(UPIC-Tierra).- Un aserradero clandestino de la empresa Tropical Andes SRL que operaba ilegalmente en tierras fiscales de la provincia Abuná de Pando fue intervenido el 16 de julio por funcionarios de la Fiscalía del departamento. En el operativo policial fueron detenidos trabajadores brasileros que trozaban troncas y cargaban madera en dos camiones de alto tonelaje.
El aserradero ilegal instalado en 2008 en la localidad 1 de Mayo en el municipio de Santa Rosa del Abuná, sobre la carretera que conduce a tierras fiscales en Nacebe, habría deforestado al menos 10 hectáreas de bosque.
Se identificó una infraestructura compuesta por cinco dormitorios de 30 por 5 metros, un comedor-cocina de 12 por 8 metros para unas 15 o 20 personas, un tinglado de 200 x 20 metros y un depósito de combustible.
Se incautaron tres tractores, dos camiones, sierras para cortar madera, skiders (tractores para el rodado de madera) y una oruga.
Se decomisaron 31 troncas de tajibo, 69 de almendrillo amarillo, 10 de almendrillo negro, 79 de mururé, 24 de itaua, 19 de paquio, 5 de palo maría, 33 de cedro, 35 mil pies de tablas de almendrillo amarillo y 20 mil pies de tablas de almendrillo negro.
Fueron detenidos el responsable del aserradero, el ingeniero forestal Moisés Navía Escalera, y cuatro trabajadores brasileros que no portaban documentos, autorización de permanencia y tampoco contratos de trabajo. Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Cobija para que presten declaración informativa.
Los supuestos propietarios del aserradero Tropical Andes SRL serían Guillermo Armando Crooker Muñoz y Alejandro Crooker Muñoz, y la representante legal Cristina Gumucio Espinoza. Estaría involucrada la concesión CIMAGRO (colindante con tierras fiscales) cuyo titular sería Augusto Gutiérrez.
Todo asentamiento u ocupación de hecho en tierras fiscales posterior a la promulgación de la Ley INRA (1996) es ilegal y sus autores son pasibles al desalojo, determina la Disposición Final Primera de la Ley 1715. Según el Decreto 29215, el INRA está facultado para prohibir innovaciones, disponer la paralización de trabajos y ordenar el desalojo de los asentamientos ilegales con el apoyo de la fuerza pública en caso de amenaza o riesgo.
Participaron en el operativo representantes del Ministerio Público de Pando, la Autoridad para el Control de Bosques y Tierras (ABT) (ex Superintendencia Forestal), el Control Aduanero (COA); el secretario general, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal y la Dirección del Área forestal de la Prefectura de Pando; el Jefe de la Inspectoría de Migración de Pando; el Responsable del Comando Conjunto Amazónico, la Policía, el Director del INRA Pando, la Federación de Campesinos de Pando y la OTB Comunidad Bienvenido.
No es la primera vez que extranjeros depredan bosques
Entre 1953 y 2002 se distribuyeron aproximadamente 987 mil hectáreas de tierra en el departamento de Pando; más de 286 mil hectáreas (28%) en el período 1969 - 1978, y 522 mil hectáreas (53%) en el quinquenio 1989-1993.
Los grandes empresarios recibieron casi 691 mil hectáreas, el 70% de la tierra, y los medianos empresarios obtuvieron 127 mil hectáreas, el 13%.
Hasta 1997, madereros afiliados a la Cámara Forestal de Pando habían suscrito con la ex Superintendencia Forestal 19 contratos de aprovechamiento en la modalidad de Concesiones Forestales sobre una superficie de 1,9 millones de hectáreas.
Los acaparadores y las elites del departamento alentaron un creciente tráfico de tierra y muchos alquilaron sus predios y concesiones forestales a ciudadanos extranjeros, sobre todo a brasileros, denunciaron en varias oportunidades dirigentes campesinos y el senador pandino Abraham Cuellar.
En 2006, se denunció que un boliviano de apellido Pereira alquiló el predio Arizona en el municipio Bellaflor, incluido un aserradero y un bosque, al brasilero Milton Jové. Además, acusaron a un individuo conocido como "El Parana" de promover asentamientos de familias extranjeras en un área de 20 mil hectáreas, donde se habría construido una escuela brasilera con profesores brasileros.
