Los países industrializados que suscribieron la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto admitieron ser las principales emisoras de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, y se comprometieron a apoyar con financiamiento y tecnología a los países del Sur, reconociendo indirectamente que tienen una deuda por haber puesto en serio riesgo la perdurabilidad de los bienes naturales compartidos por todos los habitantes del planeta.
Las naciones desarrolladas son responsables de tres cuartas partes de las emisiones de GEI que sobrecalentaron el planeta. A consecuencia del efecto invernadero se derriten los glaciares y los casquetes polares, se inundan territorios costeros (el nivel de los océanos podría elevarse hasta un metro para el año 2100 advierte la ONU), se agrava la desertificación (las zonas tropicales se han extendido unos 500 kilómetros en los últimos 25 años, según expertos de la universidad australiana James Cook), y son más frecuentes los desastres naturales y la propagación de enfermedades.
Naciones Unidas estima que a mediados de este siglo dos mil millones de personas en 48 países sufrirán de escasez de agua. Se prevé que el promedio mundial de abastecimiento de agua por habitante disminuirá un tercio en los próximos 20 años. Los desastres naturales, la falta de agua, los impactos adversos en la agricultura y las nuevas enfermedades, entre otras calamidades del cambio climático, afectan sobre todo a los países más pobres.
El derretimiento de los glaciares de la Cordillera de los Andes es una de las evidencias más claras y mejor documentadas del cambio climático en América Latina, declaró al diario Cambio de La Paz el integrante del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de las Naciones Unidas Juan Carlos Sánchez.
El 71 por ciento de los glaciares tropicales de la Cordillera de los Andes está en Perú, el 20 por ciento en Bolivia, cuatro por ciento en Ecuador y cuatro por ciento en Colombia. Los nevados peruanos se redujeron 22 por ciento entre 1970 y 1997, en tanto que los glaciales Cotopaxi y Antisana de Ecuador perdieron hasta 50 por ciento de su cobertura de hielo.
Los glaciares de Bolivia se encuentran principalmente en la Cordillera Real y en la Cordillera Occidental. Se ha derretido el Chacaltaya, conocido como la pista de esquí más alta del mundo, y retroceden los glaciares Tuni Condoriri, Huayna Potosí y Mururata. El Illimani de 6.462 metros de altitud podría desaparecer en 30 años.
Justicia climática
"Aunque los países del norte reduzcan el cien por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero, nuestros nevados no volverán a recuperarse. En mi país, en La Paz, la sede de gobierno, cada día empieza a desaparecer ese poncho blanco del nevado del Illimani; ya no hay Chacaltaya y ya no hay Chorolque en Potosí", se quejó el Presidente Evo Morales en una conferencia preparatoria de la Cumbre Climática de Copenhague celebrada hace poco en Nueva York.
El Presidente Morales afirmó que el cambio climático no es un problema ambiental, ni tecnológico ni de financiamiento sino una consecuencia directa de la "forma de vida capitalista que persigue la acumulación del capital y la máxima ganancia posible sin tomar en cuenta la vida de los demás...". Por eso propuso a la ONU crear un Tribunal de Justicia Climática que investigue, juzgue y sancione a países y empresas que contaminan el medio ambiente y no cumplen con sus compromisos.
Desde 1993, una de las cuatro salas de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU, atendió varias demandas interestatales relacionadas con el medio ambiente, entre ellas el conflicto entre Eslovaquia y Hungría por la construcción de represas en el Danubio y el litigio internacional entre Argentina y Uruguay por una planta procesadora de celulosa en el río Uruguay.
Sin embargo, este organismo de la ONU no tiene atribuciones para sancionar delitos ecológicos, al igual que la Corte Penal Internacional creada en 1998 "para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional", la cual aún no tipificado los crímenes ecológicos. La CMNUCC y el Protocolo de Kyoto tampoco establecen sanciones para los países y empresas que contaminan el planeta.
Desde hace varios años, movimientos sociales y redes ciudadanas de todo el mundo exigen la creación de un Tribunal de Justicia Climática para sancionar a los países industrializados y a las empresas transnacionales que ponen en riesgo la preservación de la vida en la Tierra en nombre del "desarrollo".
