Raúl Prada Alcoreza
Después de haber abierto el nuevo horizonte histórico-político con el ciclo de los movimientos sociales que se desataron con la primera guerra del agua (abril 2005) y culminaron con la segunda guerra del gas (mayo y junio del 2005), nos tocó vivir la primera gestión del primer gobierno indígena, en plena transición, mientras cumplíamos con el proceso de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de la asamblea constituyente, abriendo el curso al proceso constituyente que culminó con la escritura del nuevo texto constitucional y su aprobación triple, en el Liceo Militar, donde se refugió la Asamblea Constituyente para seguir sesionando, en Oruro, donde se aprobó la Constitución en detalle y en el Congreso, donde se hicieron 144 modificaciones a 122 artículos, pasando por el diálogo de Cochabamba, donde se reescribió el título correspondiente a la Organización Territorial del Estado.
Después de lograr la Ley del Referéndum Constituyente, mediante una fabulosa movilización social, convocada por las organizaciones sociales, quienes vuelven a salir en un momento de emergencia para salvar el proceso constituyente, el pueblo aprueba su constitución. Con esto se abre una nueva historia, dejando atrás la anterior, caracterizada por el proceso de colonización y el desarrollo de la colonialidad, en sus diferentes etapas y en sus distintas formas, atravesando los tiempos de la colonia y los periodos de la república, pasando por cuatro procesos de modernización que culminaron en un fracaso: las reformas borbónicas (fines del siglo XVIII), las reformas liberales (1900), después de la Guerra Federal, la Revolución Nacional de 1952 y el ajuste estructural neoliberal (1985-2000).
Los movimientos sociales desatados en el 2000 y que duran hasta el 2005 ponen en evidencia la crisis múltiple del Estado: crisis del Estado Colonial, crisis del Estado liberal y su modalidad de gobiernos neoliberales, crisis del Estado moderno y crisis del la versión capitalista en un país periférico. El hundimiento del segundo gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada en Octubre del 2003 implicaba también el derrumbe catastrófico del colonialismo, del liberalismo, de la modernidad y del capitalismo. En este contexto se entiende que las tareas de la Asamblea Constituyente eran fundacionales, fundar una segunda república, establecer como mandato la tarea de la descolonización, lo que significa partir del reconocimiento de la preexistencia a la colonia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el derecho a la libre determinación, a su autogobierno, a sus instituciones propias, a sus normas y procedimientos propios, a la gestión territorial, a la gestión ambiental, al beneficio exclusivo en la explotación de los recursos naturales renovables, a la consulta, en lo que respecta a la explotación de los recursos naturales no renovables, a la lengua, a la cultura y a la cosmovisión propias. Este es el comienzo, este es el punto de partida, esta es la base de la descolonización. Los primeros artículos de la constitución trazan esta ruta crítica. En este sentido, la configuración del nuevo Estado debía desarrollarse sobre la base de nuevas condiciones de posibilidades históricas y políticas. Estas condiciones de posibilidad son otras que las del Estado-nación. Estas nuevas condiciones históricas políticas expresan la muerte del Estado-nación y el nacimiento del Estado plurinacional.
Dramático pacto social
En cierto sentido se puede decir que la Constitución Política del Estado es la construcción dramática del pacto social. Primero, la mayoría tuvo que construir un consenso, eso lo hizo entre las organizaciones sociales más representativas de los movimientos sociales, cuando se discutió en el Pacto por la Unidad la propuesta de los movimientos sociales a la Asamblea Constituyente. En este documenta ya se encontraba el diseño del Estado Plurinacional Social Comunitario. El documento del Pacto por la Unidad se desglosó en otro documento articulado que venía como propuesta constitucional, en forma de discurso legislativo. Este fue el documento de referencia principal de las Comisiones de la Asamblea Constituyente, encargadas de definir la estructura de Estado y desarrollar los informes de mayoría y minoría, que eran la base de lo que va ser el texto constitucional. Podemos decir que la parte declarativa de la constitución, la que tiene que ver con la definición ideológica política, con la visión de país, con el modelo de Estado, los derechos, los deberes y las garantías, es la parte que más ha conservado la propuesta de los movimientos sociales. Precisamente en esta parte se encuentra lo que se viene en llamar el espíritu constituyente, es decir, la voluntad del poder constituyente. Entonces, es de la lectura de esta parte que se tiene que interpretar todo el texto constitucional.
