Por Coco Cuba
Cobija (Bolivia), 11 sep (ABI) – Grupos de paramilitares se desplazaron la madrugada del 11 de septiembre de 2008 sobre la localidad de Porvenir, a 30 km de Cojiba, Pando, donde centenares de campesinos del norte amazónico de Bolivia habían quedado varados en una zanja que maquinaria pesada de la Prefectura de ese departamento había abierto horas antes para cerrarles el paso.
Los campesinos caminaban rumbo a Cobija, a 1.300 km de La Paz, para celebrar un ampliado alarmados por la toma de las oficinas locales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por parte de adherentes del entonces prefecto opositor Leopoldo Fernández.
Los campesinos pretendían proteger la asignación de un solar de 500 hectáreas por familia en esa región despoblada de Bolivia que un mes antes hubo determinado el INRA en Pando, el primer departamento boliviano saneado en el marco de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
A eso de las 8h00 de ese día, la marcha de los indígenas amazónicos fue interceptada por una misión de la Prefectura de Pando, cuyos delegados intimaron a sus interlocutores una suerte de rendición. “Regresen, no van a pasar, eviten un baño de sangre”, trató de imponer un funcionario de la Prefectura de Pando.
“Por qué nos cierran el paso. Queremos llegar a Cobija (capital de Pando) pacíficamente”, repuso la portavoz de los campesinos.
Frustrado un eventual acuerdo, dos horas más tarde la Plaza de Armas de Porvenir, donde también se emplazamiento para una cancha de fútbol, habría de convertirse en un escenario de guerra.
El grupo de campesinos quedó emboscado contra el ala este de la Plaza. A su espalda se alzaba la selva tupida surcada por grietas profundas, ciénegas y riachelos; a la derecha una empalizada que proyectaba la sombra de hombres agazapados en posición de combate y armados con rifles; a la izquierda un conjunto de casas a la vera de la carretera que une Porvenir con Puerto Rico y Cobija en direcciones opuestas y detrás de él, el caudaloso Río Tahuamanu, tributario del Amazonas.
Los campesinos, entre ellos el descendiente de Bernardino Racua, héroe de la Guerra del Acre, que al despuntar el siglo XX libraron fuerzas de Bolivia y Brasil por el control de 500.000 km2 en el Matto Grosso, finalmente adicionados a la jurisdicción territorial brasileña, se refugiaron detrás de dos camionetas ante la inminencia del ataque que se desató desde tres flancos.
Fuego cruzado furtivo en medio de fogonazos de fuegos de artificios. Caos. Gritos. Tufillo a sangre.
Luego, una operación envolvente en medio de una lluvia de plomo.
“Ijiiii”, “meta bala al indio hijo e’ puta”, “meta chumbo pariente”, se escuchó entonces.
El infierno de la balacera planeó sobre el ala este de la Plaza. Los campesinos, algunos de ellos que marchaban con mujeres y niños, escapan en estampida.
Algunos de ellos montaron en la carrocería de una camioneta blanca que la emprendió, a toda velocidad, hacia el grupo de casas que da la espalda a un descampado que, a su vez conduce a una planicie, de unos 200m de largo, que termina en las orillas del rugiente Tahuamanu.
El vehículo en que escapaban los indios, fue sometido a fuego cruzado. “A la camioneta, a la camioneta”, gritaban los fusileros. El coche fue finalmente incendiado y su esqueleto permanece en el lugar como un cernidor.
Los demás pusieron pies en polvorosa guiados por el instinto de sobrevivencia. Los más lentos fueron literalmente cazados por francotiradores emplazados en sitios estratégicos.
Uno de los indígenas logró saltar la verja de una casa y cuando se disponía a superar el último escollo recibió un disparo en la cabeza que segó su vida en el acto.
Un reportaje difundido por la televisión estatal mostró a un hombre enfundado en una chaqueta militar camuflada, en pantalones deportivos y zapatillas cuando tiraba, a una distancia de 100 m, sobre la posición del campesino que cayó bajo un motorizado estacionado en la vivienda cuya verja había franqueado.
Un batallón de la Policía se declaró impotente para frenar la violencia después de fracasar un intento de diálogo.
Una comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que investigó la matanza de campesinos, determinó semanas después la “inacción” de los uniformados.
El ex Prefecto de Pando ha sido imputado por el asesinato de los indígenas amazónicos y desde el 18 de setiembre está recluido en una cárcel La Paz a la espera de un juicio que se activará en octubre.
