Robert Jakubek Fojs y su esposa Yasminka Catarina Marinkovic perdieron definitivamente la hacienda Yasminka de 12.587 hectáreas en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. La enorme propiedad era a todas luces ilegal y estaba parcialmente sobrepuesta a una TCO indígena inmovilizada por el INRA en 1997, estableció el Tribunal Agrario Nacional (TAN) en una sentencia emitida el 4 de diciembre de 2009.
El 14 de octubre de 1998, Yasminka Marinkovic y su esposo Robert Jakuvek solicitaron al director departamental del INRA de Santa Cruz José Luis Santiestéban la dotación de cinco mil hectáreas de "terrenos baldíos y vírgenes" ubicados a 120 kilómetros de Ascensión de Guarayos.
El 30 de noviembre de ese mismo año, el matrimonio Jakuvek-Marinkovic demandó el saneamiento de 12.152 hectáreas en el cantón Yaguarú (a 60 kilómetros de la comunidad Santa María y a 120 kilómetros al norte de Ascensión de Guarayos), "en mérito a la pacífica posesión de hecho y de derecho desde 1993".
El matrimonio pidió primero terrenos "baldíos y vírgenes" que pertenecían al Estado y 45 días después reclamó el título de su "posesión pacífica", alegando que cumplía la Función Económica Social (FES) desde 1993. La contradicción quedó registrada en un informe técnico jurídico enviado al director departamental del INRA en 2001.
Los demandantes incurrieron en repetidas contradicciones respecto a la fecha de su posesión. Al inicio del trámite, el portavoz de la familia Juan Manuel Arias dijo que Jakuvec ocupaba las tierras desde 1993. Luego los demandantes aseguraron que se asentaron en la zona en 1994 y después presentaron algunos documentos para demostrar que trabajan en el lugar desde 1998.
Fotografías satelitales tomadas entre 1993 y 2006 muestran actividades y trabajos humanos en esa zona caracterizada por ser "monte alto" recién a partir de los años 2000 y 2001.
La Ley INRA 1715 estableció que todo asentamiento posterior a su promulgación (octubre de 1996) sería considerado ilegal y pasible al desalojo con la fuerza pública. La posesión del matrimonio Jakuvek-Marinkovic es posterior a 1996 y una parte se sobrepone a la tierra comunitaria de origen (TCO) del pueblo guarayo, inmovilizada por el INRA en julio de 1997.
La hacienda era a todas luces ilegal, pero ex autoridades del INRA aceptaron la demanda de los Jakuvek-Marinkovic, iniciaron un trámite de "saneamiento simple" y reconocieron las obras y trabajos realizados en el predio, en franca violación de la Ley INRA.
En julio de 2000, los técnicos del INRA verificaron en pericias de campo un desmonte de 100 hectáreas y alrededor de 30 reses, pero certificaron el cumplimiento de la FES en 2.500 hectáreas, dizque por la existencia de servidumbres ecológicas.
Según la Ley del INRA, la base para el reconocimiento de derechos sobre la tierra es la verificación de la FES en pericias de campo. Sin embargo, a fines de la década de los 90 ex autoridades agrarias legitimaron el curioso mecanismo de la "conciliación entre partes" y aceptaron documentos privados de dudosa validez como pruebas de cumplimiento de la FES. (1)
El 21 de agosto de 2002, los Jakuvek-Marinkovic suscribieron un "acta de conciliación" con los dirigentes guarayos Tomas Rojas Iraipi, Sigfredo Terrazas y Hildeberto Arinori, con el fin de apropiarse irregularmente de otras 10 mil hectáreas. De esta forma, la hacienda Yasminka creció en extensión de 2.558 a 12.587 hectáreas.
Firmaron el "acta de conciliación" ilícita el abogado de los guarayos Henry Escalante (que luego ocupó un alto cargo en la Prefectura de Santa Cruz de Rubén Costas); el asesor legal de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) Jorge Amantegui (ex jefe de gabinete del prefecto Costas); la directora interina del INRA Santa Cruz Eliane Beatriz Capobianco (ex constituyente de Podemos) y la directora nacional de TCOs Silvia Ximena Ovando Bilbao la Vieja.