A mediados de mayo de 2008, se instaló en Lima el Tribunal Permanente de los Pueblos (TTP) con un jurado integrado por François Houtart de Bélgica, Vilma Nuñez de Nicaragua, Blanca Chancoso y Patricio Pazmiño de Ecuador, Miren Etxezarreta de España, Edgardo Lander de Venezuela, Giulia Tamayo de Perú, Alirio Uribe de Colombia y Gianni Tognoni, Franco Hipólito, Roberto Schiattarella y Francesco Martone de Italia.
El TTP juzgó por prácticas neocolonialistas con los recursos naturales a la minera MONTERRICO METALS de Inglaterra; a las petroleras REPSOL de España y SHELL de Holanda-Inglaterra; y al complejo forestal maderero BOTNIA de Finlandia.
El Tribunal acusó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por promover la privatización de la justicia a favor de la farmacéutica ROCHE de Suiza y de Euro Telecom de Italia.
El TTP acusó de explotación laboral a las transnacionales del agronegocio CAMPOSOL, CERMAC MAINSTREAM y MA - RINE HARVEST de Noruega, y a UNILEVER (Holanda-Inglaterra).
Las transnacionales de la siderurgia THYSSEN KRUPP (Alemania) y SKANSKA (Suecia) fueron juzgadas de construir mega infraestructuras para saquear recursos naturales.
Juzgaron a las transnacionales SUEZ (Francia), UNIÓN FENOSA (España), AGUAS DE BARCELONA - PROACTIVA (Francia y España) por privatizar servicios públicos y violar derechos fundamentales.
El TTP acusó a la agroquímica BAYER (Alemania) y a SHELL (Holanda-Inglaterra) por su enorme deuda ecológica y social; HSBC (Inglaterra), BBVA y SANTANDER (España) fueron juzgados por crímenes económicos; y acusaron a SYNGENTA (Suiza) y SHELL de criminalizar la resistencia social haciendo uso de la fuerza.
Casos del Tribunal Internacional de Justicia Climática
En la primera sesión del Tribunal Internacional de Justicia Climática en Cochabamba se analizarán ocho casos relacionados con la minería, la forestación, el derretimiento de glaciares y la producción de agrocombustibles. Las sentencias del Tribunal serán estrictamente morales.
Los jurados del Tribunal son Ricardo Arnoldo Navarro Pinelda del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA); Miguel Palacin Quispe, dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI); Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri); Beverly Keene, coordinadora del Jubileo Sur de Argentina; Tom Kucharz, periodista e investigador de Ecologistas en Acción; Joseph Henry Vogel, catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras y de la FLACSO-Ecuador; Nora Morales de Cortiñas, cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo; y Brid Brennan, investigadora asociada del TNI.
El Tribunal funcionará del 13 y 14 de octubre en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba (calle Sucre y la avenida Oquendo) y atenderá los siguientes casos:
1. La comunidad campesina Khapi y la ONG Agua Sustentable acusarán a los países industrializados listados en el Anexo I de la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, por las vulneraciones de derechos humanos ocasionadas por el derretimiento del glaciar del Illimani. Durante siglos la comunidad ha vivido adaptada a esta montaña, pero el deshielo, así como las heladas, las granizadas y las sequías, ponen en riesgo su subsistencia.
Los países del Anexo I de la CMNUCC son Austria, Belarús, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Unión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
2. La Fundación Puente entre Culturas denunciará a los 12 gobiernos de Sudamérica y a varios bancos y empresas por la ejecución de 500 megaproyectos de la Iniciativa para la Integración Regional de Sud América (IIRSA), la mayoría carreteras que causan deforestación masiva; varias megarepresas como la del río Madera, y otros proyectos de infraestructura con graves impactos ambientales, culturales y sociales.
3. José Oney Valencia Llanos acusará al gobierno de Colombia y a la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia por producir combustibles con caña de azúcar en el Valle del Cauca, agudizando impactos ambientales y sociales. El proyecto fomenta un mayor uso de agroquímicos, el consumo indiscriminado de agua, la criminalización de la protesta social y el desplazamiento de comunidades.