De forma coincidente, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, además de Unasur, que enviaron sendas misiones de investigación al terreno de los hechos de sangre, dictaminaron que en Porvenir se registró una matanza, luego de descartar la hipótesis de un enfrentamiento.
Aquellos que en su huida alcanzaron los estuarios del Río Tahuamanu se lanzaron a las aguas infestadas de peces carnívoros, tales como las pirañas.
Los paramilitares llegaron hasta un emplazamiento donde se corta el terreno y comienza la corriente de agua, que los perseguidos intentaban surcar a nado, en una misión contra el tiempo y la naturaleza.
Desde ahí dispararon a discreción.
Imágenes de televisión mostraron posteriormente la cacería. Las balas trazaban círculos concéntricos al romper el curso de agua. Pocos llegaron a la otra orilla para internarse y salvar sus vidas, en la selva.
Los ataques dejaron entre 13 y 18 campesinos, entre ellos tres estudiantes normalistas provenientes de La Paz, además dos civiles, vinculados a la Prefectura de Pando, muertos.
Testimonios posteriores de los sobrevinientes establecieron que los cadáveres de los abatidos fueron subidos a volquetas del Servicio Departamental de la Prefectura de Pando, el temido Sercam, y trasladados con rumbo desconocido.
Se habló, entonces, de fosas comunes abiertas en el corazón de la selva, en sitios inexpunables.
Los sobrevivientes denunciaron que niños fueron ajusticiados en terreno y rematados los heridos.
Indagaciones posteriores revelaron que el mercenario boliviano húngaro croata, Eduardo Rózsa Flores, contratado por operadores locales con propósitos secesionistas, actuó en Porvenir.
Rózsa se infiltró en Bolivia semanas antes y fue abatido siete meses más tarde en un choque armado con la Policía junto a otros dos milicianos europeos. El mismo declaró a una televisora húngara que buscaba a la “independencia de Santa Cruz”, por vía de las armas y después de encender una guerra civil en el oriente boliviano.
La matanza de campesinos era parte de un plan destinado a tumbar al presidente Evo Morales.
La asonada estalló con la toma sistemática de oficinas públicas en las ciudades de Santa Cruz, bastión de la oposición empresarial al gobernante indígena, Beni, Pando y Tarija.
Días antes, un equipo de periodistas filmó al entonces embajador de Estados Unidos, Philip Golberg, cuando ingresaba a la vivienda del prefecto opositor de Santa Cruz, Rubén Costas, poco antes de estallar la conspiración en el momento más crítico de la política boliviana desde restaurada la democracia en 1982.
Golberg, expulsado en el límite de la ignominia por el presidente Evo Morales, que lo acusó de conspirar contra su administración, fue embajador de su país en la desaparecida Yugoslavia, envuelta, a principios de los años ’90 del siglo pasado, en una guerra de secesión, con tintes racistas y religiosos.
Los alzados en Santa Cruz, Beni y Pando, destrozaron y saquearon instalaciones de la Aduana Nacional, del Servicio de Impuestos, del INRA, de Televisión Boliviana, de la Administradora Boliviana de Carreteras.
Grupos de opositores que enarbolaban un régimen de autonomías regionales, calca del modelo centralista que combatían, se tomaron también los aeropuertos de las ciudades de Santa Cruz, Beni y Pando.
Además de Costas en Santa Cruz, Beni (nordeste) y Pando (norte), se regían a la autoridad de los conservadores Ernesto Suárez y Leopoldo Fernández respectivamente.
En la sureña Tarija, gobernada por el liberal Mario Cossio, grupos de autonomistas también ocuparon oficinas públicas y volaron un ducto por el que Bolivia bombea gas a Argentina.
El gobierno estimó las pérdidas en al menos 200 millones de dólares durante la asonada golpista, cuyo éxito pareció depender del impacto político de la “operación” en Porvenir.
El gobierno boliviano denunció ante la comunidad internacional un golpe cívico prefectural orquestado por las autoridades departamentales opositoras de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, un mes después que el electorado boliviano ratificara en las urnas con el 67% de los votos el mandato de Evo Morales.
Tal ratificación pareció percutar el golpe.
Morales habría de conseguir en octubre siguiente, después de una intensa batalla en el Senado controlado por la oposición, que el Congreso apruebe la ley para el referendo popular aprobatorio de la nueva Constitución.
La carta política, aprobada por primera vez en la historia democrática boliviana por el 62% de los electores bolivianos, rige desde el 7 de febrero último.
Morales asistirá este viernes a un homenaje póstumo a los caídos en Porvenir.
