Cochabamba, 14 Oct (Erbol).- La Organización Indígena Chiquitana (OICH) presentó ante el Tribunal de Justicia Climática, que se reúne en Cochabamba, la demanda contra la construcción de la carretera bioceánica Santa Cruz – Puerto Suárez, porque afecta parte de su territorio.
El dirigente de la OICH, Emigio Poiche, entrevistado por la Agencia de Noticias Indígenas (AINI), señaló que la construcción de la carretera bioceánica “es parte de los megaproyectos que viene impulsando la Iniciativa de Integración Sudamericana IIRSA (carreteras, represas y otros proyectos), los cuales pasan y afectan directamente los territorios indígenas”.
El dirigente indígena mencionó que los efectos de la construcción de la carretera sobre territorio chiquitano afectó de sobremanera al ecosistema de esta región ubicada en el departamento de Santa Cruz.
“Con el paso de la carretera comunidades que nunca se inundaron hoy se inundan”, manifestó el dirigente del pueblo chiquitano.
La demanda de la OICH pone en el banquillo de los acusados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por ser una de las entidades financiadoras de la construcción de la carretera, que no tomó en cuenta los derechos indígenas reconocidos por la legislación nacional e internacional.
El Tribunal de Justicia Climática, tras escuchar la argumentación de la demanda, entró en una etapa de análisis exhaustivo para emitir el fallo correspondiente.
Los miembros del jurado, ocho en total, lo integran Ricardo Pinelda, uno de los fundadores del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta); Miguel Palacin, coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI); Alicia Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (Anamuri); Beverly Keene, coordinadora de Jubileo Sur; Tom Kucharz, militante de Ecologistas en Acción; Joseph Vogel, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico - Río Piedras; Nora Morales, co-fundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo; y Brid Brennan, cofundadora del Centro Europeo de Solidaridad con Filipinas.
El dirigente de la OICH, Emigio Poiche, entrevistado por la Agencia de Noticias Indígenas (AINI), señaló que la construcción de la carretera bioceánica “es parte de los megaproyectos que viene impulsando la Iniciativa de Integración Sudamericana IIRSA (carreteras, represas y otros proyectos), los cuales pasan y afectan directamente los territorios indígenas”.
El dirigente indígena mencionó que los efectos de la construcción de la carretera sobre territorio chiquitano afectó de sobremanera al ecosistema de esta región ubicada en el departamento de Santa Cruz.
“Con el paso de la carretera comunidades que nunca se inundaron hoy se inundan”, manifestó el dirigente del pueblo chiquitano.
La demanda de la OICH pone en el banquillo de los acusados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por ser una de las entidades financiadoras de la construcción de la carretera, que no tomó en cuenta los derechos indígenas reconocidos por la legislación nacional e internacional.
El Tribunal de Justicia Climática, tras escuchar la argumentación de la demanda, entró en una etapa de análisis exhaustivo para emitir el fallo correspondiente.
Los miembros del jurado, ocho en total, lo integran Ricardo Pinelda, uno de los fundadores del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta); Miguel Palacin, coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI); Alicia Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (Anamuri); Beverly Keene, coordinadora de Jubileo Sur; Tom Kucharz, militante de Ecologistas en Acción; Joseph Vogel, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico - Río Piedras; Nora Morales, co-fundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo; y Brid Brennan, cofundadora del Centro Europeo de Solidaridad con Filipinas.
Texto y foto: ERBOL
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