Rafael Puente
La oposición repite machaconamente acusaciones y denuncias respecto del supuesto incremento de la producción de hoja de coca durante el gobierno de Evo Morales, y por ende de un supuesto incremento de la producción de cocaína. Los datos que maneja el Gobierno no avalan semejantes afirmaciones, y las noticias de prensa sobre espectaculares incautaciones de droga por parte de la FELCN —sin necesidad de la DEA—, así como sobre el número de laboratorios, fábricas y pozas destruidas, incluso permitirían contradecirlas. Pero no tiene sentido enfrascarse en una discusión sobre datos, ya que en esta materia —eminentemente informal— no hay ni puede haber estadísticas oficiales... Pero además no es ése el problema.
Lo importante es tener en cuenta que, aunque fueran ciertos los datos que maneja la oposición —cosa que ya les costaría probar—, es absurdo acusar al gobierno de ese supuesto incremento del narcotráfico, causante a su vez del supuesto incremento de la fabricación de cocaína, causante ésta a su vez del supuesto incremento de la producción ilegal de hoja de coca. Se trata de un problema que pasa por encima de todos los gobiernos, y que tiene sus causas en el consumo masivo de estupefacientes precisamente en aquellos países que hipócritamente se dedican a prohibirlos, sabiendo que con esa prohibición lo único que se puede conseguir es convertir las drogas en ilegales, provocar por tanto su encarecimiento desmesurado, y generar así la proliferación del negocio o tráfico ilegal (cuyos dividendos sí interesan a los patrocinadores de la hipocresía mundial antidrogas, con la participación a veces de la DEA y la CIA).
¿O es que los señores opositores, que acusan al Gobierno boliviano de la supuesta proliferación de la cocaína y del narcotráfico, ignoran que ningún gobierno de la región —incluido por supuesto el de Estados Unidos— estuvo ni está a salvo de esa proliferación?
Ahí está la dramática situación de México, un estado infinitamente más fuerte que el boliviano y gobernado por un presidente totalmente afín a las políticas imperiales de Estados Unidos: El México neoliberal se ha convertido en el “primer narco-Estado del planeta” (según afirma J. F. Boyer, director en México de Le Monde Diplomatique). Precisamente porque el PAN intentó ser más duro en la lucha contra el narcotráfico de lo que había sido el PRI, lo que ha conseguido es la estructuración de redes mucho más complejas y resistentes, así como la generalización de la corrupción, y una verdadera guerra entre narco-clanes o “familias”, y de éstas con el Ejército. Hoy el resultado de la guerra contra el narco arroja cifras sobrecogedoras. El número de muertes en los últimos ocho años se calcula entre 11.000 y 17.000 (entre agentes del orden y sicarios). Sólo en 2008 murieron en esa guerra unas 5.000 personas, y en lo que va de 2009 se calcula que las muertes producidas están entre 3.500 y 4.000... Esto sin contar con las masivas deserciones militares y la peligrosa desagregación social que padece el Estado mexicano.
¿Y de dónde se abastecen esos clanes o familias para competir en el mercado estadounidense? De Colombia, otro país gobernado por el más ferviente aliado del gobierno yanqui. ¿O tiene la oposición datos de que el gobierno peruano —el segundo aliado más importante del Imperio en Sudamérica— haya ganado la batalla contra las drogas? Se trata de una guerra mundial, mal planteada y mal encarada por los países del Norte, y cuyas consecuencias pagamos los del Sur, y más bien que Bolivia está lejos de pagar un precio como el mexicano o el colombiano.
Si a la oposición —cómplice de esa Ley 1008 que nos impusieron desde afuera y no ha causado más que sufrimientos— realmente le preocupa el grave problema del narcotráfico, debería juntar fuerzas con el gobierno para denunciar a nivel mundial la hipocresía de quienes quieren combatir un problema social con medidas punitivas, y más aún la aberración de querer combatirlo prohibiendo la producción de materia prima (como si se pudiera resolver el problema del alcoholismo —en nuestro país claramente más grave que el de la drogadicción— restringiendo el cultivo de la vid, la caña y el maíz...).