4. José Santos Guevara denunciará al Estado de El Salvador por "omisión de responsabilidades y por su complicidad con empresas trasnacionales en la depredación del territorio" en el municipio de Jiquilisco, golpeado por huracanes, tormentas, sequías e inundaciones. Según Santos Guevara, el gobierno "promueve la implementación de megaproyectos como grandes represas, carreteras, plantas generadoras de energía, que depredan los recursos naturales e incrementan la vulnerabilidad ecológica y la pobreza de las comunidades".
5. Acción Ecológica de Ecuador acusará a la fundación holandesa Forest Absorbing Carbon Emissions (FACE, Bosques para la Absorción de Emisiones de Dióxido de Carbono) que se propone cultivar 150 mil hectáreas de plantaciones forestales en países en desarrollo para compensar las emisiones de una nueva planta térmica de carbón en Holanda. FACE tiene una plantación de 23 mil hectáreas de pinos y eucaliptos en Ecuador, obtenida por medio de contratos y convenios con propietarios privados, algunos a modo de hipoteca con plazos de hasta 99 años.
6. La Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor acusará a la Compañía Minera Volcán SA y al Estado de Perú por contaminar con gases y químicos a las poblaciones cercanas al Cerro de Pasco, afectadas por altos niveles de plomo en la sangre.
7. El Foro Indígena denunciará a "los habitantes que queman y chaquean en gran escala" y analizará la situación de la basura en Bolivia, donde "la mayor parte de la población bota donde sea. No tiene cuidado con el medio que le rodea, es decir con las calles, avenidas, plazas, parques, espacios públicos, ríos, lagos".
8. CooperAcción responsabilizará al gobierno peruano y a la fundidora y refinadora de metales Doe Run Perú (DRP) por la contaminación en la región de Junín. El dueño de la empresa Ira Leon Rennert se comprometió a respetar el medio ambiente y a proteger la salud de la población, pero no cumplió. Por este caso, el gobierno de Perú tiene una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los países y pueblos empobrecidos del mundo son los que menos han contribuido al cambio climático, pero son los más afectados, y por ello tienen el derecho a exigir y a recibir reparaciones, afirma la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, organizadora de la inédita sesión.
Texto: Bolpress
Las naciones desarrolladas son responsables de tres cuartas partes de las emisiones de GEI que sobrecalentaron el planeta. A consecuencia del efecto invernadero se derriten los glaciares y los casquetes polares, se inundan territorios costeros (el nivel de los océanos podría elevarse hasta un metro para el año 2100 advierte la ONU), se agrava la desertificación (las zonas tropicales se han extendido unos 500 kilómetros en los últimos 25 años, según expertos de la universidad australiana James Cook), y son más frecuentes los desastres naturales y la propagación de enfermedades.
Naciones Unidas estima que a mediados de este siglo dos mil millones de personas en 48 países sufrirán de escasez de agua. Se prevé que el promedio mundial de abastecimiento de agua por habitante disminuirá un tercio en los próximos 20 años. Los desastres naturales, la falta de agua, los impactos adversos en la agricultura y las nuevas enfermedades, entre otras calamidades del cambio climático, afectan sobre todo a los países más pobres.
El derretimiento de los glaciares de la Cordillera de los Andes es una de las evidencias más claras y mejor documentadas del cambio climático en América Latina, declaró al diario Cambio de La Paz el integrante del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de las Naciones Unidas Juan Carlos Sánchez.
El 71 por ciento de los glaciares tropicales de la Cordillera de los Andes está en Perú, el 20 por ciento en Bolivia, cuatro por ciento en Ecuador y cuatro por ciento en Colombia. Los nevados peruanos se redujeron 22 por ciento entre 1970 y 1997, en tanto que los glaciales Cotopaxi y Antisana de Ecuador perdieron hasta 50 por ciento de su cobertura de hielo.
Los glaciares de Bolivia se encuentran principalmente en la Cordillera Real y en la Cordillera Occidental. Se ha derretido el Chacaltaya, conocido como la pista de esquí más alta del mundo, y retroceden los glaciares Tuni Condoriri, Huayna Potosí y Mururata. El Illimani de 6.462 metros de altitud podría desaparecer en 30 años.