Esto significa que la nueva relación entre Estado y sociedad se desarrolla en el marco de la nueva forma y composición del Estado y de la emergencia participativa de la sociedad. Hablamos de un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, en lo que respecta a las nuevas modalidades del Estado. Estos son los ejes vertebrales de la nueva organización y del nuevo mapa institucional. El pluralismo de las naciones y de los pueblos se asienta en la reconstitución de lo comunitario, forma institucional plural ancestral que conlleva otros proyectos culturales y civilizatorios, articulados en las redes sociales colectivas, en las formas de cohesión de las comunidades, en sus estrategias simbólicas y de prestigio, en sus mandos rotativos, en sus territorializaciones y reterritorializaciones dinámicas, móviles, sin fronteras, que articulan en forma de archipiélagos distintos nichos ecológicos.
Lo plurinacional no podría entenderse sin la deconstrucción y la decodificación descolonizadora, tampoco podría entenderse sin este núcleo reconstitutivo de las formas comunitarias. Que, desde mi perspectiva, recupera el proyecto comunista, enriquecido por la resistencia y la alteridad a la modernidad de otros sistemas civilizatorios. El Estado plurinacional se asienta también en una concepción pluralista, el pluralismo jurídico, político, cultural, económico y social. Desde la perspectiva organizacional, esto se abre al pluralismo institucional, rompiendo con las formas homogeneizantes de la institucionalidad moderna. El pluralismo institucional nos conduce al pluralismo administrativo, al pluralismo normativo y al pluralismo de las gestiones. Esto implica abrirse a un Estado complejo que articula diversas modalidades institucionales y de gestión. Concretamente podemos hablar de una gestión pública cíclica, dinámica y flexible, de una gestión comunitaria y de una gestión cultural.
Por otra parte el Estado plurinacional se abre a una radial forma de descentralización administrativa política, en su forma de pluralismo autonómico. Este descentramiento, esta descentralización, esta desconcentración, implica la plena incorporación de los gobiernos y de las asambleas legislativas a la forma de Estado. Lo que significa atender a los modos de armonización y coordinación de los distintos niveles territoriales. Puede verse entonces la magnitud de la complejidad y riqueza del nuevo Estado Plurinacional Comunitario y autonómico. En una secuencia intensa y llena de tensiones se sigue construyendo dramáticamente el pacto social, se acuerda con las minorías de izquierda, se acuerda con las minorías de centro derecha, descartando el arreglo con las posiciones más recalcitrantes, opuestas al proceso constituyente. Sin embargo, se continúa la construcción dramática del pacto en el diálogo de Cochabamba con las prefecturas, los prefectos y sus técnicos, reescribiendo la parte correspondiente a las autonomías, sobre todo la relativa al entramado de las competencias. Así de este modo, en esta secuencia, se continúa la construcción del pacto con el acuerdo llegado en el Congreso, realizando modificaciones en la Constitución y convocando por medio de ley al referéndum constituyente.
En la estructura de la Constitución Política del Estado, podemos identificar tres modelos que contiene la Constitución: un modelo de Estado, un modelo territorial, pero también un modelo económico. El modelo económico es de suma importancia, pues es este modelo el que hace sostenible el modelo de Estado y el modelo territorial. ¿Qué clase de modelo es este? La lectura completa de la Organización Económica del Estado nos muestra tres fases: la definición de una economía plural, que, de acuerdo a la esclarecimiento que da la misma Constitución, en los primeros artículos de esta parte de la misma, se trata de una economía social y comunitaria; la decisión por la intervención estatal, por una economía regulada, por el papel fundamental del Estado en la articulación de las distintas formas de organización económica, en la industrialización de los recursos naturales, en el paso a un modelo productivo y en el potenciamiento de la economía social y comunitaria; y la apertura a una concepción ecológica del modelo económico, al introducir las condicionantes de la tierra, el territorio, la biodiversidad, el medio ambiente, los recursos naturales, el agua, la energía, los recursos forestales y concebir todo esto, en articulación con la economía social comunitaria, como desarrollo sostenible.