En el acuerdo conciliatorio del predio Yasminka, las ex autoridades del INRA admitieron como "pruebas" de cumplimiento de la FES "notas de entrega", "notas de crédito" y otros documentos privados de carácter doméstico sin valor alguno. (2)
En 2004, cuatro años después de las pericias de campo, apareció misteriosamente en el plano de la hacienda Yasminka un punto geodésico que no se había visto antes, incluyendo a un antiguo predio de 35 hectáreas anterior a 1996 denominado "Once por ciento", de propiedad de Santos Méndez Carrillo.
Los Jakuvek-Marinkovic se valieron de este pequeño descampado y se atribuyeron trabajo ajeno para demostrar que toda la hacienda Yasminka era anterior a 1996.
La chicana judicial
Yasminka Marinkovic reclama la propiedad de la hacienda Yasminka y su hermano, el agroindustrial y ex dirigente cívico Branko Marinkovic, pide la titulación de la hacienda Laguna Corazón de 14.364 hectáreas.
En la disputa por ambas haciendas ilegales se han abierto al menos cinco procesos penales, dos contra la familia Marinkovic y tres contra el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.
El 10 de julio de 2007, el Viceministerio de Tierras denunció penalmente a Robert Jakuvek Fojs, Yasminka Catarina Marinkovic de Jakuvek, Beatriz Eliane Capobianco Sandoval y Silvia Ovando ante el Fiscal General de la República, por la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Uso Indebido de Influencias durante el fraudulento proceso de saneamiento del predio Yasminka.
Los acusados respondieron con varias contrademandas. La familia Marinkovic se querelló contra el Viceministro de Tierras acusándolo de los delitos de Difamación, Injurias y Calumnias (3), y meses después el diputado Pablo Klinsky, amigo y pariente político de la familia, inició dos procesos penales en contra de Almaraz, intentando descalificar y deslegitimar sus acciones como autoridad de Estado. (4)
El 12 de julio de 2007, el fiscal asignado al caso Milton Mendoza dispuso que la denuncia de Almaraz se investigue en La Paz, donde se descubrieron los delitos agrarios, y comunicó el inicio de las investigaciones a la Juez Instructora y Cautelar Segundo en lo Penal Julia Parra.
Los Marinkovic contraatacaron con una "autodenuncia", intentando trasladar el proceso a Santa Cruz, donde la familia goza de gran influencia política.
El 20 de julio de 2007, el activista de la Unión Juvenil Cruceñista Rubén Darío Bascopé Hurtado presentó una denuncia penal en contra de Jakuvek, Marinkovic, Ovando y Capobianco ante el Ministerio Público de Santa Cruz, por los delitos de Falsedad Material e Ideológica destinados al acaparamiento de tierras en la provincia Guarayos
El demandante desapareció apenas el curioso proceso fue registrado con el número 0705076/07 y quedó a cargo del fiscal Osmar Arias. Los imputados Jakuvek Fojs, Marinkovic de Jakuvek, Ovando y Capobianco se presentaron voluntariamente a declarar, negaron los delitos que se les imputaban y se acogieron al derecho del silencio.
El 20 de agosto de 2007, los imputados interpusieron una demanda de Excepción de Incompetencia en razón de territorio y solicitaron la declinatoria de competencia de la jueza Julia Parra.
El juez Alvaro Melgarejo aceptó el recurso de excepción de incompetencia y ordenó el traslado del proceso a la ciudad de Santa Cruz. El 15 de mayo del 2008, la jueza Parra declaró Probada la Excepción de Incompetencia en Razón de Territorio y ratificó la resolución Melgarejo.
El Ministerio Público y el Viceministerio de Tierras interpusieron un Recurso de Apelación Incidental que pasó a conocimiento de la Sala Penal Segunda integrada por Dora Villarroel y Armando Pinilla, quienes devolvieron los antecedentes a la jueza Parra para que corrija los errores procedimentales de forma y de fondo y dicte una nueva resolución.
Sin que se haya resuelto la apelación, el proceso contra los Marinkovic llegó a conocimiento del juez Luis Tapia Pachi y del fiscal Osman Arias Villarroel de Santa Cruz, quienes continuaron con el juicio.
