La Paz, 12 jul (ABI).- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció el domingo que las familias que se oponen a los asentamientos humanos en Pando, entre ellos varios diputados y senadores de la oposición, tienen tierras desforestadas que superan ocho veces la superficie territorial de Cobija y que en muchos casos fueron adquiridas o apropiadas en procesos irregulares.
La autoridad apuntó a la familia del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández (detenido en San Pedro); de los senadores José Villavicencio, Roger Pinto y Paulo Bravo, y de la ex presidenta del Comité Cívico de Cobija, Ana Melena de Suzuki, a quienes acusó también conformar una estructura de poder político para "hacer lo que se les venía en gana" en esa región.
"Villavicencio, Pinto, Melena de Suzuqui, la familia de Jorge Bravo, Leopoldo Fernández, estas cinco familias tiene más o menos en superficie unas ocho veces lo que es la ciudad de Cobija (3.287 kilómetros cuadrados) y el 80 por ciento de eso está deforestado", precisó en una entrevista con la estatal Patria Nueva.
Explicó por ejemplo, que el senador "Pinto y compañía tiene 3.269 kilómetros cuadrados" y que la superficie de la ciudad de Cobija, alcanza a 3287, "es decir que el señor Roger Pinto y su socia tienen como propiedad una superficie mayor a la extensión de la ciudad de Cobija", remarcó.
"Es decir si el señor Roger Pînto fuera generoso con su país, con su departamento cediendo su territorio podríamos fundar un segunda ciudad de Cobija", agregó al comparar, además, que en la ciudad de Cobija pueden vivir al menos 40 mil personas.
"Es decir que el señor Pinto tiene una propiedad que fácilmente puede albergar a 40 mil personas", precisó.
Por esta razón, Quintana Lamentó que Pando esté convertido en el "feudo" de esas familias y unas cuantas más, "que siempre rechazaron la presencia del Estado porque la prioridad era su patrimonio personal, sus privilegios personales, su apropiación ilegal de las tierras (..) y construyeron una estructura de poder político distribuida entre ellos para tener el control de la Corte Departamental Electoral, de la Universidad, del Comité Cívico, de la Prefectura, de los municipios".
Quintana condenó que esas autoridades acusen al Gobierno de promover los asentamientos en ese departamento con el propósito de talar los bosques, cuando ellos "son lo mayores depredadores de los bosques y son los mayores agresores de las vocaciones agroforestales".
"En el poco tiempo en que nosotros estamos hemos intentado hacer lo que son las auditorías medioambientales a través de lo que era antes la Superintendencia Forestal y ahora es Autoridad de Fiscalización y Control, estamos siguiendo procesos por desmontes no autorizados", agregó.
Explicó que los efectos del saqueo de los recursos naturales de esa región, la apropiación ilegal de las mejores tierras productivas, la proliferación de actividades ilegales beneficiaron sólo a unas diez familias y dejó "miserables" a los pandinos.
"Dejaron a los pandinos pobres, miserables, los dejaron en la calle y la única manera de mantenerlos controlados era distribuyéndoles peguitas a algunos dirigentes y distribuyéndoles migajas, mientras ellos se daban el festín de las tierra, el festín de las actividades económicamente ilegales, el festín de los recursos naturales y dejaron al departamento en la mayor orfandad", remarcó.
Agregó que en ese contexto los campesinos eran los grandes perseguidos y los pueblos indígenas se mantenían escondidos.
Quintana aseguró que los asentamientos humanos en ese departamento significan poner un punto de equilibrio entre territorio y población, en las grandes extensiones de territorio sin población que son codiciadas por esas familias para enriquecerse más.
Aclaró que los asentamientos son en tierras fiscales y no en ninguna propiedad privada.
La autoridad apuntó a la familia del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández (detenido en San Pedro); de los senadores José Villavicencio, Roger Pinto y Paulo Bravo, y de la ex presidenta del Comité Cívico de Cobija, Ana Melena de Suzuki, a quienes acusó también conformar una estructura de poder político para "hacer lo que se les venía en gana" en esa región.
"Villavicencio, Pinto, Melena de Suzuqui, la familia de Jorge Bravo, Leopoldo Fernández, estas cinco familias tiene más o menos en superficie unas ocho veces lo que es la ciudad de Cobija (3.287 kilómetros cuadrados) y el 80 por ciento de eso está deforestado", precisó en una entrevista con la estatal Patria Nueva.
Explicó por ejemplo, que el senador "Pinto y compañía tiene 3.269 kilómetros cuadrados" y que la superficie de la ciudad de Cobija, alcanza a 3287, "es decir que el señor Roger Pinto y su socia tienen como propiedad una superficie mayor a la extensión de la ciudad de Cobija", remarcó.
"Es decir si el señor Roger Pînto fuera generoso con su país, con su departamento cediendo su territorio podríamos fundar un segunda ciudad de Cobija", agregó al comparar, además, que en la ciudad de Cobija pueden vivir al menos 40 mil personas.
"Es decir que el señor Pinto tiene una propiedad que fácilmente puede albergar a 40 mil personas", precisó.
Por esta razón, Quintana Lamentó que Pando esté convertido en el "feudo" de esas familias y unas cuantas más, "que siempre rechazaron la presencia del Estado porque la prioridad era su patrimonio personal, sus privilegios personales, su apropiación ilegal de las tierras (..) y construyeron una estructura de poder político distribuida entre ellos para tener el control de la Corte Departamental Electoral, de la Universidad, del Comité Cívico, de la Prefectura, de los municipios".
Quintana condenó que esas autoridades acusen al Gobierno de promover los asentamientos en ese departamento con el propósito de talar los bosques, cuando ellos "son lo mayores depredadores de los bosques y son los mayores agresores de las vocaciones agroforestales".
"En el poco tiempo en que nosotros estamos hemos intentado hacer lo que son las auditorías medioambientales a través de lo que era antes la Superintendencia Forestal y ahora es Autoridad de Fiscalización y Control, estamos siguiendo procesos por desmontes no autorizados", agregó.
Explicó que los efectos del saqueo de los recursos naturales de esa región, la apropiación ilegal de las mejores tierras productivas, la proliferación de actividades ilegales beneficiaron sólo a unas diez familias y dejó "miserables" a los pandinos.
"Dejaron a los pandinos pobres, miserables, los dejaron en la calle y la única manera de mantenerlos controlados era distribuyéndoles peguitas a algunos dirigentes y distribuyéndoles migajas, mientras ellos se daban el festín de las tierra, el festín de las actividades económicamente ilegales, el festín de los recursos naturales y dejaron al departamento en la mayor orfandad", remarcó.
Agregó que en ese contexto los campesinos eran los grandes perseguidos y los pueblos indígenas se mantenían escondidos.
Quintana aseguró que los asentamientos humanos en ese departamento significan poner un punto de equilibrio entre territorio y población, en las grandes extensiones de territorio sin población que son codiciadas por esas familias para enriquecerse más.
Aclaró que los asentamientos son en tierras fiscales y no en ninguna propiedad privada.
Texto y foto: ABI
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