Por lo tanto, estamos lejos de repetir un modelo desarrollista, basado en el supuesto de la revolución industrial, paradigma correspondiente al siglo XIX, al ciclo del capitalismo inglés, y a la imitación desarrollista para la periferia del mundo capitalista, desplegada durante la década de los cincuenta y sesenta del siglo XX y por la escuela de la CEPAL. Se trata de un modelo económico, que no sugiere seguir la huella de los países llamados desarrollados, sino de dar un salto, este salto es mas bien la revolución tecnológica, en combinación con la recuperación de tecnologías y saberes ancestrales, situándose en un ámbito de actividades y acciones en armonía con la naturaleza. Este es el sentido más pleno del vivir bien, del suma qamaña, del suma kausay, del ñandereko, del ivimarei. En este sentido, podemos hablar también de los derechos de la naturaleza, además de los derechos fundamentales, de los derechos individuales, de los derechos sociales, de los derechos colectivos. La consideración de los recursos naturales como estratégicos, destinados al vivir bien, condiciona la explotación y la industrialización de los recursos naturales a la armonía con la naturaleza, al equilibrio ecológico y a la armonía con las comunidades y las sociedades. El horizonte de la economía social comunitaria sitúa a la organización económica del Estado como una alternativa al desarrollo, una alternativa a la modernidad y una alternativa al capitalismo.
Los grandes desafíos de ahora
Después de la contundente victoria electoral de diciembre del 2009, por el sesenta y cuatro por ciento del electorado, logrando de esta forma el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el famoso control de los dos tercios, de las dos cámaras, la responsabilidad de de la aplicación de la Constitución Política del Estado es únicamente del Movimiento al Socialismo (MAS). El desafío que se viene adelante es más grande que los desafíos anteriores: quebrar el dominio de la burguesía intermediaria y de la clase política (2000-2005), sostener el primer gobierno indígena (2005-2009), nacionalizar los hidrocarburos (2006), sostener la Asamblea Constituyente en plena guerra contra ella (2006-2008), aprobar la Constitución Política del Estado (2008).
El desafío ahora es fundar la segunda república, construir el Estado plurinacional, comunitario y autonómico, desplegar las transformaciones institucionales; en otras palabras, realizar el modelo de Estado, el modelo territorial y el modelo económico. Este desafío sólo puede ser respondido efectuando actos fundacionales; la tarea de la Asamblea Legislativa plurinacional, apoyada por la participación social, como lo establece la Constitución, debe desarrollar leyes fundacionales. Seis son de las primeras de estas leyes, las cinco primeras se encuentran nombradas en la Constitución, ley marco de autonomías, ley del órgano ejecutivo, ley del órgano legislativo, régimen electoral y tribunal constitucional; la sexta tiene que ver con la ley de gestión pública, que establece la nueva relación del Estado y sociedad en el marco del pluralismo institucional y en el contexto de la participación y el control social, es decir, de la democracia participativa.
En esta fundación de la segunda república, el gobierno central, la Asamblea Legislativa Plurinacional, los gobiernos autonómicos, las Asambleas Legislativas autonómicas, en el contexto de la participación social, tienen como responsabilidad conformar un nuevo mapa institucional, nuevos dispositivos y nuevos agenciamientos, es decir, nuevas prácticas, en el desarrollo y realización de una nueva forma de hacer política, en una nueva forma de gobernar obedeciendo, en una nueva forma de legislar,
apoyándose en la participación social.
La gran responsabilidad de todos es interpretar, analizar y ser consecuentes con la Constitución Política del Estado, aprobada por el pueblo boliviano. Esto implica, ser vigilantes y evitar un gran peligro, desconstitucionalizar el texto constitucional, en otras palabras, evitar la restauración del viejo Estado, de sus estructuras e instituciones, evitar hacer leyes parecidas a las anteriores, dejando en la vitrina la Constitución, evitar el caminos del desarrollismo y del industrialismo, inventando nuevas rutas alternativas y alterativas, dando saltos, como los de la revolución tecnológica, articulada a la recuperación de saberes y técnicas ancestrales, armonizando con lo que podemos llamar los derechos de la naturaleza.