El 23 de enero de 2009, el Tribunal de Apelación de La Paz solicitó al juez Tapia Pachi y al fiscal Arias que remitan las carpetas procesales a fin de resolver la apelación, pero Arias no accedió al pedido y dispuso el archivo de obrados. El 25 de febrero de 2009, el Fiscal de Distrito de Santa Cruz revocó la resolución de Arias y le ordenó continuar con las investigaciones, pero Arias tampoco acató la orden.
El 9 de marzo, Marinkovic solicitó al juez Tapia Pachi que declare extinguida la acción penal. Las normas y el procedimiento penal establecen que una acción se extingue cuando se prolonga por más de tres años; lo que no había ocurrido. A pesar de ello, el 17 de abril Tapia Pachi declaró probada la extinción de la acción penal, basándose en jurisprudencia constitucional extranjera y en el Pacto de San José de Costa Rica.
El 4 de junio de 2009, el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz fue notificado con la resolución del juez Tapia que eximía de toda culpa a los Marinkovic. Según Almaraz, el juez declaró extinguida la acción penal en una interpretación por demás arbitraria, abusiva, interesada y parcializada, "sin valorar las pruebas y evidencias contra el imputado y con un esfuerzo evidente de obsecuencia y servilismo a Branko Marinkovic".
El TAN hace justicia
En septiembre de 2007, el INRA emitió la Resolución Administrativa RA-ST-0529/2007, declarando ilegal la posesión agraria denominada Yasminka y conminando al matrimonio Jakuvek- Marinkovic a desalojar la hacienda en un plazo de 24 horas.
El 19 de octubre de 2007, el representante de los acusados Nenad Matkovic Vrajincan impugnó la resolución e interpuso un Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional (TAN).
El proceso contencioso registrado en el expediente N. 63 quedó a cargo del vocal relator del TAN Gonzalo Castellanos Trigo, quien debía definir el derecho propietario del predio Yasminka hasta el 1 de septiembre de 2008.
Castellanos dilató la resolución, posteriormente fue procesado por el Tribunal Sumariante del Consejo de la Judicatura por probables faltas disciplinarias muy graves y fue suspendido preventivamente por 60 días. (5)
El TAN solicitó una ampliación del plazo para dictar sentencia en el caso Yasminka y pidió un informe técnico al geodesta del TAN.
El geodesta del TAN revisó todos los antecedentes del proceso, incluidos los informes de saneamiento, la documentación legal y las imágenes satelitales, y llegó al convencimiento de que la hacienda Yasminka es posterior a 1996, ratificando de esta manera la ilegalidad de la posesión.
El 4 de diciembre de 2009, la Sala Primera del TAN emitió la Sentencia Agraria Nacional 03/2009, declarando improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por Jakubek y Marinkovic.
La sentencia firmada por el vocal de la Sala Segunda del TAN David Barrios concluye: La resolución del INRA RA-ST-0529/2007 "es el resultado de un debido proceso que condice plenamente con los datos y actuaciones ejecutados durante el proceso de saneamiento, pronunciándose en sujeción estricta a la normativa agraria que rige la materia, sin que se evidencie vulneración alguna por parte del INRA de las garantías constitucionales a la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho a la defensa, como infundadamente sostienen los demandantes en su demanda contencioso administrativa...".
En consecuencia, el TAN ratificó la resolución emitida por el INRA hace más de dos años, la cual declara ilegal la posesión de la hacienda Yasminka y ordena su desalojo.
El miércoles 9 de diciembre de 2009, una comisión oficial encabezada por el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz y el director del INRA Juan Carlos Rojas ocupó la hacienda y posesionó a indígenas guaraníes en las tierras revertidas.
Las autoridades conminaron a los empleados del matrimonio Jakuvek-Marinkovic a desalojar el predio en un plazo de tres días.
Las propiedades de los Marinkovic
La familia Marinkovic es propietaria de la aceitera IOL SA que exporta a los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a Centroamérica y a Europa. Sus ventas ascendieron a 100 millones de dólares en 2003.
