La Confederación Andina de Organizaciones Indígenas de Perú (CAIO), la Organización Indígena Chiquitana de Bolivia (OICH), el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Bolivia (CEADESC), Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondonia de Brasil y la organización Indian Law Resource Center denunciaron que varios proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) violan el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.
Las organizaciones indígenas presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie estudios técnicos y jurídicos referidos a la construcción de tres megaproyectos, en la audiencia pública Situación de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto IIRSA, que es parte del 137º período de sesiones de la CIDH que se lleva a cabo en Washington desde el 2 noviembre.
Leonardo Crippa de Indian Law Resource Center detalló que la IIRSA comprende 502 megaproyectos financiados principalmente por el BID, FONPLATA Y BNDES, y que sirven para otros numerosos proyectos mineros, hidroenergéticos, de monocultivos y agrocombustibles en territorios indígenas, cuya ejecución implica la vulneración de derechos reconocidos internacionalmente.
Crippa hizo hincapié en que la Carretera Interoceánica Sur en Perú, la Carretera Bioceánica Santa Cruz - Puerto Suárez en Bolivia y la construcción de represas en el Río Madeira en Brasil, al ser trazados sobre territorios indígenas, vulneran derechos a la propiedad colectiva de la tierra; a la libre determinación y el autogobierno al desconocer las formas de desarrollo, las autoridades y el proceso de toma de decisiones propios de los pueblos indígenas; y a la integridad y la salud debido a la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
Dichos megaproyectos vulneran los derechos de la Madre Naturaleza y causan desplazamientos forzosos, pérdida de la biodiversidad, intromisión de enfermedades y delincuencia, degradación ambiental irreversible y otros severos impactos, demostraron los dirigentes indígenas que participaron en la audiencia en Washington.
Los pueblos indígenas no están en contra de la IIRSA: la IIRSA está en contra de los pueblos indígenas, precisaron los representantes sociales.
La presidenta de la audiencia Luz Patricia Mejía señaló que las exposiciones de los demandantes brindan a la CIDH una visión más amplia sobre la situación del cumplimiento del derecho a la consulta, reconocido por instrumentos internacionales en los países suramericanos. Dijo que estos aportes serán incluidos en la relatoría que el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas está elaborando acerca del tema.
Casos
El primer cacique de la OICH Rodolfo López describió el proyecto de construcción de la carretera Interoceánica Sur en Bolivia que unirá Santa Cruz y Puerto Suárez a través de 600 kilómetros de recorrido, afectando directamente a 31 comunidades. "Los impactos sociales y ambientales son muchos y las medidas de compensación y mitigación no han sido ejecutadas como establecían los compromisos firmados", dijo.
El pueblo chiquitano denunció la falta de transparencia por parte de las constructoras y de las autoridades nacionales para realizar las consultas y entregar información sobre los trabajos. "Estos megaproyectos como los que hay en otros países sudamericanos tiene un gran problema, la falta o la engañosa forma de hacer la consulta a las comunidades indígenas antes y durante la realización de las obras", aseguró López.
Los y las chiquitanas monitorean este megaproyecto carretero desde 2007. "La Carretera Santa Cruz - Puerto Suárez es uno de los principales proyectos complicados de la agenda IIRSA. La construcción de este corredor es un proyecto que ha demostrado ser muy complicado debido a que tiene y tendrá impactos socio ambientales afectando especialmente a comunidades indígenas, pobladores de la región, así como a parques nacionales, zona de reserva forestal e incluso zonas protegidas por Convenios Internacionales", señala el informe independiente Impactos Socio-Ambientales por la Construcción de la Carretera Bioceánica Santa Cruz - Puerto Suárez, de octubre de 2007.
El presidente de la Central de Comunidades de la zona Narciso Roca añadió que las tierras comunales no están tituladas, lo que les impide acceder a las compensaciones por reparación de tierras. Alertó que la carretera causa deforestación, caza indiscriminada por parte de comerciantes de carne silvestre, contaminación del agua por el arrojo de combustibles, aceites y otros, y migración masiva a la zona.
De otra parte, la representante de las Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondonia, Brasil, Telma Delgado Monteir, dijo que el verdadero objetivo de los proyectos hidroeléctricos en el Río Madeira es favorecer el monocultivo de soya y denunció que los estudios de impacto ambiental que se han realizado nunca incluyeron los impactos transfronterizos Perú-Bolivia-Brasil.
"Las audiencias públicas no fueron realizadas y las licencias para las obras fueron otorgadas cuando éstas ya estaban ejecutándose, con lo que se ha violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado", subrayó.
Según la dirigente, las obras han desplazado a un millón de personas, causan degradación irreversible en la biodiversidad, inundan tierras fértiles, aumentan la incidencia de malaria, han incrementado la deforestación en 600% y afectan principalmente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
El coordinador general de la CAOI Miguel Palacín Quispe aclaró que los pueblos indígenas no están en contra de la integración, sino que tienen otra forma de mirar el desarrollo: "El buen vivir, en armonía entre los hombres y la Madre Naturaleza es el aporte de los pueblos indígenas frente a la amenaza del calentamiento global", enfatizó.
Indicó que la Interoceánica Sur proyecta unir los puertos peruanos de Ilo, Matarani y Marcona con Brasil, a fin de facilitar a las transnacionales el acceso a los bienes naturales. Son 2.603 kilómetros de carretera que implican un endeudamiento que supera los mil quinientos millones de dólares para Perú.
La carretera, explicó Palacín, afecta los territorios de 3.952 comunidades andinas y 78 comunidades nativas, tres parques nacionales y dos reservas naturales que suman más de cinco millones de hectáreas, las cuales albergan especies únicas que serán llevadas al borde de la extinción.
Entre los impactos más graves mencionó el estímulo a la minería, la explotación de madera, la migración, la tugurización de las ciudades, los monocultivos, el desvío de cauces de ríos, la destrucción de sitios sagrados, la invasión de territorios, sobre todo de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la división de comunidades, la delincuencia y la extinción de los pueblos.
Palacín dijo que la central hidroeléctrica de Inambiri afecta 46 mil hectáreas de tierras de cultivo en las regiones peruanas de Cusco, Puno y Madre de Dios, lo que causará el desplazamiento forzoso de los pueblos al ver destruido su modo de vida.
"Los pueblos indígenas no estamos en contra de la IIRSA: es la IIRSA la que está en contra de los pueblos indígenas", reiteró el dirigente de la CAOI.
Texto: Bolpress
Imagen: cronicon.net
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