Cobija (Bolivia), 11 sep (ABI) – Grupos de paramilitares se desplazaron la madrugada del 11 de septiembre de 2008 sobre la localidad de Porvenir, a 30 km de Cojiba, Pando, donde centenares de campesinos del norte amazónico de Bolivia habían quedado varados en una zanja que maquinaria pesada de la Prefectura de ese departamento había abierto horas antes para cerrarles el paso.
Los campesinos caminaban rumbo a Cobija, a 1.300 km de La Paz, para celebrar un ampliado alarmados por la toma de las oficinas locales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por parte de adherentes del entonces prefecto opositor Leopoldo Fernández.
Los campesinos pretendían proteger la asignación de un solar de 500 hectáreas por familia en esa región despoblada de Bolivia que un mes antes hubo determinado el INRA en Pando, el primer departamento boliviano saneado en el marco de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
A eso de las 8h00 de ese día, la marcha de los indígenas amazónicos fue interceptada por una misión de la Prefectura de Pando, cuyos delegados intimaron a sus interlocutores una suerte de rendición. “Regresen, no van a pasar, eviten un baño de sangre”, trató de imponer un funcionario de la Prefectura de Pando.
“Por qué nos cierran el paso. Queremos llegar a Cobija (capital de Pando) pacíficamente”, repuso la portavoz de los campesinos.
Frustrado un eventual acuerdo, dos horas más tarde la Plaza de Armas de Porvenir, donde también se emplazamiento para una cancha de fútbol, habría de convertirse en un escenario de guerra.
El grupo de campesinos quedó emboscado contra el ala este de la Plaza. A su espalda se alzaba la selva tupida surcada por grietas profundas, ciénegas y riachelos; a la derecha una empalizada que proyectaba la sombra de hombres agazapados en posición de combate y armados con rifles; a la izquierda un conjunto de casas a la vera de la carretera que une Porvenir con Puerto Rico y Cobija en direcciones opuestas y detrás de él, el caudaloso Río Tahuamanu, tributario del Amazonas.
Los campesinos, entre ellos el descendiente de Bernardino Racua, héroe de la Guerra del Acre, que al despuntar el siglo XX libraron fuerzas de Bolivia y Brasil por el control de 500.000 km2 en el Matto Grosso, finalmente adicionados a la jurisdicción territorial brasileña, se refugiaron detrás de dos camionetas ante la inminencia del ataque que se desató desde tres flancos.
Fuego cruzado furtivo en medio de fogonazos de fuegos de artificios. Caos. Gritos. Tufillo a sangre.
Luego, una operación envolvente en medio de una lluvia de plomo.
“Ijiiii”, “meta bala al indio hijo e’ puta”, “meta chumbo pariente”, se escuchó entonces.
El infierno de la balacera planeó sobre el ala este de la Plaza. Los campesinos, algunos de ellos que marchaban con mujeres y niños, escapan en estampida.
Algunos de ellos montaron en la carrocería de una camioneta blanca que la emprendió, a toda velocidad, hacia el grupo de casas que da la espalda a un descampado que, a su vez conduce a una planicie, de unos 200m de largo, que termina en las orillas del rugiente Tahuamanu.
El vehículo en que escapaban los indios, fue sometido a fuego cruzado. “A la camioneta, a la camioneta”, gritaban los fusileros. El coche fue finalmente incendiado y su esqueleto permanece en el lugar como un cernidor.
Los demás pusieron pies en polvorosa guiados por el instinto de sobrevivencia. Los más lentos fueron literalmente cazados por francotiradores emplazados en sitios estratégicos.
Uno de los indígenas logró saltar la verja de una casa y cuando se disponía a superar el último escollo recibió un disparo en la cabeza que segó su vida en el acto.
Un reportaje difundido por la televisión estatal mostró a un hombre enfundado en una chaqueta militar camuflada, en pantalones deportivos y zapatillas cuando tiraba, a una distancia de 100 m, sobre la posición del campesino que cayó bajo un motorizado estacionado en la vivienda cuya verja había franqueado.
Un batallón de la Policía se declaró impotente para frenar la violencia después de fracasar un intento de diálogo.
Una comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que investigó la matanza de campesinos, determinó semanas después la “inacción” de los uniformados.
El ex Prefecto de Pando ha sido imputado por el asesinato de los indígenas amazónicos y desde el 18 de setiembre está recluido en una cárcel La Paz a la espera de un juicio que se activará en octubre.
