La comisión de fiscales del caso terrorismo activará la orden de aprehensión contra el ex dirigente cívico Branko Marinkovic y otras acciones procesales que dejó pendientes, una vez ratificada la competencia de La Paz para el control jurisdiccional con una resolución de un juez cruceño.
El Fiscal de Distrito de La Paz interino, Fernando Ganam, explicó que sólo se debe esperar la remisión de los antecedentes a la juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, para que Marcelo Soza e Isabelino Gómez reanuden sin más trabas sus tareas investigativas.
“El Poder Judicial ha resuelto el conflicto de competencias que existía entre la jurisdicción de los distritos de Santa Cruz y de La Paz, por lo que se da luz verde para que los fiscales asignados continúen con las estrategias y la ejecución de sus citaciones, mandamientos y órdenes de comparendo”, mencionó.
Las actuaciones que sean realizadas en el caso tendrán que ser avaladas sólo por el juez paceño del control jurisdiccional, quien incluso tendrá que atender los recursos legales que hubieran sido planteados por los sindicados e imputados en la capital cruceña.
Una de las principales tareas que los fiscales asignados deben cumplir es la ejecución de la orden de aprehensión lanzada en septiembre del pasado año contra el ex presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Branko Marinkovic.
El trabajo enfrentará un inconveniente porque se presume que el sindicado salió, a finales de 2009, a Brasil, porque se avecinaba su captura por los cargos en su contra por financiar las actividades terroristas del grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa, que fue desarticulado el 16 de abril de la pasada gestión en el hotel Las Américas, de Santa Cruz.
El Ministerio Público tiene previsto solicitar la colaboración de algún órgano de inteligencia policial para establecer si el ex cívico salió realmente del territorio nacional, por dónde lo hizo y cuál sería su destino final.
La verificación de la salida de Marinkovic de Bolivia obligará a que se lo convoque por edictos para que dé su declaración informativa, luego, en la fase de un juicio oral, puede ser declarado en rebeldía con la consecuente suspensión de sus derechos ciudadanos y la posterior anotación preventiva e incautación de los bienes que posee.
Los fiscales que investigan el caso terrorismo comenzaron, el pasado año, la elaboración de una lista de las propiedades de los imputados para que se solicite su embargo legal.
Se estima que la nómina está completa y sólo se espera una orden judicial para la ejecución de la medida en las próximas semanas, mientras se espera también la recuperación de la salud del fiscal Marcelo Soza.
Gómez suple a Soza en caso terrorismo y separatismo
El fiscal Isabelino Gómez asumió la suplencia legal para la continuidad de la investigación del caso de terrorismo, puesto que su colega Marcelo Soza estará algunos días más con baja médica.
El representante del Ministerio Público, como codirector funcional del proceso, tendrá todas las facultades para darle continuidad a la pesquisa.
“Cualquier determinación que se tome en la suplencia legal estará sujeta a la evaluación del fiscal titular, por lo que sólo realizaré las acciones de mero trámite, con la finalidad de preservar elementos de prueba y que no se pierdan datos”, manifestó Gómez.
El trabajo del director funcional suplente tendrá que garantizar que la pesquisa del caso terrorismo no se paralice, para lo que coordinará su labor con los investigadores que realizaron diversas acciones desde la desarticulación del grupo irregular de Eduardo Rózsa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 16 de abril de 2009.
La valoración médica del fiscal Marcelo Soza prevé que retornará a sus funciones en por lo menos una semana, porque debe recuperarse por completo de la rinoplastía a la que fue sometido la pasada semana en la ciudad de La Paz.
El representante del Ministerio Público tuvo un ligero desvanecimiento el jueves 7 de enero cuando era revisado en el Hospital Obrero, pero se recuperó a los pocos minutos y fue enviado con una orden de reposo a su casa.
Los médicos del nosocomio descartaron la versión de que Soza habría sufrido un paro cardiaco.
