Los países de América Latina y el Caribe lograron reducir el número de hambrientos de 53 millones a 45 millones entre 1990-1992 y 2004-2006. Sin embargo, las crisis alimentaria y económica arruinaron los avances conseguidos en tan sólo tres años. La FAO estima que para 2009 la región regresará a los niveles de hambre de inicios de la década de los 90.
El escenario actual se caracteriza por una alta volatilidad de los precios de los commodities, especialmente de los productos alimentarios y de los insumos agrícolas; por un desempleo creciente, y por precios de los alimentos aún elevados, describe el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2009, elaborado por la Oficina Regional de la FAO.
El alza de los precios de los alimentos se aceleró a partir de 2006 y alcanzó sus máximos valores en julio de 2008. La crisis económica ganó fuerza en el segundo semestre del año pasado, aumentaron la inflación y el desempleo, además de reducir los ingresos reales de los segmentos más pobres de la población, agravando sus dificultades de acceso a una alimentación adecuada.
"No importa si hablamos de la crisis de precios de los commodities o de la crisis económica; la dimensión fundamental de la seguridad alimentaria que se ve afectada en América Latina y el Caribe es el acceso a los alimentos. Ese es el talón de Aquiles de nuestra Región, que es una exportadora neta de alimentos para todo el mundo", señala el informe publicado el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación.
El Estado de Inseguridad Alimentaria en el Mundo, SOFI por sus siglas en inglés, publicado en Roma por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), señala que el drástico aumento del hambre causado por la crisis económica global ha afectado con mayor fuerza a los más pobres de los países en desarrollo, revelando que el frágil sistema alimentario mundial necesita ser reformado urgentemente.
Este será uno de los temas debatidos en la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, que se realizará en Roma del 16 al 18 de noviembre de 2009.
El año 2009 ha sido catastrófico para los hambrientos del mundo, pues ha empeorado la seguridad alimentaria mundial desde 1996. La ralentización de la economía mundial, siguiendo los pasos de la crisis alimentaria de 2006-08, ha privado de una alimentación adecuada a 100 millones de personas más.
La FAO estima que 1 020 millones de personas están subnutridas en todo el mundo en 2009. Se trata de la cifra más alta desde 1970, primer año para el que se dispone de estadísticas comparables.
El aumento de la inseguridad alimentaria no es consecuencia de unas malas cosechas, sino de los altos precios de los alimentos a escala nacional, la disminución de los ingresos y el aumento del desempleo, que han reducido el acceso de los pobres a los alimentos.
Si bien los precios internacionales casi habían vuelto a sus niveles anteriores a la crisis a mediados de 2009, los alimentos básicos nacionales todavía cuestan normalmente un 19 % más en términos reales que hace dos años.
Los precios de los alimentos y los combustibles inusualmente altos han llevado al límite la capacidad de adaptación de muchas familias pobres, que se han visto obligadas a pedir dinero prestado o vender activos productivos, tales como el ganado, para evitar una disminución del consumo.
Se han visto cambios en los gastos en alimentación, y se pasa de consumir alimentos ricos en nutrientes, como la carne, a consumir alimentos más baratos y muy energéticos, como los cereales, lo cual afecta negativamente a la salud y la productividad.
La FAO advierte que si se mantienen las tendencias que prevalecían antes de la crisis no se alcanzará el objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de reducir a la mitad el número de personas subnutridas para el año 2015.
La FAO enfatiza que garantizar el derecho a la alimentación es una responsabilidad primaria de los gobiernos nacionales, pero también es un desafío compartido con la comunidad y agencias internacionales.
Las enseñanzas de la crisis
El impacto de la crisis alimentaria mundial ha puesto en evidencia el fracaso de los paradigmas del "Consenso de Washington", que apuntaba a promover un sector empresarial moderno exportador, fomentando el desarrollo productivo en regiones con ventajas comparativas y ofreciendo para el resto de la población rural subsidios sociales en el corto plazo.