Justicia climática
"Aunque los países del norte reduzcan el cien por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero, nuestros nevados no volverán a recuperarse. En mi país, en La Paz, la sede de gobierno, cada día empieza a desaparecer ese poncho blanco del nevado del Illimani; ya no hay Chacaltaya y ya no hay Chorolque en Potosí", se quejó el Presidente Evo Morales en una conferencia preparatoria de la Cumbre Climática de Copenhague celebrada hace poco en Nueva York.
El Presidente Morales afirmó que el cambio climático no es un problema ambiental, ni tecnológico ni de financiamiento sino una consecuencia directa de la "forma de vida capitalista que persigue la acumulación del capital y la máxima ganancia posible sin tomar en cuenta la vida de los demás...". Por eso propuso a la ONU crear un Tribunal de Justicia Climática que investigue, juzgue y sancione a países y empresas que contaminan el medio ambiente y no cumplen con sus compromisos.
Desde 1993, una de las cuatro salas de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU, atendió varias demandas interestatales relacionadas con el medio ambiente, entre ellas el conflicto entre Eslovaquia y Hungría por la construcción de represas en el Danubio y el litigio internacional entre Argentina y Uruguay por una planta procesadora de celulosa en el río Uruguay.
Sin embargo, este organismo de la ONU no tiene atribuciones para sancionar delitos ecológicos, al igual que la Corte Penal Internacional creada en 1998 "para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional", la cual aún no tipificado los crímenes ecológicos. La CMNUCC y el Protocolo de Kyoto tampoco establecen sanciones para los países y empresas que contaminan el planeta.
Desde hace varios años, movimientos sociales y redes ciudadanas de todo el mundo exigen la creación de un Tribunal de Justicia Climática para sancionar a los países industrializados y a las empresas transnacionales que ponen en riesgo la preservación de la vida en la Tierra en nombre del "desarrollo".
A mediados de mayo de 2008, se instaló en Lima el Tribunal Permanente de los Pueblos (TTP) con un jurado integrado por François Houtart de Bélgica, Vilma Nuñez de Nicaragua, Blanca Chancoso y Patricio Pazmiño de Ecuador, Miren Etxezarreta de España, Edgardo Lander de Venezuela, Giulia Tamayo de Perú, Alirio Uribe de Colombia y Gianni Tognoni, Franco Hipólito, Roberto Schiattarella y Francesco Martone de Italia.
El TTP juzgó por prácticas neocolonialistas con los recursos naturales a la minera MONTERRICO METALS de Inglaterra; a las petroleras REPSOL de España y SHELL de Holanda-Inglaterra; y al complejo forestal maderero BOTNIA de Finlandia.
El Tribunal acusó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por promover la privatización de la justicia a favor de la farmacéutica ROCHE de Suiza y de Euro Telecom de Italia.
El TTP acusó de explotación laboral a las transnacionales del agronegocio CAMPOSOL, CERMAC MAINSTREAM y MA - RINE HARVEST de Noruega, y a UNILEVER (Holanda-Inglaterra).
Las transnacionales de la siderurgia THYSSEN KRUPP (Alemania) y SKANSKA (Suecia) fueron juzgadas de construir mega infraestructuras para saquear recursos naturales.
Juzgaron a las transnacionales SUEZ (Francia), UNIÓN FENOSA (España), AGUAS DE BARCELONA - PROACTIVA (Francia y España) por privatizar servicios públicos y violar derechos fundamentales.
El TTP acusó a la agroquímica BAYER (Alemania) y a SHELL (Holanda-Inglaterra) por su enorme deuda ecológica y social; HSBC (Inglaterra), BBVA y SANTANDER (España) fueron juzgados por crímenes económicos; y acusaron a SYNGENTA (Suiza) y SHELL de criminalizar la resistencia social haciendo uso de la fuerza.
Casos del Tribunal Internacional de Justicia Climática
En la primera sesión del Tribunal Internacional de Justicia Climática en Cochabamba se analizarán ocho casos relacionados con la minería, la forestación, el derretimiento de glaciares y la producción de agrocombustibles. Las sentencias del Tribunal serán estrictamente morales.