La oposición repite machaconamente acusaciones y denuncias respecto del supuesto incremento de la producción de hoja de coca durante el gobierno de Evo Morales, y por ende de un supuesto incremento de la producción de cocaína. Los datos que maneja el Gobierno no avalan semejantes afirmaciones, y las noticias de prensa sobre espectaculares incautaciones de droga por parte de la FELCN —sin necesidad de la DEA—, así como sobre el número de laboratorios, fábricas y pozas destruidas, incluso permitirían contradecirlas. Pero no tiene sentido enfrascarse en una discusión sobre datos, ya que en esta materia —eminentemente informal— no hay ni puede haber estadísticas oficiales... Pero además no es ése el problema.
Lo importante es tener en cuenta que, aunque fueran ciertos los datos que maneja la oposición —cosa que ya les costaría probar—, es absurdo acusar al gobierno de ese supuesto incremento del narcotráfico, causante a su vez del supuesto incremento de la fabricación de cocaína, causante ésta a su vez del supuesto incremento de la producción ilegal de hoja de coca. Se trata de un problema que pasa por encima de todos los gobiernos, y que tiene sus causas en el consumo masivo de estupefacientes precisamente en aquellos países que hipócritamente se dedican a prohibirlos, sabiendo que con esa prohibición lo único que se puede conseguir es convertir las drogas en ilegales, provocar por tanto su encarecimiento desmesurado, y generar así la proliferación del negocio o tráfico ilegal (cuyos dividendos sí interesan a los patrocinadores de la hipocresía mundial antidrogas, con la participación a veces de la DEA y la CIA).
¿O es que los señores opositores, que acusan al Gobierno boliviano de la supuesta proliferación de la cocaína y del narcotráfico, ignoran que ningún gobierno de la región —incluido por supuesto el de Estados Unidos— estuvo ni está a salvo de esa proliferación?
Ahí está la dramática situación de México, un estado infinitamente más fuerte que el boliviano y gobernado por un presidente totalmente afín a las políticas imperiales de Estados Unidos: El México neoliberal se ha convertido en el “primer narco-Estado del planeta” (según afirma J. F. Boyer, director en México de Le Monde Diplomatique). Precisamente porque el PAN intentó ser más duro en la lucha contra el narcotráfico de lo que había sido el PRI, lo que ha conseguido es la estructuración de redes mucho más complejas y resistentes, así como la generalización de la corrupción, y una verdadera guerra entre narco-clanes o “familias”, y de éstas con el Ejército. Hoy el resultado de la guerra contra el narco arroja cifras sobrecogedoras. El número de muertes en los últimos ocho años se calcula entre 11.000 y 17.000 (entre agentes del orden y sicarios). Sólo en 2008 murieron en esa guerra unas 5.000 personas, y en lo que va de 2009 se calcula que las muertes producidas están entre 3.500 y 4.000... Esto sin contar con las masivas deserciones militares y la peligrosa desagregación social que padece el Estado mexicano.
¿Y de dónde se abastecen esos clanes o familias para competir en el mercado estadounidense? De Colombia, otro país gobernado por el más ferviente aliado del gobierno yanqui. ¿O tiene la oposición datos de que el gobierno peruano —el segundo aliado más importante del Imperio en Sudamérica— haya ganado la batalla contra las drogas? Se trata de una guerra mundial, mal planteada y mal encarada por los países del Norte, y cuyas consecuencias pagamos los del Sur, y más bien que Bolivia está lejos de pagar un precio como el mexicano o el colombiano.
Si a la oposición —cómplice de esa Ley 1008 que nos impusieron desde afuera y no ha causado más que sufrimientos— realmente le preocupa el grave problema del narcotráfico, debería juntar fuerzas con el gobierno para denunciar a nivel mundial la hipocresía de quienes quieren combatir un problema social con medidas punitivas, y más aún la aberración de querer combatirlo prohibiendo la producción de materia prima (como si se pudiera resolver el problema del alcoholismo —en nuestro país claramente más grave que el de la drogadicción— restringiendo el cultivo de la vid, la caña y el maíz...).
Texto: La Época
Foto: Los Tiempos
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