El gran desafío es lograr una descolonización efectiva y no retórica, también plasmar la condición plurinacional de manera efectiva y no retórica, lo mismo podemos decir en lo que respecta a la reconstitución de lo comunitario y la realización efectiva de las autonomías; entre éstas es imprescindible la realización efectiva de las autonomías indígenas, debido al carácter plurinacional y el proceso de descolonización iniciado. En esta perspectiva, entre los desafíos tenemos el traspaso efectivo del poder al pueblo, convirtiendo al Estado en un instrumento de la sociedad, desburocratizando radicalmente la gestión pública. Esto también significa concebir una nueva forma de gestión pública, que deje de ser meramente normativa, regulativa y controlista, que más bien se encamine a ser una gestión productiva y producente, productiva, por creadora de excedente, producente por constitutiva de nuevos sujetos sociales. Dicho de otra manera, la gestión ahora es cambio, pero, además, se realiza en códigos interculturales. Lo que equivale a desplegar instrumentos de la gestión pública de manera integral y participativa, como la planificación integral y participativa y el presupuesto integral y participativo, como establece la Constitución.
El conjunto de estos actos fundacionales equivale también a efectuar una revolución cultural, que implica una revolución de las conductas y de los comportamientos, acabando con las viejas prácticas prebéndales, clientelares y de cuoteo. Como se puede ver, la tarea es inmensa, empero es este el camino que debemos emprender, la ruta de la transformación efectiva, no el de la retórica. La transformación no es solamente simbólica, es real e imaginaria, es subjetiva e institucional, es alterativa y alternativa.
Teniendo en cuenta este proceso revolucionario y esta revolución en proceso, quizás la tarea más fuerte es construir la alternativa al capitalismo, modo de producción de la explotación de la fuerza de trabajo y de la geopolítica de la acumulación del centro del sistema mundo y de la desacumulación de la periferia, modo de producción del circuito perverso de la dependencia, ahora de la deuda infinita y de la especulación financiera. Modo de producción de la permanente crisis y de los ciclos del capitalismo, como formas de salir de la crisis, aunque sea por el método del desplazamiento. Ahora bien, esta tarea no nos compete sólo a los bolivianos, sino que incumbe a procesos de integración continental y mundial, a la mundialización de los movimientos sociales antisistémicos y a la construcción de una superación de la economía mundo capitalista. Empero, esta tarea nos compete a los bolivianos asumirla como parte del proceso de integración y de mundialización de los movimientos antisistémicos, retomar la lucha anticapitalista y su superación en la construcción del modelo económico.
Después de haber abierto el nuevo horizonte histórico-político con el ciclo de los movimientos sociales que se desataron con la primera guerra del agua (abril 2005) y culminaron con la segunda guerra del gas (mayo y junio del 2005), nos tocó vivir la primera gestión del primer gobierno indígena, en plena transición, mientras cumplíamos con el proceso de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de la asamblea constituyente, abriendo el curso al proceso constituyente que culminó con la escritura del nuevo texto constitucional y su aprobación triple, en el Liceo Militar, donde se refugió la Asamblea Constituyente para seguir sesionando, en Oruro, donde se aprobó la Constitución en detalle y en el Congreso, donde se hicieron 144 modificaciones a 122 artículos, pasando por el diálogo de Cochabamba, donde se reescribió el título correspondiente a la Organización Territorial del Estado.
Después de lograr la Ley del Referéndum Constituyente, mediante una fabulosa movilización social, convocada por las organizaciones sociales, quienes vuelven a salir en un momento de emergencia para salvar el proceso constituyente, el pueblo aprueba su constitución. Con esto se abre una nueva historia, dejando atrás la anterior, caracterizada por el proceso de colonización y el desarrollo de la colonialidad, en sus diferentes etapas y en sus distintas formas, atravesando los tiempos de la colonia y los periodos de la república, pasando por cuatro procesos de modernización que culminaron en un fracaso: las reformas borbónicas (fines del siglo XVIII), las reformas liberales (1900), después de la Guerra Federal, la Revolución Nacional de 1952 y el ajuste estructural neoliberal (1985-2000).
