica de estas relaciones y estructura de poder impulsa la maquinaria estatal movilizando sus instrumentos, sus engranajes, sus dispositivos y agenciamientos, movilizando sus aparatos represivos e ideológicos. Esta es la pulsión inmanente del Estado, la pulsión de dominación. Los derechos son conquistas logradas por luchas sociales, que solo serán respetadas si las fuerzas sociales contrarrestan esta pulsión dominante con la exigencia de prácticas democráticas.
En estas circunstancias la democracia efectiva y la efectuación de la democracia desaparecen, son sustituidas por el juego de las fuerzas. Eso es lo que ha pasado en el conflicto del TIPNIS. El gobierno ha desplegado sus fuerzas en el terreno, también lo hicieron las naciones y pueblos indígenas originarios, sus organizaciones matrices. En el recorrido de toda la marcha lo que se ha visto es el despliegue aparatoso de la violencia estatal, enfrentada por las fuerzas sociales que se articulaban para defender una causa, la causa de la Madre Tierra, del Vivir bien, de la Constitución, de los derechos fundamentales y de las naciones y pueblos indígenas originarios. Frente al descaro de la manipulación y del chantaje, frente a lo grotesco de las descalificaciones del enemigo declarado, los marchistas manifestaron y desplegaron la fuerza ética y moral de la dignidad, la fuerza cualitativa ante la cual las otras fuerzas cuantitativas no pueden hacer nada, se fragmentan y diluyen como polvo. Igual, si hubiera el gobierno impuesto su voluntad a como dé lugar, hubieran perdido, ante la demostración heroica de la dignidad. No se puede contra esta acción ética; lo demuestran muchas experiencias en la historia política y social del mundo. El dramatismo de la marcha y la despavorida represión, primero en curso y después abiertamente realizada de una manera descomunal en Yucumo, terminaron de volcar la correlación de fuerza en beneficio de los marchistas. Después de estos hechos bochornosos que recorrieron el mundo y motivaron indignación en todas partes, la marcha se reanudó; por donde iban eran bien recibidos, desmoronándose así la versión falsa del gobierno, de que todos los colonizadores estaban contra la marcha, contra las demandas de la marcha, defendiendo a la carretera. El pueblo paceño y el distrito 14 de la Ciudad de el Alto, las organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB), se volcaron a recibir a los marchistas como héroes en la sede de gobierno. Este fue el triunfo de la marcha. Quedaba claro que el pueblo boliviano, nuevamente, manifiesta su clara contraposición contra las formas de la tiranía. No acepta el desparpajo de la violencia, de la violación de los derechos, no acepta la manipulación y los montajes, no acepta sobre todo el desboque de la violencia.
Lo que vino después es el resultado, la consecuencia de esta victoria, la promulgación de una ley que protege al TIPNIS. Por eso, los marchistas no festejaron con el gobierno esta conclusión sino con el pueblo paceño y las organizaciones que apoyaron a los marchistas y a la Madre Tierra. Esta realidad no se puede cambiar con discursos, con maniobras, con interpretaciones estrambóticas, como la de otro senador de Cochabamba, quien considera irresponsables a los dirigentes indígenas por la declaración de intangibilidad del TIPNIS, adelantando que intangible en la ley ambiental significaría intocable, como si tuviéramos que recurrir al diccionario para resolver el significado de una norma, obviando el análisis y la comparación jurídica. Herido por que se ha vetado su ley, la ley tramposa que quería ganar tiempo para que de todas maneras se apruebe más tarde la carretera, hace gala de confusas interpretaciones, defendiendo algo que ni el mismo cree. Estos padres de la patria son los dispositivos elocuentes de la legitimación de la violencia descarada y del despliegue de las políticas extractivistas y desarrollistas. Nada va cambiar lo sucedido, en la historia política va a quedar en la memoria de las luchas esta victoria contundente de los marchistas indígenas originarios.