De forma coincidente, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, además de Unasur, que enviaron sendas misiones de investigación al terreno de los hechos de sangre, dictaminaron que en Porvenir se registró una matanza, luego de descartar la hipótesis de un enfrentamiento.
Aquellos que en su huida alcanzaron los estuarios del Río Tahuamanu se lanzaron a las aguas infestadas de peces carnívoros, tales como las pirañas.
Los paramilitares llegaron hasta un emplazamiento donde se corta el terreno y comienza la corriente de agua, que los perseguidos intentaban surcar a nado, en una misión contra el tiempo y la naturaleza.
Desde ahí dispararon a discreción.
Imágenes de televisión mostraron posteriormente la cacería. Las balas trazaban círculos concéntricos al romper el curso de agua. Pocos llegaron a la otra orilla para internarse y salvar sus vidas, en la selva.
Los ataques dejaron entre 13 y 18 campesinos, entre ellos tres estudiantes normalistas provenientes de La Paz, además dos civiles, vinculados a la Prefectura de Pando, muertos.
Testimonios posteriores de los sobrevinientes establecieron que los cadáveres de los abatidos fueron subidos a volquetas del Servicio Departamental de la Prefectura de Pando, el temido Sercam, y trasladados con rumbo desconocido.
Se habló, entonces, de fosas comunes abiertas en el corazón de la selva, en sitios inexpunables.
Los sobrevivientes denunciaron que niños fueron ajusticiados en terreno y rematados los heridos.
Indagaciones posteriores revelaron que el mercenario boliviano húngaro croata, Eduardo Rózsa Flores, contratado por operadores locales con propósitos secesionistas, actuó en Porvenir.
Rózsa se infiltró en Bolivia semanas antes y fue abatido siete meses más tarde en un choque armado con la Policía junto a otros dos milicianos europeos. El mismo declaró a una televisora húngara que buscaba a la “independencia de Santa Cruz”, por vía de las armas y después de encender una guerra civil en el oriente boliviano.
La matanza de campesinos era parte de un plan destinado a tumbar al presidente Evo Morales.
La asonada estalló con la toma sistemática de oficinas públicas en las ciudades de Santa Cruz, bastión de la oposición empresarial al gobernante indígena, Beni, Pando y Tarija.
Días antes, un equipo de periodistas filmó al entonces embajador de Estados Unidos, Philip Golberg, cuando ingresaba a la vivienda del prefecto opositor de Santa Cruz, Rubén Costas, poco antes de estallar la conspiración en el momento más crítico de la política boliviana desde restaurada la democracia en 1982.
Golberg, expulsado en el límite de la ignominia por el presidente Evo Morales, que lo acusó de conspirar contra su administración, fue embajador de su país en la desaparecida Yugoslavia, envuelta, a principios de los años ’90 del siglo pasado, en una guerra de secesión, con tintes racistas y religiosos.
Los alzados en Santa Cruz, Beni y Pando, destrozaron y saquearon instalaciones de la Aduana Nacional, del Servicio de Impuestos, del INRA, de Televisión Boliviana, de la Administradora Boliviana de Carreteras.
Grupos de opositores que enarbolaban un régimen de autonomías regionales, calca del modelo centralista que combatían, se tomaron también los aeropuertos de las ciudades de Santa Cruz, Beni y Pando.
Además de Costas en Santa Cruz, Beni (nordeste) y Pando (norte), se regían a la autoridad de los conservadores Ernesto Suárez y Leopoldo Fernández respectivamente.
En la sureña Tarija, gobernada por el liberal Mario Cossio, grupos de autonomistas también ocuparon oficinas públicas y volaron un ducto por el que Bolivia bombea gas a Argentina.
El gobierno estimó las pérdidas en al menos 200 millones de dólares durante la asonada golpista, cuyo éxito pareció depender del impacto político de la “operación” en Porvenir.
El gobierno boliviano denunció ante la comunidad internacional un golpe cívico prefectural orquestado por las autoridades departamentales opositoras de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, un mes después que el electorado boliviano ratificara en las urnas con el 67% de los votos el mandato de Evo Morales.
Tal ratificación pareció percutar el golpe.
Morales habría de conseguir en octubre siguiente, después de una intensa batalla en el Senado controlado por la oposición, que el Congreso apruebe la ley para el referendo popular aprobatorio de la nueva Constitución.
La carta política, aprobada por primera vez en la historia democrática boliviana por el 62% de los electores bolivianos, rige desde el 7 de febrero último.
Morales asistirá este viernes a un homenaje póstumo a los caídos en Porvenir.
Texto y foto: ABI
El carnicero de Porvenir
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