Los ajustes estructurales de los años ochenta desmantelaron sistemas públicos que proporcionaban a los agricultores y cooperativas tierra, crédito, seguros, insumos y otro tipo de apoyos. La expectativa era que minimizar el rol del Estado se traduciría en mercados más libres para que los actores privados tomaran a su cargo estas funciones, reduciendo sus costos, mejorando su calidad y eliminando su sesgo regresivo.
Pero nada de eso ocurrió debido fundamentalmente a la existencia de mercados incompletos y a brechas institucionales que afectaron tanto al crecimiento como al bienestar de los pequeños agricultores, amenazando de esta forma su competitividad y en muchos casos su supervivencia (Banco Mundial, 2008).
Con ello, se desatendió la producción de alimentos de consumo popular que, en muchos casos, no son transables en los mercados de commodities y son producidos por la agricultura familiar.
Un reciente análisis de la FAO en ocho países de la región sobre la relación entre el crecimiento agrícola y la pobreza rural muestra cómo el dinamismo de la agricultura se ha concentrado en algunos productos de alto contenido tecnológico producidos por empresas modernas en algunas regiones de los países (Graziano Da Silva, Gómez y Castañeda, 2008).
Lo anterior se ha acompañado por un dinámico proceso de concentración y transnacionalización de la agroindustria, la comercialización y la distribución (Piñeiro, 2009), la cual amplió la brecha en productividad e ingresos entre estratos de productores agrícolas, conduciendo a una mayor exclusión y desigualdad social.
La FAO observa una creciente importancia de los agronegocios en el conjunto de la actividad agropecuaria de la región. Se estima que la producción primaria representa sólo el 20% del valor de la producción de alimentos. El restante 80% está vinculado al procesamiento agroindustrial, a los insumos agropecuarios y al comercio, especialmente al detalle en supermercados.
Todos estos eslabones de la cadena productiva agroalimentaria tienen un alto grado de concentración económica y una creciente estructura trasnacional. Esto sugiere que los problemas asociados a la competencia tales como la transparencia de los mercados, las reglas de competencia y de entrada a la industria, la capacidad de negociación de los distintos eslabones de las cadenas agroalimentarias y la integración de empresas nacionales en cadenas agroalimentarias mundiales son temas de creciente importancia.
La respuesta de los gobiernos
La crisis alimentaria ha reposicionado el debate sobre la seguridad alimentaria en la agenda pública, y los gobiernos de América Latina y el Caribe han tenido que adoptar varias estrategias para enfrentar la hambruna. En un primer momento intentaron controlar la inflación, proteger a los sectores más pobres y aumentar la producción interna. Cuando estalló la crisis económico-financiera, tuvieron que lidiar con la contracción crediticia, la recesión y el consecuente aumento del desempleo, así como con la caída en los ingresos reales.
Tres son las principales prioridades de la política pública en la región: la dinamización del mercado interno de alimentos básicos buscando reducir los grados de dependencia de las importaciones; una mayor apuesta por el comercio y la cooperación interregional basadas en complementariedades y facilidades para el intercambio, más que en ventajas comparativas; y el reforzamiento de la legislación e institucionalidad que garantice la práctica del derecho humano a la alimentación.
La generalización de programas de transferencias de ingresos y otros programas sociales, así como de subsidios para el fomento productivo y crédito público, han dinamizado la demanda de alimentos de la población de menores ingresos a lo largo y ancho de la región.
Lejos de propugnar la búsqueda de la autosuficiencia en el abastecimiento de alimentos, todos los países de la región se han propuesto sustituir en parte sus importaciones de alimentos, atendiendo objetivos de seguridad alimentaria, observa la FAO.
Los retos pendientes de las políticas públicas
El objetivo del informe Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2009 de la FAO es sensibilizar acerca de los problemas globales relacionados con el hambre, examinar las causas fundamentales del hambre y la malnutrición, y seguir los progresos hacia la consecución de los objetivos relativos a la reducción del hambre establecidos en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 y la Cumbre del Milenio.