En Ecuador se ha declarado zona intangible a los territorios donde se suponen que hay poblaciones no contactadas. En el Perú, cerca de la Laguna del Toro se reunió una multitud de comunarios de las comarcas del norte andino ultrajadas por las constantes actividades de la empresa minera canadiense Barrick Golden; todos los reunidos, que sobrepasaban a las 5000 personas, declararon por unanimidad la intangibilidad de la zona de las Lagunas del Toro. Los representantes municipales se comprometieron e este acto realizar los trámites necesarios para esta declaración de amplio acuerdo popular se le otorgue el rango legislativo. En ninguno de los dos casos la intangibilidad anula los derechos de las naciones y pueblos indígenas, al contrario, protege sus derechos, pues los defiende frente al avasallamiento extractivista y desforestador. ¿A quién se le ha podido ocurrir que la intangibilidad ambiental significa no tocar absolutamente nada del TIPNIS, territorio y recursos? ¿Qué clase de imaginario es este? Imaginar una nada absoluta, una intangibilidad conceptual, lo suprasensible elevada a una alta potencia, para hacerla realidad inmovilizando a los habitantes del TIPNIS como si fuesen esculturas de estuco. Esta figura muestra elocuentemente las profundas paradojas del poder; la maquinaria más elocuente de la cruda realidad del poder, la violencia, es decir, el Estado, se imagina la más abstracta representación, la nada, para inmovilizar y hacer desaparecer a los indígenas de sus territorios, por lo menos imaginariamente.
La reglamentación de la Ley corta tiene que operar en función del sentido de la ley promulgada. El artículo uno de la ley expresa que:
Se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure – TIPNIS patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, Yuracaré y Mojeño-trinitario, cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia.
El artículo dos dice que:
Teniendo el territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure – TIPNIS, además de la categoría de territorio indígena, la categoría de área protegida, se constituye, en garantía de conservación, sostenibilidad e integridad de los sistemas de vida, la funcionalidad de los ciclos ecológicos y los procesos naturales en convivencia armónica con la Madre Tierra y sus derechos.
En este contexto de la ley hay que entender la declaración de intangibilidad del TIPNIS. Por otra parte, la ley y el reglamento de la ley responden a la Constitución, no pueden contravenirla, sino se anulan por ser inconstitucionales. Por lo tanto la intangibilidad afecta a los avasalladores del parque, a los cultivadores de coca, a las empresas extractivistas, a las empresas madereras, a todo emprendimiento y acción externa que afecte al ecosistema del parque y al territorio indígena, que afecte a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El numeral 4 del artículo 30 de la Constitución Política del Estado dice que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a la libre determinación y territorialidad. El numeral 7 habla de la protección de sus lugares sagrados. El artículo 8 dice que tienen derecho a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. El numero 10 establece que tienen derecho a vivir en un medo ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. El numeral 11 dice que tienen derecho a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. El numeral 12 establece que tienen derecho a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. No como cree el vicepresidente que quiere darles una educación liberal, que no es otra cosa que una educación colonial y disciplinaria, base de la individualización de los sujetos modernos. El numeral 15 establece que tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Al respecto fue muy graciosa la interpretación del presidente de la cámara baja que decía que cómo no era una medida legislativa y administrativa la carretera que atravesaría el TIPNIS, entonces este compromiso del gobierno con OAS y el gobierno brasileño no afecta a los derechos de las naciones y pueblos indígenas constitucionalizados. Estas triquiñuelas de abogados no sirven para nada en este caso pues la construcción de una carretera es la realización material de medidas legislativas y administrativas.
Después de la victoria de la marcha indígena, después de la promulgación de la ley, que debería haber zanjado el problema, como el propio presidente lo dijo, el conflicto no ha terminado, pues se prepara una movilización de cocaleros, maniobras en un encuentro para debatir el modelo económico, donde se va a buscar exigir la abrogación de la ley. La descalificación de los dirigentes continúa con los mismos procedimientos escandalosos e indecorosos. Ahora hay que enfrentar el desafío del cumplimiento de la ley, de realizar efectivamente la protección del parque y el cumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas del TIPNIS.
La victoria del TIPNIS es un punto de inflexión como lo fue la guerra del agua, ahí comenzó la derrota del proyecto neoliberal; después de la victoria indígena y de todo el pueblo boliviano que apoyo la defensa del TIPNIS comienza la reconducción del proceso. El CIDOB, el CONAMAQ, la COB, las Juntas de Vecinos, las organizaciones de activistas, tienen la responsabilidad de conformar una alianza de reconducción del proceso, de convertirse en el consejo político de la reconducción, de orientar el curso del tiempo político en el sentido del ejercicio plural de la democracia, participativa, comunitaria y representativa; en construir colectivamente a decisión política, la ley y la gestión pública como establece la constitución. De hacer respetar la propiedad del pueblo boliviano sobre los “recursos naturales” no-renovables y el beneficio exclusivo de los “recursos naturales” renovables en los territorios indígenas. De exigir transparencia, participación y control social en las políticas públicas, sobre todo en los temas estratégicos, como los relativos al modelo integral y alternativo a seguir, entendido como el modelo del vivir bien.
Texto: Bolpress
Foto: eju
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