El diario La Prensa se refirió a los Marinkovic como una de ocho familias que controlan el 14% del patrimonio del sistema bancario en Bolivia. Según un reporte del Registro del Mercado de Valores, Branco Marinkovic es uno de los directores del Banco Económico y su hermana Tatiana es dueña del 16,9% de las acciones.
Además de Laguna Corazón y Yasminka, la familia Marinkovic tendría al menos nueve predios en las provincias de Guarayos, Chiquitos, Ñuflo Chávez, Sarah y Obispo Santiestéban de Santa Cruz, según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El fallecido Silvio Marinkovic Svarcic (padre de Yasminka y Branco) figuraba como dueño del predio Perico San Antonio 1 de siete hectáreas en la provincia Ñuflo de Chávez y de El Alamo de 1.317 hectáreas en la provincia Sarah. Su viuda Radmila Jovicevic de Marinkovic es dueña de las haciendas Las Petas I y II de 3.132 hectáreas en Chiquitos.
Yasminka Catarina Marinkovic posee Los Alamos de 3.173 hectáreas y La Esmeralda de 250 hectáreas en Chiquitos.
Adam Marinkovic Yaksic y José Masanes Sole se presentan como propietarios de la hacienda La Estacada de 250 hectáreas en la provincia Obispo Santiestéban.
Tatiana Marinkovic es dueña del predio Santa María de 1.914 hectáreas en Guarayos y co propietaria de Las Londras y Sudán de 4.357 hectáreas en la provincia Guarayos, junto a Nilson Medina.
En total, la familia Marinkovic poseería más de 40 mil hectáreas de tierra, sin contar con la Agropecuaria Modelo y Montenegro en Chiquitos de 18.433 hectáreas, propiedad compartida por Tatiana y Elvio Luis Perrogón Toledo.
Los Marinkovic procesados por estafar al Estado
La representante legal de la empresa IOL Tatiana Marinkovic es investigada por el Ministerio Público por la comisión los delitos de falsedad ideológica, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias y defraudación fiscal.
La familia Marinkovic habría creado cinco proveedoras de servicios e insumos "fantasma", se habría auto girado cheques por 11 millones de dólares por supuestas compras y falsificó documentos para cobrar irregularmente 20 millones de bolivianos en Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim) en 2000 y 2001.
Acusan a la familia de sobornar a funcionarios del fisco para que le reconozcan exportaciones nunca concretadas. Al menos 15 funcionarios del Servicio Nacional de Impuestos Internos fueron cómplices del fraude.
Los representantes legales de IOL (Tatiana Marinkovic de Pedrotti, Silvio Marinkovic Svarsic y Nenad Matkovic Vranjican) giraron un cheque por 82.074 dólares en mayo de 2000 y otro por 45.627 dólares en noviembre de 2001 a nombre de Jorge Serrate Middagh, ex jefe de la Unidad Distrital de Control Tributario de Santa Cruz.
Notas:
1. Sólo en la provincia Guarayos se firmaron 48 actas de conciliación fuera de la ley que validaron la posesión de enormes extensiones a favor de empresarios. En 2005, un "tribunal disciplinario" del pueblo indígena Guarayo calculó que algunos caciques vendieron hasta 109 mil hectáreas de la TCO Guarayos en 1,1 millones de dólares, aproximadamente.
2. Se admitieron como "pruebas" del cumplimiento de la FES: 1. "Autorización para venta" de 2.100 dosis de vacunas antiaftosa fechada el 20 de agosto de 2002; 2. Nota de entrega N. 4495 de Veterinaria La Quinta del 1 de julio de 2002; 3. Nota de crédito N. 1036 de Servicios Veterinarios Fortaleza por 1000 dosis de vacunas del 1 de julio de 2002; 4. Contrato de trabajo con Evert Durán Rodríguez para la elaboración de un Plan de Manejo Forestal en 4912 has. suscrito el 20 de agosto de 2002; 5. Nota de entrega de 2100 dosis de vacuna aftosa de Agroinco SRL N. 8988 del 20 de agosto de 2002; 6. Contrato privado de compraventa de ganado vacuno suscrito por los esposos Jakuvek Marincovic y la Empresa Laguna Corazón SA el 28 de junio de 2002 (en ese momento Yasminka era co propietaria y ejecutiva de la empresa Laguna Corazón y por tanto el negocio lo hizo ella sola) y 7. Acta de Reconocimiento de la "Central Yaguarú".