En 2005, el ex prefecto Leopoldo Fernández contrató a brasileros que fueron encarcelados por talar bosques. En 2008, el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Rolando Villena y dirigentes de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) denunciaron que el sicarios brasileros contratados por el ex prefecto Fernández participaron en la masacre campesina de Porvenir.
Luego de las elecciones de la Asamblea Constituyente en 2006, autoridades de la Prefectura de Pando reconocieron la existencia de varios asentamientos de extranjeros en el departamento y admitieron que no conocían con precisión el número ni su situación legal, razón por la cual decidieron realizar un censo.
El jefe de la Unidad de Tierra y Territorio de la Prefectura de Pando Gary Von Boek explicó que muchos extranjeros indocumentados que viven en Pando no regularizan su residencia "por desconocimiento, por falta de recursos económicos y en última instancia porque no hay una oficina donde puedan tramitar sus documentos y registrar a los niños que nacen en territorio boliviano".
El funcionario dijo que se entregaron notificaciones de desalojo y que se constituyeron comisiones con el INRA para evidenciar los asentamientos ilegales, obedeciendo el mandato de la Constitución Política del Estado que prohíbe a los extranjeros poseer tierras en la franja fronteriza.
"Hemos solicitado a la Cancillería de la República una reunión con su similar de Perú a efecto de tener algún tipo de coordinación para conformar una comisión Binacional Perú-Boliviana para que proceda a la reposición de algunos hitos y a la relimitación internacional desde Puerto Heat a Bolpebra", declaró Von Boek en 2006.
En enero de 2007, el gobierno creó mediante Decreto Supremo 28998 la Unidad de Desarrollo Integral Amazónico, una institución desconcentrada territorialmente y dependiente del Ministerio de la Presidencia encargada de fiscalizar tierras, recuperar la soberanía territorial y diseñar planes de desarrollo basados la industrialización de los recursos naturales del norte amazónico.
En 2008, el Viceministerio de Tierras y el INRA identificaron 1.500 extranjeros asentados al interior de los 50 kilómetros de la franja fronteriza del departamento de Pando.
El aserradero ilegal instalado en 2008 en la localidad 1 de Mayo en el municipio de Santa Rosa del Abuná, sobre la carretera que conduce a tierras fiscales en Nacebe, habría deforestado al menos 10 hectáreas de bosque.
Se identificó una infraestructura compuesta por cinco dormitorios de 30 por 5 metros, un comedor-cocina de 12 por 8 metros para unas 15 o 20 personas, un tinglado de 200 x 20 metros y un depósito de combustible.
Se incautaron tres tractores, dos camiones, sierras para cortar madera, skiders (tractores para el rodado de madera) y una oruga.
Se decomisaron 31 troncas de tajibo, 69 de almendrillo amarillo, 10 de almendrillo negro, 79 de mururé, 24 de itaua, 19 de paquio, 5 de palo maría, 33 de cedro, 35 mil pies de tablas de almendrillo amarillo y 20 mil pies de tablas de almendrillo negro.
Fueron detenidos el responsable del aserradero, el ingeniero forestal Moisés Navía Escalera, y cuatro trabajadores brasileros que no portaban documentos, autorización de permanencia y tampoco contratos de trabajo. Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Cobija para que presten declaración informativa.
Los supuestos propietarios del aserradero Tropical Andes SRL serían Guillermo Armando Crooker Muñoz y Alejandro Crooker Muñoz, y la representante legal Cristina Gumucio Espinoza. Estaría involucrada la concesión CIMAGRO (colindante con tierras fiscales) cuyo titular sería Augusto Gutiérrez.
Todo asentamiento u ocupación de hecho en tierras fiscales posterior a la promulgación de la Ley INRA (1996) es ilegal y sus autores son pasibles al desalojo, determina la Disposición Final Primera de la Ley 1715. Según el Decreto 29215, el INRA está facultado para prohibir innovaciones, disponer la paralización de trabajos y ordenar el desalojo de los asentamientos ilegales con el apoyo de la fuerza pública en caso de amenaza o riesgo.