El informe aboga a favor de una mayor inversión en la agricultura para erradicar la inseguridad alimentaria y la pobreza de manera sostenible, con un enfoque basado en el derecho a la alimentación.
Para salir del hambre, dice la FAO, las personas afectadas por la inseguridad alimentaria necesitan un mejor control de los recursos, acceso a las oportunidades y una mejora de la gobernanza. Es una condición esencial que los mercados funcionen con mayores grados de competencia y transparencia, que existan mejores condiciones de infraestructura y, en general, menores costos de transporte.
Las políticas a este respecto deben apuntar hacia: a) fomentar y promover el desarrollo y la competitividad de las cadenas agroalimentarias para lograr un mayor valor agregado y una mayor capacidad de empleo a partir de la producción primaria; b) fortalecer y desarrollar los eslabones locales de las cadenas para captar un mayor valor agregado a nivel local; c) vigilar la transparencia de los mercados y los equilibrios necesarios al interior de la cadena de valor.
La FAO propone perfeccionar los sistemas públicos de información de mercados con el objetivo de reducir las asimetrías que generan desigualdades y segmentaciones en los mercados, abriendo así oportunidades de selección y negociación para los consumidores y productores.
Sugiere facilitar alianzas o acuerdos público-privados para la promoción de cadenas de valor que incluyan a los pequeños agricultores, así como negociaciones de márgenes de comercialización o de acuerdos de precios entre productores y procesadores de alimentos.
Plantea estimular la formación de reservas de granos que han demostrado ser un mecanismo eficaz en la formación de precios, particularmente en mercados muy concentrados.
Según la FAO, es clave fortalecer la pequeña agricultura en cuando a competitividad, acceso a mercados, diferenciación de la producción, protección de riesgos, adopción de nuevas tecnologías e intensificación sostenible.
Es amplio el consenso en que la pequeña agricultura, hasta ahora vista como parte del problema, puede ser parte de la solución, ya que cuenta con capacidades productivas ociosas, un amplio mercado interno que demanda alimentos de consumo popular y un gran potencial en el abastecimiento de mercados locales y regionales.
Fomentar a la pequeña agricultura
En el campo viven la mitad de la población indigente de la región y también los pequeños agricultores que proveen alimentos en muchos países, con un enorme potencial aún no explorado, pese a sus niveles de productividad más bajos que la agroindustria exportadora, señala el informe de la FAO.
El término "pequeña agricultura" o "agricultura familiar" incluye también a la pequeña ganadería, la pequeña explotación forestal, la pesca artesanal y la explotación acuícola en pequeña escala y con recursos escasos.
La pequeña agricultura en América Latina concentra en promedio más del 70% del total de las explotaciones agrícolas, aporta más del 40% del valor bruto de la producción agrícola y ocupa a aproximadamente dos de cada tres agricultores. Estos productores que concentran los mayores índices de pobreza son los que producen la mayor parte de los alimentos de consumo popular, que representan hasta el 80% del consumo de energía y proteínas de los hogares de menores ingresos.
El empleo asalariado constituye una importante fuente de ingresos para la población rural en América Latina y el Caribe, particularmente en los hogares rurales pobres. De acuerdo con análisis realizados por la Oficina Regional de la FAO, a partir de información de las encuestas de hogares de los últimos años de la mayor parte de los países de la región, este tipo de ingresos representa entre un 20% (Perú) y un 61% (El Salvador) de los ingresos totales de los pobres rurales, y en la mayoría de los países alcanza proporciones iguales o mayores al 40% de sus ingresos.
Así, queda demostrada la importancia de este tipo de explotación como proveedora de alimentos, como generadora de empleo agrícola y fuente de ingresos para los más pobres.