3. Este tipo de procesos de orden privado se inician con una acusación particular (requisito imprescindible) y no con la querella, admitida irregularmente por el Juez 7 de Sentencia Saúl Saldaña Secos. Saldaña fue recusado por Alejandro Almaraz y el proceso pasó a conocimiento del Juez 8 de Sentencia Alain Nuñez Rojas, compañero de fraternidad carnavalera y amigo personal de Branko Marinkovic y ex asesor del Comité Cívico Pro Santa Cruz. El juez Nuñez se parcializó con el querellante, ofició como abogado de parte y llegó al extremo de ayudar Marinkovic a subsanar los vicios de nulidad del proceso.
El 25 de enero de 2009, el juez Nuñez emitió el Auto de Apertura de Juicio y citó a Almaraz a una audiencia para el 6 de abril de 2009 mediante una notificación defectuosa, incompleta y nula de pleno derecho. El Viceministro reclamó formalmente, pero Nuñez lo declaró "rebelde" y emitió una Orden de Aprehensión en su contra. El Viceministro de Tierras interpuso un Recurso de Acción de Libertad (Habeas Corpus), declarado procedente por la jueza 5 de Sentencia en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz Lucia Fuentes Nina. La jueza declaró nulo el Mandamiento de Aprehensión e impuso una multa de 1.000 bolivianos al juez Nuñez.
4. El diputado de Podemos Pablo Klinsky es primo hermano de Nicole Daulsberg Fernandez, esposa de Branko Marinkovic. Fue ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), presidente de la Asamblea Provisional Autonómica y uno de los redactores del estatuto autonómico cruceño.
El 16 de octubre de 2007, Klinsky denunció penalmente a Almaraz por no presentar Declaración Jurada de Bienes y Rentas antes de tomar posesión del cargo de Viceministro de Tierras, y también lo acusó de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, supuestamente por falsificar su libreta militar.
El proceso de investigación duró más de 16 meses, tiempo en el que Klinsky no cesó de cuestionar la legitimidad de Almaraz como autoridad nacional, descalificando y obstaculizando sus actuaciones como Viceministro de Estado.
En el primer caso, la Contraloría General de la República certificó que Almaraz presentó Declaración Jurada de Bienes el 2 de febrero de 2006, tres días antes de ser posesionado. El 30 de enero de 2009, la justicia rechazó la querella de Klinsky debido a la inexistencia de hechos ilícitos y falta de responsabilidad penal del Viceministro (Resolución 001/2009), fallo ratificado por la Resolución de Rechazo 319/09 el 7 de abril de 2009, la cual dispuso el archivo de obrados.
En el segundo caso, el Ministerio Público encontró en los archivos del Ministerio de Defensa antecedentes y documentos que acreditan que Almaraz prestó servicio militar en la Región Militar N. IX-A de Rurrenabaque en 1990, y concluyó que la autoridad no cometió ningún delito.
5. En noviembre de 2005, la Superintendencia Forestal multó al Aserradero Fátima con 64.035 dólares por almacenar madera ilegalmente y conminó a su propietario, el senador del MNR Miguel Majluf, a presentar un programa de reforestación de las áreas afectadas. El empresario interpuso una demanda contenciosa administrativa contra el SIRENARE ante el TAN, solicitando dejar sin efecto las sanciones. Los vocales del TAN Gantier y Castellanos desconocieron las resoluciones de la Superintendencia Forestal y del SIRENARE y ordenaron devolver la madera al Aserradero Fátima Ltda. El SIRENARE acusó a Castellanos de favorecer indebidamente a una empresa privada, contrariando el interés público y violentando el régimen forestal y las leyes nacionales. El vocal fue demandado penalmente por prevaricato ante la Fiscalía General de la República y denunciado formalmente ante el Consejo de la Judicatura el 29 de enero de 2009 por el superintendente General del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE) Iván Castellón.
Texto: Bolpress
Imagen: constituyentesoberana.org
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