Participaron en el operativo representantes del Ministerio Público de Pando, la Autoridad para el Control de Bosques y Tierras (ABT) (ex Superintendencia Forestal), el Control Aduanero (COA); el secretario general, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal y la Dirección del Área forestal de la Prefectura de Pando; el Jefe de la Inspectoría de Migración de Pando; el Responsable del Comando Conjunto Amazónico, la Policía, el Director del INRA Pando, la Federación de Campesinos de Pando y la OTB Comunidad Bienvenido.
No es la primera vez que extranjeros depredan bosques
Entre 1953 y 2002 se distribuyeron aproximadamente 987 mil hectáreas de tierra en el departamento de Pando; más de 286 mil hectáreas (28%) en el período 1969 - 1978, y 522 mil hectáreas (53%) en el quinquenio 1989-1993.
Los grandes empresarios recibieron casi 691 mil hectáreas, el 70% de la tierra, y los medianos empresarios obtuvieron 127 mil hectáreas, el 13%.
Hasta 1997, madereros afiliados a la Cámara Forestal de Pando habían suscrito con la ex Superintendencia Forestal 19 contratos de aprovechamiento en la modalidad de Concesiones Forestales sobre una superficie de 1,9 millones de hectáreas.
Los acaparadores y las elites del departamento alentaron un creciente tráfico de tierra y muchos alquilaron sus predios y concesiones forestales a ciudadanos extranjeros, sobre todo a brasileros, denunciaron en varias oportunidades dirigentes campesinos y el senador pandino Abraham Cuellar.
En 2006, se denunció que un boliviano de apellido Pereira alquiló el predio Arizona en el municipio Bellaflor, incluido un aserradero y un bosque, al brasilero Milton Jové. Además, acusaron a un individuo conocido como "El Parana" de promover asentamientos de familias extranjeras en un área de 20 mil hectáreas, donde se habría construido una escuela brasilera con profesores brasileros.
En 2005, el ex prefecto Leopoldo Fernández contrató a brasileros que fueron encarcelados por talar bosques. En 2008, el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Rolando Villena y dirigentes de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) denunciaron que el sicarios brasileros contratados por el ex prefecto Fernández participaron en la masacre campesina de Porvenir.
Luego de las elecciones de la Asamblea Constituyente en 2006, autoridades de la Prefectura de Pando reconocieron la existencia de varios asentamientos de extranjeros en el departamento y admitieron que no conocían con precisión el número ni su situación legal, razón por la cual decidieron realizar un censo.
El jefe de la Unidad de Tierra y Territorio de la Prefectura de Pando Gary Von Boek explicó que muchos extranjeros indocumentados que viven en Pando no regularizan su residencia "por desconocimiento, por falta de recursos económicos y en última instancia porque no hay una oficina donde puedan tramitar sus documentos y registrar a los niños que nacen en territorio boliviano".
El funcionario dijo que se entregaron notificaciones de desalojo y que se constituyeron comisiones con el INRA para evidenciar los asentamientos ilegales, obedeciendo el mandato de la Constitución Política del Estado que prohíbe a los extranjeros poseer tierras en la franja fronteriza.
"Hemos solicitado a la Cancillería de la República una reunión con su similar de Perú a efecto de tener algún tipo de coordinación para conformar una comisión Binacional Perú-Boliviana para que proceda a la reposición de algunos hitos y a la relimitación internacional desde Puerto Heat a Bolpebra", declaró Von Boek en 2006.
En enero de 2007, el gobierno creó mediante Decreto Supremo 28998 la Unidad de Desarrollo Integral Amazónico, una institución desconcentrada territorialmente y dependiente del Ministerio de la Presidencia encargada de fiscalizar tierras, recuperar la soberanía territorial y diseñar planes de desarrollo basados la industrialización de los recursos naturales del norte amazónico.
En 2008, el Viceministerio de Tierras y el INRA identificaron 1.500 extranjeros asentados al interior de los 50 kilómetros de la franja fronteriza del departamento de Pando.
Texto: BOLPRESS
Foto: misionesiguazu.com
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