Las familias pobres de América Latina destinan entre el 50% y el 80% de su ingreso a la alimentación, por lo que deben buscar fuentes alternativas de acceso a los alimentos (programas de alimentación comunitaria /escolar, bonos de alimentación y/o créditos) o bien, auto producirlos, sobre todo en épocas de crisis. Una familia con un pequeño huerto puede producir una cantidad significativa de frutas y hortalizas frescas y limpias, aumentando así su consumo de este grupo de alimentos, señala la FAO.
Según el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2009, los pequeños productores podrían no solamente cubrir sus propias necesidades, sino también contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y ser catalizadores de un mayor crecimiento económico de la región.
La pequeña agricultura puede jugar un papel importante en mantener precios bajos para el consumidor aumentando la producción y atendiendo la demanda de alimentos de consumo popular "no transables", cuyos precios son formados en el mercado interno, asegura la FAO.
Otra contribución del sector a la baja de los precios internos de los alimentos es a través del abastecimiento de mercados locales, ciudades intermedias y áreas rurales extendidas, por la reducción de costos de transporte y logísticos que supone, componentes clave en los costos de los alimentos en los países de la región.
Para liberar este potencial, los gobiernos -con el apoyo de la comunidad internacional- necesitan promover inversiones clave en agricultura, de forma que los agricultores familiares tengan acceso no sólo a semillas y fertilizantes, sino también a tecnologías adaptadas a ellos, así como a capacitación, infraestructura, financiación y mercados.
La FAO tiene un abanico de propuestas específicas para cada sub sector productivo, con énfasis en la integración intersectorial. Los principales ejes de su intervención en la región son fortalecer los Programas Nacionales de Lucha contra el Hambre y la Desnutrición Infantil; apoyar a la agricultura urbana y periurbana; intensificar la producción de manera sostenible; rescatar los productos originarios; fomentar los emprendimientos no agrícolas; fortalecer la equidad de género y de minorías; y gestionar los riesgos ambientales y de mercado.
El organismo apoya a la pequeña agricultura con políticas públicas que abarcan temas trasversales como el desarrollo productivo territorial, la adopción de buenas prácticas, la mejora de la productividad y eficiencia en la utilización de recursos, la generación y difusión de información, la investigación y la transferencia de tecnología, y la mejora en la calidad e inocuidad de los alimentos, incluyendo la certificación para un mejor acceso a mercados.
Se han concretado exitosos emprendimientos en Perú, Colombia y Bolivia, donde beneficiarios de proyectos de la FAO se han organizado en cooperativas que venden productos con sellos como Cosecha del Campo en Antioquia, Colombia y Alimentos Verdes en El Alto, Bolivia.
Programas de asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de la producción y productividad de vacas, aves, cerdos, ovinos, caprinos, camélidos andinos, cuyes y otras especies autóctonas en sistemas de pequeña escala a nivel rural y peri urbano, pueden contribuir a disminuir los índices de inseguridad alimentaria en muchos países de América Latina y el Caribe, indica la FAO.
La FAO propone fomentar el consumo de productos autóctonos y tradicionales que no se transan en los mercados internacionales y que son producidos principalmente por la agricultura de pequeña escala, muy a menudo por grupos especialmente vulnerables de mujeres e indígenas.
En la región alto-andina, por ejemplo, la producción agrícola se basa en un sistema tradicional con una amplia diversidad de cultivos y animales. La producción de especies nativas como los tubérculos y las raíces andinas (papa, oca, olluco, mashua, arracacha, etc.); granos y cereales (maíz, tarwi, quinua, qañigua y kiwicha); frutales (aguaymanto, tumbo y ayrampo) y hortalizas y hierbas aromáticas (ñabos, huacatay, muña, panisjara, etc.) y cría de animales (cuyes y camélidos) se complementan con una amplia diversidad de especies introducidas que conforman un sistema productivo de gran potencial.
Texto: Bolpress
Imagen: bligoo.com
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