Los movimientos sociales desatados en el 2000 y que duran hasta el 2005 ponen en evidencia la crisis múltiple del Estado: crisis del Estado Colonial, crisis del Estado liberal y su modalidad de gobiernos neoliberales, crisis del Estado moderno y crisis del la versión capitalista en un país periférico. El hundimiento del segundo gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada en Octubre del 2003 implicaba también el derrumbe catastrófico del colonialismo, del liberalismo, de la modernidad y del capitalismo. En este contexto se entiende que las tareas de la Asamblea Constituyente eran fundacionales, fundar una segunda república, establecer como mandato la tarea de la descolonización, lo que significa partir del reconocimiento de la preexistencia a la colonia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el derecho a la libre determinación, a su autogobierno, a sus instituciones propias, a sus normas y procedimientos propios, a la gestión territorial, a la gestión ambiental, al beneficio exclusivo en la explotación de los recursos naturales renovables, a la consulta, en lo que respecta a la explotación de los recursos naturales no renovables, a la lengua, a la cultura y a la cosmovisión propias. Este es el comienzo, este es el punto de partida, esta es la base de la descolonización. Los primeros artículos de la constitución trazan esta ruta crítica. En este sentido, la configuración del nuevo Estado debía desarrollarse sobre la base de nuevas condiciones de posibilidades históricas y políticas. Estas condiciones de posibilidad son otras que las del Estado-nación. Estas nuevas condiciones históricas políticas expresan la muerte del Estado-nación y el nacimiento del Estado plurinacional.
Dramático pacto social
En cierto sentido se puede decir que la Constitución Política del Estado es la construcción dramática del pacto social. Primero, la mayoría tuvo que construir un consenso, eso lo hizo entre las organizaciones sociales más representativas de los movimientos sociales, cuando se discutió en el Pacto por la Unidad la propuesta de los movimientos sociales a la Asamblea Constituyente. En este documenta ya se encontraba el diseño del Estado Plurinacional Social Comunitario. El documento del Pacto por la Unidad se desglosó en otro documento articulado que venía como propuesta constitucional, en forma de discurso legislativo. Este fue el documento de referencia principal de las Comisiones de la Asamblea Constituyente, encargadas de definir la estructura de Estado y desarrollar los informes de mayoría y minoría, que eran la base de lo que va ser el texto constitucional. Podemos decir que la parte declarativa de la constitución, la que tiene que ver con la definición ideológica política, con la visión de país, con el modelo de Estado, los derechos, los deberes y las garantías, es la parte que más ha conservado la propuesta de los movimientos sociales. Precisamente en esta parte se encuentra lo que se viene en llamar el espíritu constituyente, es decir, la voluntad del poder constituyente. Entonces, es de la lectura de esta parte que se tiene que interpretar todo el texto constitucional.
Esto significa que la nueva relación entre Estado y sociedad se desarrolla en el marco de la nueva forma y composición del Estado y de la emergencia participativa de la sociedad. Hablamos de un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, en lo que respecta a las nuevas modalidades del Estado. Estos son los ejes vertebrales de la nueva organización y del nuevo mapa institucional. El pluralismo de las naciones y de los pueblos se asienta en la reconstitución de lo comunitario, forma institucional plural ancestral que conlleva otros proyectos culturales y civilizatorios, articulados en las redes sociales colectivas, en las formas de cohesión de las comunidades, en sus estrategias simbólicas y de prestigio, en sus mandos rotativos, en sus territorializaciones y reterritorializaciones dinámicas, móviles, sin fronteras, que articulan en forma de archipiélagos distintos nichos ecológicos.
Lo plurinacional no podría entenderse sin la deconstrucción y la decodificación descolonizadora, tampoco podría entenderse sin este núcleo reconstitutivo de las formas comunitarias. Que, desde mi perspectiva, recupera el proyecto comunista, enriquecido por la resistencia y la alteridad a la modernidad de otros sistemas civilizatorios. El Estado plurinacional se asienta también en una concepción pluralista, el pluralismo jurídico, político, cultural, económico y social. Desde la perspectiva organizacional, esto se abre al pluralismo institucional, rompiendo con las formas homogeneizantes de la institucionalidad moderna. El pluralismo institucional nos conduce al pluralismo administrativo, al pluralismo normativo y al pluralismo de las gestiones. Esto implica abrirse a un Estado complejo que articula diversas modalidades institucionales y de gestión. Concretamente podemos hablar de una gestión pública cíclica, dinámica y flexible, de una gestión comunitaria y de una gestión cultural.
