Arturo D. Villanueva Imaña
La historia reciente de Bolivia está marcada por una increíble dinámica y profundidad de acontecimientos que se han producido en muy pocos años, y por innumerables momentos y coyunturas de carácter episódico pero fundacional, que han sentado las bases del proceso de cambio y transformación democrático cultural.
Al efecto, baste mencionar las denominadas guerras del agua y del gas, las revueltas populares de febrero y octubre de 2003, la Asamblea Constituyente y el establecimiento del nuevo Pacto Social con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, etc.
En ese marco y luego de aquel crítico momento de quiebre que se produjo a fines del año 2010 cuando el Gobierno de Evo Morales tuvo que echar marcha atrás a la decisión inicial de imponer sobre las espaldas del pueblo el decreto del gasolinazo; ahora surge otro asunto de interés nacional originado en la decisión de construir y cortar por el núcleo el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que junto a la realización de la VIII Marcha Nacional de los Pueblos Indígenas de Bolivia, también ha provocado el pronunciamiento y manifestación de todos los sectores sociales del país, e inclusive a nivel internacional de referentes institucionales y personalidades, que han buscado contribuir al debate, el abordaje del conflicto y los caminos de solución.
De la amplia y muy rica contribución de pronunciamientos, análisis y aportes realizados sobre el conflicto del TIPNIS, baste mencionar y destacar los siguientes asuntos de preocupación que continúan siendo debatidos y forman parte de la agenda pública y política de Bolivia:
· La incongruencia entre el discurso y la práctica gubernamentales en lo que se refiere a la lucha contra el sistema capitalista, la defensa y protección de los derechos de la Madre Tierra (Pachamama), y la aplicación efectiva del paradigma civilizatorio del Vivir Bien (Suma Qamaña), para que no se quede como una mera formulación declarativa a nivel constitucional.
· La necesidad y demanda popular para efectivizar en la práctica la lucha contra el modelo neoliberal y los intereses transnacionales orientados a la depredación de la naturaleza, el extractivismo y la explotación de los recursos naturales.
· El incumplimiento de la legislación constitucional, nacional e internacional referida a los derechos de los pueblos indígenas y las restricciones y prohibiciones expresas referidas a los parques nacionales y las áreas protegidas como el TIPNIS.
· La intolerancia y agresividad discursiva gubernamental, basada en el fantasma de una supuesta confabulación (opositora, internacional y oenegista), que se ha traducido en actitudes confrontacionales excluyentes, orientadas a descalificar y desconocer una justa demanda indígena y nacional.
· La extraña reticencia y rechazo presidencial a establecer espacios de diálogo directo con las organizaciones de los pueblos indígenas, cuando no solamente se ha adoptado el principio de “gobernar obedeciendo al pueblo”, sino que existe la ineludible obligación de cumplir y efectivizar el derecho de consulta y participación establecidas en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas, ratificados por leyes expresas de la nación.
· El falso y engañoso dilema entre desarrollo nacional y preservación de la naturaleza y protección de los derechos indígenas, que conduce a soluciones excluyentes que se traducen en construir la carretera “quieran o no quieran”, sin considerar alternativas acordes al carácter plurinacional del país, al enfoque civilizatorio del Vivir Bien en armonía con la naturaleza y a la preservación de la soberanía y dignidad nacional.
· El cuestionamiento gubernamental a la agenda de 16 puntos de los pueblos indígenas de Bolivia (que forman parte de las demandas de la VIII Marcha Nacional), en la que extrañamente se cuestiona los pedidos de paralización de los proyectos de explotación hidrocarburífera que corresponden a una lógica capitalista de explotación de los recursos naturales, bajo el argumento de que son totalmente inatendibles porque implicarían paralizar el país, pero que paralelamente no cuestiona el interés de los pueblos indígenas por adjudicarse los recursos económicos emergentes de los servicios ambientales que brindan las áreas protegidas y los territorios indígenas, cuando en realidad ello significaría adscribirse al enfoque mercantilista vinculado a la economía verde y los mercados de carbono, que solo favorecen los intereses capitalistas y otorgan un paraguas supuestamente ecologista, que da piedra libre al emprendimiento de los mega negocios y los mega proyectos, no contribuye a la reducción de la emisión de gases y solo crea una nueva fuente mercantil y financiera acorde a la lógica extractivista y depredatoria del capitalismo.
