La Cámara de Senadores sancionó ayer jueves la Ley que incorpora al Código Penal figuras penales de financiamiento del terrorismo que castiga con presidio de 15 a 20 años, los delitos de terrorismo con 30 años y legitimación de ganancias ilícitas de 5 a 10 años.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, explicó ante el pleno del Senado que el objetivo de la norma es cumplir con los compromisos internacionales como la Convención de Palermo que el Estado boliviano ha ratificado para la lucha contra terrorismo y la delincuencia transnacional.
El delito del separatismo será sancionado con privación de libertad de 30 años sin derecho a indulto al “que en forma individual u organizada resolviere inconstitucionalmente, agrediere, atacare, violentare o asaltare teniendo la finalidad de dividir, disgregar o separar la unidad del Estado”, señala la Ley sancionada y enviada al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
En relación al delito de terrorismo, la norma sancionará con presidio de 15 a 20 años, al que forme parte, colabore de cualquier forma con una organización armada contra la seguridad común y la vida, “con la finalidad de subvertir el orden constitucional, deponer al gobierno elegido constitucionalmente, mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella”.
El financiamiento del terrorismo también será sancionado con presidio de 15 a 20 años y la confiscación de los bienes utilizados para tal delito.
Los senadores de la opositora PPB-C rechazaron la aprobación de la ley. Su jefe de bancada Bernard Gutiérrez consideró que usará esta norma para procesar a los investigados en el caso terrorismo II.
El titular de Senado, René Martínez, dijo que las leyes sobre terrorismo y separatismo en otros países son más drásticos de lo que se está aprobando en Bolivia, por lo que pidió a la oposición política “no rasgarse las vestiduras” y no entrar en una suerte de defensa de los que están siendo procesados por el caso separatismo.
La senadora oficialista Gabriela Montaño afirmó que el pueblo boliviano ha demostrado que no está dispuesto a soportar el separatismo como el ocurrido el 2008, y agregó que en el proceso de investigación, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) “no va a panfletear información privada” como cree la oposición; sino solo “recibirá, solicitará y, cuando corresponda, transmitir a las autoridades competentes la información debidamente procesada, vinculada con el financiamiento del terrorismo”, como manda la Ley.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, explicó ante el pleno del Senado que el objetivo de la norma es cumplir con los compromisos internacionales como la Convención de Palermo que el Estado boliviano ha ratificado para la lucha contra terrorismo y la delincuencia transnacional.
El delito del separatismo será sancionado con privación de libertad de 30 años sin derecho a indulto al “que en forma individual u organizada resolviere inconstitucionalmente, agrediere, atacare, violentare o asaltare teniendo la finalidad de dividir, disgregar o separar la unidad del Estado”, señala la Ley sancionada y enviada al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
En relación al delito de terrorismo, la norma sancionará con presidio de 15 a 20 años, al que forme parte, colabore de cualquier forma con una organización armada contra la seguridad común y la vida, “con la finalidad de subvertir el orden constitucional, deponer al gobierno elegido constitucionalmente, mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella”.
El financiamiento del terrorismo también será sancionado con presidio de 15 a 20 años y la confiscación de los bienes utilizados para tal delito.
Los senadores de la opositora PPB-C rechazaron la aprobación de la ley. Su jefe de bancada Bernard Gutiérrez consideró que usará esta norma para procesar a los investigados en el caso terrorismo II.
El titular de Senado, René Martínez, dijo que las leyes sobre terrorismo y separatismo en otros países son más drásticos de lo que se está aprobando en Bolivia, por lo que pidió a la oposición política “no rasgarse las vestiduras” y no entrar en una suerte de defensa de los que están siendo procesados por el caso separatismo.
La senadora oficialista Gabriela Montaño afirmó que el pueblo boliviano ha demostrado que no está dispuesto a soportar el separatismo como el ocurrido el 2008, y agregó que en el proceso de investigación, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) “no va a panfletear información privada” como cree la oposición; sino solo “recibirá, solicitará y, cuando corresponda, transmitir a las autoridades competentes la información debidamente procesada, vinculada con el financiamiento del terrorismo”, como manda la Ley.
Texto y foto: FIDES
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