La Paz, 24 jul (ABI).- El Contralor General del Estado (CGE), Gabriel Herbas, ratificó el viernes la denuncia sobre el mal manejo de recursos económicos en la Prefectura de Tarija para la construcción de dos obras que debían beneficiar a la población de ese departamento y que quedaron inconclusas con varias observaciones, por lo que las autoridades enfrentarán responsabilidades penales y civiles.
"En el caso de la prefectura de Tarija la Contraloría ha realizado una auditoria dejada a medias desde 2007, se trata de dos obras y recursos entregados a una institución. Se ha encontrado responsabilidad penal contra el prefecto (Mario Cossío) y varios funcionarios porque se generaron daños de origen penal", dijo.
Herbas explicó que en el caso de las obras a construirse, un velódromo y una piscina olímpica con un costo que sobrepasa el 1.800.000 dólares, que fueron trasladadas del lugar de construcción a un lugar inadecuado sin los respectivos estudios de terreno.
Además, la empresa constructora se quedó con el 20% de adelanto que la Prefectura depositó en la cuenta para la construcción de las obras.
El otro caso denunciado por Herbas señala que la fundación Puma, que trabaja con apoyo de instituciones internacionales sobre temas medioambientales y brinda importante apoyo económico a las comunidades, recibió cerca de un millón de dólares de la Prefectura destinados a equipamiento y alquiler de oficinas, situación irregular auditada por la Contraloría.
Herbas dijo que aún existe una fase de espera para que los funcionarios públicos demuestren su inocencia, a partir de la notificación realizada el lunes pasado, tienen diez días para su descargo.
"Si en el tiempo de diez días no hacen el descargo se realiza el informe de conclusiones en un plazo de 15 días para luego pasar al fiscal correspondiente con el fin de que efectúe las acciones de imputación formal contra los funcionarios", señaló Herbas.
"En el caso de la prefectura de Tarija la Contraloría ha realizado una auditoria dejada a medias desde 2007, se trata de dos obras y recursos entregados a una institución. Se ha encontrado responsabilidad penal contra el prefecto (Mario Cossío) y varios funcionarios porque se generaron daños de origen penal", dijo.
Herbas explicó que en el caso de las obras a construirse, un velódromo y una piscina olímpica con un costo que sobrepasa el 1.800.000 dólares, que fueron trasladadas del lugar de construcción a un lugar inadecuado sin los respectivos estudios de terreno.
Además, la empresa constructora se quedó con el 20% de adelanto que la Prefectura depositó en la cuenta para la construcción de las obras.
El otro caso denunciado por Herbas señala que la fundación Puma, que trabaja con apoyo de instituciones internacionales sobre temas medioambientales y brinda importante apoyo económico a las comunidades, recibió cerca de un millón de dólares de la Prefectura destinados a equipamiento y alquiler de oficinas, situación irregular auditada por la Contraloría.
Herbas dijo que aún existe una fase de espera para que los funcionarios públicos demuestren su inocencia, a partir de la notificación realizada el lunes pasado, tienen diez días para su descargo.
"Si en el tiempo de diez días no hacen el descargo se realiza el informe de conclusiones en un plazo de 15 días para luego pasar al fiscal correspondiente con el fin de que efectúe las acciones de imputación formal contra los funcionarios", señaló Herbas.
Texto y foto: ABI
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