Aunque ciertamente no se trata de asuntos menores para el interés nacional, sobre los que no se realizará mayor abundamiento en vista de la profusa difusión de ideas que se ha dado al respecto; en cambio, sí se quisiera contribuir a poner atención a otros asuntos que entrañarán (a nuestro modesto entender), el sinceramiento del Gobierno y el Proyecto Nacional que se encara, así como la definición de los contenidos y la orientación del proceso de cambio que se encuentra en curso. Estos asuntos son:
a) El verdadero perfil de aplicación y cumplimiento al derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas que se encuentra establecido y aprobado constitucionalmente. De forma muy sugerente, la forma de abordaje de este asunto ha transitado como si se tratase únicamente de establecer un espacio de diálogo para atender algunas demandas indígenas, pasando por el cumplimiento de un requisito meramente formal de consulta (asociado a la idea de consulta pública que no corresponde) en el que expresamente se ha intentado desechar el carácter vinculante del consentimiento previo, libre e informado que el Gobierno está obligado a cumplir en todos aquellos proyectos, medidas o legislación que pueda afectar a los pueblos indígenas. No debe olvidarse que tanto el carácter plurinacional del Estado como el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, están estrecha y directamente relacionados con el cumplimiento y aplicación del derecho de consulta, puesto que mal podría hablarse del ejercicio y capacidad de autogobierno de los pueblos indígenas, así como del carácter plurinacional de nuestro Estado, si ni siquiera se cumple con el derecho de consulta establecido y aprobado, y tampoco se respeta la identidad, la dignidad y el territorio de los pueblos indígenas. Un asunto no menor en el proceso de aplicación y cumplimiento del derecho de consulta de los pueblos indígenas, está relacionado con el rol del Gobierno Nacional en representación del Estado, y si aquel, como está sucediendo actualmente, debe constituirse en juez y parte del proceso. Es decir, como garante y ejecutor al mismo tiempo del derecho mencionado.
b) El tipo de desarrollo y el enfoque del Proyecto Nacional que Bolivia pondrá en práctica a partir de las decisiones que se adopten con el TIPNIS. La ambivalencia prevaleciente hasta ahora entre un discurso retórico que afirma defender los derechos de la Madre Tierra y la construcción de un paradigma alternativo del Vivir Bien en armonía con la naturaleza y la convivencia complementaria de diversas y diferentes identidades culturales, en contraposición a la lógica de explotación mercantil y extractivista del capitalismo, que alienta el desarrollo de megaproyectos como la carretera que pretende cruzar por el TIPNIS, ya no será posible sostener. Es decir, que la forma de resolución de las llamadas “contradicciones creativas” ya no será posible mantenerlas en una esfera indeterminada de indefiniciones, puesto que los hechos demandarán la adopción de un enfoque claramente identificable. Al respecto, es de desear que se impongan los postulados y directrices estratégicas contenidas ya en la Constitución Política del Estado y otras normas como la ley de la Madre Tierra o el propio Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien (que por cierto ya hace mucho tiempo debía estar acompañado de un sistema de evaluación, seguimiento y ejecución con indicadores de medición apropiados), aunque paralelamente no se puede ignorar los signos y las orientaciones en contrario que el Poder Ejecutivo se ha encargado de transmitir al pueblo, desde que se conoció la decisión de construir la carretera por el TIPNIS.
c) La recomposición o ruptura del bloque social de sustento del proceso de cambio y transformación. La importancia estratégica que este asunto entraña, está relacionada con la composición de las fuerzas sociales y populares que forman parte del proceso y que indiscutiblemente le otorgan un determinado contenido y orientación. Al cabo de algo más de 5 años de gestión gubernamental, ya se ha mencionado la supuesta restitución de aquel repudiado “pacto militar campesino” promovido por regímenes dictatoriales de los generales René Barrientos y Hugo Banzer, como el sustento principal del Gobierno de Evo Morales. Aunada a esa circunstancia no puede ignorarse la reiterada e incomprensible actitud de colonizadores y campesinos (incluidos legisladores del Congreso Plurinacional que responden a esos sectores), que nuevamente han amenazado con impedir y bloquear (es decir, enfrentarse) a la marcha de los pueblos indígenas de Bolivia, siendo que este sector popular constituye (o al menos debería entenderse así) otro de los principales aliados y base de sustentación del Estado Plurinacional. Por otra parte, no es menor la frágil y muy inestable alianza con los sectores obreros y populares aglutinados en la COB, que también han demandado que el gobierno escuche, atienda y cumpla con los derechos y demandas de los pueblos indígenas originados en el conflicto del TIPNIS, con lo que se configura un escenario complejo que con seguridad marcará la reconfiguración de fuerzas sociales y su correlación dentro del proceso de cambio.
Es claro que en este caso, la forma de cómo se aborde y resuelva el conflicto del TIPNIS, también determinará el contenido y orientación del proceso de cambio y transformación. De la lucidez de los actores, no solo depende una adecuada y esperada solución del conflicto, sino el destino y ruta del proceso de transformación democrático cultural que ha empeñado las esperanzas y el compromiso de muchos bolivianos. La iniciativa que se tome y la profundidad de las decisiones, están en manos del Gobierno.
