El gobierno y las organizaciones sociales que integran el Pacto de Unidad acordaron crear un "observatorio agroambiental" encargado de velar por el buen uso de propiedades agrarias privadas y comunitarias, bajo la tutela del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) o del Viceministerio de Tierras. Este instrumento técnico operativo iniciará la "discusión completa de lo que va a ser la posible adecuación de la Ley INRA a una nueva Ley de Tierras", anunció el viceministro Víctor Camacho.
El observatorio agroambiental será un instrumento de análisis científico de los procesos agrarios. Se espera que brinde información clara, ya sean imágenes satelitales o estudios especializados por provincias, que ayude a corregir prácticas nocivas para el medio ambiente.
El viceministro de Tierras sugirió que una de las tareas principales del futuro observatorio sería modificar la Ley INRA y delinear una nueva Ley general de Tierras y nuevos planes de desarrollo agrario, en coordinación con propietarios privados, comunitarios y organizaciones sociales.
Camacho aseguró que una de las bases programáticas del Viceministerio de Tierras que marcará línea en cuanto a políticas de saneamiento, tenencia y uso productivo de la tierra será la "propuesta histórica" del Pacto de Unidad.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (FMCBS) y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) solicitaron al Presidente Evo Morales que declare "década productiva" al período 2010-2020.
La declaratoria de década productiva permitiría consolidar la propiedad de la tierra, garantizar acceso al agua y destinar el 25 por ciento del presupuesto del Estado, municipios y prefecturas al sector agropecuario. De esta forma se solucionarían problemas referidos a la provisión de agua, producción y soberanía alimentaria, comentó el secretario de relaciones internacionales de la CSUTCB Ricardo Miranda.
La declaratoria supone que el Estado, prefecturas, municipios, autonomías indígenas y campesinas prioricen inversiones agrícolas y ganaderas. "Eso implica que los municipios además de hacer obras civiles, deben priorizar en sus POAS presupuestos para la producción agrícola", explicó Camacho.
El Pacto de Unidad reclama subsidios para familias campesinas; mayores inversiones en sistemas de riego, bancos de semillas y programas agropecuarios comunitarios desde la producción hasta la comercialización. Demandan apoyo a la investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, prestación de servicios para el mejoramiento de la sanidad vegetal y animal, y sistemas financieros que democraticen el crédito en el área rural.
El plan es consolidar los derechos propietarios en función al buen uso de la tierra. "La tierra es de quien la trabaja, pero fundamentalmente es de quien la respeta, la cuida y aporta a la seguridad alimentaria del país", dijo el viceministro Camacho.
Texto: Bolpress
Imagen: congreso.gov.bo
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