Los jurados del Tribunal son Ricardo Arnoldo Navarro Pinelda del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA); Miguel Palacin Quispe, dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI); Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri); Beverly Keene, coordinadora del Jubileo Sur de Argentina; Tom Kucharz, periodista e investigador de Ecologistas en Acción; Joseph Henry Vogel, catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras y de la FLACSO-Ecuador; Nora Morales de Cortiñas, cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo; y Brid Brennan, investigadora asociada del TNI.
El Tribunal funcionará del 13 y 14 de octubre en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba (calle Sucre y la avenida Oquendo) y atenderá los siguientes casos:
1. La comunidad campesina Khapi y la ONG Agua Sustentable acusarán a los países industrializados listados en el Anexo I de la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, por las vulneraciones de derechos humanos ocasionadas por el derretimiento del glaciar del Illimani. Durante siglos la comunidad ha vivido adaptada a esta montaña, pero el deshielo, así como las heladas, las granizadas y las sequías, ponen en riesgo su subsistencia.
Los países del Anexo I de la CMNUCC son Austria, Belarús, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Unión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
2. La Fundación Puente entre Culturas denunciará a los 12 gobiernos de Sudamérica y a varios bancos y empresas por la ejecución de 500 megaproyectos de la Iniciativa para la Integración Regional de Sud América (IIRSA), la mayoría carreteras que causan deforestación masiva; varias megarepresas como la del río Madera, y otros proyectos de infraestructura con graves impactos ambientales, culturales y sociales.
3. José Oney Valencia Llanos acusará al gobierno de Colombia y a la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia por producir combustibles con caña de azúcar en el Valle del Cauca, agudizando impactos ambientales y sociales. El proyecto fomenta un mayor uso de agroquímicos, el consumo indiscriminado de agua, la criminalización de la protesta social y el desplazamiento de comunidades.
4. José Santos Guevara denunciará al Estado de El Salvador por "omisión de responsabilidades y por su complicidad con empresas trasnacionales en la depredación del territorio" en el municipio de Jiquilisco, golpeado por huracanes, tormentas, sequías e inundaciones. Según Santos Guevara, el gobierno "promueve la implementación de megaproyectos como grandes represas, carreteras, plantas generadoras de energía, que depredan los recursos naturales e incrementan la vulnerabilidad ecológica y la pobreza de las comunidades".
5. Acción Ecológica de Ecuador acusará a la fundación holandesa Forest Absorbing Carbon Emissions (FACE, Bosques para la Absorción de Emisiones de Dióxido de Carbono) que se propone cultivar 150 mil hectáreas de plantaciones forestales en países en desarrollo para compensar las emisiones de una nueva planta térmica de carbón en Holanda. FACE tiene una plantación de 23 mil hectáreas de pinos y eucaliptos en Ecuador, obtenida por medio de contratos y convenios con propietarios privados, algunos a modo de hipoteca con plazos de hasta 99 años.
6. La Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor acusará a la Compañía Minera Volcán SA y al Estado de Perú por contaminar con gases y químicos a las poblaciones cercanas al Cerro de Pasco, afectadas por altos niveles de plomo en la sangre.
7. El Foro Indígena denunciará a "los habitantes que queman y chaquean en gran escala" y analizará la situación de la basura en Bolivia, donde "la mayor parte de la población bota donde sea. No tiene cuidado con el medio que le rodea, es decir con las calles, avenidas, plazas, parques, espacios públicos, ríos, lagos".
8. CooperAcción responsabilizará al gobierno peruano y a la fundidora y refinadora de metales Doe Run Perú (DRP) por la contaminación en la región de Junín. El dueño de la empresa Ira Leon Rennert se comprometió a respetar el medio ambiente y a proteger la salud de la población, pero no cumplió. Por este caso, el gobierno de Perú tiene una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los países y pueblos empobrecidos del mundo son los que menos han contribuido al cambio climático, pero son los más afectados, y por ello tienen el derecho a exigir y a recibir reparaciones, afirma la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, organizadora de la inédita sesión.
Texto: Bolpress
Foto: www.risc.uni-linz.ac.at
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