La historia reciente de Bolivia está marcada por una increíble dinámica y profundidad de acontecimientos que se han producido en muy pocos años, y por innumerables momentos y coyunturas de carácter episódico pero fundacional, que han sentado las bases del proceso de cambio y transformación democrático cultural.
Al efecto, baste mencionar las denominadas guerras del agua y del gas, las revueltas populares de febrero y octubre de 2003, la Asamblea Constituyente y el establecimiento del nuevo Pacto Social con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, etc.
En ese marco y luego de aquel crítico momento de quiebre que se produjo a fines del año 2010 cuando el Gobierno de Evo Morales tuvo que echar marcha atrás a la decisión inicial de imponer sobre las espaldas del pueblo el decreto del gasolinazo; ahora surge otro asunto de interés nacional originado en la decisión de construir y cortar por el núcleo el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que junto a la realización de la VIII Marcha Nacional de los Pueblos Indígenas de Bolivia, también ha provocado el pronunciamiento y manifestación de todos los sectores sociales del país, e inclusive a nivel internacional de referentes institucionales y personalidades, que han buscado contribuir al debate, el abordaje del conflicto y los caminos de solución.
De la amplia y muy rica contribución de pronunciamientos, análisis y aportes realizados sobre el conflicto del TIPNIS, baste mencionar y destacar los siguientes asuntos de preocupación que continúan siendo debatidos y forman parte de la agenda pública y política de Bolivia:
· La incongruencia entre el discurso y la práctica gubernamentales en lo que se refiere a la lucha contra el sistema capitalista, la defensa y protección de los derechos de la Madre Tierra (Pachamama), y la aplicación efectiva del paradigma civilizatorio del Vivir Bien (Suma Qamaña), para que no se quede como una mera formulación declarativa a nivel constitucional.
· La necesidad y demanda popular para efectivizar en la práctica la lucha contra el modelo neoliberal y los intereses transnacionales orientados a la depredación de la naturaleza, el extractivismo y la explotación de los recursos naturales.
· El incumplimiento de la legislación constitucional, nacional e internacional referida a los derechos de los pueblos indígenas y las restricciones y prohibiciones expresas referidas a los parques nacionales y las áreas protegidas como el TIPNIS.
· La intolerancia y agresividad discursiva gubernamental, basada en el fantasma de una supuesta confabulación (opositora, internacional y oenegista), que se ha traducido en actitudes confrontacionales excluyentes, orientadas a descalificar y desconocer una justa demanda indígena y nacional.
· La extraña reticencia y rechazo presidencial a establecer espacios de diálogo directo con las organizaciones de los pueblos indígenas, cuando no solamente se ha adoptado el principio de “gobernar obedeciendo al pueblo”, sino que existe la ineludible obligación de cumplir y efectivizar el derecho de consulta y participación establecidas en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas, ratificados por leyes expresas de la nación.
· El falso y engañoso dilema entre desarrollo nacional y preservación de la naturaleza y protección de los derechos indígenas, que conduce a soluciones excluyentes que se traducen en construir la carretera “quieran o no quieran”, sin considerar alternativas acordes al carácter plurinacional del país, al enfoque civilizatorio del Vivir Bien en armonía con la naturaleza y a la preservación de la soberanía y dignidad nacional.
· El cuestionamiento gubernamental a la agenda de 16 puntos de los pueblos indígenas de Bolivia (que forman parte de las demandas de la VIII Marcha Nacional), en la que extrañamente se cuestiona los pedidos de paralización de los proyectos de explotación hidrocarburífera que corresponden a una lógica capitalista de explotación de los recursos naturales, bajo el argumento de que son totalmente inatendibles porque implicarían paralizar el país, pero que paralelamente no cuestiona el interés de los pueblos indígenas por adjudicarse los recursos económicos emergentes de los servicios ambientales que brindan las áreas protegidas y los territorios indígenas, cuando en realidad ello significaría adscribirse al enfoque mercantilista vinculado a la economía verde y los mercados de carbono, que solo favorecen los intereses capitalistas y otorgan un paraguas supuestamente ecologista, que da piedra libre al emprendimiento de los mega negocios y los mega proyectos, no contribuye a la reducción de la emisión de gases y solo crea una nueva fuente mercantil y financiera acorde a la lógica extractivista y depredatoria del capitalismo.