Por otra parte el Estado plurinacional se abre a una radial forma de descentralización administrativa política, en su forma de pluralismo autonómico. Este descentramiento, esta descentralización, esta desconcentración, implica la plena incorporación de los gobiernos y de las asambleas legislativas a la forma de Estado. Lo que significa atender a los modos de armonización y coordinación de los distintos niveles territoriales. Puede verse entonces la magnitud de la complejidad y riqueza del nuevo Estado Plurinacional Comunitario y autonómico. En una secuencia intensa y llena de tensiones se sigue construyendo dramáticamente el pacto social, se acuerda con las minorías de izquierda, se acuerda con las minorías de centro derecha, descartando el arreglo con las posiciones más recalcitrantes, opuestas al proceso constituyente. Sin embargo, se continúa la construcción dramática del pacto en el diálogo de Cochabamba con las prefecturas, los prefectos y sus técnicos, reescribiendo la parte correspondiente a las autonomías, sobre todo la relativa al entramado de las competencias. Así de este modo, en esta secuencia, se continúa la construcción del pacto con el acuerdo llegado en el Congreso, realizando modificaciones en la Constitución y convocando por medio de ley al referéndum constituyente.
En la estructura de la Constitución Política del Estado, podemos identificar tres modelos que contiene la Constitución: un modelo de Estado, un modelo territorial, pero también un modelo económico. El modelo económico es de suma importancia, pues es este modelo el que hace sostenible el modelo de Estado y el modelo territorial. ¿Qué clase de modelo es este? La lectura completa de la Organización Económica del Estado nos muestra tres fases: la definición de una economía plural, que, de acuerdo a la esclarecimiento que da la misma Constitución, en los primeros artículos de esta parte de la misma, se trata de una economía social y comunitaria; la decisión por la intervención estatal, por una economía regulada, por el papel fundamental del Estado en la articulación de las distintas formas de organización económica, en la industrialización de los recursos naturales, en el paso a un modelo productivo y en el potenciamiento de la economía social y comunitaria; y la apertura a una concepción ecológica del modelo económico, al introducir las condicionantes de la tierra, el territorio, la biodiversidad, el medio ambiente, los recursos naturales, el agua, la energía, los recursos forestales y concebir todo esto, en articulación con la economía social comunitaria, como desarrollo sostenible.
Por lo tanto, estamos lejos de repetir un modelo desarrollista, basado en el supuesto de la revolución industrial, paradigma correspondiente al siglo XIX, al ciclo del capitalismo inglés, y a la imitación desarrollista para la periferia del mundo capitalista, desplegada durante la década de los cincuenta y sesenta del siglo XX y por la escuela de la CEPAL. Se trata de un modelo económico, que no sugiere seguir la huella de los países llamados desarrollados, sino de dar un salto, este salto es mas bien la revolución tecnológica, en combinación con la recuperación de tecnologías y saberes ancestrales, situándose en un ámbito de actividades y acciones en armonía con la naturaleza. Este es el sentido más pleno del vivir bien, del suma qamaña, del suma kausay, del ñandereko, del ivimarei. En este sentido, podemos hablar también de los derechos de la naturaleza, además de los derechos fundamentales, de los derechos individuales, de los derechos sociales, de los derechos colectivos. La consideración de los recursos naturales como estratégicos, destinados al vivir bien, condiciona la explotación y la industrialización de los recursos naturales a la armonía con la naturaleza, al equilibrio ecológico y a la armonía con las comunidades y las sociedades. El horizonte de la economía social comunitaria sitúa a la organización económica del Estado como una alternativa al desarrollo, una alternativa a la modernidad y una alternativa al capitalismo.
Los grandes desafíos de ahora
Después de la contundente victoria electoral de diciembre del 2009, por el sesenta y cuatro por ciento del electorado, logrando de esta forma el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el famoso control de los dos tercios, de las dos cámaras, la responsabilidad de de la aplicación de la Constitución Política del Estado es únicamente del Movimiento al Socialismo (MAS). El desafío que se viene adelante es más grande que los desafíos anteriores: quebrar el dominio de la burguesía intermediaria y de la clase política (2000-2005), sostener el primer gobierno indígena (2005-2009), nacionalizar los hidrocarburos (2006), sostener la Asamblea Constituyente en plena guerra contra ella (2006-2008), aprobar la Constitución Política del Estado (2008).