El Ministerio Público considera que la labor de investigación del caso terrorismo y separatismo no debe detenerse, debido a la importancia para el país.
El Fiscal de Distrito de La Paz interino, Fernando Ganam, explicó que sólo se debe esperar la remisión de los antecedentes a la juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, para que Marcelo Soza e Isabelino Gómez reanuden sin más trabas sus tareas investigativas.
“El Poder Judicial ha resuelto el conflicto de competencias que existía entre la jurisdicción de los distritos de Santa Cruz y de La Paz, por lo que se da luz verde para que los fiscales asignados continúen con las estrategias y la ejecución de sus citaciones, mandamientos y órdenes de comparendo”, mencionó.
Las actuaciones que sean realizadas en el caso tendrán que ser avaladas sólo por el juez paceño del control jurisdiccional, quien incluso tendrá que atender los recursos legales que hubieran sido planteados por los sindicados e imputados en la capital cruceña.
Una de las principales tareas que los fiscales asignados deben cumplir es la ejecución de la orden de aprehensión lanzada en septiembre del pasado año contra el ex presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Branko Marinkovic.
El trabajo enfrentará un inconveniente porque se presume que el sindicado salió, a finales de 2009, a Brasil, porque se avecinaba su captura por los cargos en su contra por financiar las actividades terroristas del grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa, que fue desarticulado el 16 de abril de la pasada gestión en el hotel Las Américas, de Santa Cruz.
El Ministerio Público tiene previsto solicitar la colaboración de algún órgano de inteligencia policial para establecer si el ex cívico salió realmente del territorio nacional, por dónde lo hizo y cuál sería su destino final.
La verificación de la salida de Marinkovic de Bolivia obligará a que se lo convoque por edictos para que dé su declaración informativa, luego, en la fase de un juicio oral, puede ser declarado en rebeldía con la consecuente suspensión de sus derechos ciudadanos y la posterior anotación preventiva e incautación de los bienes que posee.
Los fiscales que investigan el caso terrorismo comenzaron, el pasado año, la elaboración de una lista de las propiedades de los imputados para que se solicite su embargo legal.
Se estima que la nómina está completa y sólo se espera una orden judicial para la ejecución de la medida en las próximas semanas, mientras se espera también la recuperación de la salud del fiscal Marcelo Soza.
Gómez suple a Soza en caso terrorismo y separatismo
El fiscal Isabelino Gómez asumió la suplencia legal para la continuidad de la investigación del caso de terrorismo, puesto que su colega Marcelo Soza estará algunos días más con baja médica.
El representante del Ministerio Público, como codirector funcional del proceso, tendrá todas las facultades para darle continuidad a la pesquisa.
“Cualquier determinación que se tome en la suplencia legal estará sujeta a la evaluación del fiscal titular, por lo que sólo realizaré las acciones de mero trámite, con la finalidad de preservar elementos de prueba y que no se pierdan datos”, manifestó Gómez.
El trabajo del director funcional suplente tendrá que garantizar que la pesquisa del caso terrorismo no se paralice, para lo que coordinará su labor con los investigadores que realizaron diversas acciones desde la desarticulación del grupo irregular de Eduardo Rózsa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 16 de abril de 2009.
La valoración médica del fiscal Marcelo Soza prevé que retornará a sus funciones en por lo menos una semana, porque debe recuperarse por completo de la rinoplastía a la que fue sometido la pasada semana en la ciudad de La Paz.
El representante del Ministerio Público tuvo un ligero desvanecimiento el jueves 7 de enero cuando era revisado en el Hospital Obrero, pero se recuperó a los pocos minutos y fue enviado con una orden de reposo a su casa.
Los médicos del nosocomio descartaron la versión de que Soza habría sufrido un paro cardiaco.
El Ministerio Público considera que la labor de investigación del caso terrorismo y separatismo no debe detenerse, debido a la importancia para el país.
Texto: Cambio
Imagen: ciaramc.org
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