Aunque ciertamente no se trata de asuntos menores para el interés nacional, sobre los que no se realizará mayor abundamiento en vista de la profusa difusión de ideas que se ha dado al respecto; en cambio, sí se quisiera contribuir a poner atención a otros asuntos que entrañarán (a nuestro modesto entender), el sinceramiento del Gobierno y el Proyecto Nacional que se encara, así como la definición de los contenidos y la orientación del proceso de cambio que se encuentra en curso. Estos asuntos son:
a) El verdadero perfil de aplicación y cumplimiento al derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas que se encuentra establecido y aprobado constitucionalmente. De forma muy sugerente, la forma de abordaje de este asunto ha transitado como si se tratase únicamente de establecer un espacio de diálogo para atender algunas demandas indígenas, pasando por el cumplimiento de un requisito meramente formal de consulta (asociado a la idea de consulta pública que no corresponde) en el que expresamente se ha intentado desechar el carácter vinculante del consentimiento previo, libre e informado que el Gobierno está obligado a cumplir en todos aquellos proyectos, medidas o legislación que pueda afectar a los pueblos indígenas. No debe olvidarse que tanto el carácter plurinacional del Estado como el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, están estrecha y directamente relacionados con el cumplimiento y aplicación del derecho de consulta, puesto que mal podría hablarse del ejercicio y capacidad de autogobierno de los pueblos indígenas, así como del carácter plurinacional de nuestro Estado, si ni siquiera se cumple con el derecho de consulta establecido y aprobado, y tampoco se respeta la identidad, la dignidad y el territorio de los pueblos indígenas. Un asunto no menor en el proceso de aplicación y cumplimiento del derecho de consulta de los pueblos indígenas, está relacionado con el rol del Gobierno Nacional en representación del Estado, y si aquel, como está sucediendo actualmente, debe constituirse en juez y parte del proceso. Es decir, como garante y ejecutor al mismo tiempo del derecho mencionado.
b) El tipo de desarrollo y el enfoque del Proyecto Nacional que Bolivia pondrá en práctica a partir de las decisiones que se adopten con el TIPNIS. La ambivalencia prevaleciente hasta ahora entre un discurso retórico que afirma defender los derechos de la Madre Tierra y la construcción de un paradigma alternativo del Vivir Bien en armonía con la naturaleza y la convivencia complementaria de diversas y diferentes identidades culturales, en contraposición a la lógica de explotación mercantil y extractivista del capitalismo, que alienta el desarrollo de megaproyectos como la carretera que pretende cruzar por el TIPNIS, ya no será posible sostener. Es decir, que la forma de resolución de las llamadas “contradicciones creativas” ya no será posible mantenerlas en una esfera indeterminada de indefiniciones, puesto que los hechos demandarán la adopción de un enfoque claramente identificable. Al respecto, es de desear que se impongan los postulados y directrices estratégicas contenidas ya en la Constitución Política del Estado y otras normas como la ley de la Madre Tierra o el propio Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien (que por cierto ya hace mucho tiempo debía estar acompañado de un sistema de evaluación, seguimiento y ejecución con indicadores de medición apropiados), aunque paralelamente no se puede ignorar los signos y las orientaciones en contrario que el Poder Ejecutivo se ha encargado de transmitir al pueblo, desde que se conoció la decisión de construir la carretera por el TIPNIS.
c) La recomposición o ruptura del bloque social de sustento del proceso de cambio y transformación. La importancia estratégica que este asunto entraña, está relacionada con la composición de las fuerzas sociales y populares que forman parte del proceso y que indiscutiblemente le otorgan un determinado contenido y orientación. Al cabo de algo más de 5 años de gestión gubernamental, ya se ha mencionado la supuesta restitución de aquel repudiado “pacto militar campesino” promovido por regímenes dictatoriales de los generales René Barrientos y Hugo Banzer, como el sustento principal del Gobierno de Evo Morales. Aunada a esa circunstancia no puede ignorarse la reiterada e incomprensible actitud de colonizadores y campesinos (incluidos legisladores del Congreso Plurinacional que responden a esos sectores), que nuevamente han amenazado con impedir y bloquear (es decir, enfrentarse) a la marcha de los pueblos indígenas de Bolivia, siendo que este sector popular constituye (o al menos debería entenderse así) otro de los principales aliados y base de sustentación del Estado Plurinacional. Por otra parte, no es menor la frágil y muy inestable alianza con los sectores obreros y populares aglutinados en la COB, que también han demandado que el gobierno escuche, atienda y cumpla con los derechos y demandas de los pueblos indígenas originados en el conflicto del TIPNIS, con lo que se configura un escenario complejo que con seguridad marcará la reconfiguración de fuerzas sociales y su correlación dentro del proceso de cambio.
Es claro que en este caso, la forma de cómo se aborde y resuelva el conflicto del TIPNIS, también determinará el contenido y orientación del proceso de cambio y transformación. De la lucidez de los actores, no solo depende una adecuada y esperada solución del conflicto, sino el destino y ruta del proceso de transformación democrático cultural que ha empeñado las esperanzas y el compromiso de muchos bolivianos. La iniciativa que se tome y la profundidad de las decisiones, están en manos del Gobierno.
Texto: Aporte autor
Foto: Fides
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