El desafío ahora es fundar la segunda república, construir el Estado plurinacional, comunitario y autonómico, desplegar las transformaciones institucionales; en otras palabras, realizar el modelo de Estado, el modelo territorial y el modelo económico. Este desafío sólo puede ser respondido efectuando actos fundacionales; la tarea de la Asamblea Legislativa plurinacional, apoyada por la participación social, como lo establece la Constitución, debe desarrollar leyes fundacionales. Seis son de las primeras de estas leyes, las cinco primeras se encuentran nombradas en la Constitución, ley marco de autonomías, ley del órgano ejecutivo, ley del órgano legislativo, régimen electoral y tribunal constitucional; la sexta tiene que ver con la ley de gestión pública, que establece la nueva relación del Estado y sociedad en el marco del pluralismo institucional y en el contexto de la participación y el control social, es decir, de la democracia participativa.
En esta fundación de la segunda república, el gobierno central, la Asamblea Legislativa Plurinacional, los gobiernos autonómicos, las Asambleas Legislativas autonómicas, en el contexto de la participación social, tienen como responsabilidad conformar un nuevo mapa institucional, nuevos dispositivos y nuevos agenciamientos, es decir, nuevas prácticas, en el desarrollo y realización de una nueva forma de hacer política, en una nueva forma de gobernar obedeciendo, en una nueva forma de legislar,
apoyándose en la participación social.
La gran responsabilidad de todos es interpretar, analizar y ser consecuentes con la Constitución Política del Estado, aprobada por el pueblo boliviano. Esto implica, ser vigilantes y evitar un gran peligro, desconstitucionalizar el texto constitucional, en otras palabras, evitar la restauración del viejo Estado, de sus estructuras e instituciones, evitar hacer leyes parecidas a las anteriores, dejando en la vitrina la Constitución, evitar el caminos del desarrollismo y del industrialismo, inventando nuevas rutas alternativas y alterativas, dando saltos, como los de la revolución tecnológica, articulada a la recuperación de saberes y técnicas ancestrales, armonizando con lo que podemos llamar los derechos de la naturaleza.
El gran desafío es lograr una descolonización efectiva y no retórica, también plasmar la condición plurinacional de manera efectiva y no retórica, lo mismo podemos decir en lo que respecta a la reconstitución de lo comunitario y la realización efectiva de las autonomías; entre éstas es imprescindible la realización efectiva de las autonomías indígenas, debido al carácter plurinacional y el proceso de descolonización iniciado. En esta perspectiva, entre los desafíos tenemos el traspaso efectivo del poder al pueblo, convirtiendo al Estado en un instrumento de la sociedad, desburocratizando radicalmente la gestión pública. Esto también significa concebir una nueva forma de gestión pública, que deje de ser meramente normativa, regulativa y controlista, que más bien se encamine a ser una gestión productiva y producente, productiva, por creadora de excedente, producente por constitutiva de nuevos sujetos sociales. Dicho de otra manera, la gestión ahora es cambio, pero, además, se realiza en códigos interculturales. Lo que equivale a desplegar instrumentos de la gestión pública de manera integral y participativa, como la planificación integral y participativa y el presupuesto integral y participativo, como establece la Constitución.
El conjunto de estos actos fundacionales equivale también a efectuar una revolución cultural, que implica una revolución de las conductas y de los comportamientos, acabando con las viejas prácticas prebéndales, clientelares y de cuoteo. Como se puede ver, la tarea es inmensa, empero es este el camino que debemos emprender, la ruta de la transformación efectiva, no el de la retórica. La transformación no es solamente simbólica, es real e imaginaria, es subjetiva e institucional, es alterativa y alternativa.
Teniendo en cuenta este proceso revolucionario y esta revolución en proceso, quizás la tarea más fuerte es construir la alternativa al capitalismo, modo de producción de la explotación de la fuerza de trabajo y de la geopolítica de la acumulación del centro del sistema mundo y de la desacumulación de la periferia, modo de producción del circuito perverso de la dependencia, ahora de la deuda infinita y de la especulación financiera. Modo de producción de la permanente crisis y de los ciclos del capitalismo, como formas de salir de la crisis, aunque sea por el método del desplazamiento. Ahora bien, esta tarea no nos compete sólo a los bolivianos, sino que incumbe a procesos de integración continental y mundial, a la mundialización de los movimientos sociales antisistémicos y a la construcción de una superación de la economía mundo capitalista. Empero, esta tarea nos compete a los bolivianos asumirla como parte del proceso de integración y de mundialización de los movimientos antisistémicos, retomar la lucha anticapitalista y su superación en la construcción del modelo económico.
Texto: Rebelión
Foto: 123people.es
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